Paciente que sufre una enfermedad poco frecuente. Cobertura de tratamientos médico y farmacológico y de alojamiento y viáticos durante su estadía en Buenos Aires


                          Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 10-  Sentencia Nro.       /2012.


                                        


 


 


 


 


      Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012.


            Y VISTOS: para dictar sentencia en estos autos caratulados “NINA IVÁN DAVID C/ MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA NACIÓN Y OTRO S/ SUMARÍSIMO” de cuyo estudio,


            RESULTA:


1.- A fs. 55/62 se presenta Carina Luisa Quispe, en representación de su hijo menor de edad Iván David Nina, promoviendo acción sumarísima contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y OS PE GA P –Obra Social del Petróleo y Gas Privado- con el objeto de obtener el acceso efectivo a la cobertura de salud y discapacidad.


Solicita una medida cautelar de innovar tendiente a obtener la cobertura integral de las siguientes prestaciones: 1) atención médica en Centro Especializado en Enfermedades Poco Frecuentes Hospital Austral, con neurólogo especializado Dr. Amartino Hernán; 2) provisión de la medicación “indursulfasa de marca comercial Elaprase, dosis para una infusión 1 vial, terapia de sustitución enzimática”, medicación de alto costo que se necesita con suma urgencia por riesgo de vida por diagnóstico de enfermedad poco frecuente Síndrome de Hunter; 3) tratamiento urgente de abscesos dentales, cirugía odontológica con anestesia general con internación en UTI y odontólogo especializado en discapacidad; 4) consultas con otorrinolaringólogo, ortopedia y traumatología (tratamiento kinésico articular, ventilación pulmonar y cardíaco); 5) oftalmología; 6) estudios potenciales evocados de tronco, auditivo con detección de umbrales bajo sedación en servicio de audiología (equipamiento con audífonos); 7) traslados a su provincia en avión al finalizar y 8) subsidio por prestaciones complementarias ley 24901 para viáticos en extraña jurisdicción, alimentos y pago para hotel en esta ciudad.


Explica que el grupo familiar tiene la cobertura de la obra social demandada desde el año 2006 y que debido a la salud de su hijo, se ha trasladado con él a Buenos Aires para su atención médica ya que residen en Tierra del Fuego.


Dice que su hijo es discapacitado desde el nacimiento (3.10.04) por padecer Síndrome de Hunter, también conocido como mucopolisacaridosis tipo II. Explica que se trata de un error innato del metabolismo, caracterizado por el déficit de una enzima conocida como sulfatasa del iduronato. Agrega que las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias raras (rasgo recesivo ligado al cromosoma X) de depósito lisosomal (los lisosomas son estructuras de las células que funcionan como las unidades digestivas elementales), causadas por el déficit de una de las diez enzimas lisosomales específicas que producen una incapacidad para degradar los carbohidratos complejos o moléculas mas simples.


Añade que dicha acumulación es la causa de un gran número de síntomas y anomalías físicas, que se evidencian entre los dos y cuatro años, como un retraso progresivo del crecimiento, rigidez articular, limitación asociada de los movimientos, tosquedad de los rasgos faciales, entre otros. El pronóstico de vida de estos niños oscila entre los 20 años o a veces inferior.


Manifiesta que del informe médico que adjunta surge la posibilidad de aplicación con urgencia de una nueva terapia de reemplazo enzimático (ELAPRASE) en forma ininterrumpida, como única opción terapéutica disponible para su salud, sumado a los requerimientos que describe a fs. 56/57.


Dice que con su hijo está viviendo en Buenos Aires, que la obra social no les paga los viáticos, ni alojamiento, ni el avión, único medio de transporte en el que puede viajar el niño, quien requiere atención urgente porque su enfermedad es grave y discapacitante.


Esgrime que conforme a la legislación vigente, la medicación solicitada debe estar cubierta al 100% tanto por el Estado Nacional como por la obra social demandada, como así también todos los requerimientos y atención en un centro especializado, como lo es el Hospital Austral.


Sostiene que la medicación es de altísimo costo, que se encuentra aprobada por la FDA y que no es producida en Argentina, y que se cuenta con la autorización de ANMAT para importarla –conforme disposición 840/95 para especialidades medicinales para uso compasivo-.


Transcribe la carta documento de fecha 16.08.11, remitida a la obra social accionada intimándola a que cumpla con las prestaciones solicitadas, la que no fue respondida.


Detalla el daño inminente que podría causar la falta de la debida atención del niño (transcribe un informe de la médica tratante a fs. 59 y vta.) y, hace mención al derecho constitucional de la salud que se encuentra vulnerado.


