Menor autista. Cobertura integral de prestaciones de rehabilitación en el instituto al que asiste.


                                                                                         


               Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 10- 


 


 


                                                       Buenos Aires, 15 de marzo de 2013.


Y VISTOS: Para dictar sentencia en este expediente caratulado “P. H., B. C/ MEDICUS SA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA S/ AMPARO”, de cuyo estudio,


RESULTA:


1.- A fs. 58/66 se presentaron Vanesa E. Hiriart y Gastón J. Presas en nombre y representación de su hijo menor de edad Bautista Presas Hiriart, a fin de promover acción de amparo contra Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica a los fines de que dicha empresa brinde la cobertura en un 100% del tratamiento cognitivo conductual del niño en la fundación “Mensajes del Alma” prescripto por sus médicos tratantes incluyendo los gastos de traslado que el tratamiento erogue.


Asimismo solicitaron, que las prestaciones sean brindadas sin limitaciones de tiempo y con los ajustes que puedan en el futuro aconsejar los profesionales que lo atienden y que los pagos de las mismas se realicen dentro del plazo prudencial de 15 días a partir de la presentación de la factura.


Manifestaron que desde hace varios años son afiliados a la empresa demandada, incluso antes del nacimiento de su hijo.


Explicaron que Bautista nació el 13 de abril de 2006 en el Sanatorio Otamendi y Miroli y que el embarazo fue normal, pero que a causa del desprendimiento placentario en la semana 37 de gestación debió practicarse una cesárea de urgencia. Luego de una evolución favorable se le otorgó el alta médica.


Indicaron que a los 14 meses de vida, el menor sufrió una convulsión febril, debiéndosele realizar varios estudios y controles neurológicos cada dos meses. 


Señalaron que en el año 2008 comenzó a concurrir a “Salita de 2”, momento en el que -advertidos por sus docentes- observaron la falta de lenguaje y la falta de interacción con otros niños. Inmediatamente comenzaron un tratamiento con una psicomotricista y terapeuta con estimulación temprana, agregándole tiempo después terapia psicológica.


 Continuaron diciendo que si bien en un primer momento hubo algunos cambios, con el correr del tiempo se produjo un estancamiento en su evolución y que luego de realizarle decenas de estudios y evaluaciones obtuvieron el diagnostico médico -trastorno generalizado del desarrollo espectro autista- motivo por el cual en noviembre del mismo año le otorgaron el certificado de discapacidad N° 223171.


En marzo de 2010, luego de varios años de tratamiento sin mejorías, fue atendido por el médico neurólogo Dr. Lucas E. Hernández (prestador de la demandada), quien tras realizar los exámenes de rigor indicó una terapia cognitivo conductual intensiva de 15 hs. semanales, la que debería ser llevada a cabo dentro de la zona de residencia (Lanus), atento las características que presenta el menor. 


Al mismo tiempo consultaron al pediatra que atendía al niño, también prestador de la demandada, quien prescribió el mismo tratamiento y con idénticas recomendaciones que el médico neurólogo en cuanto al lugar y zona en la que se debería realizar la terapia.


Afirmaron que tras varias negociaciones con la empresa de medicina prepaga y no teniendo esta última un prestador que cumpliera con las características de cercanía a su domicilio,  obtuvieron la firma de un convenio mediante el cual se aceptaba la cobertura del tratamiento en la fundación “Mensajes del Alma” (no prestadora de Medicus) por el monto de $ 2800, que para la primera etapa del tratamiento (adaptación), alcanzaba a cubrir los costos.


Explicaron, en forma detallada, las características del tratamiento brindado al menor, la difícil adaptación a la nueva terapia y el fuerte vinculo que estableció con sus terapeutas.


Agregaron que si bien el convenio firmado en el año 2010 cubriría la prestación hasta el mes de abril de 2011, debido a cambios en los valores de la terapia -ya que a partir de aquí se daría comienzo al tratamiento intensivo oportunamente prescrito- solicitaron a la empresa de medicina prepaga una nueva autorización.


