Paciente oncológico que padece cáncer de estómago.- Imposibilidad de realizar operación para extirpar el tumor. Procedencia de la cobertura de la bomba de infusión continua para alimentación enteral.


157/2015. P., A. c/ INSTITUTO NAC DE SERV SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA.- Secretaría nro. 20.-


Buenos Aires,       de  febrero de 2015.- GA


                        Y VISTOS; CONSIDERANDO:


                        I.- Por presentado, por derecho propio y por constituido el domicilio indicado.-


                        Agréguese la documentación acompañada.-


                        Intímase al actor, a fin de que constituya domicilio electrónico, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 41 y 133 del Código Procesal (Acordadas CSJN Nro. 31/11, Nro. 38/13 y Nro. 7/2014).- Notifíquese.-


                        II.- El Sr.  A. P. se presenta por derecho propio manifestando que padece de cáncer de estómago.- Ante la imposibilidad de realizar operación para extirpar el tumor, los médicos tratantes recetaron la bomba de infusión continua para alimentación enteral por yeyunostomía con set tubelodurar a efectos de poder alimentarse.- Recetándole las drogas: mitog de 100 mg. y deresel 50 mg.- Solicitando que el el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados – P.A.M.I. – le provea dicha medicación, la bomba y el alimento.-


                        III.- La medida cautelar requerida, tiene como particularidad la de configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, por lo que se debe proceder con mayor prudencia en la apreciación de los presupuestos que hacen a su admisión (conf. C.S., Fallos 316:1833, 319:1069 y 320:1633).-


                        Esta particularidad no determina por sí misma la improcedencia de la medida – que debe ser calificada como de autosatisfactiva – cuando existan circunstancias de hecho que, en el supuesto de no dictarse, sean susceptibles de producir perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (conf. C.S., Fallos 320:1633).-


                        En efecto, el anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de este tipo de medidas no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie – según el grado de verosimilitud – los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado (conf. CNCCFed. Sala III, causa 5514/02 del 8/1002 y sus citas).-


                        Desde esta perspectiva, se puede concluir que resulta un presupuesto esencial para el dictado de estas medidas de carácter excepcional, la existencia de una situación actual tal que, si no se accediese a la tutela pretendida, se podrían generar daños que deben ser evitados (conf. C.S., in re “Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”, 19/9/02, publ. en E.D. del 24/2/03, fallo 51.883, pág. 7; CNCCFed. Sala III, causa 3.302/03 del 18/7/03).-


                        IV.- En orden a la medida peticionada, cabe señalar que el derecho a la vida y su corolario, el derecho a la preservación de la salud, tiene a su vez directa relación con el principio fundante de la dignidad inherente a la persona humana, soporte y fin de los demás derechos humanos amparados (Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica - ratificado por ley 23.054/84; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado y aprobado por ley 23.313; Ekmekdjian, Miguel A. “El Derechos a la Dignidad en el Pacto de San José de Costa Rica” y demás trabajos allí citados en “Temas Constitucionales”, pág. 71 y sgtes. Ed. La Ley, Buenos Aires 1987), y además aquel derecho encuentra adecuada tutela en los modernos ordenamientos constitucionales y en los instrumentos regionales y universales en materia de Derechos Humanos (conf. Bidart Campos, Germán J. “Estudios Nacionales sobre la Constitución y el Derecho a la Salud”), en el Derecho a la Salud en las Américas; Estudio Constitucional Comparado, OPS 1989, Nro. 509; Padilla, Miguel “Lecciones sobre Derechos Humanos y Garantías”, T. II, Abeledo Perrot, 1928 ps. 13/24 ahora con rango constitucional en nuestro país (art. 42 de la Constitución Nacional de 1994, normas citadas con anterioridad, que cuentan con jerarquía superior a las leyes de acuerdo al art. 75 inc. 22 de la Carta Magna).-


                        En tales condiciones, ponderando los extremos invocados por la peticionaria, lo que surge de la documentación acompañada, así como, la actitud adoptada por la accionada, y sin perjuicio de lo que corresponda resolver sobre el fondo del asunto en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, considero que, en el caso, se encuentra suficientemente acreditada la concurrencia de los presupuestos de viabilidad de las medidas cautelares, esto es, la verosimilitud del derecho invocado – entendida como la mera posibilidad de que éste exista – y el peligro en la demora – es decir, que para el caso en que no fuere dispuesta la medida sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transforme en tardío el derecho invocado (cfr. CNCCFed. Sala III, causa 6227/99 del 16/11/99; Sala I, causa 14152/94 del 27/10/94, entre muchas otras).-


                        Por ello, y encontrándose en juego uno de los bienes esenciales del ser humano, cual es, la salud e integridad física de las personas, reconocido por la Constitución Nacional y los pactos internacionales (art. 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 10 del - Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – aprobado por la ley 24.658), cabe concluir que corresponde disponer la cautelar peticionada toda vez que dicho valor merece ser protegido preventivamente (cfr. CNCCFed. Sala I, causa 30.317/95 del 18.7.95 y sus citas; Sala  III, causas 2059/97 del 3/6/97 y 15.757/95 del 12/5/95.-


                        En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 232 del C.P.C.C., bajo responsabilidad del peticionario y previa caución juratoria que se tiene por cumplida con la petición inicial, intímase al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados – P.A.M.I. – a efectos de que en el término de                     días cumpla con la petición inicial y arbitre los medios necesarios para proveerle al Sr. Atanasio Panagiotopoulos – D.N.I. nro. 93.530.524 -, la cobertura integral de la bomba de infusión continua para alimentación enteral por yeyunostomía con set tubelodurar y la medicación: mitog de 100 y 50 mg.  ampollas, deresel 500 mg x 120, recorrar 500 KCAL. 50.000 nutrición enteral 90 (capecitabina 500 mg. x 120), ello de conformidad con lo prescripto por el médico tratante (conf. documentación de fs.1/10).-


                        Notifíquese por cédula u oficio , con habilitación de días y horas inhábiles, con copia de la documentación acompañada y  de la presente resolución.-


                        ASI DECIDO.-


                        Toda vez que la acción de amparo afecta el derecho a la salud, y configura un remedio para restaurar el derecho o garantía constitucional presuntivamente conculcado, por ende, corresponde dar a las presentes actuaciones el trámite del amparo, y requiérase de la demandada el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que deberá ser brindado en el plazo de cinco días, debiendo ofrecer toda la prueba de que intente valerse.-


                        Notifíquese.-


                        Regístrese.-


 PATRICIA BARBADO


JUEZA FEDERAL