Funda en derecho y ofrece prueba.


2.- A fs. 77/78 se admitió la medida cautelar solicitada donde se ordenó a la Obra Social del Petróleo y Gas Privado –OS PE GAS P- a arbitrar los medios necesarios para brindar la cobertura del 100% de la urgente atención médica en un centro especializado en “Enfermedades Poco Frecuentes” en la especialidad de neurología, en el Hospital Austral de la Localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires; a proveer con la misma cobertura del 100% de su costo la medicación solicitada para la administración indicada por los médicos tratantes en esta enfermedad; también deberá brindar el tratamiento odontológico, consultas otorrinolaringología y oftalmología, y demás estudios complementarios que los facultativos estimen pertinentes, a su vez provea de los insumos y equipamientos que pudiere requerir hasta tanto se dicte sentencia definitiva. También ordenó el traslado en avión al domicilio de residencia del menor en Tierra del Fuego, al finalizar los controles y tratamientos recomendados.


3.- A fs. 109 se presenta la Obra Social de Petróleo y Gas Privados al sólo efecto de apelar la medida cautelar dictada en autos, recurso que funda a fs. 131/137.


A fs. 147/148 del incidente de apelación de medida cautelar n° 8716/2011, la Sala III de la Excma. Cámara del fuero confirma la decisión apelada.


4.- A fs. 118/125 se presenta el Estado Nacional –Ministerio de Desarrollo Social- rindiendo el informe previsto en el artículo 8 de la ley 16.986, oportunidad en la que deja pedido su rechazo, con costas.


Impugna la vía procesal del amparo por inadmisible e improcedente, habida cuenta no haberse acreditado en autos la existencia de los presupuestos de hecho y derecho previstos en el art. 43 CN y Ley 16.986. Fundamenta su postura.


Afirma que no existió intervención alguna y por tanto, acto u omisión por parte de su representada que de cualquier forma haya lesionado, restringido, alterado derechos o garantías constitucionales.


Destaca que, en cuanto a la materia objeto de la presente acción, le corresponde a cada provincia la obligación primaria de velar por la salud de sus vecinos, en este caso le compete a Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur y, en el caso particular, a la Obra Social del Petróleo y Gas Privado.


Asimismo, dice que no es responsable de la cobertura médica de la enfermedad padecida por el hijo de la accionante, sino que lo es el Ministerio de Salud de la Nación, en el ámbito nacional, en carácter de responsable subsidiario por su competencia específica en materia de salud.


Cumpliendo con el imperativo procesal realiza una lista de negativas, para esgrimir a continuación que la actora no solicitó en ningún momento lo requerido en la demanda, ni alegó alguna demora para justificar la promoción de la acción contra su representada. A su vez, reconoce que en circunstancias excepcionales y ante negativas del resto de los obligados, el Ministerio de Desarrollo Social otorga subsidios para dar solución puntual en casos altamente vulnerables, pero la actora no intentó iniciar ningún trámite a obtener el subsidio y, por lo tanto, no cumplió con los pasos administrativos necesarios a tal fin.


Manifiesta que la obligación del Estado corresponde en los supuestos en que el ciudadano no cuente con cobertura de una Obra Social, que no es el caso de autos, donde el menor se encuentra afiliado a un Agente del Sistema de Salud como lo es la Obra Social del Petróleo y Gas Privado.


Asimismo, conforme el sistema de la ley de Obras Sociales, los medicamentos de alto impacto económico son financiados por intermedio de la Administración de Programas Especiales.


Dice que no se ha acompañado la conclusión de la FDA respecto a la información final que debe presentar el Laboratorio Shire sobre los efectos del medicamento, ni siquiera si dicha información fue presentada por el laboratorio ante el organismo de control de los EEUU. Añade que dicha falta, así como la falta de aprobación por el ANMAT, llevarían a confirmar que la medicación se encuentra todavía en estado experimental.


Cita como terceros al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y al Ministerio de Salud.


Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.


5.- A fs. 126 se deniegan las citaciones impetradas.


6.- A fs. 179/185 se presenta la Obra Social del Petróleo y Gas Privado rindiendo el informe previsto en el artículo 8 de la ley 16.986, oportunidad en la que deja pedido su rechazo, con costas.


Luego de cumplir con el imperativo procesal de realizar las negativas de rigor, considera que la solicitud formulada judicialmente por la actora resulta innecesaria, ya que nunca existió de su parte negativa o dilación alguna en cuanto a lo requerido. Agrega que a esos fines se reservó la atención del menor en el Hospital de Atención Pediátrica “Juan P. Garraham”, al que nunca concurrió.


