Paciente discapacitado que sufre de fibrosis quística. Cobertura del aparato de compresión torácica


                          Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 10.- Sec.19.- 


                                        


 


 


 


 


               Buenos Aires, 22 de abril de 2013.


            Y VISTOS: para dictar sentencia en estos autos caratulados “F., C. V. C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION S/ SUMARÍSIMO” de cuyo estudio,


            RESULTA:


1.- A fs. 9/17 se presenta Paula Daiana Maciel, en representación de su hijo menor de edad Ciro Valentino Fedi, promoviendo acción sumarísima contra la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación con el objeto de obtener la cobertura integral del compresor torácico de alta frecuencia, como conocido con el nombre de “chaleco vibrador”.


Dice que su hijo padece de una enfermedad denominada “fibrosis quística”, en virtud de la cual se le otorgó el certificado de discapacidad.


Indica que el médico tratante ha recomendado administrarle tratamiento con el uso del referido chaleco, por lo que reclamó a la obra social la cobertura, petición que fue rechazada por ésta.


Se refiere luego a las prestaciones consagradas por la ley 22.432 para las personas con discapacidad y a continuación funda en derecho su pretensión y ofrece prueba.


2.- A fs. 42/45 se presenta la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación.


Cumpliendo con el imperativo procesal realiza una lista de negativas, para esgrimir a continuación que el chaleco vibrador prescripto es una técnica alternativa de implementación de la terapia kinésica que carece de la posibilidad de realizar las maniobras comprendidas en las técnicas convencionales que son altamente funcionales para un apropiado y beneficioso tratamiento.


Manifiesta que ha cumplido con las prestaciones que necesitaba el beneficiario de acuerdo a su patología, siendo su obligación la de proveer al otorgamiento de las prestaciones, las que deben ser igualitarias para con todos sus afiliados.


Por lo tanto, considera que no corresponde acceder a la provisión de un determinado insumo para un cado como el del afiliado, pues debe distribuir sus ingresos a los efectos de cubrir todas las necesidades médico asistenciales de su población beneficiaria.


Funda en derecho su postura, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.


5.- A fs. 58 se abrió la causa a prueba.


Producidas las probanzas, a fs. 115 vta,  mediante providencia de fecha 15 del corriente mes este año, la que está firme, se llama AUTOS PARA SENTENCIA, y


CONSIDERANDO:


1.- Ante todo, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos de las partes, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).


Me atengo así a la jurisprudencia que considera que este criterio de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S., Fallos 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Dicho criterio es recibido también, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal.


2.- En el caso, está fuera de controversia que el menor Ciro Valentino Fedi goza de la cobertura que brinda la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación (conf. fs. 3) y que padece de fibrosis quística lo que determinó que se le extendiera el certificado de discapacidad de fs. 2.


Tampoco esta en discusión que el médico de cabecera indicó la administración del compresor torácico de alta frecuencia conocido con el nombre de “chaleco vibrador”.


El Cuerpo Médico Forense se pronunció a fs. 34 indicando que dicha técnica que era aceptada por el arte de curar y resuletaba aconsejable para el caso del niño Ciro Valentino Fendi por cuanto su médico tratante era quien conocía su estado clínico general y el grado de compromiso respiratorio que presenta (conf. fs. 34 y 108).


3.- Establecido lo anterior, cabe poner de resalto que la importancia del derecho a la salud deriva de su condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema, un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, el Alto Tribunal ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado Nacional en cuestiones concernientes a la salud (conf. doct. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569), constituye una política pública de nuestro país que debe orientar la decisión de quienes estamos llamados al juzgamiento de esos casos (conf. los fundamentos del dictamen del procurador general de la Nación en la causa "Lifschitz, Graciela B. y otros v. Estado Nacional", L.1153.XXXVII, a los que se remite la Corte Suprema en la sentencia del 15/6/04).


El derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando establece en su artículo 42 que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud".


También en el artículo 75, inc. 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que también contemplan el derecho a la salud.


Entre ellos, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.


En el mismo sentido, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.


A su vez, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estableció que entre las medidas que los Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (conf. Sala I, causa 798/05 del 27.12.05).


4.- Dicho esto, efectuaré seguidamente algunas consideraciones vinculadas con los derechos específicos de las personas con discapacidad (en adelante, PCD).


Para la Corte Nacional es impostergable la obligación de la autoridad pública de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y rehabilitación que requieran las PCD y los infantes.


Esta doctrina tiene en consideración que el artículo 75, inc. 23, de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (conf. Fallos 323:3229).


Entre los derechos humanos de las PCD se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, que según la Corte Suprema es el primer derecho de la persona humana, respecto de la cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (conf. Fallos 323:3229 y Sala I, causas 798/05 antes citada y 11.212/06 del 20.4.10).


En otros términos, se trata de un derecho implícito sin el cual no se podrían ejercer los demás derechos.