Comentaron que tanto el médico neurólogo como el pediatra que atienden a su hijo han dejado claramente la necesidad del menor de continuar su tratamiento en la institución en cuestión.


Sostuvieron que luego de participar de varias reuniones con el médico auditor de la demandada le informaron que Medicus había formado un equipo interdisciplinario para tratamientos cognitivos conductales, pero que dicho tratamiento se brindaba -únicamente- en el Centro Medicus de Salud Mental ubicado en la CABA sin posibilidad de prestarlo a domicilio.   


Continuaron con su relato manifestando que tras dos semanas de espera la demandada le informó que solo cubriría parte de la prestación pretendida debiendo ellos solventar la diferencia de los costos, diferencia que -afirman- les resulta imposible de afrontar.


Indicaron detalladamente, la situación por la que pasaría el menor si tendría que concurrir al centro de salud ofrecido por la accionada, respecto del largo viaje al que se enfrentaría y  sus consecuencias dañosas.


Por otro lado, aseguraron, que su pedido no es ni antojadizo ni caprichoso, sino que obedece a la insuficiencia de prestadores de la demandada, dentro del radio de su domicilio.   


Frente al silencio a los reclamos efectuados, explicaron que debieron iniciar el presente amparo.


Seguidamente, fundaron en derecho su petición y solicitan el dictado de una medida cautelar.


Finalmente ofrecieron prueba e hicieron reserva del caso federal.


2.- A fs. 67/68 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada ordenándose a Medicus SA cubrir en un 100% el tratamiento prescripto al menor.


A fs. 70 la Defensora Pública de Menores e Incapaces tomó intervención en las presentes actuaciones.


A fs. 77/79 la parte demandada apeló la medida dictada en autos, declarándose desierto el recurso por su inactividad (conf. fs. 85).   


3.- Notificado el traslado de la demanda, Medicus S.A. se presentó a fs. 113/119.


         En cumplimiento de la carga que le impone el artículo 356, inc. 1) del Código Procesal, formuló una lista de negativas respecto de los hechos afirmados en el inicio y expuso las razones por las cuales no puede prosperar la acción incoada en su contra.


Sostuvo que jamás negó la cobertura solicitada por los actores y que por el contrario les ofreció brindar la prestación a través del Centro Medicus de Salud Mental ubicado en la calle Juncal 2184, de esta ciudad.


Afirmó que oída la postura e imposibilidad de los actores en cuanto acudir a dicho centro, ofreció cubrir la prestación brindada por el establecimiento Mensajes del Alma, lo que originó la firma de un acuerdo por el periodo comprendido entre los meses de junio de 2010 y abril 2011. 


Manifestó que, suponiendo que no tenga prestadores propios, está obligada a cubrir solo hasta el valor establecido por el nomenclador de prestaciones básicas y no las sumas que excedan los límites establecidos por la Resolución 428/99 y 6080/03 del Ministerio de Salud.


Continuó diciendo que no corresponde efectuarle reproche alguno ya que -reiteró- ofreció brindar la prestación con prestadores propios o, en subsidio, a valor del nomenclador nacional.


Hizo referencia a la cartilla de prestadores y al reglamento interno, de los cuales la actora estaba en conocimiento al momento de la adhesión.  


Por último fundó en derecho  su posición y ofreció prueba.


3.- Abierta la causa a prueba (conf. fs. 136), fue producida la que obra en el expediente y atento el estado de las actuaciones, a fs. 223 vta., con fecha 05 del corriente, se llamó AUTOS PARA SENTENCIA, y


CONSIDERANDO:


1.-  Antes de entrar al examen de fondo del asunto, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos de las partes, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).


Recuerdo, en este mismo orden de ideas, que tampoco estoy obligada a examinar cada una de las probanzas ofrecidas y aportadas a la causa sino sólo las que sean necesarias para la resolución del conflicto (conf. C. S. Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más), las que merezcan mayor fe (conf. Cám. Nac. Com., sala C, 26/12/1991, LL, 1992-E-42; 30/7/1990; DJ, 1990-3-302.), o las que sean decisivas para fallar (conf. Cám. Nac. Com., sala B, 22/4/1991, LL, 1991-C-339), en concordancia con los demás elementos que pudiesen obrar en el expediente (conf. Cám. Nac. Com., sala C, 21/9/1992, LL, 1993-D-21; J. L. Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado, Editorial Abeledo Perrot, ed. 2006, disponible en www.abeledoperrot.com).


Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; entre muchos otros).


Tal criterio es recibido también en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal.


2.- En primer lugar, cabe destacar que no está discutida en el “sub lite” la condición del menor Bautista Presas Hiriart quien padece de trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje y trastorno generalizado del desarrollo -espectro autista- (conforme certificados de discapacidad de fs. 2 y fs. 211, historia clínica de fs. 9 y certificados de fs. 11, 20 y 43).


Tampoco está en discusión su condición de afiliado a MEDICUS SA (conf. la documentación obrante a fs. 3, 6,13, 15, 19 y lo manifestado por la demandada a fs 113 vta. punto III).


Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer la cobertura del 100% del tratamiento cognitivo conductual en la Fundación “Mensaje del Alma” y el transporte a dicha institución.


Establecido lo anterior, cabe poner de resalto que la importancia del derecho a la salud deriva de su condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema, un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, el Alto Tribunal ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (conf. doct. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), constituye una política pública de nuestro país que debe orientar la decisión de quienes estamos llamados al juzgamiento de esos casos (conf. los fundamentos del dictamen del procurador general de la Nación en la causa "Lifschitz, Graciela B. y otros v. Estado Nacional", L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/6/04).


El derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando establece en su art. 42 que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud".


También en el art. 75, inc. 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que también contemplan el derecho a la salud.


Entre ellos, el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.


En el mismo sentido, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.


A su vez, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estableció que entre las medidas que los Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (conf. Sala I, causa 798/05 del 27.12.05).


3.- Efectuaré seguidamente algunas consideraciones vinculadas con los derechos específicos de las personas con discapacidad (en adelante, PCD).


Para la Corte Nacional también es impostergable la obligación de la autoridad pública de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y rehabilitación que requieran las PCD y los infantes.


Esta doctrina tiene en consideración que el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (conf. Fallos 323:3229).


Entre los derechos humanos de las PCD se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, que según la Corte Suprema es el primer derecho de la persona humana, respecto de la cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (conf. Fallos 323:3229 y Sala I, causas 798/05 antes citada y 11.212/06 del 20.4.10).


En otros términos, se trata de un derecho implícito sin el cual no se podrían ejercer los demás derechos.


En nuestro país, además de la ley 24091 de Discapacidad, rige la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, suscripta por nuestro país y que está vigente a partir de 2000 (ley 25280). Sus objetivos son la prevención y eliminación de la discriminación para la integración de las PCD, como lo es el menor afiliado a la demandada que padece trastornos generalizados del desarrollo -espectro autista-, lo cual es una enfermedad discapacitante.


Más recientemente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue suscripta en 2006 y se encuentra en proceso de ratificación internacional, ha sido aprobada en 2008 por la ley nacional 26378, y establece que "Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación".


A este marco protectorio, cuando se trata de niños con discapacidad como lo es el menor Bautista Presas Hiriart, se suma la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23849, que consagra el interés superior del niño o "principio pro minoris", el cual debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones, por todos los departamentos gubernamentales y toda autoridad nacional en asuntos concernientes a ellos (conf. mi artículo, La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, publicado en SJA 3/6/2009).


4.- Entrando ahora al estudio de las prestaciones de salud que deben recibir las PCD, cabe destacar que mientras la ley 23660 crea el Régimen de Organización del Sector de las Obras Sociales, la ley 23661 instituye el Sistema Nacional del Seguro de Salud y articula y coordina los servicios de salud de las obras sociales, los establecimientos públicos y los prestadores privados.


Como criterio rector, el objeto social de las entidades destinadas al cuidado de la salud debe priorizar el compromiso social, sin supeditar el derecho a la salud a las fluctuaciones del mercado ni a las políticas que pretenden "economizar" la salud del paciente (conf. mi artículo antes citado, La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, publicado en SJA 3/6/2009).


