La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, por Patricia Barbado




 









SJA 3/6/2009



SUMARIO:


I. Introducción.- II. El marco protectorio de la discapacidad y el derecho a la salud.- III. La jurisprudencia nacional en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad a las prestaciones de salud.- IV. Conclusiones


I. INTRODUCCIÓN


Analizaremos el grado de accesibilidad a las prestaciones de salud que tienen las personas con discapacidad (en adelante, PCD) a través de la realidad que refleja la jurisprudencia de nuestros tribunales, para verificar si en los hechos existen barreras que agravan la vulnerabilidad que poseen por su propia condición.


Por lo pronto, conviene dejar en claro los conceptos que constituyen el eje de nuestra investigación (discapacidad, vulnerabilidad, barreras y accesibilidad).


La discapacidad, según el art. 2 Ver Texto , ley 24091, puede ser definida como una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación con la edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.


Sin embargo, este concepto está en evolución. En el Preámbulo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (pto. e), aprobada en el año 2008 por la ley 26378 Ver Texto , se considera a la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.


Por lo tanto, se advierte que a partir de un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, ya no se considera a la discapacidad como la "deficiencia" de la que son portadoras las PCD o el rasgo asumido como determinante de sus limitaciones, sino como la exclusión a la que son sometidas, reflejada tanto socialmente como en los espacios urbanos y edilicios, que afecta la constitución del propio sujeto y su desarrollo, provoca dependencias físicas y sociales, colocando a la persona en una situación que implica la disminución de su autogobierno para conducirse normalmente en la cotidianeidad de su devenir histórico, personal y social.


Se debe ponderar también que la PCD presenta una especial vulnerabilidad y fragilidad que produce menoscabo de su integridad, capacidad y productividad, de sus relaciones y de su proyecto vital. Como integrantes de un "grupo vulnerable", las PCD poseen características y condiciones que les impide reaccionar favorablemente ante una situación que los afecte. La vulnerabilidad es, pues, un factor de indefensión, es decir, una incapacidad para hacer frente a una situación determinada por no contar con los recursos para reducir sus efectos negativos de esa situación.


Corresponde que nos ocupemos ahora de las barreras. Éstas pueden ser físicas, y son las que se observan en los espacios urbanos y edilicios, en los equipamientos, amoblamientos e instalaciones, en los sistemas de información y comunicación, las herramientas y elementos de trabajo y los utensilios.


Pero hay otras barreras más sutiles. La sociedad también genera o profundiza las discapacidades creando, además de las barreras físicas que hemos mencionado recién, otras barreras, como las sociales, culturales o legales que operan como formas de exclusión y marginación de las PCD.


Queda por definir entonces la accesibilidad que está representada por la posibilidad de las PCD de tener autonomía para desarrollar las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico a efectos de su integración social en igualdad de oportunidades.


Desde otra perspectiva, se podría decir que la accesibilidad comprende el conjunto de esfuerzos realizados en los diferentes ámbitos de la actividad humana para facilitar a las PCD el acceso a medios y recursos sociales, culturales, laborales, etc., en términos de la mayor igualdad posible.


Pero también el concepto de accesibilidad presenta varias facetas. La accesibilidad física permite las acciones de circulación, el traslado de un ámbito a otro, la aproximación y transferencia a amoblamientos e instalaciones y el uso de herramientas, utensilios, objetos. La accesibilidad comunicacional permite la percepción y comprensión de la espacialidad a una PCD visual, para la comprensión de lo que es expresado oralmente y para la comunicación interpersonal, a una PCD auditiva y para la "inteligibilidad" de los mensajes visuales o auditivos, respectivamente. Y también facilita la comprensión a una PCD intelectual.


Otro aspecto es el del derecho a la accesibilidad a los derechos al estudio y al trabajo, a la recreación, etc., a las normas de diseño inclusivo en la construcción según el tipo de ámbito habitable y su uso (vivienda, escuelas, plazas, etc.).


Este derecho a la accesibilidad es condición primordial para que una PCD pueda hacer, formarse, interrelacionarse, cultivarse y poder constituirse en sujeto activo y participativo. Y también, para tener protagonismo y participación como expresiones máximas del ejercicio de ciudadanía, ya que está asociado a la protección de la dignidad de la persona.


