Destitución del Juez Federal de Reconquista, Dr. Eduardo Fariz. Violencia laboral.


  


                         Y VISTOS:


                        En la ciudad de Buenos Aires a los seis días del mes de marzo del año dos mil seis, se reúnen los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, integrado por la Dra. Elena I. Highton de Nolasco -presidente- y los Dres. Enrique Pedro Basla, Sergio Adrián Gallia, Manuel Justo Baladrón, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía, para dictar el fallo definitivo en esta causa N° 17 –y su acumulada N° 19-  caratulada “Doctor Eduardo Luis María Fariz s/ pedido de enjuiciamiento”.


                        Intervienen en el proceso, por la acusación, los señores representantes del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dres. Beinusz Szmukler y Luis Enrique Pereira Duarte, y por la defensa particular del señor juez doctor Eduardo Luis María Fariz los Dres. Oscar Luis Vignale y Pablo Miguel Jacoby y asimismo el señor defensor oficial designado en los términos del art. 17 del Reglamento Procesal, Dr. Claudio Martín Armando.


 


                        RESULTA:


 


                        I. Que por resolución Nº 367/05, rectificada parcialmente por la N° 395/05 dictada en el expediente 379/03 “Piumato, Julio – Minella Carlos (U.E.J.N.) c/ Tit. del Juzg.Fed. de Reconquista. Dr. Fariz, E.”, y sus acumulados expedientes números 321/04 caratulado “Mazzuchini, Dante Ariel c/ titular del Juzgado Federal de Reconquista Dr. Eduardo Fariz” y 322/04 “Sulgati, Anastasio Juan c/ titular del Juzgado Federal de Reconquista Dr. Eduardo Fariz”, el Consejo de la Magistratura acusó al juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, Provincia de Santa Fe, por la causal de mal desempeño de sus funciones (artículos 53, 110 y 114 inciso 5ª de la Constitución Nacional y 7 inciso 7° de la ley N° 24.937 –t.o. por decreto n° 816/99), con relación a cinco hechos, que dieron origen al expediente n° 17 de este Jurado: maltrato a empleados; irregularidades en el trámite de diversas causas; irregularidades en la confección de las listas de conjueces; irregularidades en el nombramiento de abogados defensores e irregularidad en la locación del inmueble, sede del juzgado federal.


                        Este Jurado a fs. 1341 anuló parcialmente la acusación en lo atinente al cargo “Irregularidad respecto de la locación del inmueble, sede del juzgado federal”, con lo cual el objeto procesal de la causa nº 17 ha quedado delimitado con relación a los siguientes cargos: 1) maltrato a empleados (resolución 367/05); 2) irregularidades en el trámite de diversas causas (resolución 367/05); 3) irregularidades en la confección de las listas de conjueces (resolución 395/05); 4) irregularidades referentes al nombramiento de abogados defensores (resolución 367/05).


                        En el primer cargo la acusación cuestiona la actuación del Dr. Fariz sobre la base de diferentes hechos en los que apoya la conducta impropia que le atribuye con relación a sus empleados. Los hechos que fundamentalmente destaca son los siguientes:


                        a) el clima de tensión;


                        b) la asignación a determinados empleados de tareas, responsabilidades y carga horaria excesiva para poder ser asimilados y ejecutados adecuadamente (casos de Patricia Sellares, Elba Fernández y Claudia Machado Schlie);


                        c) la actitud amenazante del juez transmitiendo temor a represalias, venganzas y pérdida del trabajo, que generó la renuncia de varios empleados a sus cargos (Sellares, Machado Schlie y los agentes del Poder Judicial de Resistencia Carlos Acosta, Leandro Mandagaran Matta y Javier Pastore);


        d) la utilización del personal para labores personales (caso del ordenanza Juan Ángel Acuña);


        e) el trato despectivo fuera de la actividad laboral por parte del magistrado (ordenanza Acuña);


        f) la persecución mediante notas, sumarios, procesos, advertencias, o bajas de calificaciones (contra los agentes Sellares, Fernández y Machado Schlie);


        g) la postergación de ascensos fundada en criterios subjetivos y discriminatorios (caso de la doctora María Susana Almeida).


                        Las irregularidades en la tramitación de diversas causas es el segundo cargo de la acusación.                  Se acusa al magistrado de haber resuelto y dictado providencias en causas en trámite ante su tribunal “enfrentadas a las normas aplicables y otras que bordean peligrosamente sus límites. Cuando determinados hechos suceden invariablemente nadie puede escudarse en una supuesta equivocación. En los errores no se persevera pero en la intencionalidad sí”. Se sostiene que “la causal de remoción indicada se configura en cada caso. Pero, además, surge nítida al valorar el obrar del juez cuestionado en su conjunto”.


                        Al respecto se enumeran presuntas “irregularidades” en los siguientes expedientes:


                        -causa n.° 338/01 “Salaberry, Eugenio José s/ pta. infracción ley 22.415”: (1) falta de resguardo, contralor (aforo aduanero) y destino final de la mercadería secuestrada, (2) entrega apresurada de una aeronave secuestrada y falta de control sobre su depósito judicial, y (3) un retraso notorio en la resolución de la situación procesal del imputado Salaberry.


                        -Causa n.° 671/02 caratulada “Garavaglia, Luis A. y otros s/ pta. Inf. art. 874 inc. d ley 22.415” y n.° 19/03 “Garavaglia, Luis Alberto s/ su denuncia”: (1) detención de menores en dependencias no aptas, (2) entrega apresurada de una aeronave secuestrada y falta de control sobre su depósito judicial y (3) falta de investigación al poseedor de un campo utilizado para el tráfico ilegal de cigarrillos que habría sido la persona por el que se solicitara la medida de allanamiento.


                        -causa n.° 276/01 caratulada “Martínez, Carlos Dante y otros s/ pta. infracción art. 874, inc. d) ley 22.415”: (1) ordenar la requisa de un automotor no vinculado a la causa, (2) destrucción de mercadería sin previo contralor aduanero ordenada expeditamente por un juez subrogante y (3) detención de menores en dependencias no aptas.


                        -causa n.° 265/01 caratulada “Funes, Javier Luis y otros s/pta. inf. Ley 22.415”: (1) declaraciones indagatorias de imputados sin previa notificación de sus defensores, (2) formular preguntas con fines ajenos a la pesquisa en una ampliación de declaración indagatoria, (3) morosidad entre la toma de indagatorias y la resolución de situaciones procesales de encartados y (4) falta de control posterior sobre un bien entregado en depósito judicial.


                        -causa n.° 31/02 caratulado “NN s/ pta. inf. art 162 del CP”: (1) denegar a los imputados el adelanto de la fecha de la declaración indagatoria con el argumento de que las fechas ya estaban asignadas, en desconocimiento del artículo 73 del Código procesal Penal, (2) disponer medidas excesivas como el allanamientos, requisas personales y de automotores para la obtención de los celulares cuando resultaba más eficaz solicitar información a las empresas de telefonía celular móvil, y (3) el retraso entre la elevación de autos para sentencia y la resolución )de noviembre de 2003 a febrero de 2004).


                        -causa n.° 608/02 caratulada “Rojas, Emilio Antonio y otros s/pta. Inf. Ley 22.415”: incumplimiento del plazo de la determinación procesal de los encartados, vinculado a la oferta por parte del juez de profesionales patrocinantes.


                        -causa n.° 330/01 caratulada “Sánchez, Ariel Gustavo, Giardini, Ernesto Heraldo y Chamorro Rodríguez, Blas Eduardo s/ pta. Inf. Art.874 inc. d)  ley 22.415”: (1) falta de control sobre un bien (avioneta) entregado en depósito judicial y (2) falta de resguardo, contralor (aforo aduanero) y destino final de la mercadería secuestrada.


                        -causa n.° 213/03 caratulada “Legretin, María Silvia y otros s/pta. Infracción art. 194 C.P.”: (1) disponer una medida excesiva como la identificación de los imputados que se encontraban en libertad cuando los procedimientos de identificación se orientan para luego proceder a la detención, y (2) la notificación del inicio de la causa a las diferentes entidades representadas sin que existiera una mínima expresión de convicción suficiente para estimar la existencia de un hecho delictuoso.


                        -Causa n.° 149/00 caratulada “Massaro, Gladys Celmira s/ denuncia”: no haberse apartado inmediatamente de la causa en razón a que de la denuncia efectuada en sede policial, de la declaración testimonial de la denunciante y otro testigo, del  requerimiento fiscal surgían como posibles imputadas las sociedades comerciales SADESA y ARLEY.


                        -causas n.° 301/02 caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”; n.° 301/02 caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su solicitud”; n.° 455/02 caratulada “Mazzuchini, Dante Ariel s/ denuncia contra Zamar, Martín Alberto”: (1) dilatar la resolución de la cuestión de fondo y (2) desviar la investigación a la cuestión patrimonial de la titularidad del equipamiento mientras que el hurto enrostrado refiere a la señal televisiva.


                        -causa n.° 165/03 caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”: (1) utilizar de modo excesivo la detención del imputado para tomar declaración indagatoria y (2) demorar la definición de su situación procesal del imputado.


                        Haber cometido irregularidades en la confección de las listas de conjueces es el tercer cargo de la acusación, el que se sustenta en tres diferentes reproches. El primero por haber manipulado la lista de conjueces. Se considera que “…el Dr. Fariz elevaba a la Excma. Cámara una nómina de letrados de la jurisdicción, de los cuales la alzada desinsaculaba a diez, los que integrarían finalmente la lista de conjueces. En todas las listas realizadas por el Dr. Fariz, encontramos a un grupo constante de abogados propuestos. De ellos, vemos siempre que, el Dr. Peralta se ve ‘beneficiado’ respecto de los demás integrantes de la lista con su nombramiento”.


                        El segundo por haber omitido las actas de sorteos de conjueces o subrogantes en numerosas ocasiones. Se destaca que en tanto en la causa n° 408/97 “Fisco Nacional R.N.S.S. c/ Coopertiva Agroindustrial Arno Ltda. s/ Ejecución Fiscal”, el conjuez Dr. Ignacio Montoya -defensor público oficial- al modificarse el régimen de subrogancias realizó el sorteo de un nuevo conjuez –salió sorteado el Dr. Héctor Luis Viscay-, el juez Fariz no realizó ese acto en el expediente n° 486/98 “Fisco Nacional /AFIP-RNSS) C/ Cooperativa Industrial Arno Ltda. s/ ejecución fiscal”.


                        El tercer cuestionamiento se relaciona con la forma “sospechosa” en que el Dr. Fariz tomaba licencia en ocasión que debía adoptar decisiones importantes.


                        El cuarto cargo es inherente a los  nombramientos de abogados defensores y abarca dos cuestionamientos. El primero por haber sugerido a algunos detenidos el nombre de determinados defensores, especialmente del Dr. Carlos Ernesto Barrilis, con promesa de resultado. Menciona como prueba de cargo la declaración del Dr. Virgilio David Palud, la denuncia del Dr. José Ernesto Gianfelice ante el Colegio de Abogados de Reconquista, los dichos de la Sra. Julieta Solari y las expresiones del Sr. Dante Mazzuchini.


 


                        El segundo por haber violado el deber de imparcialidad al favorecer a “los representados por su antiguo socio, el Dr. Ferullo”, lo que se hallaría evidenciado en dos demandas promovidas por “Friar S.A” (causas 1001/99 y 325/99).


        II. Que por resolución Nº 523/05 dictada en el expediente n° 335/05 caratulado “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Dr. Fariz, Eduardo (Juez Federal)”, el Consejo de la Magistratura acusó nuevamente al Dr. Fariz, lo que dio origen al expediente Nº 19 del registro del Jurado, el que se acumuló materialmente al expediente Nº 17 (fs. 1609).              


                        El cargo consiste en haber planeado una concertación con el defensor Dr. Ricardo Ceferino Degoumois y con el conjuez Dr. Hugo Rebecchi para concretar la excarcelación de sujetos vinculados al tráfico de estupefacientes y al contrabando. Dicha conducta se habría evidenciado en las causas “Ferrero”, “Gómez”, “Toloza” y “Cano” y abarca diferentes aspectos. El primero al haber permitido la actuación como defensor del Dr. Degoumois en las causas “Ferrero” y “Gómez”, no obstante que había actuado como juez subrogante. El segundo por haber tramitado “en paralelo” dos pedidos de excarcelación en la causa “Ferrero”. El tercero por la sospechosa designación de un juez subrogante amigo –el Dr. Rebecchi-, previo pedido de licencia del Dr. Fariz, de modo de resolver aquél lo que Fariz “quería pero no podía hacer”. Que “la designación de un juez subrogante amigo, previo pedido de licencia de Fariz, para que resuelva lo que éste quería pero no podía hacer, es el común denominador en esta y otras causas y guarda similitud con alguno de los cargos ya formulados, siendo el signo más evidente de su mal desempeño funcional y su mala conducta procesal”.


                        Se puso de relieve que Ferrero, Toloza y Gómez habían sido procesados por el Dr. Fariz en diferentes causas y los tres fueron liberados el mismo día 5 de agosto de 2005 por el conjuez Rebecchi haciendo lugar al pedido de excarcelación del defensor Degoumois y que Ferrero prestó la caución fijada en “Toloza”.


                        Concluye que “todo lo ocurrido en la causa Ferrero y las similitudes destacadas en las causas Gómez, Toloza y Cano, confirman la existencia de un concierto de voluntades con una finalidad común cuyos partícipes ya han sido señalados y dentro de los cuales, en grado preponderante, se encuentra el acusado…”  .          


        III. Que en su primer escrito de defensa (fs. 1259/1338), la asistencia técnica particular rebate los cargos por los que el Dr. Fariz ha sido acusado en la causa nº 17.


                        Considera que el origen de las denuncias por el supuesto maltrato a empleados –primer cargo-, se debió a la intervención de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional en el año 2003. Se pregunta “si lo acontecido con los empleados… fue tan grave como ahora sostienen y se llena la boca diciéndolo su ‘vocera en el Juzgado’ la Sra. Elba Fernández… ¿por qué motivo es que tuvieron que esperar desde 1997 hasta diciembre del 2003, para salir a denunciar a este magistrado … en el Consejo de la Magistratura y en todos los medios de comunicación a su alcance?”.


                        En lo esencial señala que ningún empleado se quejó ante los dos camaristas de Resistencia que efectuaron una visita en el juzgado federal en octubre de 2004. Que las “sucesivas falencias detectadas en la proyección del despacho diario…” efectuado por Elba Fernández, y los llamados de atención, así como las sanciones disciplinarias que debió imponerle, fueron confirmadas por la cámara de apelaciones. Que con motivo de que aquélla efectuó un interlineado en la providencia de fs. 42 del expediente 72/03 “Andrade”, el que no existía al momento de librarse las cédulas pertinentes, instruyó el sumario 2/2003 y puso el hecho en conocimiento del fiscal federal, quien la denunció penalmente.


                        Con referencia a la Dra. Patricia Sellares, titular de la Secretaría penal desde 1997 hasta 2001, se manifiesta que el juez Fariz le impuso diez días de suspensión por las irregularidades detectadas en la tramitación de las causas, decisión que fue confirmada por el tribunal de alzada. Que renunció después de haber sido denunciada penalmente por el fiscal Dr. Cristóbal Ricardo Cavanagh por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y que tuvo otro proceso penal por la supuesta pérdida de efectos secuestrados.


                        Según expresa, la Dra. Claudia Machado “es una persona altamente sensible que padece especialmente el conflicto armado en el Juzgado y que tiene una concepción que la lleva a salir en defensa de quien supone más débil y con esa misma franqueza sostiene que si en algo cambiara el suscripto, no tendría inconvenientes en seguir trabajando en el Juzgado conmigo”.


        Se afirma que el magistrado no presionó a Acosta, Mandagaran Matta y Pastore para desistir del propósito de aspirar a un ascenso en el juzgado del Dr. Fariz, sino que les expresó que “no era mío el problema, sino una situación que me excedía absolutamente en lo personal, ya que no sólo no podía cumplir con sus legítimos intereses que tenían en ascender, sino que tampoco podía cumplir con la gente de Reconquista, ya que se me había podado en cuatro los cargos que la ley de creación había dispuesto”.


 


                        Examina la defensa las causas que integran el segundo cargo caratuladas “Salaberry…”, “Garavaglia…”, “Martínez…”, “Funes…”, “N.N… art. 162 del Código Penal”, “Rojas…”, “Sánchez…” y “Legretín…”, y concluye afirmando que no se ha acreditado ninguna irregularidad en su tramitación. Que si bien en la causa 149/00 “Massaro”, el Dr. Fariz se excusó recién cuando la causa quedó definitivamente radicada en el juzgado a su cargo “no se verificó perjuicio alguno, y en realidad la causa ha estado tramitando mucho más tiempo fuera de la jurisdicción y competencia del suscripto que en la sede del tribunal”. Que hace mérito de los motivos por los que decidió los allanamientos y detenciones en los expedientes nros. 301 y 165 (denuncias de Martín Zamar contra Mazzuchini y Sulgati respectivamente), y expresa que no se han acreditado irregularidades.


                        En cuanto a la imputación de no haberse excusado en las causas que intervenía Zamar,  manifiesta que “más allá de las conjeturas a las que arribaran los denunciantes, apartarme de toda causa en la que pueda intervenir de algún modo alguien a quien pudo haber asistido en alguna oportunidad a lo largo de mis 25 años de ejercicio profesional, habiendo transcurrido ya más de 7 años de haber cesado en el ejercicio de mi profesión por haberme hecho cargo del Juzgado Federal, importaría necesariamente tener que ejercer la judicatura en un más que reducido ámbito de causas y sólo cuando las partes hubieran vivido con anterioridad, a cientos kilómetros al menos de la ciudad de Reconquista”. Que en las causas n° 725 “Pauloni…” (daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos) no se excusó por su relación con Zamar, sino con Eduardo Federico Richter.


                        La defensa califica de imprecisa la formulación del tercer cargo referente a la supuesta manipulación de la designación de conjueces, pues “debió describir cuál es la manipulación, en qué consiste, cómo de despliega, con qué medios y para qué efectos”. Que “el listado de conjueces se realizaba conforme al sistema previsto en la ley y que era similar al aplicado por todos los Jueces Federales del país, conforme ley 20.581… De los letrados que poseen matrícula federal, que no son todos ni muchos y litigan ante el Juzgado se efectuaba un listado de alrededor de 15, que se remitía a la Cámara Federal de Resistencia donde ese número quedaba reducido a 10, ignorando cuál era el sistema utilizado para ello, que luego eran puestos en conocimiento del Juzgado y pasaba a ser el listado de conjueces que se encargarían de suplir al Magistrado en caso de licencia, previo sorteo que se efectuó en todos los casos –sin excepción- delante de uno de los Secretarios del Juzgado y con la presencia de dos empleados como testigos”.


                        En cuanto al cuarto cargo expresa la asistencia técnica del juez que la imputación de que el Dr. Fariz indicaba el nombre de defensores se basa en los dichos de testigos “de oídas” (del Dr. Palud y de la Sra. Solari), los que no resultan idóneos para sustentar la mencionada imputación. Que “con referencias a testigos de oídas se construye un discurso difícil de rebatir, en tanto no hay chance de contestar y defender propios actos”.


                        Niega que el Dr. Fariz haya actuado a favor de los intereses del Dr. Vicente Guido Ferullo. Examina los expedientes iniciados por “Friar” y concluye que no se ha probado una conducta irregular.


                        IV. Que en el segundo escrito de defensa deducido en la causa nº 19 (fs.1582/1607vta), los defensores particulares del magistrado interpretan que del relato de los hechos efectuado por los acusadores, parecería que habrían descubierto una “verdadera organización delictiva en la que varios integrantes operan en distintos estamentos tendientes a obtener libertades de aquellas personas que legalmente se encontrarían impedidas de lograrlo” y ello se trata de una imputación falsa, sin sustento probatorio alguno.


                        Aducen que no puede efectuarse ningún reproche al magistrado por haber permitido la actuación del Dr. Degoumois como defensor del procesado Ferrero después de haber intervenido en la causa como juez subrogante, puesto que  ninguna norma del Código de Ética del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Reconquista impedía dicha actuación y  que dicha acción no está tipificada en el Código Penal.


                        Agregan que el Dr. Fariz no actuó irregularmente al haber tramitado dos pedidos de excarcelación del procesado Ferrero en forma paralela, puesto que “no resultaba acertado ni procedente otra conducta procesal que no fuera la de receptar el pedido del defensor de Ferrero, formar incidencia y hacerla conocer a quien debe controlar la legalidad de los actos procesales” y que la decisión de desistir del recurso de apelación en el primer incidente “fue adoptada por el imputado personalmente.


                        Entienden que no existe prueba que dé sustento al reproche de que el Dr. Fariz había decidido la designación del Dr. Rebecchi como juez subrogante para resolver lo que aquél quería pero no podía hacer por haber resuelto en forma contraria. Que es de práctica la consulta telefónica a los profesionales inscriptos en la lista de conjueces “para evitar que los abogados sorteados, luego rechacen el nombramiento. Una vez depurada la lista de los quince candidatos todos los restantes entra al sorteo que la Cámara realiza para la desinsaculación del Juez subrogante”. Que “la Cámara al designar al Dr. Hugo Rebecchi pudo haber extendido el plazo por error hasta el día 12 de agosto”. Que el juez Fariz envió una  nota a la Cámara comunicando que había desaparecido la dolencia que motivó el pedido de licencia, por sugerencia de la prosecretaria Norma Delia De Paoli de Díaz.


                        Concluyen diciendo que es “inaceptable y de mala fe” sostener que el señor juez Fariz pidió licencia sin padecer dolencia alguna para que el conjuez Rebecchi pudiera disponer libertades “consensuadas clandestinamente” con el juez acusado.


                        V. Que en la audiencia de debate oral, que comenzó el 9 de febrero de 2006 se recibió la declaración de los testigos ofrecidos por las partes y aceptados por el Jurado. Se incorporó la prueba que por su naturaleza fue realizada con anterioridad al debate y se dispusieron medidas para mejor proveer.


                        La acusación y la defensa informaron oralmente y después de escuchar al magistrado, concluyó definitivamente el debate, con lo cual la causa quedó en condiciones de ser resuelta.


 


                        Y CONSIDERANDO:


CUESTION PRELIMINAR:


                        La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los doctores Enrique Pedro Basla, Sergio Adrián Gallia, Manuel Justo Baladrón, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía dicen:


                        Que la defensa en el alegato final sostuvo que “todos aquellos cargos que no han sido desarrollados y expresamente imputados (...) todo aquello que no dijeron en el alegato, resulta decididamente desistido por parte de la Acusación” (conf. página 90 y 112 de la versión estenográfica de la audiencia del 23 de febrero de 2006).


                        Por su parte los señores representantes del Consejo de la Magistratura, al iniciar su alegato final, sostuvieron que “ratificamos en todos sus términos los cargos que contiene la acusación base de este enjuiciamiento en las causas 17 y 19” (conf. página 5 de la versión estenográfica de la audiencia del 23 de febrero de 2006).


                        De lo trascripto surge que los cargos por los que el juez Fariz ha sido acusado (Resoluciones del Consejo de la Magistratura números 367/05, 395/05 –rectificación parcial-, 523/05 y de fs. 1341 de este Jurado que decretó la nulidad parcial de la acusación por el cargo “Irregularidad respecto de la locación del inmueble, sede del juzgado federal”) han sido sostenidos en su totalidad, con independencia del desarrollo de las alegaciones efectuadas sobre la prueba producida.


                        En consecuencia el Jurado ha de examinar y serán motivo de pronunciamiento todos los cargos imputados al magistrado mediante las resoluciones mencionadas, sin que se advierta lesión al derecho de defensa en juicio y del principio de congruencia de raigambre constitucional, ínsito en la garantía del debido proceso al que debe ajustarse inexcusablemente.


 


CARGOS DE LA CAUSA N° 17:


PRIMER CARGO –conducta impropia del juez Fariz con relación a sus empleados-:


            La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los doctores Manuel Justo Baladron, Sergio Adrián Gallia, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía dicen:


                        1°) Que la acusación, en este punto, cuestiona la actuación del doctor Eduardo Luis María Fariz como titular del Juzgado Federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe, sobre la base de diferentes hechos en los que se apoya la conducta impropia que se le atribuye con relación a sus empleados y que configuraría la causal constitucional de mal desempeño.


            Así, se menciona el clima de tensión; la asignación a determinados empleados de tareas, responsabilidades y carga horaria excesiva para poder ser asimilados y ejecutados adecuadamente; la actitud amenazante y reiterada del juez trasmitiendo temor a represalias, venganzas y pérdida del trabajo que generó la renuncia de varios empleados a sus cargos; la utilización del personal para labores personales; el trato despectivo fuera de la actividad laboral por parte del magistrado; la persecución mediante notas, sumarios, procesos, advertencias, o bajas de calificaciones contra los agentes Sellarés, Fernández y Machado Schlie y la postergación del ascenso de la doctora Almeida fundado en criterios subjetivos y discriminatorios.


 


I. DEL CLIMA DE TENSION.


                        2°) Que con relación al hecho que sustenta la imputación formulada por la acusación contra el doctor Fariz, se hace referencia al clima de tensión en que desarrollaron su labor los empleados del Juzgado Federal de Reconquista.


            En forma preliminar resulta relevante destacar que generalmente los juzgados de instrucción por la índole de su competencia penal y las urgencias derivadas de los valores comprometidos como lo es la libertad de las personas, imprimiendo a las causas de naturaleza penal un preferente despacho, son ambientes propicios para la existencia de una convivencia en muchos casos tensa.


            Es así que la actividad judicial que se desarrolla en el área de las secretarías penales exige un compromiso laboral que puede originar sin duda un mayor estrés en el personal, como así también un clima muchas veces conflictivo y de nerviosismo, turbación y ansiedad, entre el juez y sus dependientes.


                        En estas dependencias judiciales las relaciones humanas no son las ideales, siendo común que se susciten episodios no deseables, frustraciones y alteraciones en la convivencia ante las emergencias, las órdenes mal ejecutadas o la inobservancia de obligaciones elementales.


                        Es cierto que en la organización judicial jerárquica, al igual que en cualquier otro tipo organizativo, uno de los pilares básicos es que los que invisten cargos directivos deben estar capacitados para evaluar la labor desarrollada por los niveles inferiores, fijando pautas de conducta y actuando como estabilizadores hacia adentro del grupo ante las fuentes de tensiones internas.


                        Pero también lo es que esta compleja y ardua tarea para descomprimir el conflicto interno requiere de quien ejerce el liderazgo una actitud sensible para ir adecuando su conducta de acuerdo a las respuestas que se obtienen.


                        Sería conveniente para facilitar esta tarea que los que desempeñan funciones directivas en el ámbito judicial cuenten en su formación con principios de psicología y sociología de las organizaciones, para reducir los parámetros de conflictividad.


                        La actitud de los responsables de los juzgados, en especial del fuero penal y la sintonía que logren no sólo con sus subordinados sino también con los demás órganos requirentes incluyendo a los familiares de los detenidos, son esenciales para el éxito de la gestión que llevan adelante en pos de un mejor servicio de justicia. 


                        3°) Que establecidas estas pautas de orden general como marco referencial, cabe abocarse a la particular situación de conflicto que se vivió en la Secretaría Penal del tribunal a cargo del doctor Eduardo Luis María Fariz. Sobre ese aspecto, funcionarios y empleados del Juzgado Federal de Reconquista aludieron al clima de tensión existente, como el caso de Alicia Beatriz Gelcich (pág. 35, VE 10/2/06), Andrea Fun Marega (pág. 75 y  86, VE 10/2/06), Mariana Clarisa Shcimanski (pág. 6, 12 y 41 VE 10/2/06), Juan Ángel Acuña (pág. 135 y 136, VE 10/2/06) y Claudia Machado Schlie (pág. 115/118, VE 14/02/2006, coincidente con Maidana -pág. 68, VE 10/2/06-).


            Sin embargo es imprescindible destacar la necesidad de focalizar la totalidad de las especiales relaciones humanas que se generaban en las dependencias del juzgado, con el fin de evitar un estudio parcial de su situación interna que impida visualizar las concretas razones por las cuales se originaron los conflictos. Sobre este punto, es dable señalar que el clima de tensión se generó en el marco de una especial situación vivida por algunos agentes del tribunal con el juez y las relaciones que éste entablaba con esos dependientes.


            Así, se registró una primera etapa donde la coexistencia entre juez y dependientes era buena –hasta los años 2001 o 2002 aproximadamente-, que luego cambió radicalmente. Patricia Sellarés dijo al respecto que en la primera época de funcionamiento del tribunal el trato del juez a los empleados era bueno -pág. 21, VE 10/02/2006-, en coincidencia con Braidot -pág. 6, VE 14/2/06- y Shcimanski -pág. 6, VE 10/2/06-, quien a su vez apuntó que había concurrido al casamiento de la hija del doctor Fariz tres años atrás -pág. 52, VE 10/2/06-.


            Evidentemente, el contexto de camaradería y buenas relaciones funcionales entre Fariz y los integrantes de su dependencia, que incluso alcanzaron los ámbitos sociales privados, entró en crisis alterando las relaciones humanas y la convivencia en el juzgado.


            Bruno Zanel se refirió al “quiebre” de la armonía dentro del juzgado, al señalar puntualmente que ello sucedió con el problema que había tenido Elba Fernández por un interlineado y la formación de un expediente administrativo que originó una causa penal en contra de la nombrada (pág. 127 y 133, VE 10/2/06). El hecho mencionado, que marca una tajante divisoria de aguas en las relaciones entre Fariz y sus empleados fue origen de la etapa más convulsionada de la vida del tribunal que se convirtió, según una gráfica  apreciación del mencionada Zanel, en un “conventillo” (fojas 252/253 de los actuados principales).


            Tal referencia se relaciona, como lo puso de resalto la defensa en su informe final, con lo que sucedía en el Juzgado Federal de Reconquista producto de los comentarios diarios de los empleados, donde unos tenían afinidad con el magistrado, otros le dispensaban poca simpatía y los restantes manifestaban constantemente su problemática personal.


            El complejo cuadro de ataques recíprocos no podía desarrollarse sin la aceptación e intervención del magistrado acusado, tal como lo puso de resalto la doctora Zarza al señalar que desde la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y el diálogo que tuvo con sus compañeros, se dio cuenta de que el doctor Fariz les hablaba mal de ella o a ella de los otros, provocando un distanciamiento entre los empleados (pág. 80, VE 10/02/2006). Acuña coincidió con que se sentía manipulado por el doctor Fariz cuando le hablaba mal de las personas y generaba enfrentamientos con otros compañeros (pág. 135, 136, VE 10/2/06).


            4°) Que, la situación de conflicto entre los integrantes del juzgado se evidenció con los episodios que involucraron a la doctora Sellarés, a Machado Schlie y a Fernández (ver declaraciones de Gelcich     -pág. 58, VE 10/2/06-; Fun Marega -pág. 63 y 72/73, VE 10/2/06-; Shcimanski -pág. 7 y 41, VE 10/2/06- y doctor Virgilio Palud -declaración por informe escrito de fs. 1943/1945-).


            Cabe señalar que las tensiones no solo se producían entre juez y empleados sino que los problemas de convivencia se generaban también entre los propios dependientes, como el caso suscitado entre las doctoras Sellarés y Zarza (ver declaraciones pág. 29/30 y 110, VE 10/02/2006 y especialmente pág. 113, VE 10/2/06, donde ésta refiere una “manifiesta rivalidad” por parte de la nombrada ex secretaria).


                        5°) Que el problema entre el doctor Fariz y sus empleados no abarcaba a todos los agentes de la secretaria penal, más allá que la situación se extendiera a ellos luego de sus declaraciones ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, lo cual empeoró la convivencia en el Juzgado Federal de Reconquista.


                        Sobre ello Gelcich indicó que estaban aquellos empleados involucrados en “este asunto”, en referencia a los problemas con el juez Fariz, y los restantes que no tenían inconvenientes con el magistrado, tal su caso personal (pág. 58, VE 10/2/06). Andrea Fun Marega señaló que los problemas eran entre algunos empleados y el juez, más allá que luego aquellos que estaban bien con el magistrado se unieron a los demás (pág. 63 y 72/73, VE 10/2/06).


            A su vez, Zanel, señaló que el juez daba respuesta personal a sus inquietudes resaltando el buen trato recibido por aquél (pág. 103 y 134, VE 10/2/06, lo que fue corroborado por la doctora Zarza -pág. 78/79, VE 10/02/2006-, Almeida -pág. 92, VE 14/02/2006- y Andrea Fun Marega -pág. 62, VE 10/2/06).


            También concordaron los empleados en que el juez concedía licencias sin inconvenientes (Braidot -pág. 19, VE 14/2/06-; Gelcich -pág. 40, VE 10/2/06-; Fun Marega -pág.  74,  VE 10/2/06-; Zanel -pág. 135, VE 10/2/06-; Mariana Clarisa Shcimanski -pág. 42, VE 10/2/06-; Elba Fernández -pág. 48, VE 14/02/06-; Almeida –pág. 93, VE 14/02/06-; Shcimanski –pág. 42, VE 10/2/06-; Machado –pág. 132, VE 14/2/06-; Zarza –pág. 105, VE 10/2/06-).


            6°) Que habrían contribuido al marco de tensión laboral algunos episodios por parte del juez, como el relatado por Mariana Clarisa Shcimanski con motivo de la licencia por el fallecimiento de su hijo de nueve años y la espera injustificada que sufrió su madre en ocasión para entregar a Fariz un certificado médico (pág. 43, VE 10/2/06).


            Acuña declaró sobre la prohibición del juez para que ingresara su esposa al juzgado, mientras que se lo permitía a los maridos de otras empleadas (pág. 155 y 157, VE 10/2/06). Por su parte, algunos dependientes mencionaron que el juez Fariz les impedía dirigirse la palabra entre ellos, como Sellarés, Shcimansky y Fun Marega, a diferencia de Almeida, Braidot y Zanel que declararon sobre la libertad que tenían para comunicarse (ver VE de los días 10/2/06 y 14/2/06).


            También lo señalado por Machado, al manifestar que después de declarar ante el Consejo de la Magistratura el juez le prohibió que le dirija la palabra, situación que se prolongó hasta el 3 de agosto de 2005 (pág. 115/118, VE 14/02/2006, en coincidencia con Mariana Shcimanski -pág. 52, VE 10/2/06-). La empleada refirió asimismo que el juez le negó su desafectación de las tareas como oficial notificador, solicitada con motivo de las molestias que tenía por su embarazo (ver pág. 111, VE 14/2/06 y declaración del doctor Maidana en pág. 70 y 74, VE 10/2/06).


                        7°) Que sentado lo que antecede y con el fin de examinar objetivamente la situación que imperaba en el juzgado del doctor Fariz, es imprescindible puntualizar que los señores jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia concurrieron a la sede del Juzgado Federal de Reconquista con el fin de cumplir la visita reglamentaria dispuesta por Acuerdo Extraordinario n° 897, labrándose el veinte de octubre del año dos mil cuatro el acta n° 1.


                        De tales actuaciones surge que el tribunal -presidido por la doctora María Beatriz Fernández, integrado por el doctor Tomás J.A. Inda y con la asistencia de la secretaria de cámara autorizante Marina M. Venturini de Bruniard- entrevistó individualmente a los empleados del juzgado (en ejercicio de la superintendencia directa establecida en el art. 118 inciso c del Reglamento para la Justicia Nacional).


            En tal ocasión la presidente expresó a cada uno de ellos “que tal entrevista tenía por objeto brindar la oportunidad para que manifiesten las inquietudes que estimen pertinentes” (ver a su vez declaración por informe escrito de la doctora Fernández a fs. 1716).


                        En esa oportunidad quedó asentado que el personal formuló referencias de carácter general acerca del funcionamiento del área dentro de la cual prestaba servicios y en particular en relación a las funciones que desempeñaban, sin mencionar irregularidad alguna vinculada con maltrato por parte del magistrado enjuiciado.


            Cabe destacar que para la época de esas entrevistas se encontraba en trámite el expediente n° 379/03 del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde precisamente se investigaba la conducta del juez con relación a los empleados de su tribunal y en el que ya habían declarado, conforme surge del expediente principal, los agentes del tribunal -del cuatro al veintisiete de mayo del mismo año en que fue labrada el Acta n° 1-.


                        Por otra parte los propios empleados del Juzgado Federal de Reconquista al declarar durante el debate corroboraron el encuentro mantenido con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.


                        Alicia Gelcich relató que inspeccionaron las dos secretarías, que les pidieron los libros, que miraron expedientes, que controlaban las fechas de decreto con las fechas de cargo, controlaron “todo”, la formalidad de la parte administrativa y si tenían todo en orden. Asimismo, refirió que concluida la inspección, los camaristas convocaron a cada uno de los empleados interrogándolos acerca de si tenían algún reclamo que efectuar. Por último, expresó que “siempre” se sintió libre para expresarse en esas circunstancias (pág. 50, VE 10/2/06).


            La empleada Fernández aludió a dicha visita refiriendo que “fueron llamando a uno por uno, a todo el personal. Hablamos todos con los miembros de la Cámara. Ibamos pasando de a uno y hablando en privado con los camaristas…” (pág. 47, VE del 14/2/06). Y si bien la dicente manifestó ante el Jurado que en tal ocasión expuso los problemas a los que estaba sometida, planteándoselo concretamente al doctor Inda, sus dichos no logran desvirtuar la veracidad de lo asentado en el instrumento público suscripto por los camaristas y a cuyo texto se remitió el mencionado juez cuando fue interrogado acerca de lo que sucedió en aquella visita (fs. 1720).


                        8°) Que si bien surge que el magistrado acusado, en su carácter de titular de la dependencia judicial, no adoptó oportunamente las medidas necesarias para desactivar el tenso clima laboral imperante en la secretaría penal, contribuyendo con sus actitudes erróneas a incentivarlo en los casos señalados, debe ponderarse a su vez que el conflicto no abarcó a las dos secretarias del tribunal ya que en el esfera de la civil los niveles de interrelación laboral fueron normales.


                        A partir de ello, se colige que la crisis se desarrolló en un ambiente propicio, como lo era el ámbito de la secretaria penal, por la permanente presión derivada de la urgencia que se debía imprimir a los asuntos en trámite lo que alteró las relaciones entre los empleados, funcionarios y el magistrado. 


            A su vez,  la entidad del conflicto queda en duda con el resultado de la visita efectuada por los integrantes del tribunal que ejercía la superintendencia sobre el doctor Fariz, no surgiendo elemento alguno que permita afirmar que en esa oportunidad los agentes judiciales denunciaron o al menos informaron sobre alguna conducta irregular.


                        9°) Que, en definitiva, el hecho atribuido al doctor Eduardo Luis María Fariz por la acusación en este acápite no alcanza un registro de gravedad suficiente para configurar la causal constitucional de mal desempeño.