Manifiesta que se le expuso a la actora que esta institución actúa como Centro Nacional de Derivación- de referencia- para el tratamiento de este tipo de enfermedades, siendo el Centro Especializado que mayor cantidad de casos de este tipo atiende a nivel nacional e internacional.


A su vez, asevera que aceptó en todo momento a la Dra. Eva Serafín como médica tratante, la cual fue elegida oportunamente por la familia del paciente, a pesar de no ser un profesional de su cartilla. Dice que también validó las indicaciones y prescripciones de tratamiento que fueron requeridas y las canalizó con el prestador de mayor prestigio en atención, calidad y desarrollo científico acorde al caso que es el Hospital mencionado.


Opina que no corresponde imponer la atención en un prestador determinado, como ser el Hospital Austral -no siendo un centro especialista pediátrico sino polivalente- en virtud de una supuesta cercanía, cuando jamás le negó la posibilidad de colocar al beneficiario circunstancialmente más cerca del prestador propuesto.


Manifiesta que tampoco se adjuntó un elemento claro, fehaciente y dispuesto por su médico tratante, por el cual se descalifique por calidad de aptitud, posibilidad de rápida admisión y pericia de tratamiento al Hospital Garraham.


Explica que si la actora le hubiera planteado inconvenientes de radicación y traslado, ello se hubiera podido resolver, ya que asiste en estos casos a los afiliados mediante una estructura propia de servicios sociales “hotel propio” y genera un vínculo perfecto en atención médica y comodidad de acceso por parte del afiliado a la misma.


Informa que sólo puede tramitar la atención de la totalidad de las prácticas que solicita, siempre que el médico tratante disponga las correspondientes prescripciones, de modo de poder solicitar las reservas con los turnos correspondientes para su atención. Añade que, a través de la Gerencia de Prestaciones Médicas de la Obra Social, mantiene una fluida comunicación con la médica del paciente y que trata en todos los casos de adelantarse a las prescripciones que han de emitirse, de modo de generar la mínima dilación posible en la reserva de turnos.


Afirma que en ningún momento el derecho a la atención requerida se encontró comprometido, por lo que entiende que la acción deducida resulta improcedente.


Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.


7.- A fs. 190 la Defensora Pública de Menores e Incapaces asume la representación promiscua del menor.


8.- A fs. 199 la actora denuncia incumplimiento de la obra social de la medida cautelar dictada en autos por haberse verificado una demora en la entrega de la medicación de dos meses.


9.- A fs. 253, luego de llevar a cabo infinidad de  trámites –los que explica en la presentación de fs. 231/233-, la demandada remite información con lo que acredita el cumplimiento de la medida judicial, agregando a la causa las correspondientes constancias de entrega y aclarando que aún no ha podido realizar el pago al laboratorio que proporcionó el medicamento, estando pendiente en Banco Nación la autorización del pago.


10.- A fs. 267 la obra social solicita se decrete la caducidad de instancia en las presentes actuaciones. La actora contesta el traslado conferido a fs. 270/271 y la Defensora Oficial lo hace a fs. 275, en ambos casos solicitan su rechazo.


A fs. 277 se resuelve denegar la perención acusada por la demandada.


11.- El Sr. Procurador Fiscal presenta su dictamen a fs. 286/291.


            Por último, mediante providencia de fecha 7 de diciembre de este año, la que está firme, se llama AUTOS PARA SENTENCIA, y


CONSIDERANDO:


1.- Ante todo, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos de las partes, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).


Me atengo así a la jurisprudencia que considera que este criterio de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S., Fallos 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Dicho criterio es recibido también, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal.


2.- En el caso, está fuera de controversia que el menor Iván David Nina goza de la cobertura que brinda la Obra Social del Petróleo y Gas Privado (OSPEGAP), por cuanto su padre es afiliado a la misma (conf. fs. 17) y, que padece mucopolisacaridosis II  con retraso madurativo e hipoacusia bilateral (conf. certificado de discapacidad de fs. 6).


Tampoco esta en discusión que se le indicó la administración del medicamento requerido, que necesita ser atendido en un centro especializado en “enfermedades poco frecuentes” en la especialidad de neurología y que requiere tratamiento odontológico, consultas de otorrinolaringología y oftalmología, estudios complementarios e insumos y equipamientos que pudiere requerir, incluyendo los traslados necesarios, alojamiento y alimentos.


3.- Establecido lo anterior, cabe poner de resalto que la importancia del derecho a la salud deriva de su condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema, un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, el Alto Tribunal ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (conf. doct. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), constituye una política pública de nuestro país que debe orientar la decisión de quienes estamos llamados al juzgamiento de esos casos (conf. los fundamentos del dictamen del procurador general de la Nación en la causa "Lifschitz, Graciela B. y otros v. Estado Nacional", L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/6/04).


El derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando establece en su artículo 42 que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud".


También en el artículo 75, inc. 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que también contemplan el derecho a la salud.


Entre ellos, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.


En el mismo sentido, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.


A su vez, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estableció que entre las medidas que los Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (conf. Sala I, causa 798/05 del 27.12.05).


4.- Dicho esto, efectuaré seguidamente algunas consideraciones vinculadas con los derechos específicos de las personas con discapacidad (en adelante, PCD).


Para la Corte Nacional es impostergable la obligación de la autoridad pública de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y rehabilitación que requieran las PCD y los infantes.


Esta doctrina tiene en consideración que el artículo 75, inc. 23, de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (conf. Fallos 323:3229).


Entre los derechos humanos de las PCD se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, que según la Corte Suprema es el primer derecho de la persona humana, respecto de la cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (conf. Fallos 323:3229 y Sala I, causas 798/05 antes citada y 11.212/06 del 20.4.10).


En otros términos, se trata de un derecho implícito sin el cual no se podrían ejercer los demás derechos.


En nuestro país, además de la ley 24091 de Discapacidad, rige la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, suscripta por nuestro país y que está vigente a partir de 2000 (ley 25280). Sus objetivos son la prevención y eliminación de la discriminación para la integración de las PCD, como lo es el actor que padece de psoriaris vulgar crónica.


Más recientemente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue suscripta en 2006 y se encuentra en proceso de ratificación internacional, ha sido aprobada en 2008 por la ley nacional 26378, y establece que "Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación".


A este marco protectorio, cuando se trata de niños con discapacidad como lo es el actor, se suma la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23849, que consagra el interés superior del niño o "principio pro minoris", el cual debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones, por todos los departamentos gubernamentales y toda autoridad nacional en asuntos concernientes a ellos (conf. mi artículo, La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, publicado en SJA 3/6/2009).


5.- Entrando ahora al estudio de las prestaciones de salud que deben recibir las PCD, cabe destacar que mientras la ley 23660 crea el Régimen de Organización del Sector de las Obras Sociales, la ley 23661 instituye el Sistema Nacional del Seguro de Salud y articula y coordina los servicios de salud de las obras sociales, los establecimientos públicos y los prestadores privados.


Según la ley 24.901, las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicho cuerpo legal que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2), ya sea mediante servicios propios o contratados (art. 6) y estableciendo que en todos los casos la cobertura integral de rehabilitación se deberá brindar con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera (art. 15).


Contempla también la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).


Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).


También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).


Como se puede apreciar, la ley 24.901 consagra un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad (conf. Sala I, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; Sala II, causa 2837/03 del 8-8-03), cuya finalidad es su integración social (v. arg. arts. 11, 15, 23 y 33; conf. Sala I, causa 7841/99 del 7-2-2000, entre muchas otras).


En el caso, los requerimientos de la actora, dirigidos a la Obra Social del Petróleo y Gas Privado, en cuanto a la provisión del medicamento prescripto, atención médica en un centro especializado, tratamiento odontológico, consultas de otorrinolaringología y oftalmología, estudios complementarios e insumos y equipamientos que pudiere requerir, incluyendo los traslados necesarios y alojamiento en esta ciudad, encuadran en las previsiones antes citadas.


En función de lo dicho y ponderando que dicha entidad dejó incontestada la carta documento de fs. 54, lo que motivó la promoción del sub lite y que no puede desatender las necesidades del menor amparista, ya que esta fuera de controversia que goza de la cobertura que aquélla brinda y que padece la enfermedad antes mencionada, corresponde admitir la demanda y ordenar a la accionada que brinde en forma total, adecuada y sin interrupción las prestaciones antes mencionadas.


Asimismo, deberá brindar el tratamiento odontológico sobre los abscesos dentales del paciente, las consultas de otorrinolaringología y oftalmología, los estudios complementarios que los facultativos estimen pertinentes, los insumos y equipamientos que pudiere requerir.


También deberá proveer el traslado en avión al domicilio de residencia del menor en Tierra del Fuego al finalizar los controles y tratamientos indicados y hacerse cargo de los viáticos en extraña jurisdicción, alimentos y pago de hotel en caso de que no le provea alojamiento en un hotel propio.