Si se tiene en cuenta que la discapacidad debe ser encarada como un problema emergente de salud pública, es obvio que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la salud es condición del ejercicio de los demás derechos, porque de existir barreras a la accesibilidad a las prestaciones de salud, la inclusión social, educativa y laboral de las PCD seguirá siendo una ficción (1) .


II. EL MARCO PROTECTORIO DE LA DISCAPACIDAD Y EL DERECHO A LA SALUD


En nuestro país, además de la ley 24091 Ver Texto de Discapacidad, rige la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad Ver Texto , que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, suscripta por nuestro país y que está vigente a partir de 2000 (ley 25280 Ver Texto ). Sus objetivos son la prevención y eliminación de la discriminación para la integración de las PCD.


Más recientemente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Ver Texto , que fue suscripta en 2006 y se encuentra en proceso de ratificación internacional, ha sido aprobada en 2008 por la ley nacional 26378 Ver Texto , y establece que "Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación".


A este marco protectorio, cuando se trata de niños con discapacidad, se suma la Convención de los Derechos del Niño Ver Texto , aprobada por la ley 23849 Ver Texto , que consagra el interés superior del niño o "principio pro minoris", el cual debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones, por todos los departamentos gubernamentales y toda autoridad nacional en asuntos concernientes a ellos (2) .


Entrando ahora a las prestaciones de salud de las PCD, mientras que la ley 23660 Ver Texto crea el Régimen de Organización del Sector de las Obras Sociales, la ley 23661 Ver Texto crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud y articula y coordina los servicios de salud de las obras sociales, los establecimientos públicos y los prestadores privados. Además, la ley 24754 Ver Texto obliga a las empresas de medicina prepaga a prestar como mínimo las mismas prestaciones obligatorias de las obras sociales. Finalmente, la precitada ley 24091 Ver Texto establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación a favor de las PCD.


Aquí debemos remarcar, como criterio rector, que el objeto social de las entidades destinadas al cuidado de la salud debe priorizar el compromiso social, sin supeditar el derecho a la salud a las fluctuaciones del mercado ni a las políticas que pretenden "economizar" la salud del paciente (3) .


Pero además hay que tener en cuenta los principios de dignidad humana, en tanto están íntimamente vinculados con los derechos humanos, por cuanto de los primeros se desprendieron los segundos con el propósito de normatizar su ejecución en una realidad particular y concreta, pero también general y universal.


Entre los derechos humanos de las PCD se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, que según la Corte Suprema es el primer derecho de la persona humana, respecto de la cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (4) . En otros términos, se trata de un derecho implícito sin el cual no se podrían ejercer los demás derechos.


En segundo lugar, el derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando establece en su art. 42 Ver Texto que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud". También en el art. 75 Ver Texto , inc. 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que también contemplan el derecho a la salud (arts. 25 Ver Texto , inc. 1, DUDH. y 12 Ver Texto , PIDESC.).


La importancia del derecho a la salud deriva de su condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema, un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, el alto tribunal ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (5) , constituye una política pública de nuestro país que debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de esos casos (6) .


Para la Corte Nacional también es impostergable la obligación de la autoridad pública de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y rehabilitación que requieran las PCD y los infantes. Esta doctrina tiene en consideración que el art. 75 Ver Texto , inc. 23, CN. establece que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (7) .


III. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS PRESTACIONES DE SALUD


La jurisprudencia ha declarado que el Estado Nacional estaba obligado a proveer medicación al paciente discapacitado (8) , y reiteradamente ha señalado que no puede incumplir sus obligaciones a través de sus organismos descentralizados (9) .


En otro supuesto se consideró que debía suministrar los remedios contra el VIH al menor, ya que toda vez que el art. 1 Ver Texto , ley 23798 declara de interés nacional la lucha contra el sida, aquél, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley (art. 3 Ver Texto ), era el responsable del cumplimiento de dicha norma en todo el territorio de la República (10) .


También fueron obligados tanto el Estado provincial (11) como el Nacional a brindar prestaciones educativas al infante que presentaba síndrome de Down (12) y al que tenía un retraso crónico en su crecimiento que le provocaba discapacidad mental y motora parcial y permanente. Ello, por cuanto al Estado, como garante de la inclusión educativa de las personas discapacitadas, le correspondía desarrollar, junto con las provincias, las acciones positivas para el cumplimiento de la Ley de Educación Ver Texto (13) .