           


 


II. DE LA ASIGNACIÓN DE TRABAJO.


                        10) Que la acusación imputó al doctor Fariz “la asignación a determinados empleados de trabajos, tiempo y responsabilidades laborales excesivas en cantidad y calidad de poder ser asimilados y ejecutados adecuadamente”, como el caso de Sellarés, Fernández, Braidot y Machado.


                        La última de las nombradas explicó durante el debate la recarga de tareas ya que a su desempeño como auxiliar en la secretaría civil por la mañana, el magistrado le agregó la tarea como oficial notificador todas las tardes (pág. 111, VE 14/02/2006). Machado señaló que además del horario habitual de trabajo, tenía la obligación de concurrir al juzgado entre las 17  y las 20 horas para hacer las resoluciones de las causas penales que tramitaba cada uno de los empleados, puntualizando que el juez no accedió a su ingreso quince minutos más tarde del horario fijado.


                        La señora Braidot especificó que “vivía adentro del juzgado” por el trabajo que le era asignado, por lo cual le fue diagnosticado un cuadro de stress, especialmente cuando tenía no sólo que diligenciar cédulas sino además hacer cumplir “órdenes” de secuestro y embargo en horario vespertino, sin que el magistrado se las disminuyera luego de pedirlo expresamente (pág. 6/8, VE 14/2/06). Agregó que además tenía que cumplir funciones propias del habilitado, cargo que ocuparon sucesivamente la señora Elba Fernández y la doctora Almeida (pág. 27, VE 14/2/06). Los dichos de Braidot fueron confirmados por la doctora Zarza que expresó: “Yo la notaba recargada de tareas y de responsabilidades que estaban minando su salud” (pág. 112, VE 10/02/2006).


                        11) Que cabe señalar que la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Reconquista se encontraba superada por el cúmulo de trabajo al no contar con los recursos humanos necesarios para afrontarlo.


                        De la prueba documental reservada se desprende que fueron varios y sucesivos los requerimientos efectuados por el magistrado acusado, solicitando a distintos organismos judiciales la designación de personal en su tribunal. Así, remitió desde 1997 hasta 2005 distintos pedidos para que los órganos encargados de ellos designaran personal, habilitaran más cargos o secretarías para el Juzgado Federal de Reconquista (ver notas a CFAR de fecha 13/10/97, 20/2/1998, 1/12/98, 16/2/02, 23/2/01, 8/2/02, 27/2/03, 10/2/04 y 14/2/05, al Consejo de la Magistratura del 4/7/03 y 20/3/04 y a la Administración General de la CSJN por autorización de cargos fecha 16/2/99 (ver ANEXO J Sobre B).


            Irma Braidot se refirió a la cuestión al señalar que el doctor Fariz hacía notas todos los años para que designen más empleados y que la respuesta era que no había presupuesto además de la suspensión de todos los nombramientos (ver pág. 40, VE 14/2/06). Ello fue corroborado por la doctora Zarza al señalar que no había personal suficiente en el tribunal y se contaba con tres cargos que aún estaban pendientes de ser cubiertos (pág. 112, VE 10/02/2006). Coincidió con ella la agente Alicia Gelcich (pág. 42, VE 10/2/06).


                        12) Que la carencia de personal reseñada precedentemente resulta determinante para dilucidar la responsabilidad del doctor Fariz en la distribución de tareas entre los empleados.


            El magistrado acusado no disponía de gran margen para asignar funciones a sus dependientes atendiendo a su capacidad, actitud y aptitud para desempeñarlas ante la falta de personal, por lo que optó por imponer una extensión horaria y reasignar tareas; situación en la que quedaron involucrados no sólo los empleados sino también los funcionarios.


            Por lo demás, no se ha acreditado la existencia de pedidos formales por parte del personal solicitando el cambio de tareas o reducción horaria debidamente fundado, conforme el derecho que les confería las normas reglamentarias aplicables al caso (art. 28 del RJN); más allá de las quejas que efectuaran al magistrado y que algunos empleados señalaron su conformidad con la tarea diaria que se les asignaba (ver declaración de Mariana Clarisa Shcimanski -pág. 42, VE 10/2/06).


                        Desde esta perspectiva, atento a las facultades de dirección propias del magistrado en la organización de las tareas de sus subordinados y no acreditándose el supuesto de irrazonabilidad manifiesta de la orden impartida, ni pudiendo válidamente atribuirse la medida a fines ajenos a una mejor y más eficiente prestación de servicios, el cargo debe ser rechazado.


 


III. DE LA ACTITUD AMENAZANTE SOBRE EMPLEADOS.


                        13) Que la acusación puntualizó la actitud amenazante a través de sumarios, notas y recomendaciones verbales del juez Fariz a los empleados Sellarés, Acosta, Mandagarán Matta y Pastore para que renunciaran a sus cargos en el caso de los dos primeros –secretaria y prosecretario administrativo, respectivamente-, como así también para que los restantes no se postulen para ocupar las vacantes abiertas en el Juzgado Federal de Reconquista.


                        14) Que del sumario labrado contra la Secretaría Sellarés el 11 de septiembre de 2000, cuyas copias se encuentran reservadas como prueba documental, no se advierte elemento alguno que permita al menos inferir que tales actuaciones hubiesen sido labradas por el magistrado acusado para lograr su renuncia como secretaria penal del Juzgado Federal de Reconquista. Al respecto es necesario precisar que las actuaciones administrativas se iniciaron con motivo del hallazgo en su oficina de denuncias, oficios y comunicaciones de distintos expedientes sin haberle dado el trámite procesal pertinente. Se destaca que la funcionaria admitió la existencia de la infracción formal atribuida.


            A su vez, la regularidad del trámite impreso a esas actuaciones y especialmente las razones que motivaron su formación fueron avaladas por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (ver resolución de fs. 337/338vta. en el Sumario n° 1 del Juzgado Federal de Reconquista –Anexo L-Letra G), el fiscal federal Cristóbal Ricardo Cavanagh (ver declaración por informe escrito de fs. 1748/1751 y copia de escrito a fs. 1745/1747) y la propia imputada (pág. 16/17, VE 10/2/06).


                        Si bien en algún pasaje de la declaración prestada durante el debate la doctora Sellarés aludió a la presión ejercida por el juez con la formación de ese sumario para que renunciara, motivo por el cual le pidió que se termine tal situación ofreciéndole irse del juzgado o pedir un traslado (pág. 11, VE 10/02/2006), debe advertirse que tales expresiones resultan desvirtuadas por ella misma al expresar que en esa oportunidad el juez le contestó: “pero no, como voy hacer yo algo, al contrario, en todo lo que la pueda ayudar la voy [a] ayudar. Ud. Tiene un corazón grande, más grande que esta casa y que este edificio”.


                        Ante lo asentado, no puede tenerse por probado que el magistrado labrara las actuaciones indicadas con la finalidad de obtener la renuncia de la doctora Sellarés, cuando la nombrada fundó su dimisión señalando que se encontraba “…en delicado estado de salud…” y su imposibilidad de concurrir al juzgado para realizar sus tareas (fs. 354 del Sumario Administrativo n° 1/2000 –Anexo J, caja celeste Letra G-). Tales referencias en modo alguno indican que las razones de salud invocadas tenían relación con actitudes del magistrado acusado.


            Por lo demás, la renuncia interpuesta por la ex funcionaria fue aceptada, sin mayores aclaraciones, por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia mediante Acta n° 945 de fecha 26 de junio de 2001 (cf. Fs. 357 de las actuaciones mencionadas). Cabe señalar que la testigo admitió su decisión de renunciar sin aludir a presión alguna del magistrado para tomar tal decisión (pág. 12, VE 10/02/2006).


                        Finalmente, las manifestaciones en contrario vertidas por el doctor Virgilio Palud no se basan en datos objetivos sino que se originaron por “distintas conversaciones mantenidas” con Sellarés y sus “comentarios”, que “llevaron a tener la convicción de que su renuncia fue provocada por todas las situaciones que refirió haberle tocado vivir” (ver declaración por informe escrito de fs. 1943/1945).


                        15) Que con relación al caso del agente Acosta, conforme surge de la prueba documental reservada, es necesario puntualizar inicialmente que para su designación intervino la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, cumpliéndose para ello con las reglamentaciones vigentes sobre la materia (ver Acta n° 957 legajo personal del mencionado agente –Anexo J sobre N-).         


                        A su vez, sus manifestaciones en cuanto a que el doctor Fariz le había dicho en dos oportunidades que “tratara de irse” del Juzgado Federal de Reconquista y que “dejara el cargo a toda costa” (audiencia del 10/2/06), no encuentran sustento en otros elementos probatorios obrantes en el expediente.


            Por el contrario y según surge del legajo personal, Acosta solicitó restituirse a su cargo del Juzgado Federal de Resistencia en razón de haberse agudizado un problema de salud de su señora esposa y el agravante del accidente sufrido por su hijo; situaciones que le resultaban de difícil manejo si permanecía alejado de su hogar (cf. Acta n° 963 de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia por la cual se deja sin efecto su ascenso al cargo de Prosecretario Administrativo).


                        Los dichos de Acosta resultan dudosos al confrontarlos con las declaraciones de otros agentes del juzgado federal de Reconquista que reconocen haberle hecho “un vacío” desde su ingreso al tribunal, en razón de obtener una vacante que a criterio de los dicentes correspondía ocupar a otros empleados (ver declaración de Mariana Shcimanski, pág. 39/40, VE 10/02/2006, Irma Braidot, pág. 39, VE 14/02/2006 y Claudia Machado pág. 135, VE 14/02/2006). Es evidente que la actitud de sus compañeros también debe haber influido en la decisión de renunciar al cargo.


                        16) Que, con respecto a las entrevistas mantenidas por el juez Fariz con los agentes Mangadarán Matta y Pastore, no se probó durante el debate las presiones ejercidas por el magistrado acusado.


                        El primero de los nombrados, a diferencia de su compañero, no indicó de manera fehaciente que hubiese sido forzado por el juez para que no se postulara al cargo mencionado cuando estaban reunidos en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, más allá de las sugerencias del magistrado indicando los compromisos asumidos con otras personas (ver declaraciones prestadas durante el debate de fecha 13/2/06 y 14/2/06). A su vez, el propio Pastore admitió que decidió no ir al Juzgado Federal de Reconquista retirando voluntariamente su pedido porque creyó que “no iba a haber feeling entre el juez y el empleado” (pág. 52/53, VE 14/2/06).


                        17) Que con respecto al caso de Claudia Machado, relató que el doctor Fariz la llamó por teléfono para sugerirle que no acepte reemplazar a Zarza como secretaria penal porque tenía intenciones de proponer a unos amigos para ese cargo, obligándola a renunciar con la amenaza de hacerle lo mismo que a la doctora Sellarés (pág. 127/8, VE 14/02/2006).


                        Cabe advertir que tal renuncia no obstaculizó el concreto desempeño de aquel cargo pues de sus propios dichos surge que a los pocos días se reintegró la doctora Almeida, a quien por escalafón le correspondía (ver pág. 164, VE 14/02/2006).


                        Valorando la prueba reseñada se concluye en el rechazo de la imputación.


 


 


 


IV. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LABORES PERSONALES.


                        18) Que se le atribuye al doctor Fariz la asignación de tareas personales al agente Acuña, quien admitió durante su declaración brindada en el Consejo de la Magistratura que realizaba diligencias fuera del juzgado como “…llevar los expedientes a los distintos ministerios…” y también que, ante el pedido del juez o alguna Secretaría, concurría al banco a pagar el impuesto inmobiliario, hacía depósitos o cobraba cheques (fs. 145 y pág. 150, VE 10/2/06). Durante el debate reiteró tales manifestaciones, agregando que el magistrado le encomendaba llevar algún sobre a un estudio de un profesional o ir a la casa del juez a buscar la billetera cuando éste se la olvidaba (pág. 152, VE 10/2/06).


                        Resaltó a su vez como una tarea “insultante” que le pesaba moralmente como cristiano, el hecho de que el juez le pidiera concurrir a la farmacia a comprar profilácticos (pág. 154, VE 10/2/06).


            Sin perjuicio de señalar que sus dichos no se encuentran sustentados por otros elementos probatorios, cabe advertir que al declarar ante el Consejo de la Magistratura, a diferencia de lo mencionado en el debate, en ningún momento manifestó que debiera realizar algún tipo de tarea impropia y mucho menos humillante. Sí reconoció alguna diligencia de tipo personal para el juez o alguna secretaria, pero consideró que ello estaba dentro de lo normal.


            Por otra parte pudo manifestar libremente  al juez que la labor encomendada excedía sus funciones, negándose a realizar el encargo. Tampoco articuló formalmente reclamó alguno en tal sentido. La firme personalidad del testigo evidenciada en el debate y el relato espontáneo de haber enfrentado al magistrado por un incidente con la doctora Ingaramo (pág. 140, VE 10/2/06), ponen de manifiesto por ende que no se dejaba intimidar por aquél restando credibilidad a su relato.


                        En cuanto a Irma Braidot, la nombrada manifestó que inicialmente el doctor Fariz le pidió “si le podía llevar impuestos, algunas cosas, porque él estaba solo en Reconquista y su esposa estaba viviendo en Villa Ocampo” (pág. 27, VE 14/2/06). La empleada, secretaria privada del juez, no manifestó inquietud ni malestar alguno vinculado a la realización de tales tareas, por el contrario expresó “…con gusto lo he hecho. Quiero dejar bien aclarado eso”, evidenciando una actitud de buena predisposición y clara intención de colaborar con el doctor Fariz.


            No puede ignorarse que la dinámica propia de un juzgado de instrucción penal con las urgencias ya apuntadas y la irremplazable presencia del juez en numerosos y diversos actos procesales, a lo que se suma las entrevistas con detenidos en horarios no programados, dificulta frecuentemente la posibilidad de ausentarse de los estrados aunque sea por espacios breves para efectuar trámites personales. En esas especiales y excepcionales circunstancias no parece reprochable que el magistrado solicite colaboración a sus asistentes.


            Por lo expuesto no se ha probado que la asignación de tareas a los empleados Acuña y Braidot, descriptas por la acusación como “personales”, fuese habitual ni que se tradujera en un trato diferenciado o humillante respecto a ellos.


            Consecuentemente, tal imputación debe ser rechazada.


 


V. DEL TRATO DESPECTIVO FUERA DE LA ACTIVIDAD LABORAL.


            19) Que en este caso la acusación señala el trato despectivo del que fuera víctima el agente Acuña durante un encuentro de tipo social fuera de la sede del Juzgado Federal de Reconquista.


            20) Que respecto de ello Acuña relató las razones por las que dejó de concurrir a las reuniones sociales, que se organizaban a instancias del magistrado que “muy amablemente los convocaba”, por un episodio con la doctora Ingaramo y porque se sentía centro de los chistes dirigidos a su persona por el doctor Fariz que provocaban la risa de sus compañeros (pág. 136, VE 10/2/06). Acuña describió tales situaciones como un trato diferenciado por parte del juez hacia su persona, señalando el malestar que le causaron.


            Sin embargo, reconoció haber enfrentado al juez en dicho momento y menospreciar a la secretaria civil llamándola “hueca” (pág. 140, VE 10/2/06). En cuanto a lo relatado en torno a las reuniones sociales, sus dichos no fueron corroborados con ningún otro elemento de prueba y su malestar queda inmerso en una apreciación estrictamente subjetiva. 


            Sólo la doctora Sellarés refirió que el juez le decía a Acuña que él no servía para nada (pág. 20, VE 10/02/2006), testimonio que resulta insuficiente a los fines de comprobar por sí solo que ello era así y a la vez condicionado por su enemistad manifiesta con el doctor Fariz resaltada públicamente y durante el debate.


            21) Que asimismo cabe destacar que las apreciaciones de Acuña antes mencionadas no son contestes con las referencias efectuadas en otros pasajes de su declaración, como cuando manifestó que el doctor Fariz “no había tenido ni una actitud violenta” con él (pág. 168, VE 10/2/06).


                        También reconoció el nombrado que cuando le surgió un trabajo en la actividad privada, le solicitó al juez Fariz que le cambiara el horario para la tarde para desempeñar las dos tareas, oportunidad en la que el juez accedió a su pedido y efectuó el trámite administrativo pertinente para que no tuviera dificultades (pág. 138, VE 10/2/06). Ello, sumado a que no negó que el juez le dio la oportunidad de trabajar en el juzgado cuando lo necesitaba (pág. 139, VE 10/2/06).


                        Consecuentemente, no ha quedado probado el trato despectivo que la acusación le atribuyera al doctor Fariz, razón por la cual tal imputación debe ser rechazada.


 


VI. DE LA PERSECUCIÓN.


                        22) Que se atribuye al doctor Fariz la persecución mediante notas, sumarios, procesos, advertencias, o bajas en las calificaciones, que muchas veces en forma infundada, y siempre de manera abundante eran producidos contra algunos empleados.


           


DE LAS NOTAS ENVIADAS A LOS EMPLEADOS.


                        23) Que la testigo Susana Almeida (audiencia del 14/02/2006, pág. 84), no obstante expresar que el trato del Dr. Fariz con el personal en su presencia era correcto, declaró haber visto salir a algunas compañeras llorando del despacho del juez o que éste les enviara notas o advertencias, puntualmente el caso de Claudia Machado y Elba Fernández. Destacó que el problema era que “a lo mejor se agregaba algo más personal en la nota como hay que estudiar en un tono más agresivo”.


                        Elba Fernández por su parte manifestó que cuando comenzó a desempeñarse como prosecretaria en el 2002 vivió prácticamente un “calvario”, que le mandaban constantemente notas que debía contestar por escrito y que la notificaban a última hora de la mañana para que tuviera poco tiempo de evacuar dicho pedido.


                        24) Que frente a lo declarado por los empleados mencionados es necesario ponderar la prueba documental aportada por los agentes Machado Schlie, Sellarés y Fernández, relacionada con las correcciones que les efectuaba el magistrado acusado (ver escritos de fs. 918/925vta., fs. 963/vta. y fs. 987/vta., respectivamente).


                        Cabe señalar que la mayoría de las adjuntadas por Machado Schlie –ver también pág. 120, VE 14/02/2006)- se refirieron a correcciones efectuadas por la secretaria del área penal, doctora Zarza y que aquellas confeccionadas por el magistrado acusado no poseen el carácter ofensivo destacado por los empleados. En ese aspecto el doctor Fariz se limitaba a señalarle que transcribiera lo indicado, pequeñas correcciones, agregados y cambios por errores ortográficos, más allá de que en algunos casos consignaba que el trabajo estaba aprobado con la sigla “OK” y la razón que le asistía para efectuar la observación.


                        El caso descripto es similar a lo ocurrido con la doctora Patricia Sellarés, quien por otro lado reconoció durante el debate que la nota de disculpas al fiscal fue enviada por propia voluntad (pág. 37, VE 10/2/06).


            Conviene destacar que en el contexto particular del funcionamiento de un juzgado es habitual que los jueces envíen directivas a través de “papelitos”, como también que en el ejercicio propio de sus facultades, señalen los errores en que incurren los dependientes y controlen la actividad funcional que éstos realizan, en forma verbal como por escrito (ver directivas por escrito obrantes a fs. 954/956 y pautas de trabajo a fs. 958).


            25) Que en relación con los dichos de Fernández, deben confrontarse con el relato de la doctora Zarza cuando se refirió a la extrema susceptibilidad de aquélla cuando le hacía saber un punto de vista diferente en cuanto a la manera de trabajar, ante lo cual se cerraba, no aceptaba su opinión y se ofendía cuando le sugería alguna corrección tomándola como una persecución en su contra (pág. 100 VE 10/2/06).


            También se refirió Zarza al recurso iniciado por Elba Fernández, recordando que cuando se le envió a Fernández una nota firmada por el doctor Fariz requiriendo poner mayor cuidado en el control de los expedientes, ella reaccionó interponiendo un recurso en el cual se refirió en términos agraviantes a la persona del magistrado; motivo por el cual se la apercibió. Agregó que luego se instruyó otro sumario por averiguación de irregularidades a raíz de un interlineado que se hizo en un decreto, tramitado en la Secretaría (pág. 101, VE 10/2/06).


                        26) Que consecuentemente, respecto a las advertencias y notas enviadas por el juez  a sus empleados, del contexto probatorio surge que la conducta del juez respondía a sus facultades ordenatorias como titular de la dependencia, concretamente en lo referente al trámite de los expedientes, sin haberse probado una actitud persecutoria por parte de aquél.


            Empero todo lo afirmado no desvirtúa algunas de las actitudes del magistrado acusado, como la prohibición de ingreso a Elba Fernández con constancia en el libro de guardia del tribunal (fs. 976), la nota requiriendo su presencia en el juzgado en horas de la tarde para que entregue las llaves de acceso a su lugar de trabajo (fs. 977) y la atención indebida dispensada en ocasión de su desmayo en la sede del tribunal (relatado durante el debate por Fun Marega -pág. 71, VE 10/2/06 y la propia Fernández), que si bien representan actitudes incorrectas en el trato por parte del magistrado, no se erigen en parámetros de persecución que evidencien la existencia del hecho imputado.


 


DE LOS SUMARIOS LABRADOS CONTRA EL PERSONAL.


                        27) Que como prueba documental se encuentra agregado el sumario 41.455/03 (Anexo J, sobre E) que se inició contra Elba Fernández por haberse dirigido en términos agraviantes hacia el juez en ocasión de efectuarle éste un llamado de atención por la redacción del despacho de un expediente. A dicho sumario, y tal como se expuso precedentemente, se refirió la doctora Zarza.


            No puede afirmarse que dicho trámite haya implicado el ejercicio por parte del juez de una actividad persecutoria hacia la dependiente, sino el ejercicio propio y natural de las facultades disciplinarias que le competen, motivadas en el accionar impropio de aquélla cuando se refirió al titular del juzgado con expresiones consideradas agraviantes por el juez.


            Vale decir que el expediente fue labrado a partir de faltas relacionadas con el desempeño funcional de la señora Fernández y que la misma contó con el debido resguardo del derecho a la defensa en juicio y el debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional), puesto que habiéndole impuesto el juez Fariz una sanción de apercibimiento, su resolución fue sometida al control posterior de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación; rechazando las peticiones de la recurrente (ver especialmente fs. 15/vta. del expediente 41.455/03, caratulado "Fernández Elba Blanca s/ recurso de reconsideración" y resolución de CS obrante a fs. 24 reservada en Sobre Letra E de la documentación aportada por el juez).


            A igual conclusión  puede arribarse respecto del sumario administrativo incoado contra la nombrada por los interlineados manuscritos aparecidos en la causa n° 072/03 caratulada  “Andrade, Daniel Alberto s/su denuncia” del Juzgado Federal de Reconquista, que se encontraría en pleno trámite (–ver fs. 29 del expediente 41714 reservado en Anexo J Letra E-), y  la formación de una causa penal por ese hecho. De las constancias del expediente 297/03 surge que Fernández fue sobreseída por la conjuez Contepomi desvinculándola totalmente del hecho y que el fiscal Cavanagh, solicitante de la formación de esas actuaciones, consintió la resolución (ver fs. 73/74, notificación de fs. 74vta. de los actuados mencionados y  declaración por informe escrito del doctor Cavanagh de fs. 1748/1751).


            Como otro elemento de prueba a ponderar en torno a dicho sumario administrativo originado en el “interlineado”, la doctora Zarza se refirió a los motivos que dieron lugar a su formación: “hubo un expediente en el que la DGI, como parte querellante, había presentado un escrito para que se incorpore una causa…cuando fueron los abogados de la DGI a una audiencia que se tomaba en esa causa, advirtieron que ese escrito no estaba agregado. No recuerdo qué era concretamente el escrito, pero se que los perjudicaba a los fines de la audiencia y el doctor Cámpanari me mostró preocupación y me pidió explicaciones..A raíz de esto le pedí a Elba Fernández que lo agregue con un informe de que por omisión involuntaria se había traspapelado, por lo cual se agrega en la fecha de la audiencia…”. La nombrada relató que la señora Fernández no cumplió con su pedido, lo que motivó un planteo de nulidad por parte de la Fiscalía por un interlineado en el decreto que no aparecía en las notificaciones, ni se había informado en el expediente tal como ella se lo había ordenado (pág. 116/117, VE 10/2/06).


            Es de advertir que Fernández vincula el inicio de tal sumario a un accionar persecutorio, eludiendo los verdaderos motivos que justificaron su inicio, argumentando que lo iniciaron porque con las notas no consiguieron nada (pág. 13, VE del 14/02/2006). Ello resulta contradictorio con sus  propias afirmaciones, cuando la testigo reconoce la existencia de posibles errores: “eran errores de mis compañeras que dado el momento de presión y humillación que yo estaba pasando dentro del juzgado no los veía. Tal vez los tenía delante de mi vista y no los veía” (pág. 19, VE del 14/02/2006).


            También la declarante pretendió desvirtuar la medida adoptada en ejercicio de las facultades disciplinarias del juez y, eventualmente, de la secretaria en orden a las facultades delegadas por el magistrado, refiriendo que la “trataban como una basura y que le decían que ella no servía para nada”, señalando luego a la secretaria del doctor Fariz como responsable de ese trato (pág. 24, VE del 14/02/2006).


            De tales expresiones, cabe destacar que Fernández no se refirió puntualmente al magistrado sino que se expresó inicialmente en plural, para luego especificar que era la secretaria del doctor Fariz quien la trataba como una basura. Lo cual concuerda con su respuesta a la pregunta de la defensa sobre si en una reunión que mantuvo con Piumato ella le manifestó que su problema era con la doctora Zarza y no con el doctor Fariz, respondiendo que “Sí. Eso también lo dije en mi declaración. Lo tengo.” (pág. 52, VE 14/2/06).


            Asimismo Fernández habló sobre “informes mendaces” que le hacía la doctora Zarza y que “bastaba ausentarme unos días, para hacerles hacer informes a mis compañeras, de que en la repisa de mi oficina encontraba tal cosa, que encontraba una carpeta con escritos sueltos…” (pág. 60/61, VE 14/02/06).


            Tales expresiones deben ponderarse conjuntamente con lo declarado por la doctora Zarza cuando se refirió a la sobrecarga de tareas y de controles (pág. 83, VE 10/2/06). Allí aclaró que si bien a ella se le exigía informar por escrito sobre los expedientes, para no ser responsable de los atrasos, nunca estuvo en su ánimo sumariar a nadie (pág. 84, VE 10/2/06), dejó a salvo que era el doctor Fariz o ella quienes marcaban los errores y que el magistrado le comunicó  las expresas instrucciones del doctor Inda para que informe como secretaria quién y cómo había cometido el error o la irregularidad (pág. 98, VE 10/2/06). Agregó que tal requerimiento también respondía a las exigencias de la Fiscalía (pág. 99, VE 10/2/02).


            28) Que consecuentemente, no se ha probado que la conducta desplegada por el magistrado respecto al trámite de los sumarios instruidos a la señora Elba Fernández fuera persecutoria y discriminatoria. Ello obedeció al ejercicio de las facultades disciplinarias que le competen al magistrado, con el fin de procurar orden en el funcionamiento del juzgado a su cargo.


            A igual conclusión se llega respecto al sumario iniciado contra la doctora Sellarés- al cual ya se ha hecho referencia-, pues tales actuaciones administrativas se iniciaron con motivo del hallazgo de oficios y comunicaciones referentes a diversos expedientes sin el debido trámite, hecho que faculta al magistrado no sólo a requerir del empleado al que se le delegó su trámite las explicaciones necesarias, sino también iniciar la investigación correspondiente a los fines de deslindar eventuales responsabilidades.


            Por otra parte, y tal como se advirtiera en el caso de Elba Fernández, también Sellarés pudo ejercer libremente su derecho de defensa en juicio, articulando los recursos pertinentes; no obstante lo cual la resolución le fue adversa.


            Por todo lo expuesto, y en orden al contexto probatorio reseñado, puede afirmarse que no se ha probado una conducta persecutoria por parte del magistrado, motivo por el cual la imputación fundada en los hechos descriptos en este punto debe ser rechazada.


 


DE LA BAJA DE LAS CALIFICACIONES.


                        29) Que a su vez, la acusación indicó que la actividad “persecutoria” desplegada por el magistrado acusado podía observarse en las bajas de las calificaciones. Se refirió puntualmente a la señora Elba Fernández.


                        En torno a esta cuestión es determinante el expediente administrativo n° 41.714/03, caratulado "Fernández, Elba Blanca s/ recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra calificación 03”, prueba documental incorporada a estas actuaciones, en las cuales Fernández recurrió la resolución del juez Fariz.


            De dichas constancias surge que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió que “…lo resuelto por el “a-quo”, constituye una evaluación discrecional…”, más allá de tenerse en cuenta que no se advertían “…circunstancias fácticas concretas, respecto de las calificaciones definitivas, ni razones de superintendencia general…” que tornaran viable una mayor intervención del tribunal que terminó no haciendo lugar al recurso de apelación deducido por Fernández (ver resolución de fs. 59/60).


            Sin perjuicio de advertir que la calificación por parte del magistrado configura una evaluación discrecional, sin que obre en autos ningún otro elemento de prueba que desvirtúe la presunción de legalidad en el trámite de dicha calificación, cabe señalar que Fernández dispuso e hizo uso de su facultad de recurrir lo que consideraba arbitrario, garantizándose su derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN), más allá del resultado adverso a su petición.


            Por lo expuesto, tal imputación también debe ser rechazada, al no haberse acreditado una actitud discriminatoria ni persecutoria en la aplicación de la calificación mencionada, en los términos expuestos por la acusación. 


 


DE LAS ADVERTENCIAS.


            30) Que en orden a dicha imputación, la testigo Machado relató que en circunstancias de hallarse en uso de licencia por maternidad, fue reemplazada por una amiga de la doctora Zarza. A los pocos días de reintegrarse a sus funciones, recibió un llamado de la funcionaria advirtiéndole que buscara la manera de que su licencia se prolongara por treinta y cinco días más para que su amiga continuara en el cargo, a lo que se negó por no estar previsto en el reglamento. Agregó que Zarza nuevamente la llamó para comunicarle que por disposición del doctor Fariz y por no obedecer la disposición impartida, pasaría a trabajar en mesa de entradas (pág. 123, VE 14/02/2006).


            Sin perjuicio de señalar que los dichos de la testigo no fueron corroborados por ningún otro elemento de prueba, su apreciación de que tal accionar configuró una represalia ha devenido abstracto pues el traslado nunca se efectivizó. Ella misma relató que se hizo una reunión interna y el juez desistió de su cambio a la mesa de entradas. (pág. 124, VE 14/02/2006).


            Consecuentemente, la persecución fundada en la supuesta advertencia que se le hiciera a la agente Machado no ha sido probada, motivo por el cual debe ser rechazada.


            31) Que finalmente respecto de todos los puntos del acápite, es necesario especificar que los elementos de prueba indicados deben ponderarse conjuntamente con los dichos de varios testigos que coincidieron en que nunca fueron afectados por ninguna medida por parte del juez (Braidot, Bruno Zanel, Mariana Clarisa Shcimanski (pág. 7, VE 14/2/06 y pág. 103, VE 10/2/06, pág. 7, VE 10/2/06, respectivamente). Asimismo, el agente Acuña expresó que el juez nunca lo amenazó “abiertamente” de echarlo ni le aplicó sanción alguna (pág. 139 VE 10/2/06).


            Así, en virtud de los elementos reunidos y la valoración efectuada en las consideraciones precedentes en orden a la  imputación que la acusación define como un accionar persecutorio por parte del magistrado reflejado en el envío de notas, iniciación de sumarios, baja de calificaciones y advertencias, puede concluirse que se trató de medidas adoptadas para el mejor orden del juzgado, en ejercicio de sus facultades disciplinarias y en cumplimiento de las normas de superintendencia delegadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.


                        Vale decir que la actitud del magistrado acusado, en relación a los medidas adoptadas- sumarios, notas y advertencias- lejos de implicar una conducta impropia o persecutoria respecto de los empleados investigados, significó la adopción de las medidas inherentes al ejercicio de su función, concretamente el desempeño de las facultades disciplinarias.


                        Al respecto se ha dicho que “el poder disciplinario tiende a actuar, mantener, reintegrar y mejorar, con medios correctivos o depurativos, las condiciones de una relación particular de autoridad” (Manzini, Vicenzo, “Tratado de Derecho Penal”, Ed. Ediar, t. I, vol. 1, pág. 133 y stes., Bs. As., 1948) y que “el poder disciplinario de los jueces tiene distintas facetas. Fundamentalmente todas ellas tienden a proteger el desarrollo y buen orden de los procesos y la jerarquía y dignidad del juez. En primer lugar se encuentran las sanciones que pueden tomar los magistrados por las faltas del personal bajo su dependencia art. 16 dec-ley 1285/58 y art. 21 del Reglamento para la Justicia Nacional). Reconocen su fundamento en la preservación de la jerarquía del magistrado en orden a su eficacia funcional” (Gallo, Orlando, Curso de Derecho Constitucional, pág. 335).


                        Cabe destacar que las cámaras de apelaciones ejercen la superintendencia directa en materia disciplinaria y supletoriamente en materia administrativa y reglamentaria  en el fuero respetivo. La Corte puede intervenir por vía de avocación, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, para el caso de la imposición de sanciones disciplinarias al personal de las cámaras y de los juzgados.


            La necesidad de afirmar el recto desempeño de las tareas judiciales mediante la atribución de ciertas facultades, que establecen una relación de sujeción cuando se dirigen a sus miembros o a particulares, se deriva de la propia naturaleza de la función pública y tiende a evitar no sólo la afectación del orden interno sino también el desenvolvimiento funcional.


                        32) Que a la luz de la normativa aplicable al caso (arts. 14, 16 decreto/ley 1285/58 –Organización de la Justicia Nacional- y arts. 19 y 21 del Reglamento para la Justicia Nacional), como así también a las opiniones doctrinarias expuestas, cabe advertir que la conducta imputada al doctor Fariz queda circunscripta al ejercicio de las facultades disciplinarias que le competen. Así, el magistrado dispuso de ciertas medidas que tenían como finalidad deslindar responsabilidades sobre determinados comportamientos de sus empleados (caso de los sumarios de Sellarés y Fernández o advertencias formuladas en los expedientes a Machado).


            A su vez, las advertencias formuladas por la doctora Zarza a Elba Fernández fueron efectuadas en el marco de la adopción de medidas para evitar el deterioro del orden que debía imperar en el ámbito de la secretaría bajo su control.


                        Consecuentemente no se probó ninguna situación que significara persecución a sus dependientes por parte del doctor Fariz que, tal  como sostiene la acusación, haya perjudicado el accionar propio del funcionamiento del juzgado a cargo del magistrado acusado.


 


VII. DE LA POSTERGACION DE ASCENSOS.


                        33) Que con relación a la supuesta postergación de ascensos en base a criterios discriminatorios se refirió la testigo Susana Almeida -actualmente oficial mayor en el juzgado federal de Reconquista-: “en el caso de una subrogancia, la licencia por maternidad de la Dra. Zarza, yo aspiraba a cubrir ese cargo porque soy la empleada con título de abogada que tengo mayor categoría y mayor antigüedad en la justicia… y el Dr. Fariz puso al Dr. Zanel recién ingresante y con la última categoría…los motivos que dio el juez es que yo era madre de pequeños y que estaba haciendo uso del horario de lactancia y que entonces no podría desempeñar correctamente la función”.


                        El juez mediante nota fechada el 26 de octubre de 2004 propuso al doctor Bruno Zanel para asumir interinamente el cargo de Secretario para reemplazar a la doctora Zarza, con motivo de su licencia por maternidad. En sus fundamentos destacó las razones por las cuales no designaba en ese puesto a la doctora Almeida, como había ocurrido anteriormente, al destacar que la nombrada “…se encontraba gozando de la licencia que contempla el art. 21 del R.J.N.” y que ella le manifestó personalmente su imposibilidad de concurrir al juzgado en horario vespertino “…en razón de la minoridad de sus tres hijos…” (fs. 7 del expediente de la Administración General de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4.485/04 caratulado "Avocación   Almeida María Susana c/ acta Nº 1024/04 de la Cámara Fed. de Resistencia").


                        34) Que los señores jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hicieron lugar a la solicitud efectuada por el titular del Juzgado Federal de Reconquista, promoviendo el ascenso del mencionado Zanel. La doctora Almeida planteó recurso de reconsideración contra esa decisión que fue protocolizada como Acuerdo n° 1024, sin que el mencionado tribunal hiciera lugar a su petición.


                        Frente a tales elementos de prueba colectados, debidamente valorados, y la intervención de los órganos de superintendencia competentes, quedó acreditado el carácter temporal de las designaciones interinas y que ellas no suscitaban preterición escalafonaria alguna, advirtiendo además que no se evidenciaba arbitrariedad en el ejercicio de las facultades disciplinarias (Resolución n° 1687 de fecha 25 de octubre de 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con cita de Fallos 290:387, 290:679, 303:413, 313:149, 315:2515, entre otros).


                        35) Que sin perjuicio de ello cabe advertir que Almeida reconoció en su declaración haber ingresado al juzgado como escribiente auxiliar, haber tenido un ascenso -oficial notificador- y luego con la renuncia de la doctora Sellarés, haber sido ascendida a su actual cargo de oficial mayor (pág. 80, VE 14/02/2006). Asimismo reconoció haber subrogado una secretaría en el año 2002, actuando como prosecretaria ad hoc en la secretaría penal y como secretaria ad hoc en dos causas en las que se excusaron sus titulares (pág. 81, VE 14/02/2006).


            De todo ello se colige que la actitud del juez respondió más a una cuestión funcional que a una preferencia determinada, pudiendo afirmarse que no se ha probado una maniobra ilegítima por parte del magistrado con el fin de beneficiar la situación de alguno de los empleados en detrimento de otros.


 


            CONCLUSIONES de los doctores Highton de Nolasco, Baladrón, Gallia, Puyol, Roca, Sagués, Vázquez Villar y Zavalía respecto del primer cargo –conducta impropia del juez con relación a sus empleados-:


                        36) Que en cuanto al clima de tensión que existía en el Juzgado Federal de Reconquista, si bien surge que el magistrado acusado no adoptó oportunamente las medidas necesarias para desactivar el tenso clima laboral imperante en la secretaria penal, contribuyendo con sus actitudes erróneas a incentivarlo, el hecho atribuido por la acusación en este acápite no alcanza un registro de gravedad suficiente para configurar la causal constitucional de mal desempeño.


                        Respecto de la asignación excesiva de tareas a sus empleados, el magistrado acusado ante la falta de personal optó por imponer una extensión horaria y reasignar tareas, en atención a las facultades de dirección propias en la organización de las tareas de sus subordinados, sin que se probara irrazonabilidad manifiesta de la orden impartida ni se pudiera válidamente atribuir la medida a fines ajenos a una mejor y más eficiente prestación de servicios.