En nuestro país, además de la ley 24091 de Discapacidad, rige la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, suscripta por nuestro país y que está vigente a partir de 2000 (ley 25280). Sus objetivos son la prevención y eliminación de la discriminación para la integración de las PCD, como lo es el niño Ciro Valentino Fedi que padece de fibrosis quística.


Más recientemente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue suscripta en 2006 y se encuentra en proceso de ratificación internacional, ha sido aprobada en 2008 por la ley nacional 26378, y establece que "Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación".


A este marco protectorio, cuando se trata de niños con discapacidad como lo es el actor, se suma la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23849, que consagra el interés superior del niño o "principio pro minoris", el cual debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones, por todos los departamentos gubernamentales y toda autoridad nacional en asuntos concernientes a ellos (conf. mi artículo, La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, publicado en SJA 3/6/2009).


5.- Entrando ahora al estudio de las prestaciones de salud que deben recibir las PCD, cabe destacar que mientras la ley 23660 crea el Régimen de Organización del Sector de las Obras Sociales, la ley 23661 instituye el Sistema Nacional del Seguro de Salud y articula y coordina los servicios de salud de las obras sociales, los establecimientos públicos y los prestadores privados.


Según la ley 24.901, las obras sociales tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en dicho cuerpo legal que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2), ya sea mediante servicios propios o contratados (art. 6) y estableciendo que en todos los casos la cobertura integral de rehabilitación se deberá brindar con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera (art. 15).


Contempla también la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).


Entre estas prestaciones se encuentran rehabilitación a las que me he referido antes, y dentro de las complementarias (cap. VII) se prevé la de apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación ... de las personas con discapacidad (art. 35).


Como se puede apreciar, la ley 24.901 consagra un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad (conf. Sala I, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; Sala II, causa 2837/03 del 8-8-03), cuya finalidad es su integración social y rehabilitación (v. arg. arts. 11, 15, 23 y 33; conf. Sala I, causa 7841/99 del 7-2-2000, entre muchas otras).


En el caso, el requerimiento de la actora dirigido a la Obra Social demandada para la provisión del chaleco vibrador encuadra en las previsiones antes citadas.


En función de lo dicho y que no puede desatender las necesidades del menor, ya que esta fuera de controversia que goza de la cobertura que aquélla brinda y que padece la enfermedad antes mencionada, por lo que corresponde admitir la demanda y ordenar a la accionada que brinde la cobertura total del chaleco vibrador requerido.


Ello, por cuanto no ha demostrado que la cobertura total de dichas prestaciones -que fueron indicadas por el médico tratante, que es el profesional idónea en la materia y quien asume la responsabilidad en el tratamiento del menor (conf. Sala I, causa 10.536/09 del 22/12/09)- afecten su equilibrio económico ni la eficacia de la atención que recibe la totalidad de sus beneficiarios, máxime que, en su calidad de obra social, debe brindar a sus usuarios la mejor atención que resulte posible, dado el principio de solidaridad que rige en esta materia (conf. Sala II, causa 8002/08 “Ondik Guillermo Rodrigo c/ OSDE s/ Amparo” del 19.11.10). Repárese que en estos pleitos, en los que se trata de dilucidar cuestiones vinculadas con el derecho a la salud que tienen proyección económica, los accionados deben exponer y acreditar las razones de índole técnica que les impide brindar la cobertura.


Las costas se imponen a la emplazada en su carácter de parte vencida (arts. 68 y 69 del Código Procesal).


En función de los expuesto, normas citadas y doctrina y jurisprudencia mencionadas y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal,


FALLO:


1.- Haciendo lugar, parcialmente, a la demanda promovida por la Sra. Paula Daiana Maciel, en representación del menor Ciro Valentino Fedi y condenando a la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación a cubrir totalmente la provisión del compresor torácico de alta frecuencia conocido con el nombre de “chaleco vibrador”


3.- Imponiendo las costas a la obra social vencida;


            3.- Atendiendo al mérito, a la extensión y a la eficacia de la totalidad de los trabajos desarrollados, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la causa y a los derechos involucrados, así como a los montos que habitualmente la jurisprudencia del Fuero establece en litigios como el de autos donde se cuestiona el acceso al sistema de salud, regulo los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Raúl Augusto Montesano, en la suma de seis mil pesos ($ 6.000); y los del letrado apoderado de la demandada, Dr. Maximiliano Alejandro Oliva en la suma de cinco mil ochocientos ochenta pesos ($ 5.880) (conf. arts. 3, 6, 7, 8, 9, 37, 39 y 47 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).


Fijando el plazo para el pago de estos honorarios en diez (10) días hábiles.


Regístrese, notifíquese a las partes intervinientes mediante cédulas a confeccionar por Secretaría y a la Defensora Publica en su despacho y,  oportunamente ARCHIVESE.


 


 PATRICIA BARBADO


Jueza federal