En otro fallo se dispuso que, a través del Programa Federal de Salud, el Estado proveyera el medicamento para tratar la esclerosis múltiple (14) , y otro pronunciamiento ordenó que se brindaran los servicios médicos de neurología y fisiatría, el suministro de elementos físicos, como así también el de toda otra prestación o elemento médico que fueran requeridos de acuerdo con la patología, en el marco de la ley 24901 Ver Texto , sin trámite administrativo alguno que lo impida o trabe (15) .


Respecto del derecho de la PCD de acceder a una vivienda digna, teniendo en cuenta el estado lastimoso en que vivían la actora y sus hijos, y que no podía siquiera mantener la casilla en la que habitaban, se ordenó a la autoridad competente arbitrar los medios necesarios a fin de dar una adecuada solución al problema mediante la inclusión en un plan de emergencia habitacional (16) .


En lo relativo a las obras sociales, se estableció que éstas debían proveer prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación de la salud, que respondiesen al mejor nivel de calidad disponible y garantizaran a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación con base en un criterio de justicia distributiva, para asegurar el derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (17) .


Y mediante el dictado de medidas cautelares los agentes de salud fueron asimismo obligados a brindar las prestaciones básicas de salud (18) y los remedios que necesitaban los peticionarios (19) .


En particular, respecto de menores discapacitados, diversos pronunciamientos han obligado a las obras sociales a suministrarles cobertura asistencial completa (20) . En otro supuesto la obra social debió proveer un aparato amplificador al niño hipoacúsico, por cuanto si bien el equipo no estaba incluido en el Programa Médico Obligatorio, éste establecía una base de prestaciones mínimas y no un esquema cerrado que permaneciera al margen de modificaciones en beneficio de los afiliados al sistema (21) .


También las obras sociales debieron suministrar hormona del crecimiento (22) , medicamentos (23) , incluso drogas extranjeras no comercializadas en el país (24) , y pañales descartables (25) . Y se les ordenó continuar con la internación (26) y cubrir el traslado en transporte individual (27) , la rehabilitación especializada (28) y la atención, tanto en el mismo instituto especializado al que concurría el niño, pues no se había demostrado la necesidad del cambio (29) (también en el caso de un menor autista (nota)<FD 20090382 [30]>), como por parte de especialistas, aun cuando no pertenecieran al cuerpo de profesionales, en tanto debían intervenir imprescindiblemente dadas las características específicas de la patología (31) . En esta misma línea, se admitió la contratación de una maestra integradora prescripta por el neurólogo infantil que atendía al niño para incrementar la escolaridad común (32) y de un profesor particular de natación para la rehabilitación en la pileta del instituto al que concurría (33) , como así también de una cuidadora a domicilio aun cuando esta prestación no se encontrase prevista en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, aprobado por la resolución 428/1999 Ver Texto del Ministerio de Salud y Acción Social (34) .


Por la vía del amparo se dispuso la cobertura de una prestación no contemplada en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia para la cirugía de obesidad mórbida (bypass gástrico), toda vez que era incapacitante, tanto respecto de una obra social (35) como de una empresa de medicina prepaga (36) .


También las empresas de medicina prepaga fueron obligadas a cubrir como mínimo idénticas prestaciones obligatorias que las dispuestas para las obras sociales (37) , tales como la provisión de medicación (38) y de tratamiento médico, farmacológico y ortopédico, atendiendo a la gravedad de su discapacidad (39) , y, en otro caso, la provisión de la prótesis auditiva interna con cobertura del 100% para el tratamiento quirúrgico y encendido y calibrado post-implante (40) .


También se dispuso que el 100% de la cobertura integral del medicamento para cubrir el déficit de hormona del crecimiento de la menor estuviese a cargo de la empresa de medicina prepaga (41) , y en otra hipótesis, que una entidad de esta naturaleza cubriera el tratamiento de estimulación temprana de la niña (42) .


IV. CONCLUSIONES


Teniendo en cuenta que el acceso a las prestaciones de salud es lo que permite el acceso de la PCD a los demás derechos y que la finalidad de la ley 24091 Ver Texto es brindar cobertura integral a sus necesidades y requerimientos y lograr su integración social, los fallos a los que hemos pasado revista muestran una realidad que está muy distante de los objetivos previstos por la ley, ya que se advierte un notable déficit en las prestaciones efectivamente brindadas a través de los sistemas de salud.


Además de la ineficiencia de las políticas sanitarias de los últimos tiempos, se advierte una creciente privatización del sector de salud y su organización bajo las modalidades de empresas comerciales, lo que a su vez impone una activa vigilancia y contralor por parte del poder público, lo cual tampoco se observa en los hechos.