                        En lo que tiene que ver con la actitud amenazante del doctor Fariz sobre los empleados del tribunal, de las pruebas adjuntadas no se advierte elemento alguno que permita al menos inferir su intención de lograr la renuncia de Patricia Sellarés como secretaria penal del Juzgado Federal de Reconquista, el regreso de Acosta al Juzgado Federal de Resistencia e impedir el ingreso a su tribunal de los empleados Pastore y Mangadarán Matta. A su vez, la renuncia de Machado no obstaculizó el concreto desempeño del cargo de secretaria penal al reintegrarse la doctora Almeida.


                        Con relación a la utilización del personal para tareas personales, no se probó que tal conducta fuera habitual ni que tradujera un trato diferenciado sobre los empleados Acuña y Braidot. Tampoco ha quedado probado el trato despectivo que la acusación le ha atribuido al doctor Fariz respecto del mencionado Acuña.


                        Por otro lado no se probó un obrar persecutorio, toda vez que el envío de notas a Sellarés, Fernández y Machado, la iniciación de sumarios a las dos primeras y la baja de calificaciones a Fernández, se trataron de medidas para el mejor orden del juzgado, el ejercicio de sus facultades disciplinarias y el cumplimiento de las normas de superintendencia delegadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, más allá de no haberse probado las advertencias que le habría efectuado el juez a Machado.


                        En cuanto a la prohibición de ingreso a Elba Fernández con constancia en el libro de guardia del tribunal, la nota del juez para que se presentara en el juzgado en horas de la tarde y entregara las llaves de acceso a su lugar de trabajo y la atención dispensada a ella cuando se desmayó en la sede del tribunal, si bien representan actitudes incorrectas de trato indebido por parte del magistrado no se erigen en parámetros de persecución que evidencien la existencia del hecho imputado.


                        Con relación a la postergación del ascenso de Almeida, la actitud del doctor Fariz respondió más a una cuestión funcional que a una preferencia determinada, sin que se probara una maniobra ilegítima por parte del magistrado acusado con el fin de beneficiar la situación de alguno de los empleados en detrimento de otros.


                        37) Que en atención a que los diferentes hechos en los que se sustenta la conducta atribuida al magistrado acusado no tienen entidad suficiente para configurar la causal constitucional de mal desempeño, corresponde disponer el rechazo del cargo.


 


           


El señor miembro doctor Enrique Pedro Basla, en disidencia parcial, dice:


            1º) Que la disidencia parcial que se fundamenta, se encuentra limitada exclusivamente a las cuestiones que seguidamente se desarrollarán.


            2°) Que la acusación reprocha al doctor Eduardo Luis María Fariz, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe, diferentes hechos en los que apoya la conducta impropia que le atribuye con relación a sus empleados. Los hechos que fundamentalmente destaca son los siguientes:


            a) el clima de tensión, la asignación a determinados empleados de tareas, responsabilidades y carga horaria excesiva para poder ser asimilados y ejecutados adecuadamente (casos de Patricia Sellarés, Elba Fernández y Claudia Machado Schlie);


            b) la actitud amenazante del juez transmitiendo temor a represalias, venganzas y pérdida del trabajo, que generó la renuncia de varios empleados a sus cargos (Paricia Sellarés, Claudia Machado Schlie y los agentes del Poder Judicial de Resistencia Carlos Acosta, Leandro Mandagarán Matta y Javier Pastore);


            c) la utilización del personal para labores personales (caso del ordenanza Juan Ángel Acuña);


            d) la sobreasignación de tareas ajenas al cargo, obligando a su realización sin reconocimiento salarial (Claudia Machado);


            e) el trato despectivo fuera de la actividad laboral por parte del magistrado (al ordenanza Juan Ángel Acuña);


            f) la persecución mediante notas, sumarios, procesos, advertencias, o bajas de calificaciones (contra los agentes Patricia Sellarés, Elba Fernández y Claudia Machado Schlie);


            g) la postergación de ascensos fundada en criterios subjetivos y discriminatorios (caso de la doctora María Susana Almeida y de Claudia Machado Schlie).


            3°) Que las imputaciones de la acusación se concretan en las distintas y reiteradas actitudes adoptadas por el magistrado, pero este cúmulo de comportamientos debe ponderarse como un universo conductual, del cual se podrá extraer un concepto único sobre su desempeño en la tarea encomendada.


4°) Que a esos fines, corresponde con carácter preliminar establecer la caracterización básica de la conducción del juzgado federal, las obligaciones elementales y las responsabilidades inexcusables del magistrado a cargo, cuyo incumplimiento podría ocasionar su remoción por la causal constitucional de mal desempeño de sus funciones.


            5°) Que el funcionamiento del juzgado federal de Reconquista, por su competencia múltiple, su creación relativamente reciente, las características de reclutamiento de sus funcionarios y de su personal ocurrido fuera del ámbito judicial y las urgencias a las que se han encontrado sometidos todos los actores, permite –desde mi punto de vista- relevar deficiencias en la conducción ejercida por el magistrado, que agudizaron las fragilidades en las relaciones internas, y las falencias de liderazgo que llevaron a una convivencia complicada, en muchos casos teñida por el temor y, en diversas ocasiones, por actitudes discriminatorias y minusvaluantes, situaciones de aislamiento, generadoras sin duda de estrés en el personal, un clima muchas veces conflictivo, de nerviosismo, turbación y ansiedad.


                        Está claro que en el juzgado federal las relaciones interpersonales no han sido paradigmáticas. La convivencia nunca es sencilla, ni los problemas patrimonio exclusivo del caso en examen. En muchas ocasiones ocurren episodios no deseables, frustraciones y fastidios, y se manifiestan perfiles sicológicos y laborales de muy distinto orden (Conf. Voto del doctor Manuel Alberto Jesús Moreira en la causa N° 15 caratulada "Doctor Juan José Mahdjoubian s/ pedido de enjuiciamiento").


                        No se trata de referir la conducta reprochada a un marco ideal ajeno a la realidad judicial, y menos aún cuestionar las decisiones del juez tendientes a que funcionarios y personal cumpliesen con la normativa que rige para la justicia nacional en materia de asistencia, horarios, actividades, licencias, conducta, observación de los reglamentos, disciplina y la propia ética y decoro de la función pública, dado que es claro que también existen dentro de su competencia y responsabilidades las funciones administrativas.


            Antes de ahora, se han fijado pautas valorativas de inestimable significación. Así se ha dicho: “Las cuestiones dudosas, las opinables, los criterios, las interpretaciones posibles dentro de un conjunto de opciones racionales de acuerdo a las antes mencionadas pautas, integran el margen de libertad y consiguiente discrecionalidad propias de la función de juzgar.


            Por el contrario, si esas pautas no han sido respetadas, si la solitaria voluntad del Juez aparece como única motivación del acto, si el mismo es -en definitiva- muestra del torvo rostro de la arbitrariedad, surgirá un desempeño deficiente que justifica la separación del Magistrado por existir un inocultable y grave apartamiento de la misión que le ha sido conferida.” (Del voto de los doctores Jorge Alfredo Agúndez, Enrique Pedro Basla, Eduardo Alejandro Roca y Guillermo Ernesto Sagués, causa N° 8 caratulada “Doctor Roberto Enrique Murature s/ pedido de enjuiciamiento”.)


            Tampoco es cuestión de observar la instrucción de sumarios, cuando se ha tratado de discernir el acontecer de sucesos y el deslinde de las responsabilidades derivativas, sobre todo cuando no se advierte con nitidez que esas medidas hayan sido implementadas por el magistrado en forma discriminatoria y con sentido persecutorio, lo que sí configuraría un “patrón de conducta” digno de reproche. Mucho menos aún el darle a la intriga o a la maledicencia categoría de las que carecen.


                        Empero, debo anticipar mi criterio en el sentido de que el doctor Fariz –aún desagregando los elementos señalados como de ocurrencia ordinaria o regular- ha tenido conductas que importan una anómala manera de conducirse.


                        Es que “la conducta de los magistrados ha de ser apreciada con standares altos y exigentes, de modo de garantizar que la función judicial sea ejercida por jueces que gocen siempre de legitimidad política y credibilidad ante toda la sociedad. De modo especial habrá que atender a las exigencias éticas personales y a la calidad de la tarea jurisdiccional encomendada a los jueces federales” (Alfonso Santiago (h), “Grandezas y Miserias en la vida judicial- El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales” editorial “El Derecho”, 2003, capítulo III, “Conclusiones”).


                        6°) Que de la prueba rendida en estas actuaciones ha quedado acreditado formas de comportamiento y actitudes del magistrado acusado que contrastan severamente con la ética y el decoro exigido en el trato que daba a diversos agentes que prestan servicios en el juzgado, lo que en algún caso se hizo extensivo a sus familiares.


                        7°) Que es en virtud de los hechos objeto de la acusación y no de las calificaciones que de éstos hiciera el acusador, tipificaciones que no hacen a su naturaleza si no a su denominación, que vengo a precisar las razones que a mi juicio importan su mal desempeño, concepto que -como se ha dicho y ahora reitero- entraña una noción de amplia discrecionalidad, exige una muy prudente apreciación de las circunstancias del caso, ya que separar a un magistrado es un acto de tremenda trascendencia y grave repercusión general(conf. doctrina de la Causa “Murature”, voto citado)


            8°) Que resulta de rigor que la evaluación de la prueba allegada al expediente vinculada a los cargos, se tamice con la lógica de la razonabilidad y con criterio de justicia, de modo que resulte efectiva la protección de los intereses públicos, pero sin perder de vista que la inamovilidad de los jueces es una de las garantías contempladas por la Constitución Nacional (art.110) para asegurar la independencia judicial, verdadero pilar de un Estado de Derecho.


 


a) DIVISIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL JUZGADO MEDIANTE RUMORES.


            9°) Que la doctora Sellarés sostuvo que era frecuente que el juez le manifestara “Doctora, la señora Fulana de Tal dijo de usted tal cosa”,  aclarando que se trataba de algo malo ante lo cual ella respondía “No doctor, a mí no me interesa porque realmente yo no me dejo guiar por comentarios y, de última, quien quiera decirme algo que me lo diga personalmente” (cfr. página 21 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-). 


            10°) Que por su parte, la doctora María Eugenia Zarza, secretaria que sucedió a la doctora Patricia Susana Sellarés en la secretaría penal del Juzgado Federal de Reconquista explicó que había advertido que el doctor Fariz  le hablaba mal de su persona a los demás integrantes del tribunal, lo que lógicamente iba produciendo un distanciamiento entre ellos al tiempo que distorsionaba las relaciones dentro del ámbito laboral, situación que indudablemente la afectó.


            Aclaró en tal sentido que una persona le comentó que había gente que “te ve de la manera en que a vos te ha pintado el doctor  Fariz” (cfr. página 80 de la versión estenográfica mencionada).


            Sostuvo que tuvo un clima de amistad con mucha gente del juzgado, y que lamentablemente por el tipo de rumores que circularon se perjudicaron  mucho las relaciones, las que si bien no concluyeron hicieron que ella sintiera que se habían enfriado y que ya no eran de amistad (cfr. página 84 y 91 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-).


            La doctora Zarza hizo alusión a los sumarios administrativos que el doctor Fariz quería que ella iniciara y relató que se había enterado que el juez decía que ella concurría al tribunal por las tardes o se quedaba hasta altas horas con el fin de buscar errores cometidos por el personal para poder sumariarlos, lo cual negó rotundamente.


            Sostuvo que circularon comentarios que la hacían aparecer como una persona que verdaderamente no era, generaron un cambio en el clima laboral y sustentaron su muy mal concepto (cfr. páginas 92 y 101 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-).


            Mencionó también los diálogos que mantuvo con el doctor Fariz respecto de las causas del “corralito”, en trámite ante la secretaría penal por decisión del magistrado y que en una oportunidad el juez le dijo “Yo sé que la estoy sobrecargando pero va a ser por un tiempo nada más. A la doctora Ramseyer no podía proponerle hacerlo de otra manera” ante lo cual Zarza señaló que le hacía sentir que ella era su persona de confianza, la única en la que podía confiar al tiempo que le generaba un sentimiento de gratitud o de culpa, por lo que terminaba accediendo a lo que aquél le pedía (cfr. página de versión estenográfica de la audiencia de 10 de febrero de 2006 –mañana-).


            Al ser interrogada por la defensa para saber si había intentado aclarar los comentarios que circulaban en desmedro de su persona, la doctora Zarza respondió que ella no quería ahondar en ese tipo de temas y que muchas veces, cuando el doctor Fariz le decía algo de una persona y ella quería llamarla para dilucidar la cuestión, el juez le decía que no lo hiciera porque no valía la pena (cfr. versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-).


            María Eugenia Zarza manifestó que cuando tomaba licencia por maternidad se sentía bastante culpable y el doctor Fariz muchas veces le decía: “bueno, el personal va a tener que venir mañana, tarde y noche a tratar de poner al día” razón por la cual le ofreció tomar la licencia pero indicando que resolvería en su casa los expedientes. Agregó que la circunstancia descripta le generó roces con el personal, particularmente con la primera de sus licencias, en el año 2000 cuando aún era prosecretaria, porque se entendió que había procedido en la forma antes descripta con el fin de perjudicar a la doctora Almeida, quien también estaba gozando de licencia por maternidad y en modo alguno fue esa su intención (cfr. página 106 de la versión estenográfica mencionada). 


            11°) Que Juan Ángel Acuña, personal de servicio desde que el juzgado comenzó a funcionar en 1997, consideró que el doctor Fariz al conocerlo bien advirtió que podía manipularlo frente a otros compañeros del tribunal, enfrentándolo con rumores contrarios a una persona determinada o que lo perjudicaran directamente a él. Así, sostuvo que hubo situaciones en la que el magistrado le decía “Fulana de tal vino a decirme barbaridades de vos: te pido que esto quede entre nosotros, no le digas nada a ella que por favor quede entre nosotros y hacé de cuenta que no pasa nada entre ustedes dos y no se lo cuentes que esto dije yo” pero, tiempo más tarde descubrió que usaba idéntico procedimiento con la otra persona y expresaba: “Tal o cual cosa dijo Juan de vos (lo cual no era cierto) pero que quede esto entre nosotros; no serviría de nada que haya divisiones entre ustedes” (cfr. página 135 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-).


            Concluyó que no obstante lo que el juez manifestaba, el objetivo que perseguía el doctor Fariz era que el personal se fragmentara.


            A mayor abundamiento, Acuña destacó que a partir del 2001 hubo una total desunión entre el personal, sin confianza ni diálogo entre ellos y miedo de que el magistrado los amonestara. Puntualizó que cuando Fariz llegaba les preguntaba porqué estaban hablando y no estaban trabajando, todo lo cual generaba una tensión que hacía que todos se sintieran incómodos y no se cumpliera la labor debidamente.


            Recordó Acuña que entre 1997 y 2001 el personal se reunía siempre por iniciativa del juez en algún restaurant, por alguna fiesta o para celebrar cumpleaños y refirió que él sufría en esos encuentros en los que normalmente se entraba un poco en todos los chistes y conversaciones que él hacía y era al único a quien se lo escuchaba. Aclaró que él era el punto de partida de sus chistes de los que todos sus compañeros se reían provocándole malestar.


            Las situaciones narradas motivaron que ninguno de los integrantes del juzgado se animara a encontrarse en las casas o a reunirse a tomar algo en otro sitio por temor a que el magistrado se enojara con sus empleados y en algún momento apareciera una represalia por no haberlo incluido en la salida.


            A modo de ejemplo Acuña señaló que si se le pedía una día de licencia, el doctor Fariz contestaba “bueno ya que usted no me tiene en cuenta, vaya y hable con la gente que usted se reúne” (cfr. página 137 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-).


            Agregó que cuando surgía algún problema con el juez, concretamente con la actividad que cumplía a la tarde, el doctor Fariz siempre hacía responsable a la secretaría civil con quien iba a hablar cuando se suscitaban estas discusiones y pudo así concluir que “Su señoría era el mentor de todo eso pero mandando al frente a los demás... perdón a la secretaria civil…” impidiéndole que fuera a buscarla para aclarar la situación (cfr. página 140 de la versión estenográfica mencionada).


            Destacó Acuña, que con el tiempo fue descubriendo la maraña que se armaba con un solo fin, según estimó, de manejarlos a medida que los iba conociendo y descubría las debilidades de los integrantes del tribunal y de esa forma el juez logró hacer con cada uno de ellos lo que él deseaba (cfr. página 146 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-).  


            Expuso que cuando le manifestó a Fariz que no lo iban a invitar a las reuniones que celebraran le agradeció que fuera el puente para mejorar lo que él aludió como el “ambiente nuestro” pidiéndole que lo mantuviera al tanto de lo que hablaran, especialmente lo que dijera Fulano o Mengano y teniéndolo al tanto de lo que pasaba (cfr. página 147/148 de la aludida versión estenográfica).


            12°) Que en sentido similar se expresó Mariana Clarisa Shcimanski, escribiente auxiliar de la secretaría penal, cuando declaró en el debate que con el paso del tiempo, después de casi cinco años, advirtieron que la metodología del doctor Fariz para relacionarse con el personal era hablar acerca de un empleado con otro y así lograr enemistarlos permanentemente, lo cual concluyó tras la situación especial vivida por dos integrantes del tribunal y luego de que todos se sinceraran  (cfr. página 7 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –tarde-).


                        13°) Que María Susana Almeida aludió a “un grupo de autoayuda” y ante preguntas formuladas explicó que en el Juzgado estaban todos aislados, cada uno dentro de lo que había sentido, padecido y sufrido. Agregó que se habían enterado de que el doctor Fariz hablaba mal de todos ellos delante de otro compañero. Explicó a modo de ejemplo que le decía a una compañera “dice Almeida que tal cosa”, a lo mejor por un tema puntual de trabajo y como nunca se habían enfrentado y aclarado todas esas cosas que supuestamente habían dicho, con tal fin se hicieron las reuniones de los empleados (cfr. página 105 de la versión estenográfica correspondiente a la audiencia del 14 de febrero de 2006 –tarde-).


 


b) NO DIRIGIR LA PALABRA AL PERSONAL Y PROHIBICION DE HABLAR ENTRE LOS EMPLEADOS.


            14°) Que la doctora Sellarés, ante preguntas del defensor manifestó que durante los primeros años en que se desempeñó en el tribunal a cargo del doctor Fariz pudo hablar con sus compañeros libremente pero después, sin poder precisar desde cuándo, quizás un año o dos antes de su renuncia, el personal no tenía autorización para hablar con ella y a veces hasta el ordenanza no podía acercarle un café (cfr. página de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-)


            Aludió también a lo que consideró como actos de hostilidad hacia su persona ya que el titular del juzgado, quien necesariamente debía ingresar al tribunal por el patiecito al que daba el ventanal donde ella estaba instalada: cuando lo saludaba el doctor Fariz no le respondía.


            Al ser interrogada acerca de la existencia de alguna prohibición del juez para que los empleados o funcionarios se comunicasen con ella la doctora Sellarés respondió que creía que alguien le había dicho que existía, pero no lo podía afirmar sin perjuicio de lo cual advirtió que no le comentaban como lo hacían antes acerca de cosas de la vida, de los problemas diarios y ajenos al ámbito laboral (cfr. páginas 63 y 64 de la versión estenográfica de la audiencia aludida).


            15°) Que también el ordenanza Acuña al describir el clima de malestar, temor y tensión que se vivía en el juzgado, destacó que la relación con el doctor Fariz se terminó completamente y hasta llegó a plasmarse en actitudes del juez como no saludar a compañeras, a quienes ignoraba directamente cuando llegaba al tribunal (cfr. página 151 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-)


            Acuña refirió que su malestar en el juzgado resultó mayor cuando el doctor Fariz prohibió terminantemente que su cónyuge, también empleada judicial, ingresara al tribunal, concretamente al lugar donde estacionaban el vehículo de ambos, lo que originó una gran discusión con el magistrado (cfr. página 155 de la versión estenográfica antes citada)


            16°) Que por su parte la auxiliar escribiente Mariana Shcimanski, ante preguntas formuladas por la acusación expuso que con anterioridad a la suspensión del doctor Fariz en el juzgado se vivía un clima de tensión ya que un compañero no podía hablar con otro, había personas aisladas, les decían “no hable con esta porque si no…” y evitaban que el doctor Fariz los encontrara reunidos porque no le gustaba que se juntasen para charlar entre ellas (cfr. páginas 12 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –tarde-).


            Ante preguntas del señor defensor, doctor Vignale, aclaró que los compañeros del juzgado no podían comunicarse libremente y que hubo situaciones de aislamiento.


            Señaló que cuando se inició el problema con la señora Elba Fernández no quería que hablaran con ella y respecto de Claudia Machado, refirió que la cambiaron de lugar y no podían acercársele (cfr. página 40 de la versión estenográfica de la audiencia aludida en el párrafo que antecede).


            17°) Que Andrea Fun Marega recordó en su testimonio que los empleados no podían hablar entre ellos y al advertir que el doctor Fariz llegaba “nos desparramábamos” ya que  nadie podía acercarse a un compañero para preguntarle algo ni por una consulta.


            Aclaró que el magistrado nunca daba las órdenes directamente, siempre las hacía saber a través de Irma y aludió a los cambios con los que se encontraba cuando regresaban de la licencia, ya sea la ubicación del escritorio, la falta de elementos, entre los que se podía encontrar el teléfono o el pase a la otra secretaría (cfr. página 75 de la versión estenográfica de la audiencia del 13 de febrero de 2006 –mañana-).


            18°) Que en corroboración a lo antes expuesto Andrea Fun Marega refirió que el doctor Fariz  hizo instalar un biombo como división para que las empleadas no conversaran de un escritorio al otro (cfr. página 81 de la versión estenográfica antes aludida)


            Refirió que el miércoles 3 de agosto de 2005 fue el día en que el doctor Fariz le volvió a hablar a Claudia (se refirió a Machado) a quien hacía más de un año que no le dirigía la palabra. Relató que se reunieron con la secretaria civil y mantuvieron una charla en el despacho a puertas cerradas durante una hora y media y al concluir, el magistrado salió contento y dirigiéndose a la declarante, pero diciéndoselo a toda la secretaría penal, comunicó que él y Claudia se habían amigado. Sostuvo que esa noticia determinó que todos los empleados, quienes ya no ocultaban sus encuentros, fueran a cenar para festejar que Claudia era nuevamente amiga del juez (cfr. página 86 de la versión estenográfica de la audiencia del 13 de febrero de 2006 –mañana-).


            19°) La doctora Claudia Susana Machado Schlie refirió que los empleados tenían prohibido hablar entre sí y cuando ella se dirigía a un escritorio para pedir un sello, el Juez la retaba (cfr. página 129 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –mañana-).


            Expresó que tras su declaración en el Consejo de la Magistratura, el 27 de mayo de 2004, ella se acercó a una de sus compañeras para solicitar una instrucción y el doctor Fariz le pidió a los gritos que nunca más le dirigiera la palabra (cfr. página 115 de la versión estenográfica e la audiencia el jueves 14 de febrero de 2006 –mañana-).


            Machado sostuvo que pasó momentos muy feos porque primero el Juez dejó de saludarla y después le tenía que mandar a decir todo a través de otro empleado.


            Agregó que antes de entrar al despacho del Juez se persignaba al igual que otras compañeras y que cuando el Juez la llamaba al despacho “le daba terror” (cfr. página 119 de la versión antes mencionada).


            Machado hizo alusión a las correcciones que le hacía en su trabajo diario, con cartelitos con frases tales como “Atención! Antes de resolver, estudie”o “Qué vergüenza! Hay un error” y destacó que se sentía humillada.


            Expresó que cuando le devolvía los expedientes le mandaba decir con la prosecretaria que hiciera todo nuevamente lo que la determinaba a quedarse fuera de horario para cumplir la orden mientras que con sus compañeros no sucedía lo mismo.


            Expuso que cuando quedó embarazada de su última hija, como no se animaba a contárselo directamente al doctor Fariz lo comentó delante de dos compañeras y él la reprendió; que ella se dio vuelta, se fue con el resto del grupo y comenzó a llorar.


            Relató que luego de ese último embarazo la doctora Zarza la llamó por teléfono a su casa para que buscara la manera de que su licencia continuara treinta y cinco días más para que la amiga de la secretaria, quien estaba cubriendo su cargo en forma interina, pudiera seguir trabajando. Expuso que se asustó y le dijo que lo iba a pensar pero finalmente le avisó a la secretaria que le avergonzaba pedirle a su ginecóloga que le extendiera la licencia. Agregó que unos días después la doctora Zarza la llamó nuevamente y le informó que pasaba a desempeñarse en la mesa de entradas, trabajo que nunca le gustó.


            Aclaró que todo era orden del doctor Fariz porque ella no le había obedecido faltando esos treinta y cinco días más.


            Expresó que cuando tuvo la posibilidad de quedar a cargo de la secretaría penal reemplazando en forma interina a la doctora Zarza, a quien se le había adelantado el parto de su hijo, el doctor Fariz le exigió que renunciara a ese posible interinato ya que en caso de que se negara le iba a hacer lo mismo que a la doctora Sellares: “escritos, escritos, después se viene el sumario. Vamos Claudia, piense, piense” (cfr. página 128 de la versión estenográfica antes mencionada).


            Agregó que ella se quería morir, salió del despacho y redactó en la computadora de uno de sus compañeros un escrito renunciando a la secretaría.


 


c) EPISODIO RELACIONADO CON EL CERTIFICADO MEDICO.


            20°) Que Mariana Shcimanski, empleada de la secretaría penal manifestó no haber tenido inconvenientes con sus licencias y que en una sola oportunidad tuvo una discusión con el magistrado por una cuestión muy personal relacionada con la enfermedad de su hijo de ocho años que padecía cáncer.


            Refirió que en virtud de la necesidad de continuar con el tratamiento médico en Buenos Aires, le pidió a su madre que llevara el correspondiente certificado al doctor Fariz y fue así que su progenitora estuvo desde las ocho de la mañana parada en la puerta del tribunal para entregárselo mientras que a las chicas el juez les decía “que espere, que espere”.


            Destacó que ése era un tema humano, que su hijo se estaba muriendo y su abuela había estado de pie cinco horas esperando ser atendida por el magistrado quien la recibió recién al mediodía. (cfr. página 43 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –tarde-).


 


d) SITUACIONES Y EXPRESIONES AMENAZANTES.


            21°)     Que la doctora Sellarés expuso que en un principio el trato había sido amable, el que calificó “algo menos que un noviazgo” pero que con el paso del tiempo la relación fue cambiando y el trato lo sentía discriminatorio.


            Señaló que las metodologías de trabajo fueron cambiando y se le fue diciendo que no servía (página 7 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006, mañana).


            Que al hacer alusión al lugar físico que ocupaba en el tribunal explicó que desde el pasillo donde trabajaba fue trasladada a un lugar que, conforme lo había manifestado el mismo juez, había sido construido para que ella lo ocupara, no obstante lo cual estaba relativamente alejada del personal de la secretaría a su cargo y del resto del juzgado (cfr. página 8 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006-mañana-).


            Que con posterioridad a una cirugía de columna que se le practicó en el Instituto FLENI de la ciudad de Buenos Aires, al regresar a su trabajo fue notificada de que se le había iniciado un sumario en el que también se hallaba involucrada la doctora Zarza, actuaciones en las que ofreció testigos que fueron interrogados sin su presencia, impidiéndole así el control de la prueba.


            Expuso que tras la sanción que se le aplicó de diez días de suspensión sin goce de haberes, la que confirmó la Excma. Cámara de Apelaciones de Resistencia y fue la primera que recibió en su vida, regresó al juzgado y encontró varios pedidos de informes en su escritorio, situación que se reiteró en los días siguientes.


            Explicó que esa situación la llevó a solicitar una audiencia con el juez (“...a esa altura yo ya vivía un estado de terror...) la que recién se le concedió el jueves al mediodía, oportunidad en la cual, llorando le manifestó al doctor Fariz: “Doctor, por favor que esto se termine. Yo me voy de aquí del juzgado: pido un traslado” (cfr. página 11 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-)


            Manifestó que la situación descripta la llevó a vivir un estado de terror y en una reunión familiar comunicó su decisión de renunciar pero también expuso que no se animaba a decírselo al juez. Explicó que por esa razón dos de sus hermanos se presentaron el sábado siguiente en la sede del tribunal para avisar que el lunes ella renunciaría ya que en definitiva lo que ella deseaba era recuperar su estabilidad emocional y su autoestima (cfr. página 12 de la versión estenográfica antes citada).


            Refirió ante preguntas de la acusación que el trato del doctor Fariz con el resto del personal no era malo; especialmente bueno con la doctora Ingaramo y con la doctora Zarza; que con la mayoría del personal tenía un trato medianamente bueno ya que cuando tenía deseos de desprestigiar a alguien, ya sea por aburrimiento o por cualquier otra razón, lo hacía.


            Recordó al ordenanza, señor Acuña, a quien le decía “vos no servís para nada” (cfr. página 20 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-)


            22°) Que el personal de servicio Juan Ángel Acuña sostuvo que nunca fue amenazado por el doctor Fariz pero evitaba contradecirlo en sus decisiones y en las tareas encomendadas con el propósito de evitar ser sancionado con una amonestación o un apercibimiento o amenazado con un sumario administrativo. Así dijo: “El trato, desde el primer momento, del año 97, hasta el 2001, quizás, siempre fue bien. Después el trato ya fue más diferente de parte de él hacia mí, en sentirme yo principalmente amedrentado...” (versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –mañana-)


                        23°) Que Andrea Paola Fun Marega brindó su testimonio ante el Jurado y dio cuenta de una reunión celebrada en diciembre de 2003, a la que fue citada por el doctor Fariz, juntamente con Acuña y Claudia Machado, oportunidad en la que les pidió, que cualquier cosa que pudieran observar se la comentaran en forma familiar.


                        Manifestó Fun Marega que ante esa solicitud le dijo muy respetuosamente que veía mal que le hubiera prohibido la entrada al Juzgado a la señora de Juan Acuña ya que los esposos de las secretarias ingresaban sin problema alguno.


                        Refirió que a Elba, la prosecretaria penal, le cortó el teléfono para realizar llamados a larga distancia y como era la encargada de recepcionar las respuestas a oficios y citaciones tenía que correr hasta el lugar que ocupaba Irma para recibirlas.


                        Agregó que tras esos planteos que fueron negados por el magistrado, decidió callarse, pero como represalia el doctor Fariz le dijo a la prosecretaria Gelcich que ella se quedaría siempre en mesa de entradas (cfr. página 65 de la versión estenográfica de la audiencia del 13 de febrero de 2006 -mañana-).


            24°) Que la testigo Elba Blanca Fernández expresó que desde que la designaron prosecretaria del Juzgado Federal de Reconquista, en el 2002, había vivido prácticamente un calvario.


            Refirió que primero le aplicaron un apercibimiento porque había supuestas irregularidades en la proyección del despacho diario, luego le iniciaron un sumario administrativo y finalmente una causa penal. Explicó que se recibían humillaciones no solamente de parte del doctor Fariz sino también de la doctora Zarza, la autora intelectual de todo eso (cfr. páginas 10/12 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –mañana-).


            Al ser interrogada acerca del funcionario Acosta, Elba Fernández respondió: “Yo no fui la prosecretaria que el doctor Fariz y la secretaria Zarza querían tener dentro del Juzgado. Habían propuesto a otra persona. Cuando la doctora Sellarés renuncia, asciende inmediatamente como secretaria la doctora Zarza. Quedaba a cubrir el cargo de prosecretaria, que por escalafón me correspondía, y fue propuesta otra persona que cubría el cargo de oficial mayor. Inmediatamente, me pasan a la Secretaría Civil para que esa persona cumpla interinamente el cargo de prosecretaria, hasta que la Cámara la designara. Mandan una nota a la Cámara con la propuesta de esa chica. La Cámara no le hace lugar. Viene un señor Acosta, de Resistencia, a cubrir el cargo. Estuvo muy poco tiempo. Tuvo que renunciar el doctor Acosta y volver a Resistencia porque también vivió momentos muy feos dentro del Juzgado” (cfr. página 10 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006-mañana-).


            Explicó Elba Fernández que los errores que cometía tenían su origen en el momento de presión y de humillación que estaba pasando dentro del Juzgado; que ella no los veía, que probablemente los tenía delante de su vista y nos los advertía.


            Agregó que el doctor Fariz tenía conocimiento de que ella había intentado suicidarse por todas las cosas que pasó en el Tribunal (cfr. página 20 de la versión estenográfica referida).


            Expresó que sufrió un manoseo de su persona, una humillación, porque la trataban como una basura. “Usted no sirve para nada, Elba”.”Vaya, siéntese en su escritorio y crúcese de brazos, usted no sirve para nada, ¿entiende? Sus compañeros tiene prohibido hablar con usted” (cfr. página 24 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero –mañana-).


            Relató que un día, tras una licencia, la doctora Zarza la llamó al escritorio y le levantó la voz. En tal sentido puntualizó que “ella era tal cual como el doctor Fariz, era el mismo método que empleaban. Me tira expedientes, me hace así, como querer abofetearme, y yo me asusté, estaba re mal porque venía de pasar un momento muy duro. Mi mamá había fallecido. Estaba muy mal, anímicamente me sentía muy mal” (cfr. página 26 de la versión mencionada).


            Manifestó que fue a trabajar a la tarde y su esposo se comunicó telefónicamente con el magistrado y entonces éste le dijo: ”habló su marido Elba que dice que va a iniciar una…”(se refería a una denuncia penal).


            Agregó que tras lo expuesto el juez llamó a la doctora Zarza y ahí empezaron las agresiones, especialmente de parte de la secretaria que le dijo que su madre era una vieja, increpándola acerca de la razón por la cual lloraba tanto por ella, para luego seguir criticando a su hijo y a su hermano.


            Señaló que le pidió al Juez advirtiera lo que le estaba diciendo, que no podía soportar que la lastimara. Que entonces Fernández le dijo al doctor Fariz “yo me retiro, doctor. No puedo soportar, creo que no soporto más”; que el magistrado le ordenó que se quedara y ella respondió: “no yo me voy, me voy…”, luego de lo cual se alejó hacia la puerta y salió.


            Refirió que se encontró con su compañera Andrea diciéndole que creía que se iba a descomponer y finalmente se desmayó. Recordó que cuando se despertó estaba en la cama de su dormitorio con dos policías, quienes supuestamente la habían trasladado hasta su casa en un auto del comando ya que ni siquiera llamaron una ambulancia (cfr. página 27 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –mañana-)


            25°) Que María Susana Almeida refirió que el trato del doctor Fariz con el personal, en su presencia, era correcto pero también fue testigo de ver a compañeras que salían llorando del despacho o de advertir que luego de una conversación entre el magistrado y una empleada, cuando el doctor se retiraba, su interlocutora quedaba llorando, sensible o de mal modo por lo que el Juez le había dicho.


            Puntualizó que Claudia Machado y Elba Fernández se retiraron llorando del despacho del doctor Fariz (cfr. página 84/85 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –mañana-).


            Señaló que cuando se efectuaba alguna correcci      ón en un expediente, respecto de un término, una palabra o un artículo, se agregaba algo más personal como “hay que estudiar”, con tono agresivo.


            Relató también que ante la designación del doctor Zanel en el cargo de secretario interino postergando su ascenso, el que le correspondía por antigüedad y escalafón, el doctor Fariz invocó como razón de la decisión adoptada que una madre no iba a ser capaz de desempeñar correctamente el cargo (cfr. página 89 de la versión estenográfica indicada).


            Ante preguntas formuladas María Susana Almeida respondió que los inconvenientes funcionales relacionados con la maternidad y la lactancia de los hijos no fueron situaciones que vivió ella solamente. Que si bien no fue testigo del diálogo entre Claudia Machado y el Juez, cuando aquélla le hizo saber que estaba embarazada, el doctor Fariz le manifestó “otra vez embarazada, así no va a salir o no va a avanzar la Secretaría Penal, o así se va a atrasar más la Secretaría Penal” (cfr. página 106 de la versión antes aludida).


            26°) Que Claudia Susana Machado Schlie relató que luego de consultar al señor Minella presentó un escrito para renunciar a las tareas de notificador que cumplía durante las tardes, especialmente por su embarazo gemelar. Refirió que fue al despacho del magistrado, se anunció ante su secretaria privada y ya en el interior, habló con el doctor Fariz.


            Manifestó que tenía mucho miedo, temblaba y cuando le respondió afirmativamente acerca de si conocía lo que estaba haciendo, el juez le señaló “que eso era desobedecer una orden y que a partir de que se cargue la nota esa yo era su enemiga y que me iba a arrepentir para siempre” (cfr. página 112 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006, mañana).


            Manifestó que el juez le hizo saber que juntamente con la doctora Zarza tenían todas las pruebas y que le iba a suceder lo mismo que a Elba y a la doctora Sellarés si no cumplía las cosas que él le pedía.


            Señaló que tenían que concurrir a trabajar a la tarde y que en una ocasión, le preguntó al doctor Fariz si podía llegar quince minutos más tarde y retirarse quince minutos antes por inconvenientes con la niñera, el juez respondió que ella iba a trabajar media hora menos que sus compañeros y que lo tendría en cuenta en las calificaciones.


            Expuso que luego de declarar ante el Consejo de la Magistratura el doctor Fariz le prohibió que le dirigiera la palabra (cfr. página 115 de la versión estenográfica antes mencionada).


            Claudia Machado dio cuenta de lo sucedido en el Juzgado con el funcionario Carlos Acosta y en tal sentido refirió: Que “cuando se dio la vacancia de la Prosecretaría Penal por la renuncia de la doctora Sellares; entonces, tenía que asumir, por escalafón, la señora Elba Fernández, y la doctora Susana Almeida estaba después que Elba Fernández en el escalafón. El doctor Fariz quería que asuma Susana Almeida en la Prosecretaría. Entonces hubo todo un problema ahí que yo no conozco bien los detalles, que al final la Cámara resolvió que la vacancia la cubra el señor Acosta. Vino desde Resistencia el señor Acosta, y estuvo trabajando un mes y después renunció porque se sentía incómodo en el Juzgado, no... El dijo que recibió presiones del doctor Fariz para que renuncie, y yo le creí a Acosta porque a mí me había pasado lo mismo”. “A mí el señor Acosta a veces me daba un poco de lástima porque le hicimos un vacío, o sea, se notó un vacío. Porque, en realidad, nosotras pensamos que... queríamos que las vacancias que se fueran produciendo en el Juzgado se las pueda cubrir con empleados de allí” Que….lo saludábamos y hablábamos poco con él. Pero yo, por ejemplo,  particularmente... Si el doctor Fariz al señor Acosta no lo quería, mejor que no lo queramos nadie al señor Acosta. Entonces, tratábamos de hablarle poco, de que... yo por ahí le hablaba y trataba de que no me vean hablando con él” (cfr. página 134 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –mañana-).