Ahora bien, en lo concerniente a las obras sociales, la ley 24.901 dispone que tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2), ya sea mediante servicios propios o contratados (art. 6) y estableciendo que en todos los casos la cobertura integral de rehabilitación se deberá brindar con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera (art. 15).


Contempla también la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).


Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).


También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).


Como se puede apreciar, la ley 24.901 consagra un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad (conf. Sala I, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; Sala II, causa 2837/03 del 8-8-03), cuya finalidad es su integración social (v. arg. arts. 11, 15, 23 y 33; conf. Sala I, causa 7841/99 del 7-2-2000, entre muchas otras).


Además, en el caso, la demandada ni siquiera alegó que la admisión de la cobertura en este supuesto verdaderamente excepcional pudiera tener una proyección negativa sobre su economía. Repárese que en estos pleitos, en los que se trata de dilucidar cuestiones vinculadas con el derecho a la salud que tienen proyección económica, los accionados deben exponer y acreditar las razones de índole técnica que les impide brindar la cobertura.


5.- Ahora bien, la demandada sostuvo que no estaba obligada a cubrir el tratamiento del menor en la institución elegida por sus padres, ya que cuenta con prestadores propios acorde al tratamiento que le fuera indicado por los médicos tratantes y porque subsidiariamente sólo esta obligada a cubrir los costos que establece el nomenclador nacional.


Por su parte, los accionantes manifestaron que si bien Medicus cuenta con un centro especializado, este no se encuentra en las cercanías de su domicilio y que, asimismo, los profesionales tratantes desaconsejaron el cambio de lugar de tratamiento.


Analizadas las actuaciones, se advierte que a fs. 165 y fs. 182, se encuentran agregadas las contestaciones de oficio de los Dres. Lucas Hernández y Pedro Molina, neurólogo y pediatra respectivamente (prestadores de Medicus), de las que surge la necesidad que el tratamiento se continúe en la fundación “Mensajes del Alma” y, fundamentalmente, que dicho tratamiento debe brindarse en la zona de residencia del menor, ya que largos viajes podrían inferir negativamente en la evolución de la terapia (conf. fs. 162. 164 y fs 181/vta.).


Por otro lado, la parte demandada no probó que el viaje que debería realizar el niño todos los días desde su domicilio ubicado en la calle Sarmiento 536, Lanus Este, Provincia de Buenos Aires (conf. fs. 54) hasta el Centro Medicus de Salud Mental ubicado en  la calle Juncal 2184, de esta Capital, no afectaría el tratamiento que recibe diariamente el menor, tal como lo manifiestan sus médicos -que son los únicos capacitados para evaluar al paciente y prescribir un tratamiento acorde y adecuado a su realidad discapacitante-.   


Cabe retener además que el artículo. 24, inc. 1, de la Convención sobre  los  derechos  del niño establece que uno de ellos es el derecho "al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud" y eleva el "interés superior" de los infantes al rango de principio rector de todas las  decisiones de las autoridades públicas (conf. Corte Suprema, Fallos  318:1269; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre muchos otros).


Se debe privilegiar, pues, el derecho a la salud del menor discapacitado y su pronta estimulación y tratamiento (conf. Sala I, causa 13.669/07 del 24/08/10), máxime -reitero- que no se ha demostrado en el sub lite la conveniencia de introducir cambios en su situación aun antes de la promoción del presente juicio, en el marco de un tratamiento que había tenido principio de ejecución y que, sin pruebas en contrario, corresponde asegurar en cuanto a su  permanencia y continuidad.


A esta altura, no me parece superfluo recordar la doctrina del Alto Tribunal referida a que los menores y los discapacitados “...a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (conf. C. S., in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, del 15-6-04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122; conf. asimismo, Sala I, causa 12.450/2007 del 27.10.09).


En este contexto y teniendo en cuenta que el centro propuesto por la accionada no cumple con la característica de cercanía indicada por los profesionales tratantes, como así también, que el tratamiento que ofreció no puede ser brindado en su domicilio, la demandada, en tanto no puede desatender las necesidades del menor, deberá cubrirlo en un 100%.