Pero lo que es más preocupante aún es que la gran cantidad de reclamos judiciales es un indicador de la práctica de políticas restrictivas y, por ende, discriminatorias en las prestaciones de los servicios de salud por parte de los agentes de salud. Este número creciente de reclamos tampoco refleja la real gravedad de los incumplimientos, pues sólo una parte de los casos en que no se reciben las prestaciones llega a la justicia. Es obvio que este extremo deja afuera del sistema a quienes no conocen sus derechos o bien no reclaman su cumplimiento, y se trata de una circunstancia que es aprovechada por los agentes de salud.


Esta actitud implica el desconocimiento de los derechos sociales, entre los que cuenta la asistencia sanitaria como una exigencia de la justicia social y crean un nuevo tipo de discriminación que lesiona los derechos fundamentales de la PCD, no obstante se reconozca, siguiendo a la Corte Suprema, que la vía del amparo permite garantizar ampliamente el derecho a la salud integral.


En tanto se debe garantizar a la PCD un "real" derecho de acceso al sistema de salud que garantice el "ejercicio efectivo" del derecho constitucional a la salud, para resolver este déficit prestacional que implica un verdadero ejercicio abusivo de los derechos de los agentes de salud el Estado debe adoptar, a través del Congreso, medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.


Sería conveniente entonces que los legisladores revisen los textos legales, rediseñen los lineamientos de las políticas de salud y adviertan esta nueva barrera creada por políticas de racionalización de los servicios para "economizar" gastos, estableciendo sanciones pecuniarias para los prestadores que se nieguen sistemáticamente a prestar la asistencia a la que están obligados.


NOTAS:


(1) Coriat, Silvia A., "Asignaturas pendientes en accesibilidad", JA del 27/8/2008; Bulit Goñi, Luis G., "El derecho a la salud y la discapacidad. Falta de coherencia en las políticas públicas y su marco jurídico", RDLSS 2007-22-1986; Maljar, Daniel E., "Responsabilidad del Estado en materia de derecho a la salud según la Corte Suprema de Justicia de la Nación", JA 2005-II-1195 , del 29/6/2005; Rosales, Pablo O., "Un estudio general de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" Ver Texto , JA del 27/8/2008 .


(2) Fallos 323:3229 Ver Texto .


(3) C. Fed. Salta, 6/11/2007, "Zeitune Navarro, Ana L. v. Swiss Medical S.A." Ver Texto , Lexis 1/1023985.


(4) Fallos 323:3229 Ver Texto .


(5) Doct. Fallos 323:1339 Ver Texto y 3229 Ver Texto , 324:3569 .


(6) Conf. los fundamentos del dictamen del procurador general de la Nación en la causa "Lifschitz, Graciela B. y otros v. Estado Nacional" , L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/6/2004.


(7) Fallos 323:3229 Ver Texto .


(8) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 1/3/2007, "Roble, Mariana y otro v. Estado Nacional" Ver Texto ; Corte Sup., 11/7/2006, "F., A. C. y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. v. Estado Nacional" Ver Texto , Lexis 1/1019174 o 1/1019186.


(9) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 1/4/2004, "Gallardo, Guadalupe y otros v. Dirección de Ayuda Social para el Pers. del Congreso" Ver Texto ; íd., 19/8/2004, "Sandoval, Francisco A. v. DIBA" Ver Texto ; íd., 13/12/2005, "Santi, Damián S. v. Instituto de Obra Social del Ejército" Ver Texto ; íd., 30/8/2007, "Décima, Teresa del V. v. Instituto de Obra Social del Ejército"; sala 3ª, 8/3/2007, "Soffientini Marco S. v. Instituto de Obra Social del Ejército" Ver Texto .


(10) C. Fed. Mar del Plata, 27/3/2007, "F., E. C. v. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" Ver Texto .


(11) Corte Sup., 30/9/2008, "I., C. F. v. Provincia de Buenos Aires" Ver Texto , Lexis 1/70048190-5.


(12) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 9/10/2008, "Suárez, Claudia L. v. Comisión Nac. Asesora para la Integración de las Pers. Discap. y otro" Ver Texto ; sala 1ª, 9/10/2001, "Tablón, Alberto J. y otros v. Obra Social de Viajantes de la Rep. Arg." Ver Texto .