            27°) Que se ha examinando la conducta de un juez, que -aunque suspendido- era el titular del juzgado, al que eventualmente podría volver.


            Por ese motivo resulta particularmente relevante que la mayoría del personal (especialmente de la secretaría penal) haya dado su testimonio desfavorable.


            28°) Que destaco que la defensa no haya introducido la denuncia de un hipotético “complot” de los funcionarios y empleados contra el acusado en este proceso de remoción, entendiendo que “...los empleados se deben al servicio de Justicia, no se deben a la persona del juez.” (cfr. versión estenográfica del 23 de febrero de 2006, informe final de la defensa).


            29°) Que ha sido precisado con acierto, antes de ahora: “Que el método de valoración de la prueba asignado a este jurado por ley, aunque no lo diga expresamente el reglamento y por la naturaleza de sus funciones, es muy amplio dada su naturaleza política, tanto en la composición del mismo, como por la competencia asignada. Así lo indica el art. 33 del Reglamento al señalar que apreciará las pruebas conforme con la naturaleza del proceso de remoción (arts. 53 y 115 de la Constitución Nacional).” (del Voto del doctor Manuel Alberto Jesús Moreira en la causa N° 15 caratulada "Doctor Juan José Mahdjoubian s/ pedido de enjuiciamiento").


            30°) Que se hace aplicable al caso lo dicho en una situación similar: no resulta eficaz la metodología y estrategia de la defensa al intentar demostrar que los empleados víctimas o testigos del maltrato –en algunos casos- no promovieran actuaciones, pudiendo hacerlo. “Porque la capacidad hipotética y meramente especulativa de poder hacerlo choca frente a las prácticas autoritarias que generan miedo y reserva”. (del Voto del doctor Manuel Moreira en la causa N° 15 caratulada "Doctor Juan José Mahdjoubian s/ pedido de enjuiciamiento").


 


CONCEPTO FINAL DE LA CONDUCTA DEL JUEZ


            31°) Que un trato humillante y degradante es expresión de autoritarismo y ofende a quienes va dirigido.


                        32°) Que examinados los testimonios, aún los de aquéllas personas que contaron durante mucho tiempo con el favor del juez, caso de la doctora María Eugenia Zarza, no existen dudas de que el magistrado tuvo prácticas autoritarias y hasta degradantes, lo que de por sí es suficiente para estimar que el mismo no ha ejercitado su función convenientemente, y que tal incompetencia configura mal desempeño de sus funciones.


            33°) Que el doctor Fariz era generador de rumores que producían injustificadas divisiones y enconos entre el personal, que sólo después de mucho tiempo lo advirtió, actitud que no era ya dirigida al descrédito de una persona, sino al deterioro del clima de trabajo y a la fragmentación del conjunto.


                        34°) Que en estas circunstancias su función ha sido inadecuada, afectando elementales condiciones del buen desempeño y el adecuado control de lo que el Estado había puesto en sus manos como juez de la República.


 


e) CASO DE LOS AGENTES DE LA JUSTICIA FEDERAL DE RESISTENCIA: CARLOS RAMON ACOSTA, LEANDRO MANDAGARÁN MATTA Y JAVIER PASTORE.


            En este caso la valoración de los hechos lleva a conclusiones diferentes que serán examinadas a continuación.


            35°) Que Carlos Ramón Acosta expresó que fue designado por la Cámara de Apelaciones de Resistencia como prosecretario, cargo que empezó a ocupar el 26 de noviembre de 2001, permaneciendo en funciones alrededor de un mes, hasta principios del año siguiente (cfr. páginas 80/81 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –tarde-).


            Explicó que debió pedir el reintegro al Juzgado Federal de Resistencia en razón de que no cumplía las expectativas que el Juez le había manifestado que requería para el cargo, en principio porque no tenía título de abogado.


            Relató que a mediados de diciembre de 2001, el Juez le impuso un apercibimiento por escrito porque según el informe de la secretaria se había retrasado un poco en elaborar una tarea encomendada.


            Destacó que en esa primera oportunidad, el doctor Fariz le explicó que había tenido que recurrir a un apercibimiento y que si no cumplía con las expectativas dadas iba a tener que seguir observándolo (cfr. página 82 de la versión estenográfica citada).


            Resaltó que el Juez lo convocó nuevamente a su despacho el último día hábil de diciembre y le indicó que tratara de volver a su antiguo cargo en el Juzgado Federal (páginas 82/83 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006 –tarde-).


            Ante preguntas formuladas Acuña explicó que el primer apercibimiento que se le impuso lo vinculaba con la última oportunidad en la cual el Juez le pidió el retiro (cfr. página 88 de la versión aludida precedentemente).


            Recordó Acosta que sintió en su fuero más íntimo que no podía continuar trabajando bajo esa presión, que se sintió desamparado ahí, desprotegido totalmente (cfr. página 85 de la versión estenográfica correspondiente a la audiencia del 10 de febrero de 2006 –tarde-).


            36°) Que Javier Fernando Pastore expuso que juntamente con su compañero Leandro Mandagarán Matta habían decidido ir a vivir a Reconquista para ocupar alguno de los cargos del Juzgado Federal que comenzaba a funcionar en esa ciudad.


            Explicó que tras realizar el pedido pertinente fueron citados por la doctora De Paoli de la Cámara de Resistencia para mantener una entrevista con el doctor Fariz, magistrado designado (cfr. página 50 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –tarde-)


            Estimó que la entrevista estaba destinada a imposibilitar que se fuera a Reconquista porque el Juez le dijo que no le convenía económicamente, que se alejaba de la ciudad y que él tenía compromisos ya creados con otras personas respecto de los cargos a cubrir (cfr. página 51 de la versión estenográfica citada).


            Manifestó Pastore que al considerar que no estaban dadas las condiciones para que él se trasladara a Reconquista, retiró el pedido que oportunamente había formulado (cfr. fs. 52 de la versión estenográfica de la audiencia del 14 de febrero de 2006 –tarde-).


            37°) Que Leandro Mandagarán Matta declaró en forma coincidente a la que lo hizo su compañero Pastore y reiteró lo que le manifestó el doctor Fariz en ocasión de la entrevista que mantuvieran.


            Puntualizó que en esa ocasión le hizo saber que los cargos los tenía comprometidos, que era una cuestión de cargos políticos, que tenía muchos compromisos y que si iban a cubrirlos era un inconveniente para él.


            Señaló que internamente entendió que con las condiciones que le había argumentado su jefe inmediato, si el Juez no lo aceptaba, no podría irse (cfr. páginas 125 y 126 de la versión estenográfica de la audiencia del 13 de febrero de 2006 –tarde-).


            Es del caso señalar que de las declaraciones antes consignadas se advierte una actitud del juez para disuadir a los funcionarios en su deseo de integrar el personal del Juzgado Federal de Reconquista. Empero la decisión adoptada por cada uno de los agentes, que mencionaron la concurrencia de distintas motivaciones, lleva a considerar que la conducta del doctor Fariz no adquiere, en este caso, la dimensión suficiente como para propiciar su destitución.


 


Conclusiones de la disidencia del doctor Basla con referencia al primer cargo –conducta impropia del juez con relación a sus empleados-:


            38°) Que la prueba colectada, sobre todo los testimonios prestados frente al Jurado que han permitido su control directo e inmediato, conduce a aceptar que la conducta del juez no estuvo a la altura de un desempeño tolerable: tuvo un comportamiento claramente abusivo, grosero, humillante, discriminador y degradante hacia algunos de los funcionarios y empleados, generador de un clima de tensión intolerable si se piensa en términos de dignidad y respeto por la persona.


            La gestión del magistrado, cuando desbordó los marcos normativos y reglamentarios, fue desacertada, con desprecio por la dignidad de las personas a su cargo, incluidas las que -además y en algún caso- cumplían sus funciones con una carga horaria extendida.


            No promovió razonables relaciones humanas en su tribunal, llegando a generar descontento y humillación, ocasionando el desprestigio de la institución judicial.


                        Por todas las consideraciones a que se ha hecho expresa referencia, se ha acreditado que el doctor Fariz ha incurrido en conductas que evidencian el incumplimiento de los deberes que tenía a su cargo como magistrado, lo que importa el mal desempeño de sus funciones y justifica el pronunciamiento a favor de su remoción (artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional), proposición de la que se exceptúan aquellas imputaciones que han sido descartadas en esta disidencia parcial.


 


SEGUNDO CARGO –irregularidades en la tramitación de las causas según el siguiente detalle:


-A-: causas nº 338/01 “Salaberry”, 330/01 “Sánchez”, 671/02 y 19/03 “Garavaglia”, 276/01 “Martínez”,  265/01 “Funes”, 31/02 “NN s/ art. 162 CP”, 213/03 “Legretin”, 608/02 “Rojas” y 149/00 “Massaro”.


            La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los doctores Enrique Pedro Basla, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués y Aidée Vázquez Villar dicen:


 


                        1°) El segundo de los cargos que formula la acusación es “la manera como el Dr. Fariz tramita las causas ligadas al tráfico ilegal de estupefacientes y contrabando, observándose su dependencia al impulso de la acción penal por el Ministerio Público, lo que significa una delegación funcional de ese acto en aquél, contrario a la voluntad estatal de ejecución de la acción penal y dilucidación del delito”. La manera a que se refiere el Consejo de la Magistratura para acusar es la “irregularidad”; así la califica en el cap. IV 2 de su escrito de acusación donde puntualiza los casos en que fundamenta esta imputación. No hace lo mismo en cuanto a la “dependencia funcional” al Ministerio Público que atribuye al magistrado, respecto de la cual no hay articulación específica sino distintas y separadas referencias. En un anexo que titula “Análisis de Causas”, acompañando como prueba, el Consejo analiza detalladamente cada una de las causas que ha incorporado en el cuerpo de la acusación.


                        Es relevante señalar que en un apartado de otro anexo, titulado “Ofrecimiento de Prueba” indica la existencia de otras 16 actuaciones judiciales y administrativas de las que no hay referencia en la acusación.


                        Corresponde, entonces, determinar si los supuestos de  “irregularidad” imputados a la actuación del magistrado a los cuales la acusación se refiere expresamente, pueden calificarse como figuras de “mal desempeño” en el ejercicio de sus responsabilidades. Esa determinación será efectuada a continuación, examinando cada uno de los expedientes aludidos en la acusación. No procede, en cambio, estudiar las actuaciones mencionadas en el ofrecimiento de prueba, apartado “r”, que no hayan sido expresamente tratadas en este cargo toda vez que no forman parte explícita de la imputación que llega a este Jurado de Enjuiciamiento.


                        2°) Para facilitar la exposición de los diferentes cargos, es útil consignar el criterio general con que debe ser  encarada por este Jurado la apreciación de la actuación del juez en una causa determinada, por cuanto de lo que se trata, nada menos, es si el desempeño en cuestión está o no resguardado por el principio constitucional de la independencia de los poderes sobre el que se asienta la República.


                        En ese sentido, la Corte Suprema ha ido formulando criterios que es menester recordar constantemente: “Para dar curso a las denuncias formuladas contra magistrados judiciales se requiere que la imputación se funde en hechos graves e inequívocos o, cuando menos, en la existencia de presunciones serias que autoricen razonablemente poner en duda la rectitud de conducta de un magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la función. Solo con ese alcance la referida potestad se concilia con el respeto debido a los jueces de la Nación y con la garantía de su inamovilidad (Fallos 260:210; 268:203); es que la puesta en marcha del procedimiento para enjuiciamiento de magistrados sólo se justifica frente a la comisión de hechos o la adopción de actitudes que revelen un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con daño evidente del servicio y menoscabo de la investidura (Fallos 274:415). La garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales consagrada en el art. 96 –actual 110- de la Constitución Nacional, presupuesto necesario de la independencia e imparcialidad en su función de administrar justicia, exige que aquellos no se vean expuestos a riesgo de ser enjuiciados sino por causas realmente graves, que impliquen serio desmedro de su conducta o de su idoneidad para el ejercicio del cargo” (C.S, Fallos 300:1329) (Ver “Juicio Político a la Justicia Nacional” de G. Navarro y S. Catucci, Bs. As., 1987, pág. 44, que menciona otros pronunciamientos similares del Supremo Tribunal).


                        En varias oportunidades, este Jurado se ha atenido a tal interpretación de las cláusulas constitucionales. Así, por ejemplo,  en la causa Nº 8 -juicio político al Dr. Murature- se ha dicho que no resulta de competencia de este Jurado, la evaluación del acierto o desacierto de los criterios procesales y jurídicos adoptados por los magistrados durante el trámite de la causa, salvo excepciones que denoten una clara intención de beneficiar a alguna de las partes en desmedro de otras produciendo un menoscabo intolerable en la administración de justicia.


                        3°) Corresponde, entonces, examinar las imputaciones que se formulan al Dr. Fariz a la luz de tales precedentes a los efectos de determinar si configuran faltas susceptibles de ser alcanzadas por la causal de mal desempeño. Procede analizar en primer lugar aquellos expedientes en los que el principal reproche es la entrega irregular de aeronaves secuestradas y, luego, continuar con otras de distinta naturaleza.


 


A) Causas relacionadas con la entrega de aeronaves:


 


(1)       Causa nº 338/01 “Salaberry, Eugenio José s/ pta. Infracción ley 22.415”:


                        Se imputan al magistrado: a) falta de resguardo, de contralor (aforo aduanero) y destino final de la mercadería secuestrada y b) retraso notorio en la resolución de la situación procesal del imputado Salaberry.


                        Ante un importante secuestro de cigarrillos de origen ilegal el Dr. Fariz no habría cumplimentado las normas que hacen al cuidado de los objetos depositados y su aforo para cuantificar el monto ilícito aduanero, como tampoco cuidó preparar la documentación sobre el destino final de la mercadería, no pudiéndose conocer por ello si los objetos secuestrados se destruyeron o se encuentran en dependencias tribunalicias.


                        Se funda el cargo en que el Dr. Fariz devolvió la avioneta Cessna LV-HCC al señor Víctor  Jaime sin haber escuchado al titular registral inscripto señor Rodolfo Camilo Bowetti quien, posteriormente, sostuvo la presunta utilización por el señor Jaime de un documento de identidad falso para dicha compra. De ese cargo, Jaime fue luego sobreseído por el magistrado, quedó procesado, en cambio, como partícipe necesario de encubrimiento de contrabando junto con el piloto Eugenio José Salaberry. A pesar del procesamiento la aeronave no pudo ser recuperada pues había sido secuestrada, posteriormente a su devolución, en la República del Paraguay por estar vinculada con otro delito aduanero.


                        La acusación subraya que tanto en esa causa como en otras similares que tramitaron en el juzgado de Reconquista, el magistrado dispuso la entrega de avionetas de una manera “tan desprolija y rápida que implicó una violación a sus deberes funcionales en orden a la protección de los objetos secuestrados y la prevención de la continuidad de conductas ilícitas”.


                        Finalmente, la acusación sostiene que si bien Salaberry fue indagado en mayo de 2002 por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Aeronáutico, fue procesado por la aplicación de otra norma penal, sin que exista congruencia entre el acto de indagatoria y la resolución penal y explicación por la demora.


                        En su defensa, explica el magistrado que el motivo de la demora en resolver la situación procesal de Víctor Hugo Jaime se debió a la necesidad de diligenciar el peritaje sobre su documento de identidad y que, una vez realizado su situación procesal quedó resuelta. Añade que la entrega de la avioneta al señor Jaime como depositario judicial ocurrió el 1º de febrero del año 2002, previo dictamen favorable del Fiscal Federal, quien recién requirió su detención el 8 de abril siguiente, de manera que en ninguno de los casos existió irregularidad toda vez que la documentación que presentó Jaime fue considerada como regular de acuerdo a las normas aplicables. Y que lo mismo ha ocurrido respecto del manejo de los cartones de cigarrillos transportados que quedaron depositados en el Juzgado.


                        Analizada la causa traída por la acusación, con sus incidentes, se advierte que el magistrado actuó dentro del marco que otorga el Código Aeronáutico en su art. 49, de manera que, existiendo opinión favorable del fiscal, la decisión del magistrado debe considerarse dictada dentro de los márgenes que le asigna la ley mencionada, a la que puede agregarse la ley 20.785 sobre bienes secuestrados, art. 3.


                        Es cierto que las respuestas a las preguntas del Juzgado, dadas tanto por el propio Jaime como por el titular registrado señor Bowetti en sus numerosas declaraciones prestadas en el expediente 338/01 leídas con conocimiento posterior del comportamiento de Jaime, dejan dudas sobre lo acertado de la decisión de entrega del bien, pero tal duda no posee la fuerza de convicción  necesaria como para declarar que dicha entrega se dispuso fuera del ámbito normal de la discrecionalidad propia del magistrado.


                        Tampoco se puede señalar que las otras irregularidades imputadas en la denuncia aquí estudiada justificaran la imputación formulada de mal desempeño. Las medidas de investigación estuvieron encuadradas en las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal, solicitadas por el Sr. Fiscal y si no hubo personas imputadas  no se debió a la escasa realización de diligencias sino a su falta de consistencia, tal como afirma la defensa.


 


(2)                   Expediente  nº 330/01 “Sánchez, Ariel Gustavo Giardini, Ernesto; Blas, Eduardo s/ infracción art. 874, inc. “d”, ley 22.415”


                        El cargo es la detención de dos menores en dependencias no aptas para ellos, entrega apresurada de una aeronave y ausencia de una investigación del poseedor de un campo objeto de sospecha


                        En el campo fueron secuestrados una avioneta marca Cessna 310 II, matrícula ZPT-ZQ; 1500 cartones de cigarrillos y tres automotores. La aeronave había sido secuestrada anteriormente en otras actuaciones, sin embargo, la máquina fue devuelta a su titular el Sr. Prieto Fretes, que la había reclamado.


                        La defensa reitera lo que manifestó oportunamente ante el Consejo de la Magistratura en cuanto a lo relacionado con la entrega de la avioneta secuestrada: que la situación estaba aclarada en un expediente anterior del propio Consejo (302/02), por lo cual se trataba de un caso ya resuelto resultando improcedente su reapertura. Expresó también que todas y cada una de las decisiones adoptadas están explicadas en el expediente, limitándose la acusación a hacer suposiciones de lo que hubiera ocurrido si se hubiera actuado con mayor diligencia; por lo que la imputación de lo que hubiera ocurrido es de imposible defensa dado su carácter difuso. Es de recordar que en otro de los cargos, la defensa ha informado que no existiendo lugar de detención para menores se los alojó en dependencias policiales, pero que nadie ha señalado que hubiese sido objeto de maltrato alguno.


                        Como se advierte de las actuaciones reseñadas, la imputación referente a la falta de control sobre la avioneta debe ser rechazada por su falta de consistencia.


 


(3)                   Expedientes nº 671/02 “Garavaglia, Luis A. y otros s/ pta. infracción del art. 874, inc.  “d” ley 22.415” y n° 19/03 “Garavaglia Luis A. s/ denuncia”


                        Tres imputaciones comprende la acusación. Son: a) detención de menores en dependencias no aptas; b) entrega apresurada de la aeronave secuestrada y c) falta de investigación para el tráfico ilegal por vías aéreas.


                        Según indica la acusación en otro establecimiento de campo fue secuestrado un avión Cessna 310 II, matrícula ZPT-ZQ, tres automotores y 1500 cartones de cigarrillos. La avioneta había sido elemento de otra causa.


                        En la defensa manifiesta, en cuanto a la primera imputación que los menores no pudieron ser alojados en dependencias más apropiadas porque no existen en la jurisdicción y que en manera alguna sufrieron maltrato. También expresa que la no adopción de medidas de oficio por el Tribunal se debió a que el Ministerio Público actuaba activamente, solicitando diversas medidas que consideraba ajustadas a “derecho” y que tampoco fue requerida la comparecencia del propietario del campo porque carecía de relación con la causa.


                        Referente a la entrega de la aeronave secuestrada en autos, a solicitud del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Pcia. de Santa Fe, se formó incidente de entrega del avión en calidad de depósito a dicho organismo, ordenada el día 24/04/03 por el Dr. Cian, subrogante a esa fecha en el Juzgado a cargo del Dr. Fariz.


                        Tampoco se encuentra que en la causa aquí estudiada pudieran existir irregularidades susceptibles de ser calificadas como “mal desempeño” de las funciones del Magistrado, de acuerdo a los criterios generales de interpretación a los que se ha hecho referencia más arriba.


 


B) Otras causas:


          


(1)                   Expediente nº 276/01 “Martínez, Carlos Dante y otros s/ presunta infracción art. 874 inc. “d” ley 22.415”:


                        Se acusa al magistrado por: a)Haber ordenado la requisa de un automotor no vinculado a la causa; b) la aparición de un juez subrogante ordenando expeditamente la destrucción de mercadería sin control aduanero previo y c) Haber detenido a menores en dependencias no aptas.


                        Se trataba de un secuestro de cartones de cigarrillos de una camioneta y otros objetos; existieron varios detenidos, entre ellos un menor. El menor es retirado por las personas con las que vivía y los vehículos depositados en la III Brigada Aérea; donde se destruyó la mercadería secuestrada.


                        La defensa objeta la ausencia de cargos concretos solo sustentados en meras elucubraciones sobre actos que carecen de vinculación a la actuación del juez imputado. Puntualiza que hubo efectivo aforo de la mercadería y que se carece de lugar especial para la detención de menores, por lo que fue imposible proceder de otro modo.


                        Del examen de la causa surge que ya la conducta del Dr. Fariz ha sido ajustada a derecho, en consonancia con las medidas que requirió el señor Fiscal, sin que se deba juzgar en esta causa el mérito de las decisiones adoptadas dentro de las facultades  que el magistrado poseía.


                        Por otra parte, no resulta de la prueba examinada que el doctor Fariz, más allá de la amistad que lo unía al doctor Peralta, haya ejercido –en el caso- alguna influencia para que éste adoptara medidas a las que estaba facultado.


                        En consecuencia, la imputación ha de ser desechada.


 


(2)                   Expediente  nº 265/01 “Funes, Javier Luis y otros s/ pta. Inf. Ley 22.415”


                        Se imputa: a) haber recibido declaraciones indagatorias de imputados sin previa notificación a sus defensores; b) formulado preguntas con fines ajenos a la pesquisa en una ampliación de la declaración indagatoria; c) haber actuado con morosidad entre la toma de indagatorias y la resolución de situaciones procesales superando ampliamente lo que establece el código ritual; d) falta de control posterior sobre un bien en depósito judicial entregando una camioneta a la policía local con seguro vencido sin ser renovado.


                        La causa versaba sobre la declaración de un detenido en un procedimiento sobre transporte de paquetes de cigarrillos.


                        La defensa sostiene que en caso de realizarse ampliaciones de indagatoria sin notificación a defensores, cabe la nulidad del acto procesal en la medida en que la defensa o el ministerio público fiscal la reclamen corrigiendo el hipotético defecto procesal, de manera que la eventual deficiencia hubiera tenido corrección dentro del mismo procedimiento si algún perjuicio hubiere causado. Por lo demás, el plazo para resolver la situación procesal es ordenatorio, indicativo o facultativo y establecido para los supuestos en que los imputados se encuentran detenidos. Por último, respecto de la imputación relacionada con el seguro del vehículo, afirma que ello era responsabilidad del depositario judicial.


                        Examinada esta imputación desde el punto de vista de las facultades del Jurado de Enjuiciamiento, no se advierte que el mérito de las medidas adoptadas ni las eventuales deficiencias que pudieran ser encontradas en un riguroso examen de cada uno de los actos del procedimiento, pudieran considerarse comprendidas en la calificación del mal desempeño previsto en la Constitución Nacional.


 


(3)                   Causa  nº 31/02 “NN s/ pta. inf. art. 162 del Código Penal”


                        La acusación indica como cargos a) haber denegado a los imputados el adelanto de la fecha de la declaración indagatoria; b) haber decretado en exceso el allanamiento a los domicilios particulares de los imputados y c) excesivo retraso entre la elevación de autos para sentencia y la resolución de la misma.


                        Esta causa se origina el 15 de febrero del año 2002 en ocasión que desde la Subcomisaría 4ta, Guadalupe Norte de la Pcia. de Santa Fe, el Comisario Vera, a cargo de la misma, denunció el faltante de cigarrillos, que estaban depositados en dicha dependencia como consecuencia de un secuestro.


                        La defensa explica que el Juzgado programaba ordenadamente las audiencias testimoniales y las indagatorias, de ahí que su adelanto no fuese fácil; sin embargo, agrega  que ante la insistencia de los imputados se consiguió anticiparlas en diez días. Recuerda que no había detenidos en la causa. En cuanto a la procedencia de los allanamientos calificados como excesivos en la Acusación, aclara los motivos de su decreto. Por último, expresa que los plazos en cuestión eran de carácter ordenatorio, citando al efecto las enseñanzas de Luis Darritchon en La Ley 1999-A-III, artículo titulado “Cómo son los plazos y los términos en el nuevo proceso penal”.


                        Debe ser atendido el descargo del magistrado ya que es exacto que en esta causa no había detenidos y que no hubo presentación espontánea de los imputados; además a pesar de ello, el Juez resolvió adelantar la indagatoria. En sus resoluciones el magistrado ha valorado todos los elementos obrantes en la causa para ordenar las medidas que adoptó, basándose siempre en los argumentos del Sr. Fiscal. Finalmente, dado que entre el pedido de resolución de la situación procesal y la providencia adoptada transcurrieron menos de tres meses, feria judicial incluida, produciéndose prueba en el ínterin, no se advierte motivo para que el cargo pueda prosperar.


 


(4)                   Expediente  nº 213/03 “Legretin, María Silvia y otros s/ pta. Infracción art. 194 Código Penal”


                        La acusación consiste en la adopción de medidas excesivas al identificar a imputados que se encontraban en libertad y agravadas mediante la notificación del inicio de la causa a las diferentes entidades representadas por aquellos.


                        Se trataba de una medida de fuerza organizada por diversos gremios que ocuparon la Ruta Nacional Nº 9 durante veinte minutos, imputándose responsabilidad de ella a la dirigente gremialista María Legretin y otros dieciséis. Intervino, por excusación del titular, un fiscal ad hoc, el Dr. Ángel Peralta quien requirió se citara a declaración indagatoria a los imputados y se notificara de ello a los respectivos sindicatos, medida luego cumplida por el Dr. Fariz. Después de diversas actuaciones, éste resolvió el 22/04/04 sobreseer a los imputados en orden al delito de entorpecimiento de transporte.


                        La defensa, con fundamento en los arts. 74 y 183 del Código de Procedimientos Penales y doctrina que cita, sostiene que el procedimiento de investigación se da frecuentemente cuando alguien es detenido por comisión de delito, agregando que la identificación se puede llevar a cabo estando la persona detenida o en libertad y aduce que la resolución “a posteriori” de la falta de mérito en nada modifica tal situación.


                        En lo que concierne a la notificación a las entidades gremiales, el magistrado en su presentación explicó que el oficio librado por él se limitó sólo a  notificar a los gremios que algunos de sus miembros se encontraban imputados en la causa al efecto de que tomarán medidas que pudieran ser útiles al agremiado, como asignarle abogado defensor.


                        Parece claro que lo actuado por el Dr. Fariz no puede considerarse como un caso de desmadre en el ejercicio de sus facultades como juzgador, aún cuando quien analice las actuaciones pudiera o no considerar excesiva su decisión adoptada a solicitud de la Fiscalía. La imputación, en consecuencia, debe ser desechada.


 


(5)                   Expediente  nº 608/02 “Rojas, Emilio Antonio y otros s/ pta. inf. ley 24.415”


                        La acusación se refiere al incumplimiento del plazo para la determinación de la situación procesal de los imputados, ya que habiéndose tomado declaración indagatoria el 25 de agosto de 2003 el sobreseimiento fue dictado el 30 de marzo del año 2005. Este cargo también tiene vinculación con la imputación relacionada con la presión que el Juez había ejercido sobre los imputados para la elección de determinados abogados defensores. El presente examen recae sólo sobre el primer cargo: el de morosidad.


                        La causa respecto a la cual es formulada la imputación se refiere a un proceso iniciado el 1º de noviembre del año 2002 en Santa Fe en la que fueron detenidas varias personas acusadas de un acto de contrabando; el de transportar ilícitamente mercadería (2158 cartones de cigarrillos marca Rodeo). Después de ser anulada las primeras indagatorias, ellas fueron prestadas en forma regular el 18 de julio por algunos imputados y el 26 de agosto del año 2003 por otros. Recién el 30 de marzo del año 2005, un juez subrogante sobreseyó a los encausados.


                        En el aspecto aquí considerado (morosidad) la defensa se ha expresado en el apartado Nº 6 únicamente respecto al tema captación de cliente por otros abogados, señalando de modo general que ninguna actividad ilegal puede ser imputada al Magistrado. Sin perjuicio de ello, en el apartado anterior (IV. 5 “N.N.”) desarrolló argumentos susceptibles de extenderse al presente cargo, recordando que en casos de incumplimiento de términos ordenatorios, el interesado debe pedir pronto despacho para que el acto sea realizado dentro de los tres días posteriores y que sólo vencido tal término cabe denunciar la demora al órgano que ejerza la superintendencia, supuesto que no se ha dado en el caso.


                        En razón de que la situación de incumplimiento denunciada tiene procedimiento y sanciones previstas expresamente en la ley procesal (art. 127) y también que el procedimiento ha proseguido su curso sin que se haya denunciado perjuicio para persona alguna, es claro que no procede la acusación de mal desempeño en los términos en que este comportamiento está definido en la Constitución Nacional. La imputación pues debe ser rechazada.


 


(6)                   Causa n.° 149/00 caratulada “Massaro, Gladys Celmira s/ su denuncia”.


                        De los antecedentes de la causa n.° 149/00, caratulada “Massaro, Gladys Celmira s/ su denuncia”, surge que fue iniciada en virtud de la denuncia efectuada el 12 de junio de 2000 por la señora Gladis Celmira Massaro en la que sostuvo que las curtiembres Sadesa S.A y Arlei S.A. ubicadas en la localidad de Las Toscas, provincia de Santa Fe, producirían la contaminación de las aguas y el aires de la zona. La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.° 8 de esta Capital Federal, a cargo del doctor Jorge Urso, quien el 14 de junio de 2000 declinó su competencia en favor del Juzgado Federal de Reconquista (conf. fojas 8/9).


            El 14 de julio de 2000 el doctor Eduardo Fariz recibió el expediente y posteriormente, previa vista al Agente Fiscal, dispuso diversas medidas de prueba (conf. fojas 13, 14/16, 17, 35, 44/45, 47 y 57). El 20 de marzo de 2001 resolvió acumular la causa n.° 42/01 remitida por la Juzgado Federal de Santa Fe (conf. fojas 84).


                        Luego de ello, el 5 de abril de 2001, el magistrado declaró su incompetencia para intervenir en la causa y remitió el expediente al titular del Juzgado Penal de Instrucción de la ciudad de Reconquista quien no aceptó la competencia atribuida y devolvió el expediente al juzgado federal (conf. fojas 89/90, 92/93). Finalmente el 24 de mayo el doctor Fariz resolvió aceptar la competencia atribuida (conf. fojas 104) y durante ese mes de mayo de 2001 dispuso la acumulación de los expedientes n.° 126/01, 129/01 y 130/01, todos vinculados con la presunta contaminación generada por las curtiembres Sadesa y Arlet (conf. fojas 104, 485, 522 y 559).


                        El 7 de junio de 2001 el doctor Fariz se inhibió de entender en las actuaciones por encontrarse comprendido –según sostuvo- en la causal prevista por el artículo 55, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación (conf. fojas 709).


                        Por último, la doctora María Aurelia Chemes, en su calidad de juez subrogante, resolvió el 11 de septiembre de 2001 y el 3 de octubre de 2003 el sobreseimiento de los directores, gerentes y representantes de las firmas Arlet S.A. y Sadesa S.A. (conf. fojas 777/791 y 988/990).


                        Se le imputa al magistrado no haberse apartado inmediatamente de la causa en razón a que de la denuncia efectuada en sede policial, de la declaración testimonial de la denunciante y del requerimiento fiscal surgían como posibles imputadas las sociedades comerciales Arlet S.A. y Sadesa S.A.


                        De los antecedentes descriptos surge de modo indudable que el magistrado demoró desde el 14 de julio de 2000 hasta el 7 de junio de 2001 -con un intervalo entre el 5 de abril de 2001 y el 24 de mayo de 2001 en que remitió el expediente a la justicia provincial- en inhibirse de entender en la causa en que las partes se encontraban claramente identificadas e individualizadas desde el inicio de las actuaciones.


                        No obstante las circunstancias descriptas no se ha podido conformar un marco probatorio con el peso suficiente para permitir concluir de modo incontrastable que el juez ha utilizado el poder que la Constitución Nacional y las leyes le han confiado con un propósito o intención distinta a la de administrar justicia con rectitud.


                        Por todo lo expuesto, debe rechazarse el pedido de remoción por el cargo formulado en este capítulo.


 


            Conclusiones de los doctores Highton de Nolasco, Basla, Puyol, Roca, Sagués y Vázquez Villar del apartado “A” del segundo cargo -irregularidades en la tramitación de las causas nº 338/01 “Salaberry”, 330/01 “Sánchez”, 671/02 y 19/03 “Garavaglia”, 276/01 “Martínez”,  265/01 “Funes”, 31/02 “NN s/ art. 162 CP”, 213/03 “Legretin”, 608/02 “Rojas” y 149/00 “Massaro”-:


                        En lo referente al cargo específico de mal desempeño por la custodia y entrega en depósito judicial de aeronaves secuestradas en causas “Garavaglia”, “Salaberry” y “Sánchez”, no existen elementos de juicio que sostengan los respectivos reproches. Se puede no compartir el acierto o procedencia de las decisiones, pero el magistrado las ha adoptado en el ámbito de su jurisdicción, que ha de respetarse.


                        Respecto de las causas “Martínez”, “Funes”, “NN s/ hurto”, “Legretín”, “Rojas” y “Massaro” la conducta del señor juez Fariz ha sido ajustada a derecho. Referente a las mencionadas en el apartado r) del anexo de prueba de la acusación, al haber sido solo enunciadas en dicho anexo sin especificación de imputación alguna, ellas deben ser desestimadas. Atento a lo expuesto no se encuentra configurada en este cargo la causal de mal desempeño, por lo que  debe ser rechazado.


 


            Los doctores Manuel Justo Baladrón, Sergio Adrián Gallia y José Luis Zavalía con relación al apartado “A” del segundo cargo -irregularidades en la tramitación de las causas nº 338/01 “Salaberry”, 330/01 “Sánchez”, 671/02 y 19/03 “Garavaglia”, 276/01 “Martínez”,  265/01 “Funes”, 31/02 “NN s/ art. 162 CP”, 213/03 “Legretin”, 608/02 “Rojas” y 149/00 “Massaro”- por sus fundamentos dicen:


                        1°)  Que la acusación reprocha al juez Fariz por la manera en que ha tramitado diversas causas, señalando distintas irregularidades, a saber:


a)         Causa n° 338/2001 “Salaberry, Eugenio José s/ pta. Infracción ley 22.415”: (1) Falta de resguardo, contralor (aforo aduanero) y destino final de la mercadería secuestrada; (2) entrega apresurada de una aeronave secuestrada y falta de control sobre su depósito judicial; (3) Retraso notorio en la resolución procesal del imputado Salaberry.


b)         Causa n° 671/2002 “Garavaglia, Luis A. y otros s/ pta.  Inf. Art. 874, inc. d) ley 22.415”: (1) Detención de menores en dependencias no aptas; (2) Entrega apresurada de una aeronave secuestrada y falta de control sobre su depósito judicial; (3) Falta de investigación para el tráfico ilegal por vías aéreas.


c)         Causa n° 276/2001 “Martínez, Carlos Dante y otros s/ pta. Inf. Art. 874, inc. d) ley 22.415”: (1) Ordenar la requisa de un automotor no vinculado a la causa; (2) Destrucción de mercadería sin previo contralor aduanero ordenada expeditamente por un juez subrogante; (3) Detención de menores en dependencias no aptas.


d)        Causa n° 265/2001 “Funes, Javier Luis y otros s/ pta. Inf. ley 22.415”: (1) Declaraciones indagatorias de imputados sin previa notificación a sus defensores; (2) Formular preguntas con fines ajenos a la pesquisa en una ampliación indagatoria; (3) Morosidad en la resolución de la situación procesal de los encartados; (4) Falta de control posterior sobre un bien entregado en depósito judicial.


e)         Causa n° 330/2001, “Sánchez, Ariel; Giardini, Ernesto y Chamorro Rodríguez s/ pta. Inf. Art. 874, inc. d) ley 22.415”: (1) Falta de control sobre una avioneta entregada en depósito judicial; (2) Falta de resguardo, contralor y destino final de la mercadería secuestrada.


f)         Causa n° 213/2003 “Legretin, María Silvia y otros s/ presunta inf. Art. 192 C. P.”: (1) Disponer una medida excesiva como identificar a los imputados que se encontraban en libertad; (2) Notificar del inicio de la causa a diferentes entidades representadas por aquéllos.


g)         Causa n° 31/2002 “NN s/ pta. Inf. Art. 162 del C.P.”: (1) Haber denegado a los imputados adelantar la fecha de la indagatoria; (2) Haber decretado en exceso el allanamiento a los domicilios particulares de los imputados; (3) Excesivo retraso entre la elevación de autos para sentencia y la resolución de la misma.


h)         Causa n° 608/2002 “Rojas, Emilio A. s/ presunta inf. Ley 22.415”: Incumplimiento del plazo para determinar la situación procesal de los imputados.


i)          Causa n° 149/2000 “Massaro, Gladis s/ denuncia”: No haberse apartado oportunamente de la causa. Demora en su excusación.


 


                        2°) Que a su vez en el “Anexo” se incluyen otras causas en las que la acusación dice advertir “conductas enfrentadas a las normas aplicables y otras que bordean peligrosamente sus límites” (expedientes nros.: 408/97 “Fisco nacional R.N.S.S. c/ Cooperativa Agroindustrial Arno Ltda. s/ Ejecución Fiscal”; 486/98 “Fisco Nacional (AFIP-RNSS) c/ Cooperativa Agroindustrial Arno Ltda. s/ Ejecución Fiscal; 989/2002; “Fisco Nacional (R.N.S.S.) c/ Vicentín Faenas SRL s/ Ejecución Fiscal”; 675/2002 “Fisco Nacional (R.N.S.S.) c/ Vicentín Faenas SRL s/ Ejecución Fiscal”; 855/1998 “Fisco Nacional (DGI) c/ Coop. Ind. Arno Ltda. s/ Ejecución Fiscal); 396/1999 Fisco Nacional (R.N.S.S.) c/ Cooperativa Agroindustrial Arno Ltda. s/ Ejecución Fiscal”; 1001/1999 “FRIAR SA c/ AFIP-DGI Región Santa Fe s/ Juicio Ordinario”; 31/2000 “FRIAR SA c/ AFIP-R.N.S.S. s/ apelación resolución administrativa”; 746/2002 “FRIAR SA c/ AFIP-DGI s/ Juicio Ordinario y medida cautelar innovativa”; 325/1999 ”FRIAR SA c/ DGI y/o Estado Nacional p/ acción meramente declarativa”; 725/1998 “Pauloni, Juan Ricardo c/ Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y/u otros s/indemnización de daños y perjuicios” y n° 19/2003 “Garavaglia, Luis Alberto s/ denuncia”). Las mismas no fueron mencionadas en el cargo descrito como irregularidades en el trámite de algunas causas, no efectuándose imputaciones respecto en relación a ellos, sino que tan solo se reseñan los actos procesales más importantes.