Ello, por cuanto no ha demostrado que la cobertura total de dichas prestaciones -que fueron indicadas por la médica tratante, que es la profesional idónea en la materia y quien asume la responsabilidad en el tratamiento del menor (conf. Sala I, causa 10.536/09 del 22/12/09)- afecten su equilibrio económico ni la eficacia de la atención que recibe la totalidad de sus beneficiarios, máxime que, en su calidad de obra social, debe brindar a sus usuarios la mejor atención que resulte posible, dado el principio de solidaridad que rige en esta materia (conf. Sala II, causa 8002/08 “Ondik Guillermo Rodrigo c/ OSDE s/ Amparo” del 19.11.10). Repárese que en estos pleitos, en los que se trata de dilucidar cuestiones vinculadas con el derecho a la salud que tienen proyección económica, los accionados deben exponer y acreditar las razones de índole técnica que les impide brindar la cobertura.


6.- Distinta solución corresponde en cuanto al centro de atención especializado en EPF que debe prestar el tratamiento, pues juzgo adecuado que prosiga en el “Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garraham”, conforme lo ofrecido por la demandada (conf. fs. 179/85), en tanto se trata de un centro hospitalario público de alta complejidad que puede atender pacientes con Síndrome de Hunter, y que, a su vez, es un hospital de referencia donde se reciben consultas de profesionales de otras instituciones (conf. contestación de oficio que luce a fs. 256).


Pero además, advierto que la amparista no ha demostrado que sea inadecuado, aparte de mencionar que la Dra. Serafín sostuvo que en función del lugar de estadía del paciente (Merlo, Pcia. e Buenos Aires), era conveniente que se atendiera en el Hospital Austral, alternativa que dio sólo a título de ejemplo computando el lugar de residencia actual (conf. fs. 8).


Por lo tanto, corresponde que el tratamiento recomendado por la Dra. Serafín continúe en el “Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garraham”, debiendo la obra social arbitrar los medios necesarios para la derivación del paciente, siempre y cuando exista cercanía con el lugar de alojamiento que provea dicha entidad.


Las costas se imponen a la emplazada en su carácter de parte vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).


 


7.- Por último, analizaré la viabilidad de la acción deducida contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.


Siguiendo los lineamientos vertidos por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen de fs. 286/291, la función de dicho organismo está orientada a la integración social y desarrollo humano, como así también a la atención y reducción de las situaciones de vulnerabilidad social y desarrollo de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales, mas  no le compete las cuestiones atinentes a las prestaciones médicas.


No hay que perder de vista, que la función específica sobre cuestiones suscitadas referidas a prestaciones médicas, se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y organismos dependientes; y que, en este caso en particular, la obligada principal para dar cauce a los requerimientos de autos es la Obra Social del Petróleo y Gas Privado, que brinda la cobertura médica al amparista.


Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la actora no ha acompañado en autos ninguna constancia de la intervención o de la relación que pudiera haberse mantenido con el Estado Nacional con motivo de sus requerimientos.


En base a los argumentos vertidos, estimo que la acción entablada contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe ser desestimada, con costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión y a la forma en que se decide (art. 68. Cód. Procesal)


8.- En función de los expuesto, normas citadas y doctrina y jurisprudencia mencionadas y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal,


FALLO:


1.- Haciendo lugar, parcialmente, a la demanda promovida por la Sra. Carina Luisa Quispe, en representación del menor Iván David Nina, contra la Obra Social del Petróleo y Gas Privado, quien deberá cumplir con los requerimientos señalados en los considerandos 5 y 6;


3.- Rechazando la demanda promovida contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con costas por su orden;


2.- Imponiendo las costas a la obra social vencida;


            3.- Atendiendo al mérito, a la extensión y a la eficacia de la totalidad de los trabajos desarrollados, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la causa y a los derechos involucrados, así como a los montos que habitualmente la jurisprudencia del Fuero establece en litigios como el de autos donde se cuestiona el acceso al sistema de salud, regulo los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. María Inés Bianco, en la suma de seis mil pesos ($ 6.000); los del letrado apoderado del Estado Nacional, en la suma de ocho mil cuatrocientos pesos ($ 8.400); y los de los profesionales intervinientes por la Obra Social, Dr. Claudio Bargas Modernell –letrado patrocinante- en la suma de tres mil ochocientos dieciocho pesos ($ 3.818) y los de la Dra. Hebe A. Martínez –apoderada- en la suma de mil quinientos veintisiete pesos ($ 1.527) (conf. arts. 3, 6, 7, 8, 9, 37, 39 y 47 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).


Fijando el plazo para el pago de estos honorarios en diez (10) días hábiles.


Regístrese, notifíquese a las partes intervinientes mediante cédulas a confeccionar por Secretaría y a la Defensora Publica en su despacho y,  oportunamente ARCHIVESE.


 


 PATRICIA BARBADO


Jueza federal