(13) C. Fed. La Plata, sala 2ª, 22/11/2007, "G., M. B. v. Provincia de Buenos Aires y otros" Ver Texto .


(14) C. Fed. Mendoza, sala A, 20/4/2007, "R., M. A. v. Programa Federal de Salud" Ver Texto , Lexis 1/70040862-1.


(15) Corte Sup., 18/9/2007, "Passero de Barriera, Graciela v. Estado Nacional" Ver Texto , P.2144.XLI.


(16) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 24/5/2007, "Guanca Flores, Aleja v. Estado Nacional" Ver Texto .


(17) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 1/11/2005, "Varela, Carlos A. v. OSDE" Ver Texto .


(18) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 14/2/2008, "Cinollo Vernengo, Laura M. v. Consolidar Salud S.A.".


(19) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 24/4/2008, "Morbelli, Guido P. v. Dirección de Salud y Acción Social de la Armada".


(20) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 12/3/2001, "S. de O., S. A. v. OSPEDyC".


(21) Juzg. Civ. y Com. Jujuy, n. 7, 10/4/2007, "Apaza, César P. v. CoSalud - Osmedica" Ver Texto , Lexis 1/1032669.


(22) Sup. Corte Bs. As., 10/11/2004, "G., M. N. v. Provincia de Buenos Aires" Ver Texto , Lexis 1/70017853-1; íd., 6/10/2004, "Y. A., K. v. Provincia de Buenos Aires" Ver Texto , Lexis 1/70017615-1.


(23) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 13/6/2002, "Álvarez, María E. v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac." Ver Texto .


(24) C. Fed. Mar del Plata, 2/11/2007, "E., A. A. y otro v. Obra Social de Ejecutivos" Ver Texto .


(25) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 29/10/1998, "Agüero, José v. OSIM"; íd., 3/4/2003, "Pirán, Catalina M. v. OSDE" Ver Texto .


(26) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 18/3/1999, "Mazadi, Armando E. v. Obra Social de Actores".


(27) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 19/8/2004, "Sandoval, Francisco A. v. DIBA" Ver Texto .


(28) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 27/4/2004, "Ribas, María A. v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.".


(29) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 19/2/2002, "Griffo, Matías J. v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac." Ver Texto ; íd., 3/3/2005, "Hrub, Matías A. v. OSIM".


(30) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 10/7/2003, "Deguisa, Julián I. v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.".


(31) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 8/11/2005, "Barbatelli, Giuliano v. OSDE" Ver Texto .


(32) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 8/5/2007, "Suñé, Thiago v. Obra Social Unión Personal"; C. Nac. Civ., sala G, 4/3/2008, "B., E. J. y otro v. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas" Ver Texto , Lexis 1/1032078.


(33) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 19/9/2007, "Paxon, Sergio G. v. Obra Social del Ejército".


(34) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 8/7/2003, "Yona Chinchilla, Diana v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.".


(35) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 22/4/2008, "Álvarez, María del S. v. Obra Social Bancaria Argentina Solidaridad"; C. Fed. La Plata, sala 3ª, 4/12/2007, "C., M. J. v. Unión del Personal Civil de la Nación" Ver Texto , Lexis 1/1025324.


(36) Juzg. Civ. y Com. Rosario, n. 10, 23/4/2007, "Cabrera, Javier M. v. Galeno Argentina S.A." Ver Texto , Lexis 1/70042250-1.


(37) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 23/2/2007, "Álvarez, Eduardo E. v. CEMIC"; Corte Sup., 28/8/2007, "Cambiaso Péres de Nealón, Celia M. A. y otros v. Centro de Educación Médica e Investigaciones" Ver Texto .


(38) C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 20/12/2007, "Ledwith, Christian v. CEMIC" Ver Texto .


(39) C. Nac. Civ., sala I, 14/9/2004, "C. J. v. Femedica" Ver Texto .


(40) C. Nac. Civ., sala B, 13/12/2004, "I., M. C. v. Sistema de Protección Médica S.A. División T" Ver Texto , Lexis 1/74288 o 1/74284.


(41) C. Nac. Civ., sala G, 17/7/2008, "G., P. G. y otro v. Organización de Servicios Directos Empresariales" Ver Texto , Lexis 1/70048257-1.


(42) C. Nac. Civ., sala J, 22/9/2006, "H., F. A. y otros v. Centro de Educación Médica e Investigaciones y otro" Ver Texto , Lexis 1/1015784.


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