                        3°) En primer término corresponde señalar que han de examinarse las imputaciones que se le atribuyen al juez Fariz en los expedientes incluidos en el cargo “Irregularidades en la tramitación de causas”. Es que la mención que realiza la acusación a fs. 1155, en cuanto a que “es posible advertir en el juez en crisis conductas que están enfrentadas a las normas aplicables y otras que bordean peligrosamente sus límites”, no puede suplir su debida descripción sin resguardo del debido proceso legal.


                        4°) En segundo lugar no han de considerarse los expedientes que se hallan mencionados únicamente en el Anexo. Ello así, pues la omisión de describir irregularidades en cada uno de ellos, impide su consideración en protección del debido proceso legal.


            Vale decir, al Jurado le está vedado entrar en el estudio de presuntas irregularidades que surgirían de los expedientes, que si bien conforman la prueba documental reservada, no fueron individualizadas en el escrito acusatorio.


            Este Cuerpo, al momento de pronunciar su decisión, no puede incorporar nuevos hechos que no han sido descriptos oportunamente, pues si esto ocurriera se estaría transformando, más allá de los reparos constitucionales que ello representa, en parte acusadora y ello es, incompatible con el derecho a un tribunal imparcial e independiente (Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).


                        5°) Lo expuesto tiene su razón de ser a la luz de la garantía constitucional del debido proceso legal (Art. 18 de la Constitución Nacional) y en la doctrina fijada por el Jurado desde su primer fallo, según la cual “la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso debe ser respetada en los procesos de remoción de magistrados con el mismo rigor y con las mismas pautas elaboradas por la Corte en numerosas decisiones….Dicha garantía requiere que el acusado sea oído y que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa en la oportunidad y forma prevista por las leyes de procedimiento” (doctrina del fallo “Brusa”, resuelto el 30 de marzo de 2000, considerando tercero, reiterada en posteriores sentencias).


                        Asimismo en dicho precedente se decidió que “son los hechos objeto de la acusación los que determinan el objeto procesal sometido al juzgador, en el caso, el Jurado…” (Considerando cuarto).


                        6°) Aclarados dichos aspectos, corresponde señalar que el mero enunciado de las imputaciones tal como fueron formuladas por la acusación con relación a los expedientes “Salaberry”, “Sánchez”, “Garavaglia”, “Martínez”, “Funes”, “N.N” 31/02”, “Rojas” y “Legretín”, indica la improcedencia de efectuar reproches al magistrado en cuanto al alegado mal desempeño.


         Ello debido a que no se ha probado una actuación irreflexiva que pudo haber encontrado solución por las vías procesales pertinentes, ni tampoco  una actuación intencional (doctrina del fallo “Mahdjoubian”, voto de los Dres. Belluscio, Baladrón y Gallia con adhesión del doctor Moreira).


                        7°) Como se advierte, los mencionados cuestionamientos se basan en la discrepancia con la manera de resolver cuestiones jurisdiccionales opinables y el tiempo en que demoró el magistrado en resolver dichas cuestiones, lo que no es materia de enjuiciamiento. Vale decir en la fundamentación de dicho cargo se advierten críticas a decisiones judiciales, cuestiones procesales y a medidas probatorias dictadas en un proceso que, por su propia naturaleza, confieren al juez amplias facultades investigativas.


                        8°) Asimismo, cabe ponderar  que el Cuerpo de Auditores Judiciales del Consejo de la Magistratura informó sobre cada uno de los expedientes compulsados, según el requerimiento que se les efectuara en puntos 10, 11 y 12 (ver fs. 1/2 del expediente CAJ 26/05, Anexo Q), no observando “conductas reiteradas en el desarrollo de las causas que puedan tomarse como un ‘modus operandi’ irregular que ameriten valoraciones independientes del análisis particular de cada causa, ello más allá del acierto o error con que se tramitan los expedientes” (fs. 243/244 vta. del expediente CAJ 26/05, Anexo R).


                        9°) La remoción es un acto de trascendental gravedad, que no puede estar sustentado en el exceso en la decisión de una causa o en la forma en que se resolvió, pues ello no excede de la falibilidad de las acciones humanas, de la cual no están exentos los jueces.


                        Al respecto cabe señalar que no procede por la vía de enjuiciamiento, intentar un cercenamiento de la plena libertad de deliberación y decisión que deben gozar los jueces en los casos sometidos a su conocimiento, ya que admitir tal proceder significaría atentar contra el principio de independencia del Poder Judicial que es uno de los pilares básicos de nuestra organización constitucional (doctrina de la Corte Suprema en Fallos: 305:113).


                        10°) En definitiva, el acierto o error en la tramitación de causas deberá ser establecido dentro de las vías procesales pertinentes y por el juego de los recursos que la ley otorga  a las partes. En este orden de ideas resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 300:1326; 277:52, 278:34, 302:102, 303: 695, entre otros).


                        11°) En el caso concreto, ello es especialmente así al no haberse probado una actuación intencional (doctrina de la causa “Mahdjoubian” mencionada).


            Proceder de otro modo implicaría invadir la esfera divisoria de los poderes para entrar en la del Poder Judicial. En tal sentido, el Reglamento de Procedimiento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación -anterior al texto actualmente vigente, el que rigió hasta 1996- en su art. 11, segunda parte establecía que: “Las resoluciones judiciales que dictaren los magistrados en los procesos sometidos a su conocimiento, no pueden ser invocadas por los interesados para fundar un pedido de juicio político. Los agravios que ellas puedan causar deberán ser subsanados en las instancias procesales pertinentes de la justicia interviniente (voto del Dr. Billoch Caride en el fallo “Bustos Fierro”, considerando 6°).


                        12°) Por otro lado, no se advierte elemento alguno que permita determinar la existencia de una actitud o maniobra común por parte del magistrado, en las causas incluidas en el cargo, distinta de la finalidad que corresponde a su actividad jurisdiccional.


                        Al respecto se ha dicho que, para considerar mal desempeño debía advertirse que “…las presuntas irregularidades aparezcan enderezadas y concatenadas entre sí para acreditar la existencia de alguna finalidad distinta de aquélla que impregna la administración de justicia y que muestre un patrón de conducta disvalioso y censurable en la conducta del magistrado. Este Jurado ha mantenido su criterio en el sentido de que el contenido de las sentencias no es materia de su incumbencia, ni su examen puede ser determinante de la remoción de un magistrado...” (Causa n° 15 “Mahdjoubián”, considerando 38) del voto de los doctores Jorge Alfredo Agúndez, Enrique Pedro Basla, Eduardo Alejandro Roca y Guillermo Ernesto Sagués, 03/08/2005).


                        13°) Es dable poner de resalto que no se trata de convertir al Jurado en organismo revisor de decisiones jurisdiccionales sino que éste, en cumplimiento de las funciones específicas asignadas por la Constitución y la ley, verifique concretamente si a través de las mismas se constata un notorio, grave y reiterado apartamiento de la misión asignada al juez que hace imposible su continuidad y justifica el desplazamiento de su delicado sitial institucional. De allí que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación no sea un tribunal de alzada, ni su función la de revisar las decisiones judiciales. Por ello, el error judicial no se encuentra en el ámbito de su juzgamiento. Dichas cuestiones procesales encuentran remedio en los recursos previstos en las normas adjetivas (conf. doctrina Fallo “Murature” 29/09/2003, publicado en fallos: 326, t 3).


                        14°) En consecuencia, no configuran conductas susceptibles de reproche las imputaciones vinculadas a la actuación del juez en lo atinente al trámite de las causas que integran el cargo descrito, motivo por el cual debe ser rechazado.


 


            Conclusiones de los doctores Baladrón, Gallia y Zavalía con relación al apartado “A” del segundo cargo -irregularidades en la tramitación de las causas nº 338/01 “Salaberry”, 330/01 “Sánchez”, 671/02 y 19/03 “Garavaglia”, 276/01 “Martínez”, 265/01 “Funes”, 31/02 “NN s/ art. 162 CP”, 213/03 “Legretin”, 608/02 “Rojas” y 149/00 “Massaro”-:


                        15°) En la fundamentación de este cargo se advierten críticas a decisiones judiciales, cuestiones procesales y a medidas probatorias dictadas en un proceso que, por su propia naturaleza, confiere al magistrado amplias facultades investigativas.


                        Al considerar las imputaciones aludidas en el marco de la causal de mal desempeño, se tuvo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que: “cualquiera sea el acierto o el  error de las resoluciones objetadas, ello deberá ser establecido dentro de los cauces procedimentales y por el juego de los recursos que la ley suministra a los justiciables. En tal orden de ideas, resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto” (doctrina de Fallos: 277:52; 278:34; 302:102; 303:695, entre otros).


                        Tampoco se ha probado una actuación irreflexiva, ni una actuación intencional, (doctrina del fallo “Mahdjoubian”, voto de los Dres. Belluscio, Baladrón y Gallia con adhesión del Dr. Moreira), por lo que  mero enunciado de las imputaciones tal como fueron formuladas por la acusación, indica la improcedencia de efectuar reproches al magistrado en relación con el alegado mal desempeño


                        16°) Por otro lado, no se advierte elemento alguno que permita determinar la existencia de una actitud o maniobra común por parte del magistrado, en las causas incluidas en el cargo, distinta de la finalidad que corresponde a su actividad jurisdiccional.


                        Para considerar mal desempeño debe advertirse que “…las presuntas irregularidades aparezcan enderezadas y concatenadas entre sí para acreditar la existencia de alguna finalidad distinta de aquélla que impregna la administración de justicia y que  muestre un patrón de conducta disvalioso y censurable en la conducta del magistrado (Causa n° 15 “Mahdjoubian”).


                        17°) Consecuentemente, no configuran conductas susceptibles de reproche las imputaciones relacionadas a la actuación del juez en lo atinente al trámite de las causas que integran el cargo descripto, motivo por el cual debe ser rechazado.


 


-B-: causas n° 301/02 “Zamar s/ denuncia”, 301/02 “Zamar s/ solicitud”, 455/02 “Mazzuchini s/ denuncia contra Zamar” y 165/03 “Zamar s/ denuncia”.


            Los señores miembros del Jurado doctores Manuel Justo Baladrón, Sergio Adrián Gallia, Ramiro Domingo Puyol, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía dicen:


 


                        1°) Que la acusación reprocha al juez Fariz por la manera en que ha tramitado diversas causas, señalando distintas irregularidades, a saber:


a) Causa n° 301/2002 “Zamar, Martín Alberto s/ denuncia”; n° 301/2002 caratulada: “Zamar, Martín Alberto s/ solicitud”; n° 455/2002 caratulada: “Mazzuchini, Dante Ariel s/ denuncia contra Zamar, Martín Alberto”: (1) Dilatar la resolución de la cuestión de fondo; (2) Desviar el curso de la investigación.


b) Causa n° 165/2003 “Zamar, Martín Alberto s/ denuncia”: (1) Utilizar de modo excesivo la detención del imputado para tomar declaración  indagatoria; (2) Demorar la situación procesal del imputado.


 


                        Vale decir, en las causas n° 301/2002 “Zamar, Martín Alberto s/ denuncia”; n° 301/2002 caratulada: “Zamar, Martín Alberto s/ solicitud”; n° 455/2002 caratulada: “Mazzuchini, Dante Ariel s/ denuncia contra Zamar, Martín Alberto, la acusación imputa al magistrado haber obrado con “dispendio jurisdiccional”, dilatando la resolución de fondo y desviando la investigación a la cuestión patrimonial de la titularidad del equipamiento.


                        A su vez en el expediente 165/03 “Zamar, Martín Alberto s/ denuncia”, se imputa al juez haber utilizado la detención para tomar declaración indagatoria de manera excesiva y demorado la definición de la situación procesal del imputado.


                        2°) Que como se advierte, los mencionados cuestionamientos se basan en la discrepancia con la manera de resolver cuestiones jurisdiccionales opinables y el tiempo en que demoró el magistrado en resolver dichas cuestiones, lo que no es materia de enjuiciamiento. Vale decir en la fundamentación de dicho cargo se advierten críticas a decisiones judiciales, cuestiones procesales y a medidas probatorias dictadas en un proceso que, por su propia naturaleza, confieren al juez amplias facultades investigativas.


                        3°) Que la remoción es un acto de trascendental gravedad, que no puede estar sustentado en el exceso en la decisión de una causa o en la forma en que se resolvió, pues ello no excede de la falibilidad de las acciones humanas, de la cual no están exentos los jueces.


                        Al respecto cabe señalar que no procede por la vía de enjuiciamiento, intentar un cercenamiento de la plena libertad de deliberación y decisión que deben gozar los jueces en los casos sometidos a su conocimiento, ya que admitir tal proceder significaría atentar contra el principio de independencia del Poder Judicial que es uno de los pilares básicos de nuestra organización constitucional (doctrina de la Corte Suprema en Fallos: 305:113).


                        4°) Que en definitiva, el acierto o error en la tramitación de causas deberá ser establecido dentro de las vías procesales pertinentes y por el juego de los recursos que la ley otorga  a las partes. En este orden de ideas resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 300:1326; 277:52, 278:34, 302:102, 303: 695, entre otros).


                        En el caso concreto, ello es especialmente así al no haberse probado una actuación intencional (doctrina de la causa “Mahdjoubian” mencionada).


                        Proceder de otro modo implicaría invadir la esfera divisoria de los poderes para entrar en la del Poder Judicial. En tal sentido, el Reglamento de Procedimiento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación -anterior al texto actualmente vigente, el que rigió hasta 1996- en su art. 11, segunda parte establecía que: “Las resoluciones judiciales que dictaren los magistrados en los procesos sometidos a su conocimiento, no pueden ser invocadas por los interesados para fundar un pedido de juicio político. Los agravios que ellas puedan causar deberán ser subsanados en las instancias procesales pertinentes de la justicia interviniente (voto del Dr. Billoch Caride en el fallo “Bustos Fierro”, considerando 6°).


                        5°) Que por otro lado, no se advierte elemento alguno que permita determinar la existencia de una actitud o maniobra común por parte del magistrado, en las causas incluidas en el cargo, distinta de la finalidad que corresponde a su actividad jurisdiccional.


                        Al respecto se ha dicho que, para considerar mal desempeño debía advertirse que “…las presuntas irregularidades aparezcan enderezadas y concatenadas entre sí para acreditar la existencia de alguna finalidad distinta de aquélla que impregna la administración de justicia y que muestre un patrón de conducta disvalioso y censurable en la conducta del magistrado. Este Jurado ha mantenido su criterio en el sentido de que el contenido de las sentencias no es materia de su incumbencia, ni su examen puede ser determinante de la remoción de un magistrado...” (Causa n° 15 “Mahdjoubián, J. J.” considerando 38- del voto de los doctores Jorge Alfredo Agúndez, Enrique Pedro Basla, Eduardo Alejandro Roca y Guillermo Ernesto Sagués, 03/08/2005).


                        6°) Que es dable poner de resalto que no se trata de convertir al Jurado en organismo revisor de decisiones jurisdiccionales sino que éste, en cumplimiento de las funciones específicas asignadas por la Constitución y la ley, verifique concretamente si a través de las mismas se constata un notorio, grave y reiterado apartamiento de la misión asignada al juez que hace imposible su continuidad y justifica el desplazamiento de su delicado sitial institucional. De allí que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación no sea un tribunal de alzada, ni su función la de revisar las decisiones judiciales. Por ello, el error judicial no se encuentra en el ámbito de su juzgamiento. Dichas cuestiones procesales encuentran remedio en los recursos previstos en las normas adjetivas (Fallo “Murature” 29/09/2003, publicado en fallos: 326, t 3).


                        7°) Que por lo demás corresponde señalar la imposibilidad de ampliar la plataforma fáctica incorporando hechos no descriptos oportunamente por la Acusación, pues de ser así el Jurado asumiría funciones ajenas a su competencia, transformándose en parte acusadora en trasgresión a normas constitucionales (art. 18 de la Constitución Nacional).


                        Cabe precisar al efecto, que “la acusación constituye el requerimiento indispensable para garantizar el debido proceso legal y la defensa en juicio. Es la base y límite del juicio, toda vez que el hecho contenido en la sentencia no admite distinción de aquel descripto en la requisitoria del acusador, sobre el que hubo de estructurarse la intimación verificada al comienzo del debate. Es el puente que vincula el conocimiento del juicio; el punto axial está constituido por el requerimiento de elevación a juicio, y éste se abre con la acusación. La condición acusatoria de la requisitoria del Concejo de la Magistratura de elevación al Jurado de Enjuiciamiento es indudable” (voto de los doctores Basla, Sagués y Agúndez, en causa n° 10, “Doctor Roberto Marquevich s/ Pedido de Enjuiciamiento”).


                        8°) En consecuencia, no configuran conductas susceptibles de reproche las imputaciones vinculadas a la actuación del juez en lo atinente al trámite de las causas que integran el cargo descripto, motivo por el cual debe ser rechazado.


 


 


 


 


            CONCLUSIONES de los doctores Baladrón, Gallia, Puyol, Vázquez Villar y Zavalía respecto del apartado “B” del segundo cargo –irregularidades en causas n° 301/02 “Zamar s/ denuncia”, 301/02 “Zamar s/ solicitud”, 455/02 “Mazzuchini s/ denuncia contra Zamar” y 165/03 “Zamar s/ denuncia-.


                        9°) Que en la fundamentación de este cargo se advierten críticas a decisiones judiciales, cuestiones procesales y a medidas probatorias dictadas en un proceso que, por su propia naturaleza, confiere al magistrado amplias facultades investigativas.


                        10°) Que al considerar las imputaciones aludidas en el marco de la causal de mal desempeño, se tuvo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que: “cualquiera sea el acierto o el  error de las resoluciones objetadas, ello deberá ser establecido dentro de los cauces procedimentales y por el juego de los recursos que la ley suministra a los justiciables. En tal orden de ideas, resulta impensable que la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto” (doctrina de Fallos: 277:52; 278:34; 302:102; 303:695, entre otros).


                        Tampoco se ha probado una actuación irreflexiva, ni una actuación intencional, (doctrina del fallo “Mahdjoubian”, voto de los Dres. Belluscio, Baladrón y Gallia con adhesión del Dr. Moreira), por lo que el mero enunciado de las imputaciones tal como fueron formuladas por la acusación, indica la improcedencia de efectuar reproches al magistrado en relación con el alegado mal desempeño.


                        Por otro lado, no se advierte elemento alguno que permita determinar la existencia de una actitud o maniobra común por parte del magistrado, en las causas incluidas en el cargo, distinta de la finalidad que corresponde a su actividad jurisdiccional.


                        Para considerar mal desempeño debe advertirse que “…las presuntas irregularidades aparezcan enderezadas y concatenadas entre sí para acreditar la existencia de alguna finalidad distinta de aquélla que impregna la administración de justicia y que  muestre un patrón de conducta disvalioso y censurable en la conducta del magistrado (Causa n° 15, “Mahdjoubian, Juan José s/ Pedido de enjuiciamiento).


                        11°) Que por lo demás corresponde señalar la imposibilidad de ampliar la plataforma fáctica incorporando hechos no descriptos oportunamente por la acusación, pues de ser así el Jurado asumiría funciones ajenas a su competencia, transformándose en parte acusadora en trasgresión a normas constitucionales (art. 18 de la Constitución Nacional).


                        12°) Consecuentemente, no configuran conductas susceptibles de reproche las imputaciones vinculadas a la actuación del juez en lo atinente al trámite de las causas que integran el cargo descripto, motivo por el cual  debe ser rechazado.


 


            La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los doctores Enrique Pedro Basla, Eduardo Alejandro Roca y Guillermo Ernesto Sagués respecto del apartado “B” del segundo cargo –irregularidades en causas n° 301/02 “Zamar s/ denuncia”, 301/02 “Zamar s/ solicitud”, 455/02 “Mazzuchini s/ denuncia contra Zamar” y 165/03 “Zamar s/ denuncia- en disidencia dicen:


                        1°) Que de los antecedentes de la causa n°301/02, caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”, surge que fue iniciada en virtud de la denuncia efectuada el 16 de abril de 2002 por el señor Martín Alberto Zamar, con el patrocinio letrado del doctor Francisco Peralta, contra el señor Dante Ariel Mazzuchini por la presunta comisión de los delitos de hurto de señal de cable, defraudación por abuso de confianza y entorpecimiento de medios de comunicación.


                        El denunciante afirmó ser titular de licencias para la explotación de circuitos cerrados de televisión y de una antena comunitaria de televisión en diversas localidades de la provincia de Santa Fe. En el ejercicio de esa actividad contrató a Dante Ariel Mazzuchini para realizar tareas de mantenimiento técnico en la ciudad de Florencia, a quien a su vez se le instaló una antena de retransmisión en su domicilio. A partir de marzo de 2002 advirtió que el nombrado facturaba a su nombre el servicio de televisión por cable sin rendirle cuentas y, asimismo, se apropió de señales que le eran propias de su empresa. En razón de ello solicitó la detención de Mazzuchini, el secuestro del equipo técnico necesario para la explotación comercial, la restitución del material técnico y la intimación al denunciado de que se abstenga de realizar actos que alteren las imágenes transmitidas (cfr.fs. 16/17).


                        El 17 de abril de 2002 el doctor Fariz ordenó el allanamiento del domicilio del señor Mazzuchini, su detención y el secuestro de los equipos destinados a la explotación del cable. Asimismo resolvió que “en caso que alguno de los mismos [equipos] sea propiedad de Zamar se procederá a su devolución previa acreditación de propiedad”. Por último autorizó al señor “Martín Alberto Zamar a asistir al personal policial a los efectos de individualizar los efectos que le pertenecen y de los que será puesto en posición al momento del acto, como así también será puesto en posesión inmediata de la explotación, recepción y transmisión de la señal de cable correspondiente a ‘Horizonte Cable’” (cfr.fs.23/24).


                        El 18 de abril de 2002 se dejó constancia de que el Subcomisario Guillermo Osler, a quien se le encomendara la realización del allanamiento, hizo saber al juzgado que el señor Zamar “no [contaba] con la documentación que acredite la titularidad de los elementos incautados”, ante lo que el doctor Fariz dispuso “en virtud de que obran en Secretaría documentales que oportunamente acompañara el Sr. Martín Alberto Zamar, que acreditan que el mismo es titular de elementos cuyo secuestro se ordenara, procédase a la entrega al denunciante, en carácter de depositario judicial con disponibilidad de los mismos” (cfr.fs.27).


                        A su vez, en el expediente caratulado “Zamar, Martín Alberto s/ su solicitud” -iniciado a partir de una solicitud realizada por el señor Martín Zamar de secuestro y restitución de una torre de hierro para transmisión y/o montaje de antenas que se encontraba en el domicilio de Mazzuchini, que no había sido retirada al momento de efectuarse el allanamiento del 17 de abril de 2002- se le encomendó realizar un informe pericial al ingeniero Javier Spontón, perito de parte de la defensa, respecto de la documentación y elementos secuestrados en autos. Al respecto concluyó que no existía en la causa documentación que acredite la titularidad de conversores, un receptor de señal, un receptor satelital, ocho transformadores, un D 3 750 MHZ (por duplicidad de facturas que acreditan propiedad de Zamar y Florencia TV Color, respectivamente), cuatro LNB, un dipolo receptor, veinticinco controles varios, un modulador, una fuente, una etapa, dos receptores satelitales, dos filtros positivos, dos down converter, veinticinco plaquetas varias, un booster consulfem, y una antena parabólica. Asimismo se dictaminó que correspondía a “Horizonte Cable” tres extensores de línea y once amplificadores. Se verificó que es de titularidad de Mazzuchini una fuente de alimentación, un modulador, un medidor de campo, nueve booster y tres amplificadores. Por último, en relación con la documentación presentada por TV Horizonte respecto de la titularidad de la antena, el ingeniero concluyó  que no corresponde a la pieza secuestrada por tratarse la torre peritada de dimensiones distintas a las contenidas en la factura presentada (cfr.fs. 249/255).


                        2°) Que, paralelamente, de la causa penal n°455/02, caratulada “Mazzuchini, Dante Ariel s/ su denuncia”, surge que se inició en virtud de la denuncia efectuada el 27 de junio de 2002 por el señor Mazzuchini contra el señor Martín Alberto Zamar, Marcelo Gustavo Zamar, Marcelo Cremona (escribano público) y Enrique Alfredo Honor por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de confianza, estafa y apropiación indebida (conf. fojas 1/4). El denunciante afirmó que Martín Zamar y su hijo Gustavo, durante el acto del allanamiento ordenado en la causa n°301/2 realizado el 18 de abril de 2002, reconocieron como propios un conjunto de elementos técnicos para la transmisión televisiva que no les pertenecían y, a su vez, aportaron documentación falsa al tribunal. Asimismo las constancias presentadas para exigir la devolución de una torre antena instalada en la localidad de Florencia se corresponde con otra de similares características colocada en otro pueblo. Finalmente denunció al escribano público Marcelo Cremona por haber dado fe que tuvo a la vista la licencia otorgada por el COMFER a Horizonte Cable.


                        Entre diversas medidas de prueba realizadas, se le recibió declaración testimonial a Marcelo Gustavo Zamar (conf. fojas 133/134) y a Martín Alberto Zamar (conf. fojas 141 y 167 –careo-).


                        3°) Que finalmente de la causa n° 165/03, caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”, surge que se inició en virtud de una denuncia efectuada por el señor Martín Alberto Zamar, con el patrocinio letrado del doctor Francisco Peralta, contra el señor Anastasio Juan Sulgati por la presunta comisión de los delitos de hurto de señal de cable, estafa, defraudación y entorpecimiento de medios de comunicación.


                        El denunciante sostuvo que el denunciado como titular de la empresa “Guillermina Cable Visión” sólo poseía autorización para la emisión de una cantidad limitada de canales y el resto los habría tomado ilegítimamente de la señal generada por “Horizonte Cable” de la localidad de Las Toscas (cfr.fs.1/2).


                        El 24 de junio de 2003 el doctor Fariz ordenó la detención de Anastacio Juan Sulgati, el allanamiento de su domicilio y de la empresa “Guillermina Cablevisión”, y el secuestro de los equipos destinados a transmitir señales pertenecientes a “Horizonte Cable” o de otra señal de la que no tenga autorización. Durante la realización del procedimiento el señor Sulgati se descompensó y se le debió brindar atención médica.


                        El 14 de agosto de 2003 el COMFER informó que el señor Sulgati era titular de la licencia de un sistema de antena comunitaria de televisión mediante la Resolución n°765 del 24.09.93 y se encontraba autorizado a distribuir cuatro canales de recepción convencional tomada de aire (cfr.fs. 80/88).


                        4°) Que, expuestas las circunstancias fácticas de los expedientes penales examinados, cabe afirmar que el Plenario del Consejo de la Magistratura acusó al doctor Eduardo Fariz por la causal constitucional de “mal desempeño” por haber resuelto y dictado providencias en causas en trámite ante su tribunal “enfrentadas a las normas aplicables y otras que bordean peligrosamente sus límites”. Se sostuvo también que “cuando determinados hechos suceden invariablemente nadie puede escudarse en una supuesta equivocación. En los errores no se persevera pero en la intencionalidad sí”.


                        En las causas n° 301/02 y n° 455/02 ello se habría concretamente materializado -según la acusación- en dilatar la resolución de la cuestión de fondo y a su vez desviar la investigación a la cuestión patrimonial de la titularidad del equipamiento mientras que el hurto enrostrado refiere a la señal televisiva. Asimismo en la causa n°165/03 en utilizar de modo excesivo la detención del imputado para tomar declaración indagatoria y en demorar la definición de su situación procesal del imputado.


                        No obstante ello, la conducta del juez no será apreciada de manera fragmentada o aislada, que en definitiva conllevaría a prescindir de una visión de conjunto de su modo de actuar a lo largo de los procesos. Por el contrario, se la debe considerar en una necesaria correlación con todo el material probatorio incorporado a este juicio, y conocido por las partes, con el objeto de verificar -en el marco de la imputación descripta- si incurrió en la causal de “mal desempeño” por la que se solicitara su destitución.


                        5°) Que, además, en virtud de que las acciones motivadoras de reproche se habrían concretado especialmente mediante el dictado de decisiones jurisdiccionales, en forma preliminar resulta oportuno recordar preceptos que serán considerados para  resolver la cuestión de fondo.


                        En primer lugar, cabe señalar que la acusación no será examinada con el objeto de confrontar posibles discordancias con los enfoques jurídicos que le dan sustento a la actuación jurisdiccional del magistrado, los que deben tener natural remedio por las vías recursivas que establecen las normas de procedimiento. Por el contrario, la conducta del juez, en este caso materializada en el desarrollo de un proceso penal, será analizada con el estricto objetivo de verificar si el acusado ha incurrido en la causal constitucional de remoción de “mal desempeño” por traducir su accionar un designio ajeno al recto desempeño de la función jurisdiccional. Dicho en otras palabras, con la finalidad de corroborar si el juez ha utilizado el poder que la Constitución Nacional y las leyes le han confiado con un propósito o intención distinta a la de administrar justicia con rectitud y, sólo en ese marco y con ese alcance, se recurrirá a las circunstancias fácticas y jurídicas involucradas.


                        Que, en segundo término, no se encuentra controvertida la existencia de un margen de libertad para los jueces en lo concerniente a la aplicación del derecho en virtud del cual resulta aceptado que la aplicación de la norma constituye al mismo tiempo un acto de creación del derecho y no se determina por completo nunca el acto de aplicación sino que se produce dentro de un sistema normativo abarcativo de diversas posibilidades.


                        Por último, corresponde resaltar que el examen de las conductas que se realizan en este juicio político que se le lleva a cabo al juez Fariz resulta independiente de lo que en definitiva pudiere resolverse acerca de la responsabilidad penal de los imputados en las causas descriptas.


                6°) Que, en tales condiciones, se puede adelantar que en este proceso de destitución se ha demostrado que el doctor Eduardo Luis María Fariz ha intervenido irregularmente en las causas de referencia, denotando un claro designio de parcialidad a favor del denunciante Martín Zamar, oportunamente patrocinado por el abogado Francisco Peralta, a quienes indebidamente benefició con distintas conductas violatorias de la garantía de imparcialidad, prevista –en forma implícita- en el art.18 de la CN, y                –expresamente- en los arts.8.1 de la CADH y 14.1 del PICDP.


        Que –como se detallará más adelante- el accionar del magistrado Fariz no importó solamente posibles errores o desaciertos en resoluciones que constituyen materia opinable. Evaluándose tales conductas irregulares en su conjunto, dentro del contexto donde ocurrieron, resulta claro que las mismas fueron motivadas por la precisa intención del juez Fariz de beneficiar deliberadamente a una de las partes, lo cual no puede ser –de ningún modo- disculpado por este jurado.


                        7°) Que –primeramente- ha quedado suficientemente probada la significativa relación previa que Fariz había tenido con Martín Zamar, y que –incluso- debiera haber justificado la oportuna inhibición del magistrado en las causas en estudio (cfr. art.55 inc.1° del CPPN).


        Que en el debate, el señor Dante Mazzuchini sostuvo que “los denunciantes tuvieron gran amistad durante mucho tiempo cuando el juez todavía ejercía su labor de abogado en Villa Ocampo (...) yo estuve en los allanamientos que se hicieron en el mismo cable de ellos y el doctor se presentó como su abogado defensor. Aparte, en otra causa que yo ofrecí como prueba, el doctor Fariz se excusó en esa causa por tener amistad con la familia Zamar” (cfr. versión estenográfica de la audiencia del 16 de febrero de 2006).


            En tal sentido, la defensa del doctor Fariz en su alegato aseguró que esto último es “falso”, y que en las causas “Pauloni, Juan Ricardo c/ COMFER y/u otros” (exp.n°725 y 724/98) “…se excusa porque quien está demandado es el señor Richter, amigo y, en todo caso, supo ser cliente del juez  Fariz…” (cfr. versión estenográfica de la audiencia del 23 de febrero de 2006).


        Lo cierto es que Martín Alberto Zamar también era co-demandado en tales expedientes, y de las inhibiciones efectuadas allí por el doctor Fariz no surge con quien tenía la relación que alcanzaba los extremos del art.17, inc.7° del CPCCN (cfr. fs. 18 y 86, respectivamente, de los expedientes aludidos).  


                        Por otro lado, el propio Juan Ricardo Pauloni –actor en aquéllos juicios- oportunamente afirmó que Fariz fue abogado de la firma de Zamar, que actuó como apoderado de tal empresa “cuando se hizo un allanamiento y secuestro de equipos en Las Toscas”, y “que el trato con ellos seguía” después de su designación como juez (cfr.fs.31 del Exp.n°154/05 “Secretaría Civil s/remite actuaciones –pta. inf. art. 255 1° parte CP”-).


                        Justamente en su defensa el juez Fariz reconoce la relación, al decir que: “En cuanto a la imputación de no haberse excusado en las causas que intervenía Zamar, manifiesta que “más allá de las conjeturas a las que arribaran los denunciantes, apartarme de toda causa en la que pueda intervenir de algún modo alguien a quien pudo haber asistido en alguna oportunidad a lo largo de mis 25 años de ejercicio profesional, habiendo transcurrido ya más de 7 años de haber cesado en el ejercicio de mi profesión por haberme hecho cargo del Juzgado Federal, importaría necesariamente tener que ejercer la judicatura en un más que reducido ámbito de causas y sólo cuando las partes hubieran vivido con anterioridad, a cientos kilómetros al menos de la ciudad de Reconquista”.


        8°) Que -asimismo- el doctor Peralta tampoco resulta un abogado más para el juez Fariz. Dicho profesional, que patrocinó a Zamar en las causas aquí aludidas, tiene gran vinculación con el juez federal de Reconquista, tal como se desprende en el tratamiento del tercer cargo reprochado respecto de la designación de conjueces, de donde surgen datos objetivos que acreditan proclividad con relación al aludido profesional. 


                        9°) Que,  en cuanto al trámite de las causas n° 301/02 y 165/03, se encuentra acreditado           –primeramente- que el doctor Fariz ha dilatado la resolución de las cuestiones de fondo con una demora injustificada en la definición de las situaciones procesales de los imputados.


                        En efecto, en la causa n° 301/02 el 18 de abril de 2002 se le recibió declaración indagatoria al imputado y hasta el 11 de noviembre de 2004 –últimas constancias con las que cuenta este Jurado- no se había resuelto aún su situación procesal. Algo similar se advierte en el expediente n° 165/03, caratulado “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”, en el que se le recibió declaración indagatoria al señor Sulgati el 26 de agosto de 2003 y hasta el 20 de septiembre de 2004 tampoco se había decidido su situación.


                        Conforme con lo que dispone el ordenamiento procesal federal “En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes…” (art.306 del CPPN), en tanto que, si “…el juez estimare que no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, dictará un auto que así lo declare…” en el mismo plazo arriba señalado (art. 309, idem.).


    Como se sabe, es válida la interpretación doctrinaria y jurisprudencial acerca del carácter “ordenatorio” de los plazos establecidos en el código de rito, tal como surge del rechazo de otras irregularidades. Pero –de ninguna manera- dicho criterio puede justificar una total inobservancia de términos.


         Al respecto, cabe afirmar que entre las diversas garantías que regulan el debido proceso legal se encuentra el derecho de toda persona a obtener un pronunciamiento judicial que establezca su situación frente a la ley. Esa garantía, en la especie, no fue resguardada -en lo más mínimo- si se tiene en cuenta que desde las declaraciones indagatorias han transcurrido dos años y siete meses -en un caso-, y un año y un mes -en otro-.


                        Lo expuesto adquiere un excepcional carácter en razón de que las causas, ante su falta de complejidad, no se han sustanciado con la diligencia debida respecto de las situaciones de los señores Mazzuchini y Sulgati, lo que resulta violatorio del derecho de los encartados (cfr. doctrina de fallos “Mattei” 272:188; “Aguilar” 298:50; “Mozzatti” 300:1102; “Bartra Rojas” 305:913).


                        Del mismo modo, en los casos “Genie  Lacayo”, del 29 de enero de 1997, y “Suárez Rosero”, del 12 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido compartir el criterio de la Corte  Europea  de  Derechos  Humanos en relación a que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30).


                        En el caso bajo examen los imputados han estado sometidos a la causa judicial sin que concurra ninguno de los elementos en los que podría justificarse la demora: los asuntos no resultaban complejos, no han entorpecido el desarrollo del  proceso y sólo se aprecia una conducta  morosa del tribunal en el desarrollo de la investigación.


         En suma, la demora en resolver las situaciones procesales carece de justificación a partir de los estándares citados, y se contrapone con la celeridad con la que se desarrollaron otros actos de estos procesos (p.ej. el allanamiento a la casa de Mazzuchini, la entrega de los efectos realizada –sin mayor trámite- a favor de Zamar, etc.). Es claro –entonces- que ha obedecido a la propia mora del doctor Fariz, motivada en su parcial actuación.


                        10°) Que de las constancias descriptas en los considerandos precedentes se ha probado también que el magistrado cuestionado ha desviado la investigación al centralizar su actividad en resolver disputas patrimoniales en las causa n°301/02, caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia” y n°165/03, caratulada “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia” cuando, en lo esencial, en esos expedientes se investigaba inicialmente la presunta comisión de los delitos de hurto de señal de cable, estafa, defraudación y entorpecimiento de medios de comunicación (v. requerimientos de instrucción).


                        Al respecto la actuación del juez instructor no se ha encaminado a investigar y comprobar si los hechos delictuosos se habrían cometido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 193, inciso primero, del Código Procesal Penal de la Nación. Por el contrario la cuestión central de las pesquisas ha consistido en verificar la propiedad de bienes muebles, circunstancia que produjo un desvío de la investigación y, consecuentemente, implicó dilatar la resolución de las cuestiones de fondo.


        Dicho retraso aquí tampoco fue casual. Formó parte del mismo obrar inicuo en beneficio de Zamar y Peralta. 