6.- Con respecto al transporte solicitado, cabe advertir que la empresa de medicina prepaga no había cuestionado antes de la promoción del juicio -y tampoco lo hizo en el responde- el derecho que le asiste al menor de contar con esta prestación, por tal motivo también deberá ser atendida por ella en un 100% sin topes y de acuerdo a las necesidades del menor.


7.- Antes de finalizar, debo poner de manifiesto mi preocupación frente a la gran cantidad de reclamos judiciales en casos de PCD.


Ello es un indicador de la práctica de políticas restrictivas y, por ende, discriminatorias en las prestaciones de los servicios de salud por parte de los agentes de salud. No se me escapa que este número creciente de reclamos tampoco refleja la real gravedad de los incumplimientos, pues sólo una parte de los casos en que no se reciben las prestaciones llega a la justicia, extremo deja afuera del sistema a quienes no conocen sus derechos o bien no reclaman su cumplimiento, y se trata de una circunstancia que opera como una barrera al acceso a la justicia y a las prestaciones de salud generada por las negativas abusivas de los agentes de salud de dar cumplimiento a sus obligaciones.


Ese obrar implica el desconocimiento de los derechos sociales, entre los que cuenta la asistencia sanitaria como una exigencia de la justicia social y crean un nuevo tipo de discriminación que lesiona los derechos fundamentales de la PCD, no obstante se reconozca, siguiendo a la Corte Suprema, que la vía del amparo permite garantizar ampliamente el derecho a la salud integral.


En tanto se debe garantizar a la PCD un "real" derecho de acceso al sistema de salud que garantice el "ejercicio efectivo" del derecho constitucional a la salud, para resolver este déficit prestacional que implica un verdadero ejercicio abusivo de los derechos de los agentes de salud, el Estado debería adoptar, a través del Congreso, medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.


Sería conveniente entonces que los legisladores revisen los textos legales, rediseñen los lineamientos de las políticas de salud y adviertan esta nueva barrera creada por políticas de racionalización de los servicios para "economizar" gastos, estableciendo sanciones pecuniarias para los prestadores que se nieguen sistemáticamente a prestar la asistencia a la que están obligados (conf. mi artículo, La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, publicado en SJA 3/6/2009, anteriormente citado).


8.- Las costas deben quedar a cargo de la demandada en su carácter vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).


En función de lo expuesto, normas citadas y doctrina y jurisprudencia mencionadas,


FALLO:


1.- Admitiendo la acción interpuesta por Vanesa E. Hiriart y Gastón J. Presas, en representación de su hijo menor de edad Bautista Presas Hiriart y, por lo tanto, condenando a Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica a cubrir en el 100% el tratamiento cognitivo conductal en la Fundación “Mensajes del Alma” y del transporte que este tratamiento requiera.


2.- Imponiendo las costas a la demandada.


3.- Atendiendo al mérito, a la extensión y a la eficacia de la totalidad de los trabajos desarrollados, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la causa y a los derechos involucrados, así como a los montos que habitualmente la jurisprudencia del Fuero establece en litigios como el de autos donde se cuestiona el acceso al sistema de salud, regulo los honorarios: a) de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. María Cecilia Presas, en la suma de seis mil pesos ($ 6.000) y, b) de la dirección letrada y representación de la demandada Dres. Carlos I. Uriburu y Luciana Díaz, en las sumas de un mil pesos ($ 1.000) y de cuatro mil pesos ($ 4.000), respectivamente (conf. arts. 3, 6, 7, 8, 9, 37, 39 y 47 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).


Asimismo, se establecen los honorarios de la mediadora, Dra. María Cristina Pilotto, en la suma de un mil seiscientos pesos ($ 1.600) (art. 1, inc. e del anexo III del dec. 1467/11)


Regístrese, notifíquese a las partes y mediadora interviniente por cedula de Secretaría y a la Sra. Defensora Oficial con la remisión de este expediente a su despacho y oportunamente, ARCHIVESE.


 


 PATRICIA BARBADO


Jueza federal