Cirugía de reducción mamaria. Paciente que sufre de gigantomastia. Procedencia de la cobertura


                                   


                                  


Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 10-  


 


                                                                      


 


     Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012.


Y VISTOS: Para dictar sentencia en este expediente caratulado “O., H. N. C/ ACCORD SALUD S/ AMPARO”, de cuyo estudio,


RESULTA:


1.- Que a fs. 13/16 se presenta Haydee Norma Orlando, por derecho propio, promoviendo la presente acción de amparo contra ACCORD SALUD por medio de la cual solicita que dicha entidad cubra en forma integral e inmediata una intervención quirúrgica reparadora de reducción mamaria, por padecer “gigantomastía” que le causa alteraciones en la columna vertebral. Pide costas.


A fs. 37 se imprimió a los presentes actuados el trámite del juicio sumarisimo, ampliando la actora su demanda en la presentación de fs. 39/41 en la que solicitó asimismo el dictado de una medida cautelar que fue denegada a fs. 52 y vta. luego de que se expidiera el Cuerpo Médico Forense (conf. dictamen de fs. 49/51).  


2.- A fs. 61/65 se presenta la Obra Social demandada explicando que ACCORD SALUD es el nombre de fantasía que utiliza para comercializar los planes privados.


Asimismo, Unión Personal, luego de plantear la caducidad de la instancia, contesta la acción solicitando su desestimación, con costas.


Luego de efectuar las negativas de rigor, sostiene que la mastoplastía de reducción para el tratamiento de la gigantomastía es una operación de cirugía estética no incluida en el Plan Médico Obligatorio, por lo que no existe incumplimiento de su parte.


Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.


3.- A fs. 69 se desestimó la caducidad de la instancia acusada por la emplazada.


4.- A fs. 78 se sustancia con ésta parte el informe producido por el Cuerpo Médico Forense, que mereció las observaciones de fs. 81. 


  5.- Remitidas nuevamente las actuaciones a dicho organismo oficial, presenta su dictamen a fs 84/87.


             Por último, mediante providencia de fecha  22 de noviembre del corriente, se llama autos para sentencia. Y,


CONSIDERANDO:


  1.- Antes de entrar al examen de fondo del asunto, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos de las partes, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).


  Recuerdo, en este mismo orden de ideas, que tampoco estoy obligada a examinar cada una de las probanzas ofrecidas y aportadas a la causa sino sólo las que sean necesarias para la resolución del conflicto (conf. C. S. Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más), las que merezcan mayor fe (conf. C. N. Com., sala C, 26/12/1991, LL, 1992-E-42; 30/7/1990; DJ, 1990-3-302.), o las que sean decisivas para fallar (conf. C. N. Com., sala B, 22/4/1991, LL, 1991-C-339), en concordancia con los demás elementos que pudiesen obrar en el expediente (conf. C. N. Com., sala C, 21/9/1992, LL, 1993-D-21; J. L. Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado, Editorial Abeledo Perrot, ed. 2006, disponible en www.abeledoperrot.com).


  Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; entre muchos otros).


  Tal criterio es recibido también en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal.


2.- Por lo pronto, cabe señalar que la importancia del derecho a la salud deriva de su condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema, un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, el Alto Tribunal ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (conf. doct. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), constituye una política pública de nuestro país que debe orientar la decisión de quienes estamos llamados al juzgamiento de esos casos (conf. los fundamentos del dictamen del procurador general de la Nación en la causa "Lifschitz, Graciela B. y otros v. Estado Nacional", L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/6/04).


El derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando establece en su art. 42 que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud".


También en el art. 75, inc. 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que también contemplan el derecho a la salud.


Entre ellos, el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y, en especial, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.


En el mismo sentido, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.


A su vez, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estableció que entre las medidas que los Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (conf. Sala I, causa 798/05 del 27.12.05).


3.- Es improcedente el cuestionamiento que efectúa la obra social en el sentido de que la cirugía prescripta no se halla contemplada en el PMO, por cuanto éste establece un piso mínimo de prestaciones que debe garantizar, lo cual no constituye una limitación para los Agentes del Seguro de Salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios  están en condiciones de exigir (conf. Sala II, causa 8864/11 del 22.3.12).


Ahora bien, la intervención cuya cobertura requiere la actora tiende corregir las secuelas de la patología que presenta, esto es, la actitud compensatoria cervico dorsal por el excesivo peso de las mamas. Esto lo dictaminó el C.M.F. (conf. fs. 86) y el médico tratante (conf. fs. 1/6) y no aparece suficientemente cuestionado en las impugnaciones de fs. 94, en tanto resultan la expresión de discrepancia carentes de sustento científico.


Como se trata, pues, de una operación de cirugía “reparadora”, considero que la posición de la demandada importa privar a la actora del tratamiento quirúrgico prescripto por su médico tratante que pertenece a su cartilla (conf. certificados de fs. 1 y 6), obrar que implica el desconocimiento de los derechos sociales, entre los que cuenta la asistencia sanitaria como una exigencia de la justicia social y lesiona los derechos fundamentales de la actora.


En función de lo expuesto y de lo que surge del certificado médico expedido por el profesional tratante (conf. fs. 1 y 6) y lo dictaminado por el C.M.F. la prescripción de la cirugía reparadora de reducción mamaria aparece como la única alternativa de salud y bienestar para superar las consecuencias adversas de la patología que sufre, por lo que se justifica admitir el reclamo de autos.


Las costas se imponen a la emplazada en su carácter de parte vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).


En función de lo expuesto, normas citadas y doctrina y jurisprudencia mencionadas, FALLO:


           1.- Admitiendo la acción interpuesta por Haydee Norma Orlando, y, por tanto, condenando a la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación a que preste la cobertura integral y en forma inmediata de la intervención quirúrgica de reducción mamaria.


2.- Imponiendo las costas a la demandada.


3.- Atendiendo al mérito, a la extensión y a la eficacia de la totalidad de los trabajos desarrollados, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la causa y a los derechos involucrados, así como a los montos que habitualmente la jurisprudencia del Fuero establece en litigios como el de autos donde se cuestiona el acceso al sistema de salud, regulo los honorarios: a) del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Walter Fernando Krieger, en la suma de seis mil pesos ($ 6.000) y, b) de la dirección letrada y representación de la demandada Dres. María Cristina Yañez Rey, Adrián Oscar Vivian y Maximiliano Alejandro Oliva, en las sumas de cinco mil pesos ($ 5.000), en la de cuatrocientos pesos ($ 400) y en la de cuatrocientos pesos ($ 400), respectivamente (conf. arts. 3, 6, 7, 8, 9, 37, 39 y 47 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).


Por las tareas correspondientes al incidente de caducidad de la instancia planteada por la demandada, que fuera desestimado a fs. 69, regulo los honorarios del Dr. Walter Fernando Krieger, en la suma de cuatrocientos pesos ($ 400), mientras que los de la Dra. María Cristina Yañez Rey, los estimo en la suma de trescientos pesos ($ 300) (arts. 33 y cits. del arancel).


Fíjase en diez (10) días hábiles el plazo para el pago de los honorarios discernidos precedentemente.


Regístrese, notifíquese a las partes por cédulas a confeccionar por Secretaría y oportunamente, ARCHIVESE.


PATRICIA BARBADO


Jueza federal