                        11°) Que las irregularidades en los expedientes bajo examen no se han limitado a las descriptas –si bien las mismas alcanzan para conformar la causal de mal desempeño- sino que de su estudio, en una necesaria correlación de todo el material probatorio incorporado a este juicio y conocido por las partes, se advierte que al disponer los allanamientos de los domicilios y las detenciones de los señores Mazzuchini y Sulgati el magistrado no efectuó previamente elementales medidas de comprobación de los extremos y circunstancias descriptas en las denuncias que le dieron origen a las causas n° 301/02 y 165/03 lo que constituyó, por un lado, una intolerable actuación parcial y, por otro, una flagrante y evidente violación de esenciales garantías constitucionales.


                        En efecto, no sólo no estableció si contaba con las bases y con los elementos específicos, suficientemente justificativos y concretamente vinculados a los hechos que se investigaban, en los que debió apoyarse el temperamento adoptado, sino que tampoco efectuó un análisis del caso de acuerdo a las características y extremos puestos en su conocimiento.


En ese sentido, y si bien para el dictado de este tipo de resoluciones no resulta exigible la certidumbre apodíctica acerca del juicio que se emite, todo indica que el único fundamento que tuvieron las decisiones adoptadas fue el desmedido valor que el juez Fariz le dio a las manifestaciones y constancias aportadas por Zamar y su abogado Peralta.


                        12°) Que, en efecto, en la causa n° 301/02 el juez omitió corroborar previamente la autenticidad de las copias de las facturas de adquisición de los bienes muebles cuya propiedad ostentaba el denunciado y reclamaba el denunciante. Asimismo, ni siquiera dispuso en el lugar del allanamiento un pormenorizado cotejo entre las boletas aportadas por el denunciante y los objetos encontrados en el lugar. Por el contrario, de modo inexplicable, el magistrado ordenó que el señor Martín Zamar concurriera al lugar “a los efectos de individualizar los efectos que le pertenecen y de los que será puesto en posesión al momento del acto” (cfr.fs.23/24), en razón de lo cual durante la realización de la medida el Subcomisario Guillermo Osler, a quien se le encomendara la realización del allanamiento, hizo saber al juzgado que el señor Zamar “no [contaba] con la documentación que acredite la titularidad de los elementos incautados”. Ante ello el doctor Fariz dispuso que “…en virtud de que obran en Secretaría documentales que oportunamente acompañara el Sr. Martín Alberto Zamar, que acreditan que el mismo es titular de elementos cuyo secuestro se ordenara, procédase a la entrega al denunciante, en carácter de depositario judicial con disponibilidad de los mismos, de aquellos efectos que resulten necesarios para que la empresa “Horizonte Cable” continúe con la transmisión televisiva” (el subrayado no pertenece al original -cfr. fs.27-). En razón de lo ordenado, Martín Zamar y su hijo Gustavo indicaron como propios en el lugar del allanamiento una serie de elementos utilizados por las empresas de televisión por cable -antena parabólica, receptores satelitales, conversores- que les fueron entregados en calidad de depósito judicial, con disponibilidad de uso.


                        De lo trascripto surge que ante la consulta del personal policial el juez volvió a disponer la entrega de los elementos secuestrados al denunciante sin corroborar los extremos de los derechos invocados con el agravante que afirmó -de modo expreso- que el denunciante era titular de todos los elementos secuestrados, sin conocer precisamente lo que se había encontrado en el domicilio allanado. Así, también sobrepasó la recomendación efectuada por el fiscal federal en su requerimiento de instrucción, donde se refirió a la entrega de los objetos secuestrados “previa acreditación de propiedad” (cfr. fs. 20/21 de la causa de referencia).


                        Por otro lado, no puede soslayarse que con el auxilio de un tercero desconocido, del que no se habían acreditado sus conocimientos técnicos, el juez ordenó telefónicamente el secuestro de elementos no vinculados con Horizonte Cable. En efecto, en el acta se dejó constancia que en el domicilio allanado “se solicitó la presencia, a título de colaboración, de los técnicos señores Ramón Cabral  (...), Walter Gava (...) y Raúl Leguizamón (...) quién refi[rió] ser técnico electrónico con conocimientos de señal por cable. Que Leguizamón además refi[rió] que en el local allanado se estaría recepcionando una señal de empresas no compatibles con las que debiera recepcionar”. En virtud de ello, se procede al secuestro de los elementos que –presuntamente- se utilizarían para cometer ese presunto ilícito: antenas parabólicas de recepción de señal, receptores satelitales, moduladores de audio y video, un amplificador, un receptor digital analógico, un demodulador y un tracodificador (cfr.fs.34/35 de la causa n°301/02).


 


                        13°) Que –también- está claro que el doctor Fariz carecía de razonable información al momento de disponer las detenciones cuestionadas.


                        Primeramente, el fiscal solicitó al juez -el 16 de abril de 2002- en el apartado II, punto 2 del requerimiento de instrucción de la causa n°301/02 “Zamar, Martín Alberto s/ denuncia”, que requiriera al COMFER información sobre la titularidad de las licencias que afirmó poseer el denunciante (cfr. fs. 20/21). A foja siguiente el magistrado ordenó oficiar a ese organismo pero no se encuentra agregada la copia como constancia (cfr. fs.22). La orden de detención se cumplió sin tales datos.


            En el mismo sentido, en la causa n°165/03 se recibió en el tribunal el informe del COMFER sobre la titularidad de las licencias que poseía el denunciado Anastasio Sulgati recién el 14 de agosto de 2003, esto es aproximadamente cincuenta días después de haber dispuesto su detención (cfr.fs.81/88).


                        Todo ello, independientemente de la posible violación a las disposiciones previstas en el art.282 del CPPN, que con excepción de los casos de flagrancia, prevé la convocatoria “por simple citación” de los imputados por delitos en los cuales parezca procedente una condena de ejecución condicional.


            14°) Que, por otro lado, de las declaraciones indagatorias recibidas al señor Mazzuchini a fojas 44/46 de la causa n°301/02 “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia” y a fojas 49/54 del expediente “Zamar, Martín Alberto s/ su solicitud” surge de modo expreso que el único elemento de prueba en su contra con que se contaba era la denuncia efectuada por el señor Zamar, y la escasa documentación por éste aportada.


                        De igual forma en el expediente n° 165/03 la detención del imputado se dispuso a partir de la única prueba con que contaba el magistrado: las “actas de comprobación practicadas por Escribano Público” aportadas por el denunciante respecto a la recepción de señal de cable en domicilios particulares y, en esos términos, se le hizo saber al imputado en la declaración indagatoria que se le recibiera (fs.111 de la causa n° 165/03).


        15°) Que corresponde también resaltar que las denuncias aludidas -que motivaron el inicio de las causas n° 301/02 y 165/03- ocurrieron con catorce meses de diferencia, resultando idénticos  el denunciante (Martín Zamar) y el patrocinante letrado del mismo (Peralta), muy parecidos los pertinentes escritos por ellos presentados, así como muy similares las diligencias dispuestas por el juez Fariz. 


                        16°) Que no puede soslayarse tampoco, en relación a la parcial actuación del doctor Fariz, que en la causa n°455/02, caratulada “Mazzuchini, Dante Ariel s/ su denuncia”, entre las diversas medidas de prueba dispuestas, se les recibió declaración como testigos a Marcelo Gustavo Zamar (cfr. fs.133/134) y a Martín Alberto Zamar (cfr. fs.141 y 167 –careo-).


                        Al respecto, salvo motivaciones espurias, resulta difícil de entender tales decisiones, en virtud de que el expediente fue iniciado a partir de una denuncia efectuada por el señor Mazzuchini contra el señor Martín Alberto Zamar, Marcelo Gustavo Zamar, Marcelo Cremona (escribano público) y Enrique Alfredo Honor, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de confianza, estafa y apropiación indebida (cfr.fs.1/4). Es decir –primeramente- que los Zamar eran imputados, y –además- uno (Martín Alberto) el padre del otro (Marcelo Gustavo), por lo que les estaba prohibido declarar testimonialmente en una causa seguida contra el restante, conforme a lo dispuesto por el art. 242 del CPPN.


17°) Que, en las condiciones señaladas, se encuentra acreditado que los allanamientos y las detenciones dispuestas no sólo resultaron decisiones apresuradas y manifiestamente desproporcionadas, sino sendos actos que evidencian que el doctor Eduardo Fariz no ha ejercido sus facultades en forma imparcial, violando una de las principales obligaciones de todo juez.


Lo decidido –primeramente- importó desplegar todo el actuar jurisdiccional sólo a partir de la versión y la descripción entregada por el señor Zamar en las denuncias que presentara sin haber recabado los elementos probatorios imprescindibles para corroborar mínimamente los presuntos hechos denunciados, en flagrante violación de la obligación del juez de salvaguardar la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.


Asimismo, la rapidez con que se desarrollaron algunos de aquéllos actos, en contraposición con la injustificada demora en otros –no menos importantes- no hace más que fortalecer la revelación del ilegal designio del juez.


Al respecto –y como se adelantó- cabe consignar que necesariamente se deben distinguir aquellas decisiones judiciales que pueden resultar opinables en el marco de una investigación penal de las que, como acontece en el sub examine, de modo continuado y consecuente –aún dictadas en el marco de la discrecionalidad y resueltas en consonancia con el requerimiento fiscal- se encaminaron en todos los casos a satisfacer a una de las partes demostrado la conformación de un verdadero “patrón de conducta” y dejando a la otra en una situación de desigualdad, en virtud de que la naturaleza coercitiva de las medidas que se dispusieron llevaron necesariamente a la conculcación de sus derechos fundamentales.


En suma, los allanamientos y las privaciones de la libertad tuvieron exclusivo sustento en la voluntad del doctor Fariz, con manifiesto agravio tanto a las garantías constitucionales de los imputados como a su deber de administrar justicia con lealtad.


 


            Conclusiones de la disidencia de los doctores Highton de Nolasco, Basla, Roca y Sagués del apartado “B” del segundo cargo –irregularidades en las causas n° 301/02 “Zamar s/ denuncia”, 301/02 “Zamar s/ solicitud”, 455/02 “Mazzuchini s/ denuncia contra Zamar” y 165/03 “Zamar s/ denuncia”-:


                        18°) Que, en definitiva, respecto de las imputaciones vinculadas con el trámite de las causas n°301/02 “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”; n°301/02 “Zamar, Martín Alberto s/ su solicitud”; n°455/02 “Mazzuchini, Dante Ariel s/ denuncia contra Zamar, Martín Alberto” y n° 165/03 “Zamar, Martín Alberto s/ su denuncia”, todas las circunstancias descriptas en los considerandos precedentes conforman un marco probatorio que, analizado en el contexto de los procesos penales donde se materializaron, permiten concluir que el juez Fariz ha resuelto las causas y ha dictado providencias enfrentadas a las normas aplicables y su conducta ha traslucido una actuación intencional con explícito designio de parcialidad en favor del denunciante Martín Zamar –asistido por el abogado Peralta-, con manifiesto agravio a las garantías constitucionales de los imputados. 


                        Por todas las consideraciones expuestas, se ha acreditado en relación al cargo analizado que el doctor Eduardo Luis María Fariz ha incurrido en la causal de mal desempeño, prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional.


           


TERCER CARGO -irregularidades en la confección de listas de conjueces-


            La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los doctores Manuel Justo Baladrón, Enrique Pedro Basla, Sergio Adrián Gallia, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía dicen:


            Que hemos dicho que la acusación desarrolla este cargo bajo tres aspectos:


            1) En primer lugar, critica la nómina de profesionales que el magistrado elevaba anualmente a la Cámara de Apelaciones de Resistencia (para la conformación de la lista de Conjueces) en la cual se proponía un grupo constante de abogados; agrega que de ellos se ve siempre que el doctor Francisco Ángel Peralta se ve “beneficiado” respecto de los demás integrantes de la lista con su nombramiento.


            Al respecto debe recordarse que el art. 128 del Reglamento para la Justicia Nacional establece que en noviembre de cada año, los jueces nacionales del interior elevarán a la Corte Suprema una nómina de no menos de quince abogados en condiciones legales a efectos de la formación de la lista de conjueces. A su vez, la entonces vigente ley 20.581 establecía que todos los años antes del 20 de diciembre, las Cámaras Federales de Apelación con asiento en las provincias, formarán una lista de abogados no menor de tres ni mayor de diez, quienes durante el año siguiente y por turno suplirán a los jueces federales de los respectivos asientos.


            Conforme a ello, el doctor Fariz desde la creación del Juzgado (1997) y hasta la vigencia de la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura, ha enviado todos los años a la Cámara Federal de Resistencia la respectiva nómina conformada por quince profesionales del foro; hasta aquí todo de acuerdo a la reglamentación reseñada precedentemente.


            Examinando el contenido de las mismas (que tenemos a la vista como documental), puede advertirse que efectivamente para los Conjueces de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (para el 2005 se modificó el sistema), el doctor Fariz ha sido constante en proponer -entre otros- a los doctores Francisco Ángel Peralta y Hugo Rebechi.


            Es indudable que la persistente inclusión de ambos profesionales amigos marca una notoria preferencia sobre el resto de los abogados matriculados en condiciones de ser subrogantes, lo cual no resulta casual a la luz de los acontecimientos que sucedieron posteriormente y que se desarrollarán más adelante.


            En relación a ello, debe destacarse que en el debate se ha probado la estrecha relación que el magistrado mantenía con el letrado Peralta; sobre el doctor Rebechi nos ocuparemos más adelante. En efecto, Irma Braidot (secretaria privada de Fariz) mencionó al doctor Peralta como de los que más venían a ver al Juez; lo mismo hizo Fun Marega (Encargada de Mesa de Entradas) al expresar que Peralta venía a ver al Juez de mañana o de tarde (dos o tres veces por semana); del mismo modo Acuña (ordenanza) hizo saber que el doctor Peralta es de aquellos profesionales que asiduamente se encontraban con el Juez cuando servía café.


            La empleada Almeida puso de manifiesto que Peralta era uno de los letrados que concurría diariamente al despacho del magistrado acusado. Relató la testigo otro dato que no puede dejar de causar sorpresa: el magistrado había dado la instrucción que los expedientes del “corralito” patrocinados por el abogado Peralta debían tramitarse con mayor celeridad.


            Además, aparece digna de destacarse la palabra de Gustavo Raffin (periodista), quien manifestó al Jurado que puede calificar al doctor Peralta como amigo del Juez Fariz, ya que “... varias veces habló conmigo intentando que vaya a tener una reunión a solas con el Dr. Fariz”.


            2) Que la Cámara Federal de Resistencia, desinsaculaba de aquella nómina, diez nombres y con ellos formaba la lista definitiva que enviaba al Juzgado de Reconquista para ser utilizada por la Superintendencia para el sorteo del Juez Subrogante en caso de licencia del titular (incluida feria judicial) y por las Secretarías Civil y Penal para las designaciones de conjueces en caso de excusación o recusación. En esas listas definitivas están incluidos para los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 el doctor Peralta y para los años 2002, 2003 y 2004 el doctor Rebechi; para el año 2005, ya con intervención del Colegio de Abogados, los mencionados profesionales vuelven a integrar la lista.


            En referencia a los concretos reemplazos habidos en el Juzgado de Reconquista, se han agregado a los autos dos listas -confeccionadas por el doctor Fariz- que detallan la totalidad de subrogancias habidas desde la puesta en funcionamiento del organismo, informando fecha y nombre del subrogante; una corre agregada al expediente principal (fs. 495/496), y la otra a fs. 6/7 del Anexo “B” de la Auditoría. En la primera el Juez Fariz omite consignar las subrogancias por feria judicial, mas las incluye en la segunda, con excepción de la correspondiente a la feria de Julio de 2003, la que obra en acta del Juzgado de fecha 30/06/03 en el expediente “Ferias Judiciales Año 2003"; todos los casos omitidos se vinculan con el doctor Francisco Peralta.


            Deteniéndonos en este tipo de subrogancias, se observa que el mencionado doctor Peralta salió sorteado para estar a cargo del Juzgado Federal de Reconquista en varias ferias judiciales, a saber: a) Durante el mes de Enero de 1999 (sorteo); b) Durante los días 17 a 31 de Enero de 2000; c) Durante el mes de Enero de 2001; d) desde el 15 al 31 de Enero de 2002 y e) del 14 al 20 de Julio de 2003. Asimismo, el citado profesional ha estado a cargo del Juzgado de Reconquista, por otro tipo de licencias del titular, durante siete días hábiles en 1998, seis en 1999 y uno en 2001. Por otra parte, ha actuado con motivo de excusaciones del doctor Fariz, en causas ingresadas en los años 1998, 1999 y 2000 conforme surge de la información brindada a la Auditoría por las secretarías del Juzgado, pese a que en materia penal contamos con documentación acotada.


            Estos datos objetivos que muestran la proclividad a designar al doctor Peralta como subrogante, y pese a que en los expedientes administrativos obren actas labradas por las secretarias (en caso de sorteos) generan un manto de sospecha sobre el modo que tenía el Juzgado de realizar efectivamente el sorteo o la selección del orden en la lista. Dos situaciones que surgen de la documental avalan estas anomalías: a) El 28/12/98 el doctor Fariz designa a Peralta para la Feria de Enero de 1999 expresando que realizó un sorteo de la lista confeccionada para 1999, lo que contrasta con lo decidido el 9/4/99 cuando lo designa nuevamente para que lo supla durante los días 13 a 17 de abril de 1999, expresando que corresponde hacerlo por ser el numero uno de la misma lista; y b) En el año 1998, designa a Peralta en dos ocasiones (setiembre y noviembre) y en ambas menciona haber hecho el respectivo sorteo; pero lo insólito es que entre ambas designaciones no ha habido otra licencia que cubrir, por lo que nunca pudo terminarse con una ronda para que saliese nuevamente la bolilla del doctor Peralta.


            Hace también a la calidad de los sorteos habidos en el Juzgado la práctica de consultar previamente con los profesionales del foro acerca de su disponibilidad en determinadas fechas para el reemplazo del doctor Fariz. Es indudable que dicho procedimiento reducía el número de candidatos que ingresarían en el sorteo, otorgando aún menos transparencia al acto de desinsaculación.


            Debe hacerse notar que el mecanismo de la designación de subrogantes fue  tema de preocupación del foro de la región. El Colegio de Abogados de Reconquista ya en el año 2000 resolvió solicitar al Juzgado Federal de Reconquista, la lista de conjueces y la respectiva reglamentación para su confección; en marzo del año 2003 se reiteró decidiendo remitir nota y solicitar audiencia a la Camara Federal de Resistencia para informarse sobre el criterio o metodología para elaborar la lista, lo que vuelve a reiterarse en diciembre del mismo año decidiendo dirigirse a la Camara Federal y a la Procuración General.


            3) Otro de los aspectos que la acusación subraya en este cargo es la inexistencia de constancias de sorteo con testigos en ciertas causas.


            En el debate ha quedado probado que para la designación de conjueces en caso de excusaciones o recusaciones del doctor Fariz, el sistema empleado por cada secretaría era diferente; ello surge de los testimonios que brindaran las doctoras Ingaramo y Zarza. En tanto la Secretaría Civil (Ingaramo) iba designando por el orden que estaba establecido en la lista hasta agotarla, en la Secretaría Penal (Zarza) se procedía a sortear de otra lista similar un abogado en cada expediente; cada Secretaria manejaba una lista.


            Esta disparidad hace que, por una parte existan expedientes del fuero penal en donde las actas de sorteo son realizadas ante la Secretaria y la presencia de testigos (empleadas del Juzgado), y por otra, expedientes (civiles) en los cuales no existe sorteo, sino directas designaciones de conjueces. En ambos casos se cuenta con un cuaderno en el que se lleva un control de las designaciones, cabiendo puntualizar que el de la Secretaría Penal, presenta datos temporalmente acotados, a raíz de la desaparición de la documentación respectiva según información de la doctora Zarza.


            Lo expresado evidencia que el doctor Fariz como cabeza del Juzgado, toleraba un sistema que por su dualidad no se presenta como ordenado y mucho menos equitativo. El manejo de dos listas con los mismos profesionales, una por sorteo y la otra por orden para subrogar a un mismo Juez, no encuentra justificación más que en la decisión o preferencia de cada actuaria.


            4) Por último, la acusación señala que la manera en que el doctor Fariz tomaba licencias en ocasión que debían adoptarse decisiones importantes, que terminan siendo resueltas por los subrogantes, sustenta la convicción sobre el ejercicio de una manipulación sobre el listado de magistrados subrogantes.


            Habrá de resultar adecuado ingresar al examen de estas situaciones al momento de referirnos a lo sucedido respecto de la acumulada causa N°19.


 


CONCEPTO FINAL DE LA CONDUCTA DEL JUEZ


            Lo expuesto evidencia que el doctor Fariz ha manejado las designaciones de los subrogantes o conjueces de modo irregular, permitiendo que en cada Secretaría se utilizaran sistemas diferentes de designación, llevando a cabo sospechosos sorteos cuyo beneficiario ha sido un amigo (que invariablemente colocó en las listas enviadas a la Cámara) o adoptando distintos modos de nombramiento de subrogantes en casos similares. Esta conducta, repetida a lo largo de los años violenta los criterios de imparcialidad y corrección que deben primar en la delicada tarea que la ley le confió en su momento para seleccionar a quien iba a ejercer la misión de impartir justicia en su reemplazo.


            El cargo se tiene por probado.


 


Conclusiones del tercer cargo -irregularidades en la confección de listas de conjueces- de los doctores Highton de Nolasco, Baladrón, Basla, Gallia, Puyol, Roca, Sagués, Vázquez Villar y Zavalía:


                        Que durante el proceso se ha probado que el doctor Eduardo Luis María Fariz manejó de modo irregular las designaciones de jueces subrogantes y conjueces, ya que permitió que en cada secretaría se llevaran sistemas diferentes de nombramiento y realizando sospechosos sorteos o adoptando distintos modos de designación en casos similares obtuvo que fuera un amigo el que lo subrogase.


            Que entre las calidades exigibles a un juez se encuentra la imparcialidad, criterio que no sólo debe guiar la conducta del magistrado en la resolución de las causas sometidas a su consideración, sino en todos aquellos otros actos relativos a su función, debiendo tenerse por probado el incumplimiento grave de dicha obligación.


            La conductas enunciadas evidencian el incumplimiento de los deberes que pesaban sobre él como magistrado. 


            El cargo se tiene por probado.


 


            CUARTO CARGO –Irregularidades referentes al nombramiento de abogados defensores y a la violación del deber de imparcialidad-


                        La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los doctores Manuel Justo Baladrón, Enrique Pedro Basla, Sergio Adrián Gallia, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía dicen:


            1°) Que la acusación sostiene que la imputación referente a irregularidades en el nombramiento de abogados defensores surge de la existencia de propuestas de patrocinio con promesa de resultado provenientes del mismo magistrado a favor de determinados abogados. Ello conforme a lo declarado por el doctor Virgilio David Palud,  a la denuncia efectuada por el doctor José Ernesto Gianfelici y a los dichos de la señora Julieta Noemí Solari y del señor Dante Ariel Mazzuchini.


            Asimismo se endilga al magistrado la violación del deber de imparcialidad a favor de los representados del doctor Vicente Guido Ferullo, a quien le atribuye haber sido su antiguo socio, en relación a los expedientes N° 1001/99 y N°325/99 del registro del Juzgado Federal de Reconquista. 


            2°) Que el cargo formulado referente a la indicación de abogados defensores amerita el examen de las constancias emergentes del expediente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial N° 011/2002 caratulado “Gianfelici, José Ernesto s/su denuncia”, aportado por la defensa en el sobre individualizado como letra “L”.


            Tales actuaciones se iniciaron el 12 de noviembre de 2002 y a fojas 1/2 obra fotocopia de la declaración indagatoria vertida por Emilio Antonio Rojas en el marco de la causa N° 608/02 seguida contra el nombrado y otros en orden a la presunta infracción a la ley 22.415 ante el Juzgado Federal de Reconquista. Que dicha diligencia se cumplió el 5 de noviembre de 2002, ante el doctor Eduardo Luis María Fariz y en ella el nombrado designó como defensor al doctor José Ernesto Gianfelici, letrado con el que se entrevistó previamente, conforme las normas de rito aplicables al caso, quien estuvo presente en el acto y aceptó el cargo conferido. Finalizada la indagatoria firmaron el imputado, el Fiscal Federal, el doctor Gianfelici, luego del Juez y la secretaria.


            Se halla glosada a fojas 3/4 fotocopia de la declaración indagatoria correspondiente a Hugo Bernardo Caballero, del 5 de noviembre de 2002; se incorporó a fojas 5/6 la correspondiente a la indagatoria vertida por Daniel Juan Schreiber; a fojas 7/8 la de Yanina Andrea Pelagagge; a fojas 9/10 la de Reynaldo Rojas; la de fojas 11/12 atinente a la indagatoria de Alcides Fernando Rojas; a fojas 13/14 de la declaración indagatoria de Juan Carlos Medrano; a fojas 15/16 fotocopia de la que brindó Claudio Francisco Raimondo y, finalmente, a fojas 17/20 se encuentra la de la diligencia de conocimiento conforme lo normado en el artículo 1º de la ley 22.278 del menor Víctor Javier Rojas, ocasión en la que éste compareció ante el magistrado, el 4 de noviembre de 2002, acompañado por su madre. Que corresponde señalar que todos los enjuiciados propusieron al doctor José Ernesto Gianfelici como letrado defensor, quien aceptó en cada caso el cargo conferido, firmando al concluir las diligencias respectivas.


            3°) Que a fojas 21/27 el aludido profesional a través de idénticas presentaciones que efectuó  respecto de sus asistidos Juan Carlos Medrano, Yanina Andrea Pelagagge, Alcides Rojas, Reynaldo Rojas, Daniel Juan Schreiber, Claudio Francisco Raimondo y Hugo Bernardo Caballero solicitó las excarcelaciones de los nombrados, remitiéndose en un todo a los planteos realizados en las actuaciones al propiciar la nulidad de los actos de procedimiento y la incongruencia jurídico fáctica que se verificaba.                                  A fojas 38 se glosó el escrito del 12 de noviembre de 2002 dirigido al Presidente del Tribunal de Disciplina de Abogados de la IV Circunscripción Judicial de Reconquista (Santa Fe), rubricado por el doctor José Ernesto Gianfelici. El letrado hizo saber las conductas de los abogados que a su juicio, violaban las normas del Código de Ética y ponían en serio riesgo el ejercicio de la profesión. En tal orden de ideas dio cuenta del trámite llevado a cabo en la causa N° 608/02 del Juzgado Federal de Reconquista, donde fueron detenidas las ocho personas antes mencionadas, que lo designaron abogado defensor, a quienes asistió en los actos de las indagatorias, interviniendo en la declaración y libertad del menor Javier Rojas. Destacó Gianfelici que desde el mismo día en que arribó el último de los detenidos, y no obstante tener conocimiento de su asistencia letrada, los encausados fueron visitados en reiteradas oportunidades en sus lugares de detención por los doctores Carlos Ernesto Barrilis y Claudio Torres del Sel “quienes manifestaron hacerlo por encargo de autoridades judiciales ya que si revocan el poder del presentante y se lo otorgaban a ellos o a quienes ellos le indicaran le aseguraban una urgente excarcelación”. Agregó que del mismo modo actuaron en la alcaidía con Hugo Caballero, con igual promesa, siendo que además el mentado detenido recibió la visita de la doctora Natalia Carina Cardozo. Aludió el doctor Gianfelici al pedido de nulidad de la totalidad de las actuaciones que presentó el 11 de noviembre de 2002 y a las excarcelaciones consecuentes. Refirió que al día siguiente, al presentarse en la mesa de entradas del Juzgado Federal, tomó conocimiento de que se estaban llevando a cabo las ampliaciones de las indagatorias por él pedidas, anoticiándose también de que los imputados habían revocado el poder otorgado en su favor designando al doctor Carlos Barrilis y a otro profesional, que aún no se había presentado, el doctor Eduardo Raúl Fiz. Puso de resalto que se advertía la flagrante violación de los artículos 14/17 del Código de Ética por parte de los doctores Claudio Torres del Sel, Carlos Ernesto Barrilis, Eduardo Raúl Fiz y Natalia Carina Cardozo, ya que éstos actuaron con total falta de ética profesional“tratando y logrando captar al cliente que estaba siendo atendido por otro colega sin ningún tipo de escrúpulos, ofreciendo resultados de excarcelación inmediata si se abonaba determinada cantidad de dinero y se revocaba el poder al suscripto …”.


            A fojas 41 obra la fotocopia que da cuenta de la ratificación en todas sus partes de la denuncia  efectuada por el doctor Gianfelici ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial, Reconquista, en la cual se omitió consignar la fecha en forma completa y a fojas 49 el Tribunal de Disciplina declaró admisible la denuncia formulada por el doctor José Ernesto Gianfelici.


            Según se desprende de fojas 54, el 12 de febrero de 2004, el doctor Carlos Ernesto Barrilis presentó su defensa en virtud de la imputación formulada. En dicha ocasión negó haber visitado a los imputados en reiteradas oportunidades. Manifestó que nunca alegó representación de autoridad judicial ni prometió una urgente excarcelación a los encausados. Afirmó que no había violado ninguno de los artículos del Código de Ética y refirió que no actuó en forma conjunta con el doctor Fiz, con quien mantenía una relación distante. Puntualizó que a la doctora Natalia Cardozo sólo la conocía de vista y que con el doctor Torres del Sel lo ligaba un vínculo meramente de consulta y asesoramiento profesional en lo referente a temas penales y que no trabajaban en sociedad. Finalmente proporcionó su versión de los hechos y ofreció pruebas ante la eventualidad de que el Juez interviniente considerase necesaria su producción. 


            A fojas 57 consta la presentación de la doctora Natalia Carina Cardozo, de febrero de 2004 -no consta el día en el escrito- oportunidad en la que negó haber incurrido en la violación de los artículos 14/17 del Código de Ética ya que sólo cumplió con su deber profesional. Sostuvo que desconocía la actividad del doctor Gianfelici y de los demás profesionales indicados en la denuncia instaurada ya que no había tenido con ellos vinculación alguna. Por último ofreció como prueba el expediente N° 608/02 del Juzgado Federal de Reconquista y solicitó que al dictar sentencia en las actuaciones se rechazara la denuncia presentada en todas sus partes.


            A su turno el doctor Eduardo Raúl Fiz, con fecha 16 de febrero de 2004, a fojas 59/60, negó cualquier infracción al Código de Ética y haber actuado con otros profesionales del fuero en forma conjunta, prometiendo la inmediata excarcelación de los encausados a cambio de una suma de dinero. Señaló que de haber tenido conocimiento de la existencia de otro profesional se habría comunicado con el doctor Gianfelici.


            A fojas 22 surge la información dada por la Prefectura Naval Argentina en la que se señaló que Emilio Antonio Rojas ingresó a esa dependencia en carácter de detenido comunicado el 5 de noviembre de 2002, a las 22; que el doctor Gianfelici se presentó el 6 de noviembre siguiente con la finalidad de entrevistarlo; que el 7 de noviembre de 2002 a las 11.15 y 18.10 arribaron los doctores Gianfelici y Frausin, retirándose a las 11.35 y 18.25, respectivamente; que ese mismo día, a las 19.55, estuvo el doctor Claudio Ernesto Torres del Sel para entrevistar a Emilio Antonio Rojas y que se retiró a las 20.05.  


            A fojas 69 se halla la contestación de la Policía Federal Argentina informando que el detenido Emilio Antonio Rojas, anotado a disposición del doctor Fariz durante el 2003, fue visitado en forma alternativa, en razón de revestir la calidad de “comunicado”, por los doctores Fiz, Barrilis y Cardozo.


            A fojas 79 se halla incorporada la resolución del 18 de marzo de 2004 rubricada por el doctor José L. Estevez, Presidente del Tribunal de Disciplina y los Vocales, doctores Daniel A. Andrade e Irma Molas, en la cual se declaró la extinción de la acción promovida, en virtud del  fallecimiento del doctor José Ernesto Gianfelici. Sin perjuicio de ello se destacó que no se advertían irregularidades en las actuaciones que habilitaran al Tribunal de Disciplina a continuar la causa de oficio o alguna situación en aquella tramitación judicial de la que se infiriera la comisión de ilícito penal.


            La acusación destacó que en la denuncia que efectuó el doctor Gianfelici expresó que los doctores Del Sel y Barrilis “manifestaron hacerlo por encargo de las autoridades judiciales, que si revocaban el poder del suscripto y se lo otorgaban a ellos o a quienes ellos le indicaran le aseguraban una urgente excarcelación” lo que demostraba cabalmente la metodología implementada para la captación de clientes y la promesa de resultado favorable a la estrategia de la defensa de los nuevos abogados intervinientes en la causa.


            Sostuvo que esta conducta antiética fue denunciada en noviembre de 2002 por el doctor Gianfelici quien afirmó que se había llevado a cabo una maniobra en su perjuicio y a favor de los doctores Barrilis y Fiz. Explicó que esa propuesta la realizó el doctor Fariz y consistió en el cambio de representación letrada con promesa de resultado, beneficiando a profesionales con quien el magistrado tenía vinculación. 


            Por su parte la asistencia técnica puso de resalto que en el esfuerzo por “mostrar” violaciones al principio de imparcialidad, que nada tenían que ver con la “captación de clientes”  “se echa mano” a la absurda crítica de opiniones técnicas del juez que en todo caso estuvieron a disposición del control de las partes y del Superior, exentas de conformar una “imputación” independiente y seria.


            Consideró que el procedimiento asignado por el Juzgado Federal a cargo de doctor Fariz a las designaciones o revocaciones de los defensores fue en total acuerdo con lo normado por los artículos 104/113 del Código Procesal Penal de la Nación; que se convocaba al imputado a ratificar o rectificar cada una de sus designaciones cuando no se tuviera la certeza de quién la efectuaba y si condecía con su voluntad, lo que se plasmaba en acta labrada ante la presencia de la secretaria autorizante.


            4°) Que en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de debate el doctor Eduardo Fiz, que había sido propuesto por la defensa, brindó su declaración testifical en horas de la tarde del 13 de febrero de 2006 y relató que la doctora De Fagot, una colega de Tostado, localidad de la que era la gente imputada en la causa N° 608 del Juzgado Federal de Reconquista, lo llamó por teléfono para que se hiciera cargo del expediente, por lo que se trasladó hasta la delegación de la Policía Federal de Reconquista con el fin de entrevistar a los encausados y allí tomó conocimiento de que ya tenían abogado.


            Expresó que ante la insistencia de la profesional a quien había conocido en la facultad, los enjuiciados revocaron los poderes anteriores, designándolo defensor.


            Recordó que hubo un cuestionamiento de esa decisión por parte de doctor Gianfelici, letrado que también realizó una denuncia ante el Colegio de Abogados ya que según el Código de Ética debió haberle comunicado su intervención por carta o por nota, pero aclaró que en la zona generalmente no se lo cumplía y simplemente se comentaba en los pasillos de Tribunales (cfr. página 145 de la versión estenográfica de la audiencia del 13 de febrero de 2006 –tarde-).


            Finalmente el doctor Fiz negó que el Juez Fariz tuviera relación con la propuesta de algún letrado para asistir técnicamente a los procesados (cfr. páginas 146/147 de la versión estenográfica antes aludida).


            5°) Que en cuanto al doctor Carlos Ernesto Barrilis, quien fue citado al debate ante el pedido de la asistencia técnica, refirió que había sido denunciado por el doctor Gianfelici ante el Colegio de Abogados en virtud de su intervención en la causa Rojas. Explicó que aquel letrado consideró que se le había revocado con malas artes el poder que detentaba respecto de varios enjuiciados en ese expediente. Por último y ante preguntas formuladas por el doctor Vignale manifestó que realizó su descargo en el Tribunal de Ética e indicó que tales actuaciones fueron archivadas sin que se pudiera acreditar las manifestaciones vertidas a su respecto en esos obrados.


            6°) Que así las cosas asiste razón a la defensa cuando señala en sus manifestaciones finales que en oportunidad de ratificar su denuncia el doctor Gianfelici nada manifestó respecto del doctor Fariz y que en la resolución que dictó el Colegio de Abogados se analizó la conducta de los profesionales involucrados y se determinó que no existía irregularidad alguna. La asistencia técnica remarcó que esto fue así sin que el fallecimiento del doctor Gianfelici fuera determinante para el archivo del expediente, contestando de esta forma la pretensión de la parte acusadora (cfr. página 66 en su parte final y 67 de la versión estenográfica de la audiencia del 23 de febrero de 2006).


            7°) Que en relación a la designación de abogado defensor y remoción del profesional por parte de quien fuera su asistido, es dable poner de resalto que se trata de un derecho personalísimo del enjuiciado quien además de requerir los conocimientos de su asistente técnico establece con el letrado una estrecha relación de confianza, parámetro privilegiado por la ley y consagrado en las previsiones del ordenamiento de forma. Son los encausados quienes deben elegir libremente a sus defensores y por ende, pueden revocar sus nombramientos cuantas veces lo deseen.


            8°) Que debe repararse que en la causa N° 608 del registro del Juzgado Federal de Reconquista, al momento de decidirse las propuestas de abogados defensores efectuadas por los imputados siempre se obró conforme a lo establecido en el código adjetivo, limitándose el Juez Fariz a proveer de conformidad a lo peticionado, haciendo lugar a las designaciones.


            De las actuaciones allegadas no surge constancia alguna que permita colegir que el doctor Eduardo Luis María Fariz haya tenido relación con la intervención que cupo a los defensores que intervinieron en la causa, tal como lo afirmó la parte acusadora.


            9°) Que corresponde entonces ahora examinar las manifestaciones del doctor Virgilio David Palud en cuanto sostuvo que el yerno de su asistido Roldán se presentó en su estudio jurídico y le comentó que había ido al  Juzgado en horas de la siesta, lugar en el que encontró a una persona que estaba cargando unas cosas en un auto; que al preguntarle si podía hablar con el Juez ese individuo le habría manifestado que él era el magistrado, entregándole una tarjeta de un abogado a quien le dijo debía ir a ver para que su suegro saliera rápidamente en libertad. Que luego de darle la tarjeta en cuestión leyó el nombre y se trasladó inmediatamente al Juzgado para hablar con el magistrado Eduardo Fariz al tiempo que le pedía al pariente de Roldán que trajera a esa persona, lo que no pudo lograr ya que cuando fue a buscarla ésta ya se había vuelto a San Justo o algo había sucedido.


            La defensa consideró que en lugar de visitar al magistrado el doctor Palud, como hombre de derecho que conocía acabadamente sus obligaciones, debió concretar formal denuncia por tal suceso, pero remarcó que no sólo omitió formularla sino que, según estimó, construyó una “falaz imputación con dichos de terceros no identificados y carente del andamiaje necesario para fundamentar reproche alguno”.


            10°) Que es del caso examinar también la declaración vertida por el doctor Virgilio David Palud conforme al interrogatorio glosado a fojas 1787 y en los términos del artículo 250 del código de rito. Adviértase así que al responder a la pregunta N° 21 sostuvo que el yerno de Roldán, vecino de la localidad de Naré, provincia de Santa Fe, al arribar a su estudio y relatar el diálogo mantenido con quien dijo ser el magistrado le entregó una tarjeta personal del doctor Carlos Barrilis. Al contestar a la pregunta N° 22 Palud expresó que no obstante que su asistido Roldán estaba privado de su libertad no formuló denuncia alguna ante la Justicia Criminal ni ante el Colegio de Abogados toda vez que al recriminar esta conducta al juez, el doctor Fariz, negó de manera absoluta haberle entregado la tarjeta en cuestión.


            11°) Que entonces la imputación formulada de una propuesta de patrocinio con promesa de resultado del Juez Eduardo Luis María Fariz a favor de un abogado, en este caso el doctor Carlos Barrilis, también debe ser desechada al no poder corroborarse por las restantes constancias arrimadas, ya sea prueba documental o testifical recibida en el curso del debate.


            12°) Que a esta altura corresponde examinar los dichos vertidos por la señora Julieta Solari que se relacionan con el expediente N° 307/03 caratulado “Previale, Raúl Omar por presunta infracción al artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737” del Juzgado Federal de Reconquista.                                                      


            De tales obrados surge que el Subcomisario Parra de la BOD IX puso en conocimiento del Juzgado Federal que según tareas investigativas realizadas, Raúl Omar Previale estaba comercializando sustancias estupefacientes, razón por la cual se dispusieron diversas medidas tales como la intervención de líneas telefónicas, allanamientos, secuestros y pericias.


            Fue así que en el curso de la investigación se llevó a cabo la detención de Maximiliano Ricardo Galarza –hijo de Ricardo Marcelino y de Julieta Noemí Solari- el 19 de noviembre de 2003, según surge de fojas 161 del expediente, quien fue derivado a la unidad carcelaria correspondiente, a disposición del Juzgado Federal de la ciudad de Reconquista, en calidad de incomunicado (cfr. fojas 166 de tales obrados).


            A fojas 172 de la causa se glosó el acta de notificación de Galarza en relación con la prórroga de su detención e incomunicación por haberlo así dispuesto el Juez Fariz, secretaría penal de la doctora María Eugenia Zarza (artículo 184 inciso 8° del Código Procesal Penal) y a fojas 173/174, con fecha 20 de noviembre de 2003, se incorporó la notificación a Galarza haciéndole saber que las actuaciones serían remitidas al Juzgado Federal de Reconquista.


            A fojas 185 se recibió el expediente en dicha sede y se ordenó el comparendo de Galarza para recibirle declaración indagatoria, con fecha 21 de noviembre de 2002, la cual se llevó a cabo a fojas 186/190, oportunidad en la que estuvo asistido por el Defensor Oficial, doctor Ignacio Montoya, con quien se había entrevistado previamente.


            Surge a fojas 208 de los autos mencionados que Ricardo Marcelino Galarza y Julieta Noemí Solari, padres del detenido, propusieron como abogado defensor para su hijo al doctor Aníbal Marcelo Zupel y a fojas 209 se glosó un escrito firmado por el propio encausado, en idénticos términos, por lo que el letrado aceptó el cargo conferido y el imputado Galarza amplió sus dichos (fojas 211 y 243/244, el 25 de noviembre de 2003).


            El doctor Zupel a fs. 233 solicitó cambio de calificación de la conducta endilgada a su patrocinado y la exención de prisión de Galarza, el 25 de noviembre de 2003 y a fojas 242 obra el proveído del doctor Fariz del 26 de noviembre de 2003, relativo a varias presentaciones donde expuso:…” proveyendo el cargo obrante a fojas 235 vta., por recibido, agréguese y téngase presente…”


            A fojas 291 Ricardo Marcelino Galarza designó defensor para que asistiera a su hijo al doctor Gabriel Hernández y revocó todo poder anterior, profesional que en la misma fecha aceptó el cargo conferido, lo que fue ratificado a fojas 315.


            A fojas 323/336 el Juez Fariz dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva de Galarza, con fecha 5 de diciembre de 2003 en orden al delito de comercialización de estupefacientes (artículo 5° inciso “c” de la Ley 23.737).


            Con posterioridad a la apelación deducida por el doctor Gabriel Hernández a fojas 363/384, quien además fue ratificado por Galarza como su asistente técnico ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (cfr. fojas 388 y 396) el Tribunal de Alzada revocó el procesamiento de Galarza, ordenándose su falta de mérito –artículo 309 del ordenamiento de rito- y en consecuencia su inmediata libertad, resolución de fecha 27 de abril de 2004 (fojas 503/508).


            Finalmente, a fojas 528/ 528 vta., con fecha 7 de junio de 2004, el doctor Fariz resolvió sobreseer total y definitivamente a Maximiliano Ricardo Galarza, sin que el proceso afectara el buen nombre y honor del que hubiere gozado.


            13°) Que la acusación aludió a los dichos de Julieta Solari quien denunció que “luego de estar cuatro días detenido le toma declaración indagatoria”, y que en ese acto, el doctor Fariz le dijo “tu papá no tiene dinero, tu papá no tiene un abogado, tu papá no tiene una propiedad como para arreglar esto requiriéndole a posteriori un abogado, el Doctor Aníbal Marcelo Zupel, a quien le firmaron ante su estado de necesidad un documento por $20.000, para un cambio de carátula que beneficiaría a su hijo” agregando que dicho profesional le había expresado que ya había hablado con el magistrado sobre la negociación.


            Señaló el ofrecimiento que habría efectuado el propio magistrado, de un patrocinio particular, el del doctor Aníbal Marcelo Zupel quien le requirió una suma de dinero con promesa de resultado.


            14°) Que la defensa incorporó como prueba documental el expediente antes reseñado, con todas las constancias del trámite procesal que había tenido al Juez Fariz como protagonista y desmentían las afirmaciones vertidas por Solari, puntualizando que la Comisión de Acusación nada dijo acerca del desempeño del doctor Fariz en esa causa. Asimismo criticó al libelo acusatorio y aludió al esfuerzo en “mostrar” violaciones al principio de imparcialidad, que nada tenían que ver con la “captación de clientes”. Sostuvo  que se recurrió a la “absurda crítica de opiniones técnicas del juez” que, en todo caso, habían estado a disposición del control de las partes y del Superior y exentas de conformar una “imputación” independiente y seria.


            15°) Que al declarar en la audiencia, la señora Solari, madre de Galarza, relató las circunstancias en que un hombre a quien frecuentemente veía caminar por el centro de la ciudad de Reconquista y de quien ignoraba otros datos, se le acercó para decirle en relación a la detención de su hijo “andá a ver al coloradito, al doctor Zupel que él va a arreglar” (cfr. página 93 de la versión estenográfica de la audiencia del 16 de febrero de 2006).


            16°) Que de la simple lectura del expediente acollarado se desprende que tras la detención de Galarza efectivizada el 19 de noviembre de 2003, el doctor Fariz dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva el 5 de diciembre de 2003; que dicho resolutorio fue apelado y las actuaciones remitidas a la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, por lo que durante ese lapso, tal como acertadamente lo indicó la asistencia técnica, el imputado estuvo a la espera de la resolución definitiva del Superior, tribunal que revocó la decisión adoptada y ordenó la libertad de Galarza el  27 de abril de 2004.


            Por lo demás si se analizan los dichos vertidos en la audiencia por la señora Julieta Noemí Solari (cfr. versión estenográfica antes citada) se advierte que su relato resulta por momentos vago e impreciso, sin el aporte de datos que permitan acreditar el cargo que se le reprocha al doctor Fariz.


            Debe repararse también que en la declaración que brindó Aníbal Marcelo Zupel en el debate, señaló que fue el padre de Galarza quien requirió sus servicios profesionales y después la señora; que asumió la defensa, fue a visitar al detenido y tras un único escrito que presentó, su poder fue revocado. Destacó que los padres del procesado requerían permanentemente información acerca del trámite de la causa sin comprender que debía esperarse el cumplimiento de los plazos procesales. Recordó que pidió un cambio de carátula atendiendo a las circunstancias del expediente y solicitó la excarcelación, pedidos que no fueron acogidos favorablemente. “Acepto el cargo y en las 24, 48 horas posteriores presento un escrito y después, a los pocos días me revocan el poder…creo no había incluso, recaído resolución” (cfr. página 95 de la versión estenográfica de la audiencia del 10 de febrero de 2006).


            17°) Que sólo resta concluir que la vinculación endilgada al doctor Eduardo Luis María Fariz tampoco se ha podido acreditar en este supuesto y la acusación formulada quedó huérfana de respaldo probatorio, lo que impide reprochar al juez el cargo atinente a irregularidades en las designaciones de defensor con promesa de resultado.


            18°) Que en relación a Dante Ariel Mazzuchini corresponde analizar las constancias de la causa N° 301 del registro del Juzgado Federal de Reconquista caratulado “Zamar, Martín Alberto s/su denuncia” iniciada el 27 de mayo de 2002 con el escrito presentado por el doctor Francisco Ángel Peralta quien solicitó la restitución a favor de Martín Zamar, de una torre de hierro para transmisión y/o montaje de antenas que se encontraba en el domicilio del señor Dante Ariel Mazzuchini.


            El nombrado, con el patrocinio del doctor Carlos Ernesto Barrilis, presentó escrito mediante el cual interpuso nulidad del allanamiento, requisa, secuestro y retención y acta de secuestro y en consecuencia requirió la restitución de las cosas muebles secuestradas ya que no se había acreditado bajo ningún aspecto su propiedad. Estimó que la sola manifestación del denunciante no era suficiente en derecho para demostrar tan importante circunstancia.


            El doctor Fariz resolvió el 15 de noviembre de 2004 no hacer lugar al planteo de nulidad impetrado por el doctor Carlos Barrilis (fojas 269/270).


            Dante Ariel Mazzuchini al brindar su testimonio en el debate refirió que tras la denuncia que Martín Zamar presentó el 16 de abril de 2002, fue detenido, disponiéndose su incomunicación y el secuestro de equipos propios y de terceros que tenía para reparar. Explicó que ya en la sede del Juzgado Federal de Reconquista cuando estaba a la espera de la comparecencia del doctor Francisco Turbay para que lo asistiera técnicamente en el expediente se presentó el doctor Julio Domínguez, socio del doctor Carlos Barrillis, quien le hizo saber que ya estaba todo arreglado: “yo te voy a hacer la defensa, vos vas a salir en libertad dentro de un rato” (cfr. páginas 7 y 8 de la versión estenográfica de la audiencia del 16 de febrero de 2006).


            Mazzuchini refirió que luego de que le levantaron su incomunicación se le acercó su amigo Richter -quien debía traer al doctor Turbay- y le hizo saber que la defensa debía ser ejercida por el doctor Carlos Ernesto Barrilis con el doctor Julio Domínguez ya que en caso contrario no recuperaría la libertad, según le había informado el Juez Fariz. Señaló también que a partir de allí el doctor Barrilis se hizo cargo de la defensa, presentó toda la documentación y realizó los trámites para recuperar el material incautado, lo que a la fecha de su declaración en el debate aún no había logrado.


            El señor Mazzuchini puso especial énfasis en indicar que con el transcurso del tiempo ni siquiera podía comunicarse con su letrado, ya que llamaba al estudio y nunca estaba ni respondía a sus reiterados pedidos para que se pusiera en contacto con él, no obstante lo cual tampoco se animaba a reemplazarlo por temor a que le pudiera suceder algo.


            Ante preguntas formuladas Mazzuchini refirió que en los primeros días de diciembre, cuando el doctor Fariz había sido suspendido, ambos letrados renunciaron (doctores Domínguez y Barrilis) y designó al doctor Francisco Turbay, quien solicitó que se realizara un cambio de depositario judicial ya que todos los bienes incautados continuaban en manos de Zamar, quien designado en ese cargo desde el inicio, los utilizaba en su propio beneficio.


            19°) Que durante el debate se recibió declaración al doctor Carlos Ernesto Barrilis quien manifestó que actuó como defensor de Ariel Dante Mazzuchini y fue su patrocinante en una denuncia que aquél formuló. Explicó que cuando lo detuvieron, un amigo de Mazzuchini fue al estudio para proponerle su defensa y para que presentara la excarcelación. Aclaró que se hizo cargo del caso un abogado del estudio, el doctor Domínguez y que el declarante se puso en contacto por primera vez con Mazzuchini después de que obtuviera su libertad.                                   


            Ante preguntas formuladas el doctor Barrilis expresó en la audiencia que renunció al mandato otorgado en diciembre al enterarse por la radio que Mazzuchini lo había denunciando aduciendo que el Juez Fariz había sugerido su designación.


            20°) Que sentado todo cuanto precede se estima que tampoco en este caso se ha podido acreditar la imputación que se formula al doctor Eduardo Luis María Fariz con relación al nombramiento del doctor Carlos Ernesto Barrilis como defensor de Dante Ariel Mazzuchini.


            21°) Que llegados a este punto no puede menos que mencionarse el extraño proceder de los abogados que intervinieron en las distintas actuaciones examinadas y las dificultades para entender la lógica con la que adoptaron sus determinaciones en la dirección letrada. Empero, ninguna de estas percepciones ha podido vincularse causalmente a través de pruebas irrefutables que pudieran tener al Juez Fariz como protagonista.


            22°) Que por último corresponde examinar la imputación que dirigió la acusación al doctor Eduardo Luis María Fariz referida a la violación del deber de imparcialidad al favorecer a los representados de su antiguo socio el doctor Vicente Guido Ferullo.


            En tal orden de ideas se hizo mención a los expedientes N° 1001/99 caratulado “Friar S.A. c/AFIP-DGI Región Santa Fe/ juicio ordinario y N° 325/99 “Friar S.A. c/DGI por acción meramente declarativa”.


            En el primero de tales obrados el doctor Vicente Guido Ferullo, apoderado de Frigorífico Regional Industrias Alimenticias Reconquista, Sociedad Anónima (FRIAR SA), promovió el 1 de noviembre de 1999, demanda ordinaria tendiente a revocar por ilegítima o nula la resolución sin número y sin fecha dictada por el Jefe de Fiscalización Externa N° 2 a/c AFIP Santa Fe, CPN Rolando René González. Refirió que la empresa que representaba se dedicaba a la actividad frigorífica, venta de carnes, subproductos y chacinados solicitando en forma mensual la transferencia anticipada y/o devolución anticipada y/o la devolución de reintegros de créditos fiscales de IVA relacionada con las exportaciones. Manifestó que el régimen de reintegro anticipado contemplaba la obligación de constituir garantías a favor de la AFIP DGI y que admitía la no constitución de aquéllas si se reunían ciertas condiciones, las que se relacionaban con la acreditación por parte del solicitante de una situación patrimonial y financiera que encuadrara dentro de determinados parámetros. Consignó que la empresa había percibido los reintegros ya que cumplió con las condiciones señaladas, haciendo uso del régimen de excepción que excluía la obligación de constituir garantías a favor de la AFIP. Sostuvo que la resolución que impugnaba excluía a FRIAR SA del régimen de excepción, obligándola a la constitución de garantía para el cobro de reintegro, lo cual producía un daño patrimonial irreparable y lesionaba su derecho de propiedad. Argumentó además, que en virtud del estado concursal que afectaba a su mandante, la posibilidad de constituir garantías era prácticamente nula, colocándola en una situación de agravamiento de su estado concursal, con grave perjuicio. Expresó que en el caso de que se estimara necesaria una contracautela ofrecía fianza con acreditación de solvencia.


            El 4 de noviembre de 1999 el magistrado tuvo por promovida demanda y respecto de la medida cautelar solicitada, decretó que previa constitución de fianza por tercero que acreditarse solvencia hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000), se suspendían los efectos de la resolución que disponía excluir a la actora del régimen de excepción instaurado.


            Fue así que el 8 y 9 de noviembre de 1999 se presentaron los fiadores responsables; uno de los cuales ofreció un fracción de terreno que registraba inscripción como bien de familia de fecha 28 de julio de 1999; el segundo presentó título automotor dominio CET 256 (Chevrolet Blazer modelo 98) y dominio CRR 977 (Renault Twingo 99), escritura de compraventa de inmueble, con hipoteca de fecha 20 de agosto de 1999 a favor de Banco Bisel S.A., escritura por la compraventa de un inmueble en el año 1988, inscripta como bien de familia en fecha catorce de septiembre de 1999 y escritura de compraventa de inmueble del año 1988 inscripto como bien de familia el 14 de septiembre de 1999; que el tercero justificó solvencia con escritura N° 1107, inscripta como bien de familia el 19 de abril de 1993, título automotor dominio AHK 532 y dominio CHO 023 y el último presentó escritura de otro inmueble.


            La apelación interpuesta fue rechazada por la Excma. Cámara de Apelaciones de Resistencia, el 13 de junio de 2002 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso planteado, con costas, el 27 de mayo de ese año.


            23°) Que en el segundo de los expedientes mencionados, el doctor Vicente Guido Ferullo, presentó demanda o pretensión meramente declarativa de certeza jurídica contra la DGI y/o Estado Nacional. En su petitorio requirió que, previa constitución de contracautela con justificación de solvencia, se decretaran las medidas cautelares, innovativa y de no innovar, disponiendo que la Dirección General Impositiva se abstuviera de iniciar acciones judiciales.


            El magistrado tuvo por promovida la acción meramente declarativa contra la Dirección General Impositiva y/o Estado Nacional y admitió las medidas cautelares solicitadas, previa constitución de contracautela con justificación de solvencia, todo ello bajo la responsabilidad de la parte actora.


            Corresponde indicar que el 31 de marzo de 1999 se presentó un fiador responsable por monto indeterminado, el que justificó solvencia económica a través de un balance especial de fecha 31 de agosto de 1998.


            A fojas 417 el apoderado del Estado Nacional interpuso recurso de apelación contra la medida cautelar ordenada.


            Por su parte el doctor Ferullo estimó, conforme a los argumentos allí desarrollados, que la competencia del juez concursal resultaba indiscutible y, por razones de economía procesal, solicitó la remisión del expediente o copias certificadas a la justicia ordinaria, resolución que el Juez Fariz adoptó en ese sentido, enviándose el expediente al Juzgado N° 4 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación para que en dicha sede continuara su trámite.


            Finalmente la Excma. Cámara de Apelaciones de Resistencia declaró abstracta la cuestión planteada en virtud de la apertura del concurso de la actora, con fecha 30 de agosto de 2001.


            24°) Que sólo resta señalar que al declarar en el debate el doctor Vicente Guido Ferullo admitió el conocimiento que tenía del doctor Fariz desde hacía muchos años, por motivos profesionales, aclarando que no fueron socios y sólo compartieron clientes (cfr. página 81 de la versión estenográfica correspondiente a la audiencia del 16 de febrero de 2006 –mañana-)


            25°) Que así las cosas, ponderando los elementos de juicio aludidos cabe concluir que no se ha acreditado en la especie que Eduardo Luis María Fariz y Vicente Guido Ferullo hubieran sido socios, que la actividad del magistrado pueda ser interpretada como un apartamiento del regular desempeño jurisdiccional ni que constituya una violación al deber de imparcialidad en favor del profesional mencionado.


            Por las razones expuestas este cargo no se encuentra probado y en virtud de ello corresponde su rechazo.


 


            Conclusiones de los doctores Highton de Nolasco, Baladrón, Basla, Gallia, Puyol, Roca, Sagués, Vázquez Villar y Zavalía del cuarto cargo –irregularidades referentes al nombramiento de abogados defensores y a la violación del deber de imparcialidad-:


            26°) Que del examen de la prueba efectuado y de las consideraciones expuestas cabe concluir que no se han podido acreditar fehacientemente los hechos  imputados.


            En efecto, ninguno de los sucesos puestos en conocimiento tanto por el doctor Virgilio David Palud, Julieta Noemí Solari y Dante Ariel Mazzuchini, como la denuncia formulada ante el Colegio de Abogados de Reconquista por el doctor José Ernesto Gianfelici, han encontrado prueba que acredite la responsabilidad del magistrado acusado y  justifiquen su remoción.


            En igual sentido ha de resolverse respecto de las conductas que se habrían evidenciado en el trámite de los expedientes N° 1001/99, caratulado “Friar S.A. c/ AFIP DGI Región Santa Fe s/ juicio ordinario” y N° 325/99 “Friar S.A. c/ DGI y/o Estado nacional p/ acción meramente declarativa”, en razón a que no se ha acreditado que el doctor Fariz se apartara en tales obrados del regular desempeño jurisdiccional, con violación del principio de imparcialidad en favor del abogado Vicente Guido Ferullo.


            Por todo ello el cargo examinado no se encuentra probado y en consecuencia se dispone su rechazo.


 


CARGO DE LA CAUSA N° 19 –Concertación habida entre el juez acusado y profesionales del foro, que se concretó fundamentalmente en los siguientes hechos: a) Haber permitido la actuación como defensor de quien había actuado como juez subrogante; b) haber permitido plurales pedidos de excarcelación tramitados en forma paralela; y c) Irregular designación de un juez subrogante amigo, previo pedido de licencia por parte del juez acusado-.


La señora presidente doctora Elena I. Highton de Nolasco y los señores miembros doctores Enrique Pedro Basla, Manuel Justo Baladrón, Sergio Adrián Gallia, Ramiro Domingo Puyol, Eduardo Alejandro Roca, Guillermo Ernesto Sagués, Aidée Vázquez Villar y José Luis Zavalía, dicen:


 


            1°) Que se ha probado durante el curso de este juicio político que efectivamente el magistrado acusado, doctor Eduardo Luis María Fariz, intervino en forma concertada con los abogados Hugo Rebechi y Ricardo Ceferino Degoumois, en el otorgamiento de la libertad de los procesados con prisión preventiva Aldo Ferrero, Leonardo Toloza y Florentino Gómez (acusados por distintas infracciones al artículo 5°, inciso ‘c’, de la ley de estupefacientes N° 23.737), fuera de los carriles propios del trámite ordinario y de quienes se encontraban interviniendo en los respectivos procesos como juez o defensor.


                        Para llegar al resultado querido, que se logra el 5 de agosto de 2005, cada uno de los nombrados debía ocupar un rol: el juez titular doctor Fariz el de enfermo, lo que permitiría la designación de un reemplazante, el doctor Rebechi como juez subrogante y el doctor Degoumois como defensor de los detenidos, que todavía no lo habían designado. Aún cuando no se conozca la motivación del magistrado, aparece clara –al menos- su intención de contribuir al beneficio profesional del abogado defensor amigo suyo.


                        Si bien la acusación ha incorporado en su escrito inicial la causa “Cano, Marcos y otros s/ presunta infracción ley 22.415” en la cual actuó como defensor el doctor Ricardo Degoumois, este Jurado entiende no probada una concertación voluntaria del juez Fariz destinada a provocar las excarcelaciones habidas en la causa. Avala lo dicho el silencio que al respecto guardó el alegato de la acusación.


                        2°) Pasemos revista a la relación que unía al doctor Fariz con los mencionados letrados. El doctor Degoumois en su declaración testimonial negó tener relación de amistad con el magistrado acusado, mientras que el doctor Rebechi reconoció haber compartido en distintas oportunidades reuniones sociales con Fariz.


                        La restante prueba rendida durante el curso de este enjuiciamiento ha demostrado que entre estos abogados y el doctor Fariz, existía un significativo vínculo que iba mucho más allá de la simple relación litigante-juez.


                        Al respecto, durante la audiencia la empleada Braidot, que cumplía funciones de secretaria privada del magistrado, relató que el doctor Degoumois era uno de los abogados que más visitaban a Fariz. La oficial mayor Almeida expresó que “...el doctor Rebechi es amigo del doctor Fariz, se reúne con él periódicamente”; ubicó a Degoumois como uno de los abogados que concurría periódicamente al despacho del magistrado y explicó que cuando ese letrado formulaba algún planteo “se corría” en la secretaría penal.


            Por su parte, la prosecretaria Gelcich dijo que Fariz “...es un profesional que litigó en Reconquista mucho tiempo, así que tiene afinidad con determinados profesionales”. La empleada de mesa de entradas Fun Marega declaró que el doctor Rebechi iba a ver al magistrado dos o tres veces por semana, tanto a la mañana como a la tarde, y que “El doctor Rebechi es de la peña que tenía los jueves el doctor. El doctor se juntaba en una peña que tenía los jueves y el doctor Rebechi era de la peña”; también relató que “...desde agosto del 2004 el que va con frecuencia es el doctor Degoumois”.


            De igual forma, el ordenanza Acuña al ser preguntado sobre cuáles eran los profesionales que concurrían con asiduidad al despacho del juez, contestó que “Me voy a referir específicamente, cuando en algunos momentos llevaba el café, se encontraba, por ejemplo, el doctor Rebechi”. La auxiliar Machado fue más allá aún y relató que en una oportunidad, para cubrir el puesto de secretario interino –generado por licencias- el magistrado llegó a pedirle que renunciara a ocuparlo, para poder remitir a la Cámara una terna de amigos suyos, entre los que figuraría Rebechi.


                        3°) Probada la estrecha relación que los unía, no resulta extraño que hayan combinado el intercambio de roles, todo dentro de una aparente legalidad en donde habrá de advertirse que cada uno de los pasos de la operación son llevados al límite de la legalidad o la ética. A poco que se analice cada circunstancia se advierte que se ha tensado al máximo su aparente regularidad.


                        En el caso de Aldo Ferrero, el juez Fariz, con fecha 26 de abril de 2005 había denegado su excarcelación, solicitada a través del defensor doctor Torres del Sel; ello significaba que quien hiciera lugar a la libertad provisional no podía ser el propio Fariz pues ya había decidido en contrario. Era necesario pues, recurrir a una subrogancia del juzgado, y lo sería en la persona de quien estuviese dispuesto a resolver de ese modo.


 


ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS CUESTIONADOS


            4°) Que las causas en las que el doctor Rebechi resolvió las excarcelaciones de detenidos en carácter de juez federal subrogante y que este Jurado ha tenido a la vista en fotocopias certificadas, son tres, a saber:


            A) “Ferrero, Aldo Francisco s/ presunta infracción art. 5°, inc. ‘c’, ley 23.737” (Expte. N° 45/05). En este expediente se acusa al imputado de transportar el día 18 de marzo de 2005, en la caja de una camioneta marca Peugeot 504, un total de 153,70 kilogramos de picadura de la especie vegetal cannabis sativa, acondicionados en panes o ladrillos de distintas proporciones y a su vez distribuidos en tres bolsas de arpillera plástica.


            De las constancias obrantes en la causa, también surge que el conductor del vehículo venía circulando por una ruta provincial y al percatarse de la presencia de un control policial, giró en “U” y a los pocos metros tomó un camino rural no pavimentado. Los preventores advirtieron la maniobra sospechosa, emprendieron la persecución del vehículo, lograron darle alcance, procedieron a la detención de su conductor y finalmente incautaron el material estupefaciente mencionado.


            En fecha 5 de abril de 2005 el juez acusado dispuso el procesamiento de Aldo Francisco Ferrero por el delito de Transporte de estupefacientes, al tiempo que dictó su prisión preventiva. El 14 del mismo mes y año el entonces defensor del imputado, doctor Claudio Torres del Sel, solicitó la excarcelación de su pupilo, la que fue denegada por Fariz doce días más tarde, como hemos explicado; esta denegatoria fue recurrida por el mencionado doctor Torres del Sel el 29 de abril, radicándose los autos en la Alzada.


            El encartado Ferrero, el 6 de julio de 2005, decidió sustituir defensor, nombrando en tal carácter al doctor Ricardo Degoumois y revocando toda otra designación anterior.


            B) “Toloza, Leonardo Ismael s/ presunta infracción art. 5°, inc. ‘c’, ley 23.737” (Expte. N° 162/04). En estas actuaciones se imputa al encartado haber transportado el día 19 de mayo de 2004, en la parte posterior de la camioneta marca “Chevrolet” que conducía, sesenta y cuatro cajas de cartón que en su interior contenían trozos compactos de marihuana, con un peso total de 37,468 kilogramos. Por este hecho fue procesado el día 8 de junio del mismo año, por el delito de Transporte de estupefacientes, convirtiendo en prisión preventiva la detención que venía sufriendo.


            El imputado Toloza nombró al doctor Ricardo Degoumois el 1° de junio de 2004, para que ejerciera su defensa en forma conjunta con el doctor Víctor Gustavo Moloeznik al que había designado previamente. En fecha 20 de mayo de 2005 el doctor Degoumois solicitó “el cese de encarcelamiento por falta de mérito para mantener el encerramiento del imputado”, petición que -conforme a las fotocopias certificadas remitidas por el juzgado hasta la fecha 11 de octubre de 2005- no había sido resuelta.


            Cabe destacar que al 1° de agosto de 2005 –fecha en la cual Degoumois presentó los pedidos de excarcelación aludidos- Toloza venía sufriendo ya aproximadamente quince (15) meses de prisión preventiva.


            C) "Gómez, Florentino s/ presunta infracción ley 23.737" (Expte. N° 110/05). En esta causa se realizaron tareas de inteligencia por parte de personal policial, que determinaron que Gómez recibiría encomiendas con estupefacientes en la ciudad de Ceres, Provincia de Santa Fe, y que posteriormente se dedicaría a su comercialización en la misma localidad.


            En fecha 8 de junio de 2005 una comisión policial, con orden judicial y la presencia de testigos, allana el domicilio del sospechado e incauta un trozo compacto de marihuana, otra porción más pequeña y veintiocho cigarrillos de armado casero (denominados “porros”) que contenían la misma sustancia, todo lo cual arrojó un peso total de 763,25 gramos. El día 4 de julio del mismo año, Gómez es procesado por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, decretándose en el mismo auto su prisión preventiva.


            El Defensor Público Oficial, doctor Ignacio Francisco Montoya solicitó el beneficio de la “exención de prisión” en favor de Gómez en fecha 10 de junio de 2005 -dos días después de su detención- pero dicha petición no fue decidida hasta el 6 de julio del mismo año, en la que se decretó “Estése a lo resuelto a fs. 95/99 y vta. de los autos principales”, es decir, al dictado de auto de procesamiento y prisión preventiva al que hemos hecho referencia. En las fotocopias certificadas remitidas a este Jurado, no hay constancias de que este decreto haya sido notificado a ninguna de las partes.


            Pero al igual que Ferrero, el encartado Gómez el mismo 6 de julio de 2005, designó como defensor al doctor Ricardo Ceferino Degoumois en su ampliación de indagatoria, revocando el nombramiento del Defensor Público Oficial. Degoumois aceptó el cargo el 26 del mismo mes y fue acordada su participación en el proceso; no obra constancia alguna en el expediente de notificación al doctor Montoya.


 


EL DOCTOR RICARDO DEGOUMOIS COMO JUEZ SUBROGANTE DE LA CAUSA “FERRERO”


                        5°) El doctor Ricardo Degoumois fue designado juez subrogante del Juzgado Federal de Reconquista durante los días 7 al 11 de marzo de 2005 y desde el 21 al 30 del mismo mes y año, conforme el Acuerdo Extraordinario N° 921 de la Cámara Federal de Resistencia de fecha 22 de febrero de 2005.


                        Cumpliendo tales funciones, el profesional intervino en los respectivos procesos seguidos a Florentino Gómez y a Aldo Ferrero. La actuación que le cupo en el primero se resumió a tener presente la información policial que daba cuenta del inicio de una investigación en torno de Florentino Gómez por infracción a la ley de estupefacientes.


                        Distinta ha sido su intervención en la causa “Ferrero”. Compulsada la misma, se observa que Degoumois ordenó la recepción de una nueva declaración indagatoria a Ferrero y adoptó de oficio numerosas diligencias de investigación, entre ellas la declaración testimonial del agente Claudio Capdevilla (v. decreto fs. 43). Recibió la indagatoria referida (fs. 45), ordenó el traslado de Ferrero para cumplir su detención en la Unidad Regional XIX de la Provincia, sita en la ciudad de Vera (fs. 58) y volvió a ordenar de oficio nuevas medidas investigativas (fs. 70); asimismo recibió por primera vez el testimonio de quienes intervinieran en el procedimiento de la causa: el aludido agente Claudio Capdevilla (fs. 71), el agente Leonardo Rubén Carruega (fs. 72), el agente Raúl Angel Zamora (fs. 73), el Jefe Victor Raúl Belizan (fs. 74), el Comisario Victor Hugo Borgeattino (fs. 75), y al testigo civil Carlos Alberto Lucero (fs. 76), habiendo este último prestado testimonio en este proceso de remoción.


                        6°) Por lo demás, debe puntualizarse que el doctor Degoumois en su carácter de juez recibió en fecha 28 de marzo de 2005, de manos de la Policía Provincial, los efectos secuestrados en el domicilio de Ferrero (ubicado en Morteros, Córdoba), ordenando a su respecto que se labre acta y se reserven en Secretaría (fs. 97). Debe advertirse que entre tales efectos se encontraba una agenda que en una de sus páginas contiene la siguiente anotación: “Reconquista. Dr. Ricardo Degoumois. 03482- 428841. 426076. Yolanda Degoumois. 422333. (En la guía telefónica 2005 figura Degoumois Asesores Jurídicos, Gral. Belgrano 1561 (03482) 42-8841)”.


                        7°) Lo expuesto evidencia dos situaciones: a) que Aldo Ferrero aún antes de ser aprehendido en Reconquista, tenía en su casa el nombre, apellido y teléfono del abogado Degoumois y b) que el doctor Degoumois conocía esta circunstancia, pese a que en la audiencia de debate negó conocer el contenido de la agenda y afirmó no saber de su existencia hasta que asumió como defensor.


 


EL DOCTOR RICARDO DEGOUMOIS COMO DEFENSOR DE ALDO FERRERO EN EL MISMO PROCESO


                        8°) En fecha 6 de julio de 2005 el imputado detenido Ferrero cambia su abogado defensor y propone como tal al doctor Ricardo Ceferino Degoumois (fs 349).


                        El doctor Degoumois sin reparo alguno acepta dicho cargo (fs 350) y el juez Fariz, pese a ser advertido por la Secretaria doctora Zarza y el sumariante Bruno Zanel sobre que el letrado se había desempeñado como Juez subrogante en la causa, le acuerda -sin más- el carácter de defensor del imputado Ferrero en fecha 7 de julio de 2005 (fs. 351).


                        9°) El silencio que el juez Fariz guarda sobre la cuestión, se presenta como un dato ineludible a la hora de valorar su intervención en el episodio, sobre todo al cotejarlo con la disímil actitud que asumiera el año anterior ante un caso de iguales características.


                        En efecto, en la causa seguida a Pedro Roberto Gasparutti, el juez Fariz en fecha 20 de mayo de 2004 (fs 70 de dicha causa) al advertir que el doctor Luis Ernesto Cian, había intervenido en ese expediente como juez subrogante y posteriormente actuó como defensor del imputado, adoptó severas decisiones en contra de la actitud del letrado: a) nulificó la declaración indagatoria del imputado por haber sido asistido por el doctor Cian; b) ordenó correr vista al Ministerio Fiscal por la presunta comisión del delito de prevaricato, y c) en decreto posterior dejó sin efecto la designación del doctor Cian como defensor e intimó al imputado a designar uno nuevo (fs. 91).


                        No modifica lo expresado la decisión del Juez Fariz en la causa seguida a Héctor Ramón Sandrigo, puesto que la aceptación que hace de la designación como defensor del doctor Palud (quien había actuado anteriormente como Juez de la causa) está fechada el 15 de abril de 2004, es decir antes de lo decidido en “Gasparutti”; por lo demás, el 1° de junio de 2005 el doctor Palud renuncia como defensor (motivado por haber sido Juez de la causa) y en igual fecha el juez Fariz intima al imputado a que designe nuevo defensor.


           


MARCO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN.


                        10°) La actuación de un abogado como defensor de un imputado, asumida luego de haber actuado como juez subrogante en la misma causa, conmueve diversos encuadres éticos, legales y constitucionales. Si bien no es materia de este proceso juzgar el proceder del curial, no podrá ser omitida su referencia al examinarse la conducta del Juez que lo ha permitido.


                        11°) Si bien durante los alegatos, la acusación manifestó que la situación aparecía totalmente contraria a la ética, no mencionó la normativa aplicable al caso, más allá de citar algún antecedente de la Provincia de Córdoba. Por su parte la defensa en su exposición escrita, al pasar revista al Código de Ética del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial de Reconquista (Santa Fe), concluyó que los actos asumidos por el doctor Degoumois no se encuentran abarcados por ninguna de las normas generales o especiales del mismo, como así tampoco en las previstas en el régimen de recusaciones del Código Procesal Penal de la Nación y en los delitos del Código Penal, todo lo cual reiteró en sus alegatos. Citó asimismo el testimonio del propio Degoumois, quien opinó que resultaba inconstitucional reprochar una conducta no definida en el Código de Ética Forense elaborado por los Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe.


                        12°) Empero, conforme el testimonio del doctor Daniel Alberto Andrade (ex-miembro del Tribunal de Etica del mencionado Colegio profesional), en el seno del Directorio existió una línea de pensamiento que entendió que el proceder de Degoumois se apartó de las reglas de la ética, y que en consecuencia el Tribunal respectivo debía actuar.


                        Relató el desarrollo de una dividida discusión en la cual algunos miembros del Directorio entendían que no correspondía intervenir (doctores Rebechi, Stella, Abet y Rodrigo) y otros que sí correspondía (doctores Dalla Fontana y Zuligoy). En este último camino, el testigo explicó que -a su entender- el caso protagonizado por el doctor Degoumois (no la situación inversa) no cuenta con un texto expreso en el Código de Ética, pero se encuentra comprendido en una norma genérica que establece que cualquier acto que pueda llegar a presumirse que contrario al decoro o falta de la ética, puede ser analizado en relación a las circunstancias de un caso concreto; al respecto, agregó que en ella cae: “...cualquier actividad del abogado que dé un manto de sospecha al decoro o la falta de imparcialidad o a la seguridad o todo lo que tiene que ser aquello que representa la ética para el funcionamiento del foro”.


                        Cabe señalar que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Reconquista ante la perspectiva de encontrarse frente a una situación como la descripta, resolvió de oficio el inicio de una investigación al doctor Degoumois por la presunta infracción a los arts. 1, 2, y 7 inc. f del Código de Etica (v. fs. 10, expte. 007/2005 del citado tribunal), la que aún se encuentra en trámite.


                        13°) Pero lo cierto es que –más allá de las denominaciones aportadas por las partes- rigen en el caso las disposiciones del decreto ley 22.192, que regula el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la Justicia Federal. En el capítulo II “Derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades”, el art. 15 expresamente dispone: “Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, a los abogados les está prohibido: ... b) Intervenir en procesos judiciales en cuya tramitación hayan actuado como magistrados o funcionarios judiciales;...”.


                        Similares disposiciones se encuentran en otros cuerpos normativos destinados a regular la actividad de los abogados en el ejercicio de su profesión. Así, la ley 23.187 también reproduce una norma similar en su artículo 10: “Queda expresamente prohibido a los abogados:... b) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del ministerio público;...”.


                        No es ocioso señalar que a través del artículo 65 de la ley 23.187, se deroga parcialmente la ley de facto 22.192 respecto del desempeño de la abogacía en el territorio de la Capital Federal, pero para la regulación del ejercicio de la profesión ante tribunales federales del interior del país su vigencia persiste incólume. La coexistencia de ambas normas ha sido reglamentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante las acordadas 54/85 y 37/87.


                        La jurisprudencia ha dicho que “El abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en patrocinio de las causas en justicia, es decir, un juris peritus y un juris consultus según la expresión y el concepto romano; es, además, un auxiliar de la justicia, un colaborador de la misma y un integrante potencial de su tribunales en los casos de impedimento, recusación o excusación de sus miembros...; y en su consecuencia lógica, las leyes que organizan la justicia - en la Nación y en las provincias - conforme al enunciado del Preámbulo y el art. 5° de la Constitución Nacional, pueden exigir a los abogados cierta organización y disciplina dentro del poder reglamentario previsto en el art. 14 de dicha Carta Fundamental (Voto del doctor Augusto César Belluscio en causa “Alejandro Meliton Ferrari c/ Nación Argentina -P.E.N.-”; 308:987)”.


            En caso similar, donde un ex-magistrado pretendió actuar como apoderado de la demandada en una causa judicial en la que se había desempeñado como juez, se declaró la nulidad de su intervención y se intimó a la parte que representaba para que designe nuevo abogado (cfr. R.241.200, CNCivil, Sala F, “Gazali, Jorge G. c/ Abuchedid, Fuad y otros s/ división de condominio –J.13-).


                        Por su parte, el Código de Ética Forense para los Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe, dispone en su artículo 7, que “Constituyen faltas de ética por incumplimiento de los deberes relativos al decoro profesional: ... f) Incurrir en incompatibilidades profesionales legalmente establecidas”.


                        14°) Ahondando en el problema, recordemos que en el caso “Ferrero” el doctor Degoumois, como juez de instrucción federal ordenó y recibió la declaración indagatoria del imputado, lo cual significa que entendió que había motivos bastantes para sospechar que el mismo había participado en la comisión de un delito (art. 294 CPPN). También indicamos que adoptó numerosas medidas de investigación cuyos resultados produjeron pruebas de cargo; el ejemplo más evidente ha sido el contenido de la declaración testimonial del agente Claudio Capdevilla, tal como se evidencia en el texto del auto de procesamiento de fs. 106.         


                        Esta impronta incriminadora que el juez subrogante otorgó al proceso, no compatibiliza objetivamente con un posterior ejercicio eficaz de la defensa en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional. El juez titular, al advertir la situación debió examinar si en el caso se vería afectado el derecho de defensa del justiciable, principio por el cual debe velar en todo momento del proceso penal.


                        No lo hizo, y no sólo permitió la actuación profesional del doctor Degoumois en estas condiciones, sino que -entre otras- le otorgó un significativo protagonismo en la segunda declaración testimonial de Claudio Capdevilla; de este modo, el extinto agente de policía fue dos veces interrogado por el doctor Degoumois, el 28 de marzo de 2005 como Juez (fs. 71) y el 7 de Julio de 2005 como defensor del imputado (fs. 353).


                        15°) La actitud asumida por el juez Fariz en este primer tramo del episodio, no impidiendo el acceso a la defensa de quien tenía una prohibición legal, pone de manifiesto su voluntario aporte al desarrollo de la concertación a que aludiéramos al comienzo de este acápite.


 


SOLICITUD DE EXCARCELACIONES.


            16°) Ha quedado probado que era el doctor Fariz quien se encontraba a cargo del Juzgado Federal de Reconquista cuando el doctor Degoumois presentó ante dicho tribunal, el pasado 1° de agosto de 2005, las aludidas solicitudes de excarcelación de los imputados Ferrero, Toloza y Gómez, en los respectivos procesos seguidos contra los mismos.


            Especialmente en la causa seguida a Ferrero, el magistrado ordenó formar incidente y correr vista al Ministerio Público Fiscal, sin hacer la más mínima mención de que se trataba de una segunda petición de libertad, y que la resolución denegatoria recaída en la primer solicitud aún no se encontraba firme, ya que estaba en trámite ante la Cámara Federal de Resistencia (Chaco), por la oportuna interposición de un recurso de apelación.


            Si bien es cierto que el imputado y/o su defensor pueden solicitar la excarcelación cuantas veces lo crean conveniente (cfr. art. 318 del CPPN), no puede negarse –en modo alguno- que distintas peticiones de libertad tramitando paralelamente conllevan el serio riesgo de provocar un escándalo jurídico (p.ej. darse soluciones opuestas), máxime si en aquéllas nada se consigna sobre el trámite de las demás. Es claro que el camino tomado aquí por el doctor Fariz viola la obligación de todo juez de evitar el estrépito forense.


            Otra circunstancia sugerente de la actitud asumida por el juez, es el lento trámite que le imprimió a la cuestionada petición de excarcelación. Conforme a lo que dispone el art. 331 del CPPN “la solicitud se pasará en vista al ministerio fiscal, el que deberá expedirse inmediatamente, salvo que el juez por las dificultades del caso, le conceda un término que nunca podrá ser mayor de veinticuatro (24) horas. El juez resolverá de inmediato”.


            Como ya se sabe, el doctor Fariz recibió la petición el lunes 1° de agosto de 2005, ordenando en tal fecha la vista al agente fiscal, lo cual recién se cumplió el martes 2. El dictamen del Fiscal Federal Cavanagh llevó esta misma fecha, pero fue remitido al tribunal recién el miércoles 3 de agosto de 2005, a las 12:00 hs. (v. las constancias del cargo), día en el cual el doctor Fariz aún continuaba al frente de su juzgado. Contrariamente a lo establecido por la citada norma procesal, el magistrado no se abocó a resolver “inmediatamente” la petición en cuestión, sino que –sospechando o conociendo la “dolencia” que empezaba a “afectarlo” y que iba a impedir que concurriera en los días próximos al tribunal- dejó tan importante decisión para el juez subrogante que iba a reemplazarlo.


            Es válida la interpretación doctrinaria y jurisprudencial acerca del carácter “ordenatorio” de los plazos establecidos en el código de rito, aunque tal criterio no puede importar que trascendentes decisiones como las relativas a la libertad provisoria de un imputado sean resueltas sine die.


            17°) Sin embargo, aquí el retraso tampoco se trató meramente de una desaprensión. Del análisis de las constancias producidas en este juicio puede concluirse que tanto la omisión al trámite de la primera petición de excarcelación, como la demora en la resolución de la aludida incidencia, tuvieron por fin evitar que el magistrado titular decidiera la cuestión –ya se había pronunciado en forma contraria- y permitir que aquélla sea finalmente decidida por el juez subrogante.


 


LA ENFERMEDAD DEL DOCTOR FARIZ


            18°) La auxiliar Claudia Machado, en alarmante premonición sobre los hechos que iban a suceder en los días siguientes, expresó que a partir del día en que el doctor Degoumois presentó un nuevo pedido de excarcelación en la causa Ferrero, estando aún pendiente el trámite de apelación del primero, “...el comentario entre nosotros era que el doctor se iba a enfermar, se iba a enfermar, se va a enfermar, se va a enfermar, decíamos todos y nos reíamos. Y bueno, el doctor se enfermó”.


            La misma situación es relatada por la escribiente auxiliar Mariana Clarisa Shcimanski en forma concordante. Durante la audiencia, al responder una pregunta sobre si había percibido alguna situación especial entre sus compañeros relativa a la causa “Ferrero”, ésta respondió que “...se lo puede decir todo el personal del Juzgado, nosotros dijimos: ‘el doctor Fariz se va a tomar licencia’, porque no podía resolver ese expediente. Había un incidente en Cámara. Fue así”.


            Estos testimonios a su vez son coincidentes con el de la oficial mayor María Susana Almeida, quien refirió que cuando se presentó el pedido de excarcelación de Ferrero por parte del doctor Degoumois “...todos pensamos y lo dijimos en voz alta: ‘El doctor se va a enfermar’. Estábamos esperando a ver qué manifestación iba a tener esa enfermedad; y el jueves por la mañana entra un pedido de licencia del doctor...”. La empleada también mencionó ante preguntas de los defensores que cuando se enteró que el magistrado pedía licencia y que Rebechi iba a ser su reemplazante, los empleados “...pensábamos que estaba arreglado así, porque era necesario que saliera en libertad Ferrero. El doctor no podía firmar esa resolución porque él ya se había manifestado al respecto y estaba en Cámara el primer incidente de excarcelación, y... bueno, el doctor Rebechi es amigo del doctor Fariz, se reúne con él periódicamente”.


            19°) El día 4 de agosto de 2005, minutos después de las 7, se presentó en el Juzgado Federal de Reconquista la hija del doctor Fariz –Verónica-, y entregó una nota de su padre donde solicitaba licencia por enfermedad. Adjuntó un certificado fechado el mismo día con el sello del doctor Jorge De Prato, médico nefrólogo, que diagnosticaba lumbalgia y prescribía reposo por el lapso de seis días.


            El certificado médico expedido por el doctor De Prato presenta algunas particularidades que deben ser puestas de resalto y que han motivado que durante la audiencia se le  pidan precisiones. Del testimonio prestado surge claramente que el certificado fue extendido el miércoles 3 de agosto de 2005, no obstante que en el texto no aparece esa fecha, sino que se repite dos veces la referencia al día posterior (4/8/05). No resulta lógico que un médico advierta en el momento una dolencia que necesite reposo para su curación y en vez de prescribírselo de inmediato, lo recomiende a partir del día siguiente.


            Esa característica del documento permite suponer que el certificado fue confeccionado exclusivamente para ser presentado ante una autoridad administrativa para la concesión de una licencia por enfermedad –en este caso la Cámara Federal de Resistencia- y no para dejar constancia de la dolencia, de la consulta o para describir el tratamiento. De cualquier manera, no ha quedado bien claro de sus explicaciones qué fue exactamente lo que motivó al médico a posdatar el certificado.


            20°) Otro dato llamativo es que las dos operaciones lumbares que se le practicaron al magistrado acusado en el Sanatorio Británico de la ciudad de Rosario, ocurrieron en octubre de 1997 y marzo de 1998, es decir, pasaron más de siete años desde la última intervención quirúrgica hasta que Fariz concurrió al consultorio del médico nefrólogo De Prato. El facultativo, en su declaración afirmó que “...yo al doctor Fariz nunca lo había visto” y “Nunca más lo volví a ver...”; admitió no haber confeccionado historia clínica alguna y a modo de resumen explicó que “Este enfermo no presentaba otro síntoma más que el dolor de la cintura”, diagnóstico al que había llegado mediante el relato que le hiciera el paciente y el examen clínico.


            Resulta sugestivo que una persona que fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas lumbares tan importantes -la segunda de ella por una recidiva- no haya recurrido a algún médico traumatólogo que hubiera seguido su caso. Más aún, si se tiene cuenta que el magistrado al formular su defensa por escrito y por derecho propio ante este órgano, relató que lo suyo se trataba de un “...padecimiento que no cede, y que resulta recurrente y mortificante en mi vida de relación y laboral”.


            21°) La doctora Zarza puso de manifiesto en su declaración testimonial ante este Jurado, que durante las primeras horas de la mañana del día previo a la licencia por enfermedad del magistrado, éste le refirió en el juzgado que no se estaba sintiendo bien y que por sugerencia de su hermano debía hacerse una serie de estudios médicos, ya que tenía elevado el nivel de colesterol; adviértase que menciona una afección absolutamente extraña a la lumbalgia que esa misma tarde expuso el magistrado ante el médico De Prato. La misma funcionaria, además, respondiendo a una pregunta de la defensa respecto a si ese día miércoles lo había visto renguear al doctor Fariz, respondió negativamente.


            Es útil referir también lo expuesto por la auxiliar Machado en el debate, quien relató que en esa jornada laboral del 3 de agosto no le notó ninguna dolencia al magistrado, aunque sí escuchó comentarios entre sus compañeras respecto a que le dolía la cintura. Lo que le extrañó a Machado es que ese día en horas de la mañana para cerrar la abertura de ingreso al despacho de la secretaria civil “...alzó un matafuego gigante que hay ahí, que la doctora pone para que quede la puerta abierta”. El episodio fue –según manifestó- motivo de hilaridad entre el personal que había oído sobre la presunta afección física de Fariz.


 


DESIGNACIÓN DEL DOCTOR REBECHI COMO JUEZ SUBROGANTE


            22°) A partir del momento de la presentación del certificado, la doctora Andrea Silvia Ingaramo de Ramseyer, secretaria civil del Juzgado Federal de Reconquista y encargada de los asuntos de superintendencia desde el año 2004, se comunicó telefónicamente con la doctora Norma Delia De Paoli de Díaz, prosecretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Ingaramo le pidió instrucciones a De Paoli sobre cómo proceder, ya que –como relató en la audiencia- era la primera vez que el juez Fariz pedía licencia a partir del mismo día.


            La prosecretaria de cámara le informó que debía enviarle por fax el pedido de licencia y el certificado médico que había presentado Fariz, lo cual se materializó aproximadamente a las 8 y media de ese mismo día 4 de agosto de 2005. Los testimonios de ambas funcionarias en la audiencia han sido controvertidos, en tanto Ingaramo manifestó que De Paoli le adelantó telefónicamente que el designado para subrogar a Fariz era el abogado Rebechi, ésta lo negó.


            No obstante la contradicción, la restante prueba demuestra que el adelantamiento telefónico de que el juez iba a ser el doctor Rebechi efectivamente acaeció; la afirmación genérica de De Paoli sobre nunca haber adelantado el nombre de quien sería luego designado como juez subrogante, no se compadece con el curso que tomaron los acontecimientos. En efecto, si el fax desde Reconquista con la nota y el certificado fue remitido hacia Resistencia a las 8:30, y la contestación formal con el acuerdo de cámara llegó aproximadamente a media mañana, de no haber mediado anticipación telefónica alguna por parte de De Paoli a Ingaramo (personal o mediante algún empleado), esta última no hubiera indicado a Machado que se comunique con Rebechi a las “8 y algo” -según el testimonio de la misma empleada- para comparecer al juzgado a aceptar el cargo de juez subrogante.


            Tampoco la secretaria civil habría tenido necesidad alguna de hacer constar en el acta la anticipación telefónica, como efectivamente hizo, bastándole aguardar que llegara el oficio correspondiente de la Cámara Federal de Resistencia para formalizar el acto de aceptación de Rebechi. No debe olvidarse que la oficial Braidot, encargada de enviar el fax a Resistencia por pedido de la secretaria Ingaramo, manifestó en la audiencia que “Al ratito de que yo terminé de pasar el fax vino el doctor Rebechi”.


            Esto se ratifica con el testimonio de la empleada Fun Marega, quien declaró que “Lo envió Irma Braidot, que es la que está -digamos- al lado... que usa el teléfono donde está el fax. Y yo estaba al lado. Y, cuando saca el reporte y lo abrocha, entra el doctor Rebechi y dice ‘Vengo a aceptar el cargo, dénme los expedientes que tengo que resolver’”.


            23°) Cabe tener presente en este punto el interés demostrado por el doctor Fariz en torno a la designación de su subrogante, conforme lo ha relatado De Paoli. Refiere que Fariz la llamó por teléfono y le dijo: “Doctora, estoy de licencia porque yo ya tengo el certificado...”, al tiempo que le expresaba su preocupación por si aceptaría el letrado que se designara, con estas palabras -según dijera la prosecretaria de cámara-: “¿Y mire, doctora, si no me acepta y yo mañana me quiero ir de licencia?...”.


            Recibido en la Cámara Federal de Resistencia el fax trasmitiendo el pedido de licencia del doctor Fariz, según ha indicado De Paoli en la audiencia, se llevó a cabo el sorteo del Juez subrogante. Explicó la funcionaria que los sorteos de jueces subrogantes los realizaba ella misma en su despacho sin publicidad, ni asistencia de testigos, ni control superior alguno; en relación al sorteo que nos ocupa fue terminante en expresar: “Publicidad, no, Dr. Me ordenó el Presidente que yo haga el sorteo ... como siempre se venía (haciendo) de épocas inmemoriales”.


            Lo mismo han puesto de manifiesto en sus declaraciones prestadas por escrito e introducidas por lectura en este juicio, los tres jueces de la Cámara Federal de Resistencia. Así, el doctor Tomás Inda expresó que “... el sorteo es practicado por la Prosecretaria de Cámara ante los profesionales que lo solicitaran y asistieran al acto”; la doctora María Beatriz Fernández expresó que el “sorteo es practicado por la Sra. Prosecretaria de la Cámara, Dra. Norma de Paoli, en presencia de los profesionales o las partes (Fiscales o Defensores) que deseen asistir al acto”; y el doctor Juan C. Saife hizo saber que la designación “se realizaba por sorteo por la Prosecretaria de Cámara Dra. Norma D. De Paoli, y ante las partes que así lo solicitaban”.


            Va de suyo que en este caso, la asistencia de terceros resultó prácticamente imposible, ya que nadie fue anoticiado del acto y además, las ciudades de Reconquista y Resistencia (ubicadas en diferentes Provincias) están separadas por más de doscientos kilómetros.


            24°) De todo esto resulta que el sistema adoptado para el sorteo efectuado por la Prosecretaria De Paoli no cubrió los recaudos formales exigibles para un acto de esta trascendencia. Tan es así, que en el acuerdo extraordinario Nro. 947 de la Cámara Federal de Resistencia llevado a cabo el 29 de agosto de 2005 para la designación de juez subrogante por licencia concedida a Fariz, los camaristas resolvieron por primera vez que la desinsaculación se efectuara “por este Tribunal ante la Actuaria”.


            Es decir, que luego del estrépito producido en la jurisdicción con motivo de la causa “Ferrero”, la Cámara dejó de aceptar que el resultado del sorteo fuera traído a la firma por la prosecretaria De Paoli sin control, adoptando un nuevo sistema en el que la desinsaculación se lleva a cabo en la Sala de Acuerdos del tribunal, por los mismos camaristas y ante la actuaria.


            Indudablemente, el sistema anterior fue considerado poco transparente.


            25°) De esta manera, la valoración del resultado del sorteo en favor de Rebechi –especialmente su aleatoriedad- se debilita de modo ostensible frente a los indicios referidos, particularmente por la ausencia de cualquier soporte documental que avale el acto de desinsaculación (Acción de “Extraer del saco o bolsa las bolas o cédulas en que se hallan los nombres de las personas insaculadas para ejercer un oficio debidamente”, RAE), que dice De Paoli haber efectuado.


            26°) No puede dejar de valorarse en este punto otro hecho de relevancia del que se tomó conocimiento durante el debate. Se trata de la visita que la secretaria Zarza realizó en horas de la tarde del día 3 de agosto de 2005 al domicilio particular de la escribiente auxiliar Shcimanski.


            La empleada Andrea Paola Fun Marega –mientras contestaba preguntas de la defensa- narró que en la reunión que tuvieron ese mismo día en un bar de la ciudad de Reconquista los empleados del Juzgado Federal, su compañera Mariana Shcimanski les contó que ya sabía que Fariz se tomaría licencia al otro día y quién sería su subrogante: “Y nos dijo que era el doctor Rebechi, que había venido una persona a la tarde a decirle a la casa que iba a salir el doctor Rebechi”.


            De acuerdo a la ampliación testimonial de Shcimanski, la funcionaria Zarza concurrió a su domicilio y le refirió: “Mariana te vengo a contar que mañana va a ser juez el doctor Rebechi”.


            Shcimanski también puso de manifiesto –en forma concordante con Fun Marega- que esa noche se reunió con un grupo de empleados del juzgado en un bar de la ciudad de Reconquista, con el objeto de festejar que ese día el juez Fariz le había vuelto a dirigir la palabra a la auxiliar Machado después de un año y medio de no hacerlo, y les relató lo que le había contado la secretaria.


            27°) La doctora Zarza también fue convocada a ampliar su declaración testimonial ante este Jurado. En dicha oportunidad, expresó que efectivamente había concurrido el día 3 de agosto en horas de la tarde al domicilio de Shcimanski;  que el motivo principal de la visita había sido efectuar un trámite relacionado con órdenes médicas de la obra social y que sólo circunstancialmente le había contado a Shcimanski que en horas de la mañana había escuchado de boca de la prosecretaria civil Gelcich, que al otro día podría salir sorteado el doctor Rebechi como juez subrogante. Es obvio que la expresión potencial que utiliza contrasta con la seguridad del relato de Shcimanski.


            Al respecto relató Zarza que esa mañana entró en el despacho de la secretaria civil Ingaramo, quien en ese momento se encontraba acompañada por la prosecretaria Alicia Gelcich y consultó a las presentes sobre la eventual ausencia del magistrado el día 4 de agosto de 2005. Agregó que la conversación derivó en los nombres de los posibles jueces subrogantes que podrían ser designados ante un pedido de licencia del titular.


            En ese momento –recordó Zarza- la prosecretaria Gelcich manifestó a viva voz su pronóstico: “10 a 1 que sale Rebechi”.


            28°) Un análisis global y conjunto de todos estos testimonios, documentos e indicios demuestra a las claras que la designación del doctor Rebechi era un tema conversado y conocido de antemano, ya sea porque hubo sugerencias del doctor Fariz a la encargada del sorteo, o porque ya sabía de antemano que solo faltaba ser sorteado Rebechi, según ha relatado Fun Marega en su testimonio prestado en el debate.


            Cualquiera haya sido el medio por el que llegó Rebechi a la subrogancia, no puede dudarse que la conversación con De Paoli en el primer caso o el propio pedido de licencia de Fariz en el segundo, lo coloca indudablemente como el impulsor del nombramiento de su subrogante.


 


TRÁMITE DE LAS EXCARCELACIONES ANTE EL CONJUEZ REBECHI


            29°) Como se dijo ya, era el doctor Fariz quien se encontraba a cargo del Juzgado Federal de Reconquista cuando el defensor Degoumois presentó ante ese tribunal las mencionadas solicitudes de excarcelación de los imputados Ferrero, Toloza y Gómez (en los respectivos procesos seguidos contra los mismos) el pasado 1° de agosto de 2005.


            Al asumir el doctor Rebechi como juez subrogante (el 04/8/2005), las incidencias se encontraban en distintas etapas del trámite, si bien habían sido presentadas el mismo día, por el mismo abogado.


            30°) Respecto de Ferrero –y como se mencionó anteriormente- Fariz ordenó -en la misma fecha de recepción de la petición en cuestión- la vista al agente fiscal, lo cual recién se cumplió el martes 2. El dictamen fiscal llevó esta misma fecha, pero fue recibido por el tribunal recién el 3 de agosto de 2005, a las 12:00. El juez Fariz no se abocó a resolver la petición aludida “inmediatamente” –como lo impone la normativa procesal-, y así fue como encontró Rebechi la incidencia, cuando asumió como juez subrogante.


            Trámites –como mínimo- también anormales han tenido las peticiones de excarcelación de los nombrados Toloza y Gómez, En el caso de la incidencia relativa a Toloza, Fariz dispuso correr vista al fiscal el mismo día de recepción de la petición -lo cual aparentemente se cumplió el martes 02/08/2005-, no concediéndose –al menos expresamente- término especial alguno para su contestación. El pertinente dictamen fiscal llegó al tribunal recién el jueves 04/08/2005 –aunque tiene fecha 03/08/2005-, cuando ya Fariz se encontraba en uso de licencia.


            31°) Finalmente, la mencionada medida fue resuelta aquél viernes 05/08/2005, no sin antes el juez subrogante Rebechi ordenar un informe del Registro Nacional de Reincidencia respecto de Toloza (el 04/08/2005), y dejarlo sin efecto el mismo día de la decisión liberadora, sin dar tiempo a su recepción.


            En cambio, en la excarcelación de Gómez –con una lentitud que pareciere que Fariz ni se hubiera enterado de su presentación del día 01/08/05-, nada se dispuso hasta el 04/08/2005, fecha en la cual Rebechi ordenó correr vista al agente fiscal, la cual se contestó diligentemente el 05/08/2005 –aunque con fecha 02/08/2005-, tras lo cual se resolvió lo conocido.


            32°) Tampoco puede dejar de señalarse como irregular el curso que tuvo la presentación del desistimiento del recurso de apelación oportunamente interpuesto en el primera excarcelación de Ferrero.


            Aquél escrito fue entregado en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a las 07:45 del viernes 05/08/2005, varios días después de efectuada la segunda petición de libertad (01/08/2005), y horas antes de que Rebechi resuelva favorablemente ésta última. El abogado Degoumois entregó en el juzgado copia del citado desistimiento a las 08:57 de ese mismo día, y el juez subrogante ordenó agregarla en el expediente principal, pero sin hacer referencia alguna en el segundo incidente, ni siquiera en la resolución de excarcelación.


            Todo esto también llamó la atención de los empleados. En tal sentido, la escribiente auxiliar Shcimanski expresó: “Me acuerdo que compañeros decían: ‘tiene la bola de cristal’, porque estaba existiendo un recurso que le puede llegar a salir bien y no sabe cómo va a resolver el conjuez…Nunca había ocurrido que estando un incidente en Cámara, sin haber desistido el abogado defensor o el imputado de la apelación, se presente otro pedido. En otras oportunidades ha habido un expediente en Cámara y desisten; pero en este caso, no, desistieron el mismo día en que se resolvió...”.


            En el tribunal de alzada en cuestión, el desistimiento mencionado recién fue proveído el 16/08/2005, mucho después de que Ferrero saliera en libertad.


            33°) En las tres incidencias, el juez subrogante Rebechi tuvo el recaudo innecesario de decretar –previo a tomar la decisión liberatoria- el pase de los “…autos al dictado de resolución”, pero nada ordenó expresamente acerca del traslado –en la jornada en cuestión- de los tres detenidos a la sede del tribunal, como está probado que ocurrió. Queda claro que la razón del traslado fue la decisión –ya tomada antes de la resolución formal- de poner a los detenidos en libertad, y no sólo de notificarlos de lo resuelto en las respectivas incidencias.


            El personal, más allá de las sospechas, nada supo concretamente -hasta casi el final- del resultado de las peticiones en cuestión. Así, Zarza afirmó primeramente: “…me acuerdo que (Rebechi) me pidió los expedientes. Se había firmado el decreto que ordenaba pasar los autos a resolver y después de eso me llamó al escritorio, al despacho del juez, y me dijo que quería mi presencia a las 6 de la tarde, que para las 6 de la tarde iba a tener todo resuelto”. Posteriormente, la citada titular de la Secretaría Penal aclaró: “El doctor Rebechi me había manifestado antes de irme yo del juzgado, y al decirme ‘la quiero esta tarde a las seis de la tarde’ que él lo había estando viendo el tema, y me dijo ‘yo los voy a excarcelar’…”.


            Shcimanski también recuerda claramente aquélla orden de Rebechi: “Nos dijo que vengamos a la tarde porque a las seis de la tarde íbamos a notificar a las partes”.


            34°) Asimismo, ambas testigos aseguraron haber visto –por la tarde- un grupo de personas en las inmediaciones del tribunal. Mientras Zarza afirmó que vio “gente en la escalinata del juzgado” y que después se hizo el comentario de “que eran familiares de Ferrero”, Shcimanski fue más allá: “Cuando llegamos al juzgado estaban todos los familiares de los detenidos en la puerta del juzgado. A nosotros nos llamó la atención también. ¿Cómo iban a saber que iban a salir en libertad? Bueno, se hicieron todos los trámites, se les dio la excarcelación y se fueron...”.


            Contrariamente a lo que es habitual en cualquier juzgado, el doctor Rebechi confeccionó las resoluciones de excarcelación sin la colaboración del personal del tribunal. Ello también sorprendió a Shchimanski, quien refirió durante la audiencia que “Esas tres excarcelaciones las proyectó el doctor Rebechi. Casi siempre proyectábamos nosotros, pero en ese caso las proyectó las tres el doctor Rebechi...”.


            Cabe destacar, respecto de Ferrero que en la resolución se le impuso una caución personal de cinco mil pesos ($ 5.000), para lo cual prestó fianza a favor del mismo su propio defensor, quien acreditó solvencia con la presentación de la cédula de identificación de su automotor Mercedes Benz C 200, emitida veinte días antes (el 15/7/2005).


            Igual medida se adoptó para Toloza (domiciliado en Rosario), fijándose una caución personal de dos mil pesos ($ 2.000), siendo –llamativamente- el recién liberado Ferrero (domiciliado en Morteros, Cordoba) quien prestó tal caución, demostrando su solvencia con la exhibición de la titularidad de un rodado Volkswagen Senda.


            En cuanto a Gómez –cuya segunda excarcelación, como se dijo, fue olvidada inicialmente por Fariz- se dispuso su soltura sólo bajo caución juratoria, sin expresar ningún fundamento que justifique un criterio diferente.


            35°) Al reintegrarse a sus funciones, el juez Fariz tomó pleno conocimiento de lo resuelto por Rebechi, y de hecho, proveyó a los pocos días -en los tres incidentes- sendas medidas “tendientes a asegurar aún más…la sujeción” de los imputados a sus respectivos procesos, solicitadas por el fiscal federal Cavanagh. La resolución denegatoria que había dictado y la posterior firmeza que habría adquirido con el desistimiento de la apelación, poco preocupó al doctor Fariz, habida cuenta del silencio que siguió guardando al respecto.


 


LA MUERTE DE UN TESTIGO


            36°) No puede dejar de mencionarse este acontecimiento en el contexto general del episodio que hemos descripto. El agente de policía Claudio Capdevilla, sobre el cual nos hemos referido y cuyo testimonio se constituyó en una importante prueba de cargo, apareció muerto por un disparo de arma de fuego a las pocas horas de haber sido liberado Aldo Ferrero luego del trámite que hemos explicado.


            No corresponde a este Jurado ingresar a las causas de la muerte (homicidio o suicidio), pero sí tenerlo presente para comprender el estado emocional que provocó y sigue provocando en el personal del Juzgado Federal de Reconquista que ha prestado declaración ante este Jurado.


            Se ha escuchado que el día lunes 8 de agosto de 2005, aproximadamente a media mañana, los empleados Shcimanski, Zanel y Almeida, según surge del relato concordante que efectuaran ante este Jurado, se enteraron de la noticia de que había fallecido un policía de la Guardia Rural “Los Pumas” e inmediatamente los tres pensaron que se trataba del agente Claudio Capdevilla. Uno de ellos –Shcimanski- se comunicó telefónicamente con la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa Fe para preguntar sobre la identidad del occiso y se enteraron que –tal como habían imaginado- se trataba del efectivo que había testimoniado varias veces en la causa seguida contra Aldo Ferrero.


            37°) Una situación como la vivida explica que los mencionados empleados junto a Juan Ángel Acuña, Andrea Paola Fun, Elba Fernández y Claudia Machado, suscribieron una nota dirigida al Secretario de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Domingo Pochettino, haciéndole saber su “profunda preocupación y temor a sufrir algún tipo de represalias, sobre nuestras personas o la de nuestras familias, en virtud de la participación que nos cupo en los resonantes hechos que involucraron el accionar del Juzgado Federal del cual formamos parte”, y solicitándole “que tenga presente nuestra preocupación y nos brinde la seguridad que necesitamos a efectos de desarrollar nuestras vidas normalmente”. El funcionario provincial dio curso a la petición a través del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, organismo que ordenó protección policial y patrullajes esporádicos durante las 24 horas en las inmediaciones de los domicilios de los mencionados empleados.


 


CONCEPTO FINAL DE LA CONDUCTA DEL JUEZ.


            38°) Que el hecho de que el juez acusado, doctor Eduardo Luis María Fariz, haya intervenido en una concertación junto con los abogados Ricardo Ceferino Degoumois y Hugo Rebechi, para que los procesados con prisión preventiva Ferrero, Toloza y Gómez obtengan la libertad por excarcelación -fuera de los cauces legítimos- resulta una inconducta de significativa magnitud.


            El cargo se tiene por acreditado.


 


CONCLUSIONES DEL CARGO DE LA CAUSA 19 DE LOS DRES. HIGHTON DE NOLASCO, BALADRÓN, BASLA, GALLIA, PUYOL, ROCA, SAGUÉS, VAZQUEZ VILLAR Y ZAVALIA.


            39°) Que se ha probado en el curso de este juicio político que el magistrado acusado, doctor Eduardo Luis María Fariz, durante los meses de julio y agosto de 2005 intervino en forma concertada con los abogados Hugo Rebechi y Ricardo Ceferino Degoumois, en el otorgamiento de la libertad a los procesados con prisión preventiva Aldo Francisco Ferrero, Leonardo Ismael Toloza y Florentino Gómez (imputados por distintas infracciones al artículo 5°, inciso ‘c’, de la ley de estupefacientes N° 23.737), fuera de los carriles naturales del trámite ordinario y de quienes se encontraban interviniendo en los respectivos procesos como juez o defensores.


            Se ha probado que entre los pasos elegidos para el logro de ese fin, el magistrado acusado:


a)         Admitió la intervención del doctor Ricardo Ceferino Degoumois como abogado defensor del procesado Aldo Francisco Ferrero, no obstante haber actuado previamente como juez subrogante, adoptando importantes medidas. En el caso, pese a la prohibición establecida en el art. 15 de la ley 22192, sus implicancias éticas y constitucionales, no impidió la intervención del letrado;


b)         Omitió, al recepcionar el pedido de excarcelación presentado por el doctor Degoumois el 1° de agosto de 2005 en relación al procesado Aldo Ferrero, referirse a la anterior solicitud de libertad provisional en trámite habida en la misma causa. Permitió con ello incidencias  paralelas sobre una misma cuestión, generando el peligro del dictado de resoluciones contradictorias. 


c)         Otorgó un lento trámite a los incidentes excarcelatorios, de modo que al no pronunciarse personalmente sobre el encarcelamiento de los imputados –que de aplicar su conocido criterio hubiese rechazado-  dio lugar a que lo haga el juez subrogante.


d)        Solicitó licencia basándose en una dudosa y repentina dolencia, acreditada con un certificado médico de cuestionables calidades, obtenido el día previo, cuyo otorgamiento dio lugar a la designación de un reemplazante;


e)         Puso en funcionamiento los engranajes administrativos aptos para que fuera designado como juez subrogante y mediante un sospechoso sistema, el doctor Hugo Rebechi, quien terminó liberando a los tres defendidos del doctor Degoumois en horas de la tarde del viernes 5 de agosto de 2005.


            Que se advierte entonces que la actividad del magistrado acusado se desarrolló fuera de un cauce ético y legítimo,  lo que demuestra el desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia y menoscaba el prestigio de una de las instituciones esenciales del sistema democrático, como lo es el Poder Judicial de la Nación. Estos hechos resultan realmente graves e implican un serio desmedro de su idoneidad para continuar en el cargo, en tanto evidencian en su conducta designios ajenos al recto ejercicio de la función jurisdiccional.


            40°) Que además el magistrado incumplió los deberes éticos y legales que regulan su actuación jurisdiccional, que constituye un atributo esencial de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública depositada por los ciudadanos en los jueces.


            La justicia no es en el estado de derecho un concepto abstracto sino que equivale a la aplicación del derecho vigente, y conforme a él se han de resolver los conflictos sometidos a la decisión de los jueces. Ellos son independientes para garantizar la aplicación de la ley, encontrándose únicamente sometidos a ella, lo que origina la responsabilidad de quien abusando del cargo tuerce el derecho o directamente se aparta de él.


            El cargo se tiene por probado.


 


CONSIDERACIONES FINALES:


            La conducta del juez Fariz en los cargos que por unanimidad se han tenido por acreditados constituyen la causal constitucional de mal desempeño (artículo 53 de la Constitución Nacional), en tanto revelan un intolerable apartamiento de la misión confiada, con daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura.


            Todo ello motiva que este Jurado disponga la remoción del doctor Eduardo Luis María Faríz del cargo de juez federal, titular del Juzgado Federal de Reconquista, para el que fue designado.


                        El Jurado valora debidamente la trascendencia y gravedad institucional de una medida que importa separar a un juez de sus funciones, pero adopta tal decisión en resguardo de la administración de justicia, en el convencimiento de que el Dr. Eduardo Luis María Fariz debe cesar en el cargo de juez federal y en la prestación de servicios a la Nación. 


 


HONORARIOS PROFESIONALES DE LA DEFENSA:


                        Que los doctores Oscar Luis Vignale y Pablo Miguel Jacoby solicitaron en ocasión de los alegatos que se les regulen sus honorarios profesionales.


                        En atención a la naturaleza e importancia del presente enjuiciamiento, la labor desarrollada por los letrados, los escritos de defensa presentados en ambas causas, la actividad desplegada durante el trámite escrito de la causa y en el debate, corresponde regular sus honorarios en la suma de cincuenta mil pesos para cada uno de ellos (artículo 40 del Reglamento Procesal).                    


 


VOTACIÓN:


                        Que la votación de los señores miembros del Jurado ha concluido de la siguiente forma:


                        A) Respecto del primer cargo de la causa n° 17, votan por el rechazo de la acusación los doctores Highton de Nolasco, Baladrón, Gallia, Puyol, Roca, Sagués, Vázquez Villar y Zavalía y por la remoción del juez Fariz el doctor Basla.


                        B) Con relación al apartado “A” del segundo cargo de la causa n° 17, votan en forma unánime por el rechazo de la acusación todos los miembros.


                        En cuanto al apartado “B” del segundo cargo de la causa n° 17, votan por el rechazo de la acusación los doctores Baladrón, Gallia, Puyol, Vázquez Villar y Zavalía y, por la remoción del doctor Fariz, los doctores Highton de Nolasco, Basla, Roca y Sagués. En consecuencia por el resultado de la votación el presente cargo debe ser rechazado.


                        C) Por el tercer cargo de la causa N° 17, votan en forma unánime por la remoción del magistrado todos los miembros.


                        D) En cuanto al cuarto cargo de la causa N° 17, votan en forma unánime por el rechazo de la acusación todos los miembros.


                        E) En lo que concierne al cargo contenido en la causa N° 19, votan en forma unánime por la remoción del magistrado todos los miembros.


 


                        Por ello, sobre la base de lo dispuesto por los artículos 53, 110 y 115 de la Constitución Nacional, disposiciones pertinentes de la ley 24.937 y sus modificatorias y del Reglamento Procesal, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación,


 


                        RESUELVE:


                        I) REMOVER al señor juez doctor Eduardo Luis María Fariz, titular del Juzgado Federal de Reconquista –Provincia de Santa Fe-, por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño en sus funciones, con costas.


                        II) TENER PRESENTE las reservas de la cuestión federal formuladas por la defensa.


                        III) REGULAR los honorarios profesionales de los doctores Oscar Luis Vignale y Pablo Miguel Jacoby en la suma de pesos cincuenta mil para cada uno de ellos.


                        IV) COMUNICAR la presente resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia –Chaco-.


                        Anótese; regístrese; notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial.