Mobbing ejercido contra el director de la Escuela Carlos Pellegrini por parte de dependientes de la institución y alumnos


 Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 10.-  


 


Buenos Aires, 13 de mayo de 2013.


            Y VISTOS: Para dictar sentencia en este expediente caratulado “C: J. P. C/ ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, de cuyo estudio,


            RESULTA:


1.- A fs. 2/34 se presenta Jorge Pablo Caracciolo promoviendo la demanda de autos contra la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y la Universidad de Buenos Aires por la suma de $ 450.000, o lo que en más o en menos arrojen las probanzas de autos, para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueran ocasionados durante su desempeño laboral en relación de dependencia con las demandadas, a consecuencia del acoso moral y psicológico (mobbing) a que fue sometido por los dependientes y alumnos de sus contrapartes.


Solicita que la sentencia contemple la modalidad con que abona las deudas judiciales el Estado Nacional –en bonos de consolidación- realizables en el mercado a un promedio del 25% de su valor nominal. Pide costas.


Dice que la tarea que desarrolló para las demandadas chocó desde su comienzo con irregularidades defendidas por sectores docentes y no docentes y por los alumnos y los padres de éstos. Su gestión se caracterizó por efectuar denuncias por desvíos, elevar informes de las irregularidades y proponer al rector medidas para su solución, lo que gradualmente fue provocando una reacción caracterizada por el acoso psicológico y moral y en, algún caso, físico, por parte de aquéllos sectores donde el alumnado gobierna manejado por intereses políticos y sindicales.


Manifiesta que la agresión fue permitida por la empleadora o empleados de ella, incumpliendo su deber de garantizar condiciones dignas de labor.


Relata las transformaciones sufridas en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini a lo largo del tiempo, donde las prerrogativas del alumnado fueron creciendo a punto tal que la autoridad del rector se diluyó. Para una mejor ilustración de lo que acontecía allí, transcribe un capítulo de la obra “Pobre Patria Mía” de Marcos Aguinis, en la que se describe la situación correspondiente al último período y luego reproduce una nota publicada por el Diario Clarín y un comunicado de prensa del Centro de Estudiantes.


Explica que en julio de 2007 fue designado Director Administrativo del colegio demandado y que contaba con pleno apoyo del rector, quien le encomendó normalizar la institución en los aspectos relacionados con dicho cargo.


Señala que sus tareas eran complejas, dado que advirtió irregularidades de diferente naturaleza, pues tanto el sistema educativo como el administrativo, estaban invadidos por la corrupción.


Siguió diciendo que a partir de septiembre de 2007, grupos políticos, sindicales e ideológicos del colegio, comenzaron a hacer presión para destituirlo de su cargo, lo que, finalmente, lograron afectándose –además- su salud física, psíquica, espiritual y su situación económica.


Describe la persecución a que lo sometieron dichos grupos, quienes tomaron más fuerza cuando cambiaron al rector de la institución.


Tuvo que tomar licencia por enfermedad a partir del 14.4.08, no pudiendo reintegrarse más a sus labores hasta la extinción del contrato laboral, habiéndosele notificado el 24.7.08, mediante carta documento, que no se le renovaría el contrato que tenía vigencia hasta el 31 de dicho mes y año.


Enumera los episodios que vivió durante el desempeño de sus funciones y las denuncias que realizó ante la Defensoría del Pueblo. Indica, a su vez, las diferentes formas que los grupos organizados de la escuela usaban para atacarlo física, moral y psicológicamente, continuando luego con la enumeración de los perjuicios que se le ocasionaron.


Reclama ser indemnizado por los perjuicios causados a su salud física y psíquica, el daño moral, los gastos médicos y de farmacia que debió abonar y el lucro cesante.


Ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.


2.- A fs. 48 el anterior subrogante de este Juzgado a mi cargo asume la competencia para entender en las presentes actuaciones.


En la presentación de fs. 50/87 el actor reordena la demanda, en particular, lo atinente al ofrecimiento de la prueba y lo referido a la allegación de la documental.


3.- Notificado el traslado de demanda, a fs. 219/225 se presenta la Universidad de Buenos Aires, contestándolo, oportunidad en la que deja pedido su rechazo, con costas.


Aclara que la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini es uno de los colegios de enseñanza media dependiente de dicha casa de estudios y que carece de personería propia, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Estatuto Universitario, el rector de la universidad es su representante legal.


En cumplimiento de la carga que le impone el artículo 356, inc. 1) del Código Procesal, formula una lista de negativas respecto de hechos afirmados en el inicio.


Dice que el actor fue contratado a partir del 10.7.07 por el Rector de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” mediante Resolución n° 393, para cumplir funciones de Director Administrativo del establecimiento. El contrato fue prorrogado desde el 1.1.08 al 31.3.08 (Resolución n° 672), y desde el 1.4.08 al 31.7.08 (Resolución n° 89). Agrega que antes del vencimiento de la última designación, se le comunicó mediante carta documento que no se renovaría el convenio.


Manifiesta que el accionante hizo uso de licencias médicas durante su desempeño.


Destaca que la designación interina de éste se prorrogó en dos ocasiones, las que fueron aceptadas por él. Dice que si se hubieran producido los hechos que narra en el inicio que tanto lo mortificaron, no se entiende la razón de su designación y mucho menos su aceptación.


Apunta que con fecha 4.6.08, el Sr. Manuel Calderón –a cargo de la Dirección de Administración- eleva al Sr. Rector de la Escuela el expediente n° 67.253/07 caratulado “Rendición de Caja Chica”, para que adopte las medidas necesarias a fin de destrabar la apertura de una nueva caja chica, dado que el Sr. Caracciolo se encontraba con licencia médica siendo el responsable del fondo y que, por lo tanto, dicha caja no podía ser liquidada por el departamento contable hasta tanto no se subsanara los comprobantes detallados. Aclara que dicha circunstancia ocasionó que la Escuela tuviera un crédito a su favor contra el responsable del fondo.


Explica que la Tesorería de la Escuela, con fecha 12.3.08, dispuso la apertura de la Caja Chica a nombre del Director Interino Caracciolo abonado con cheque n° 38309218 cuenta corriente 223133/70 del Banco de la Nación Argentina por el importe de $ 5000, informando que nunca ha tenido ningún movimiento de renovación en ese Departamento.


Acota que el Sr. Caracciolo tomó licencia bastante después de la fecha en que debía presentar la rendición de cuentas mencionada (la licencia comenzó a correr a partir del 14.4.08), en tanto que el importe de $ 5000 le fue entregado el 7.3.08, debiendo rendirse cuenta de éste el 7.4.08, por tratarse de una rendición mensual, la cual al 24.7.08 no se encontraba cumplida.


Esgrime que el dictamen de la Asesora Legal de la Escuela entendió que correspondía notificar al actor las observaciones efectuadas en relación a la rendición parcial de comprobantes, a fin de que en el plazo perentorio de 5 días subsane las mismas o en su defecto reintegrase los valores correspondientes. Más adelante la Asesora Legal informa que se cumplió con la notificación ordenada con resultado negativo, por lo que se ordenó hacer efectivo el apercibimiento allí dispuesto teniendo por no rendidos los comprobantes observados, disponiendo que las sumas correspondientes sean rendidas de cualquier suma pendiente de percibir por el citado ex agente, hasta tanto regularice la rendición correspondiente.


Con fecha 31.1.11, el Rector de la Escuela resuelve autorizar la liquidación final de la Caja Chica de la Dirección Administrativa cuyo responsable era el Sr. Caracciolo por un monto total de $ 4.170,70, e ingresar la cantidad de $ 829,30 a la cuenta corriente 223133/70 en concepto de saldo remanente de caja chica.


Sostiene que el actor no cumplió con la reglamentación que regula la rendición de la cuenta que se le confió, obligando a la Escuela a dictar el acto administrativo que cita.


Por otro lado, aduce que no denunció ante las autoridades de la Universidad de Buenos Aires los hechos que esgrime en el inicio, lo que le imposibilitó tomar las medidas necesarias.


Puntualiza que el Sr. Caracciolo, al finalizar su relación laboral, ofreció sus servicios a la Rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires –también dependiente de la Universidad de Buenos Aires-, actitud que demuestra que no padecía los daños psíquicos que le imputa a su parte, pues de lo contrario no se hubiera ofrecido para desempeñarse allí.


Impugna los rubros reclamados en el escrito de demanda.


Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.


4.- A fs. 229 se abre la causa a prueba, se producen las agregadas en el expediente y las reservadas en Secretaría (conf. constancia de fs. 88).


5.- Puestas las actuaciones a los fines establecidos por el artículo 482 del Código Procesal (conf. fs. 604 in fine), las partes cumplieron con esta tercera etapa del proceso, la actora a fs. 608/621 y la demandada a fs. 623/626.


            Por último, mediante providencia de fecha 13 de marzo de 2013, la que está firme, se llama AUTOS PARA SENTENCIA, y


CONSIDERANDO:


1.- Antes de entrar al examen de fondo del asunto, diré que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos efectuados, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).


Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).


2.- Establecido lo anterior, advierto que a esta altura del debate no se encuentra controvertido que el actor se desempeñó como Director Administrativo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, cargo para el que fue designado mediante un contrato desde el 10.7.07 (Resol. 393/07 de fs. 106), el cual fue prorrogado el 28.12.07 (Resol. 627/07 de fs. 107) y el 14.3.08 (Resol. 89/08 de fs. 108), hasta el 31.7.08 en que venció, ya que no fue renovado.


En tales condiciones, la causa debe ser ubicada en el marco de la responsabilidad contractual (conf. Sala II, causas 6134 del 7/10/88 y 11.208/94 “Astariz Miguel Angel c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura y Educación” del 9.2.99, ABELEDO PERROT Nº: 20000421 y JA 2000-I-233; ver J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. IV-B, Buenos Aires, 1980, n. 2857, p. 182), en la cual, acreditado el nexo de causalidad entre el accidente y/o la enfermedad y las condiciones laborales, el incumplimiento del deber de seguridad que incumbe al empleador hace presumir su culpa; principio uniformemente aceptado por la jurisprudencia y la doctrina (conf. Sala II, causa 11.208/94 “Astariz Miguel Ángel c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura y Educación” del 9.2.99, ABELEDO PERROT Nº: 20000421 y JA 2000-I-233). Salvo, claro está, que dicha presunción se enerve con una prueba clara y categórica que demuestre que la demandada adoptó las precauciones que las circunstancias exigían (conf. Sala III, causas 7.092/00 del 6.11.07 y sus citas y 9.617/01 del 19.4.12).


Esa obligación que incumbe al principal respecto de sus dependientes, en orden a la preservación de su integridad psicofísica, es inherente al contrato -llámese de trabajo o de empleo público- que vinculó a las partes y preexistente al infortunio (conf. Sala II, causas 6134 del 7.10.88, 8872/99 del 1.4.2003 y 4598/2000 del 2.12.04; ver asimismo, J.J. Lambías, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Bs.As.1980, t. IV-B, nro. 2857 y “La acción de derecho común originada en un accidente de trabajo”, LL-1979-C-852; F. Trigo Represas, “La responsabilidad civil por el hecho de las cosas y los accidentes del trabajo”, D.T., t.XXXII-765; A. Vázquez Vialard, “Efectos laborales de los infortunios y su reparación según las normas del derecho común y del trabajo”, Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, nro. 7, p.59/60).


En este mismo orden de ideas, debo resaltar que el Estado empleador tiene como obligación principal la de satisfacer la prestación remuneratoria cuya sustancia es eminentemente patrimonial. Sin embargo, dentro del plexo de poderes y deberes mutuos que la ley distribuye entre las partes del contrato, también es deudor de la obligación de seguridad, la cual le impone el deber de adoptar todas las conductas positivas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador. Tal como lo declaró la Corte Suprema, los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador están prohibidos por el principio alterum non laedere (conf. causa Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688 del 21/09/2004) y ésta es una genérica imputación del deber de obrar con especial prudencia y previsión (calificante según los arts. 902 y 909 del C. Civil), con un grado de previsibilidad superior al del hombre medio (conf. C. N. Trab., Sala 7ª, 27.8.93- Rivarola, Virgilio v. Antognoni, Carlos s/ despido).


La obligación de seguridad incluye, asimismo, la protección del trabajador por los riesgos psicosociales, entre los cuales se encuentra la violencia laboral, que ha sido considerada como uno de los riesgos emergentes del trabajo actual (conf. M. Velázquez Fernández, La respuesta jurídico legal ante el acoso moral en el trabajo o “mobbing”, disponible online en www.comfia.net/archivos/mobbing_juridico.pdf).


Por otro lado, la responsabilidad que le cabe al Estado como empleador por instalar tales comportamientos abusivos o consentirlos, debe ser juzgada con el standard agravado al que me he referido, ya que su condición de empleador lo obliga de manera peculiar, al margen de ponderar que en el caso de que, por tratarse del Estado Nacional, su actividad se debe desarrollar, como siempre, al “hilo de la ejemplaridad” (conf. J. Mosset Iturraspe, “Visión iusprivatista de la responsabilidad del Estado”, Revista de Derecho de Daños, nro. 9, Responsabilidad del Estado, p. 11/12). Pero también como gerente del bien común, ha de requerírsele con mayor rigor, el respeto de la buena fe en sus relaciones con los particulares y, en especial, con aquéllos que se encuentran en relación de dependencia con él (conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, causa Waiman, Roberto c. Estado Nacional del 5.6.07).


3.- Atendiendo a la particular naturaleza del daño y sus eventuales causas, se debe definir si los perjuicios cuya reparación impetra el actor tiene nexo causal o concausal con la situación, según lo relató en el inicio, que experimentó mientras se desempeñaba como Director Administrativo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini o si obedeció a otros factores totalmente ajenos a ella.


Centrado el estudio en el ambiente laboral en el que se desenvolvió la problemática, es necesario efectuar algunas precisiones.


Los términos "violencia en el trabajo" o "violencia laboral" son utilizados indistintamente para definir toda acción o comportamiento que se aparte de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra y/u otras en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de ella.


Ahora bien, dentro del fenómeno de la violencia, debe distinguirse la que es física, de la que es psicológica.


El “mobbing” es una de las manifestaciones de la violencia laboral psicológica y ha sido definido por distintos autores, entre ellos, Heinz Leymann e Iñaki Piñuel y Zabala, como el proceso en el cual una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema de forma sistemática y durante un tiempo más o menos prolongado sobre otra y/u otras en el lugar de trabajo con el objeto de lograr, por ejemplo, que la/s víctima/s abandonen su puesto.


En esta patología está involucrada toda conducta abusiva de violencia psicológica, o el conjunto de acciones, omisiones, hechos o comportamientos de agresión, desarrollados en el ámbito de las relaciones laborales (conf. J. J. Ardoy, Mobbing. Bossing. Responsabilidad del Estado y los Tratados de Derechos Humanos, LL Litoral 2009 (diciembre), 1195), durante un tiempo más o menos prolongado, a través de agresiones continuadas, persistentes y deliberadas ejecutadas en forma sistemática ya que por su repetición se tiende a menoscabar el ánimo del trabajador (en busca, por ejemplo, de obtener su renuncia). Ella atenta contra su dignidad e integridad psíquica o física, susceptible de alterar su salud y provocar su autolimitación y denigración.


El bien afectado es la dignidad humana, que es el derecho base y constituye el fundamento de todos los demás derechos fundamentales, por lo que la violencia laboral se debe considerar como un ataque al Estado de Derecho y a sus principios esenciales. Atenta, además, contra los derechos fundamentales del trabajador, inherentes a la condición humana, tales como el derecho a la vida, a la salud; respeto de la integridad física, psíquica y moral del trabajador, a la intimidad personal y a la propia imagen; respeto a su honra, a su dignidad y a no ser discriminado ni recibir trato degradante, todos ellos contemplados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (la reseña de estas normas internacionales se puede consultar en el artículo de mi autoría: “El acoso psicológico en el ámbito laboral de los poderes públicos y la responsabilidad del Estado”, publicado en SJA 29/12/2004; JA 2004-IV-1380 y disponible online en ABELEDO PERROT Nº: 0003/011023).


Se trata de una práctica que invade la esfera jurídica del trabajador, con violación del principio neminem laedere, contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, al lesionar su integridad psicofísica, ya que no es extraño que aparezcan síntomas de compromiso físico o psíquico que la jurisprudencia ha catalogado como accidentes o enfermedades de trabajo, o merecedores de una indemnización especial o agravada (conf. J. A. Grisolía, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. Abeledo Perrot, 2008, disponible online en ABELEDO PERROT Nº: 5610/001176).


En cuanto a la prueba de la violencia laboral, conviene destacar que recibe aplicación la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que encuentra su fundamento en el principio de solidaridad ética que establece el deber de probar de quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Luego, meritando las características propias de la dependencia laboral y de las conductas humanas involucradas, se impone el principio de primacía de la realidad. En atención a la especial sensibilidad que el/la juzgador/a debe tener en esta materia, no corresponde que se detenga en la superficie aparente de las situaciones jurídicas, sino que debe buscar en lo más profundo, o sea, en lo real (conf. M. A. Maza, El despido discriminatorio: una pequeña derogación con grandes consecuencias jurídicas, Jurisprudencia Argentina, Lexis Nº 0003/400344).


Ahora bien, partiendo de la base de que la prueba de la violencia laboral no debe caer automáticamente sobre el empleador, es necesario que el trabajador aporte los elementos de juicio indiciarios que permitan inferir la existencia del hecho.


En el caso, considero que el actor ha cumplido con este cometido pues su dichos están acreditados con los testimonios vertidos en la causa.


A la demandada le incumbía entonces, como imperativo de su propio interés, invocar y probar las razones objetivas que hubieren justificado el proceder omisivo que se le imputa por cuanto se probó que las autoridades del colegio sabían lo que sucedía (conf. declaraciones de J. A. Alfaya, fs. 276 vta., resp. preg. 8°, J. J. R. Esturo, conf. fs. 278 vta., resp. preg. 8°, J. F. Nercesian, fs. 280 vta., resp.8° preg.) y, además, aquélla estaba en mejor posición para informar acerca de las condiciones en que se desenvolvía la actividad del actor como director administrativo (conf. C. Nac. Civ., Sala M, doctr. de la causa P., M. c. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. del 5.6.01, JA 2001-IV-384).


Empero, advierto que dicha parte argumentó en su defensa que se promovieron actuaciones administrativas respecto de la rendición de cuentas que debió realizar el actor (conf. fs. 221/22 del escrito de responde). Sin embargo, esta cuestión no proyecta influencia en el sub lite en el que se debate la problemática de la violencia laboral, la que no tiene justificación alguna y también puede estar presente en el abuso de la potestad sancionatoria (conf. el artículo de mi autoría, La violencia en la gestión del personal de los poderes públicos y la responsabilidad del Estado empleador, SJA 22/3/2006; JA 2006-I-1096, disponible online en ABELEDO PERROT Nº: 0003/012506).


Tampoco puede eximirla de responsabilidad, la alegada falta de denuncia del actor ante las autoridades que menciona a fs. 222 vta. (2° párr.), pues a partir del silencio del trabajador no se puede tener por abdicada una prerrogativa laboral, máxime que la índole de los perjuicios derivados de comportamientos persecutorios como los que aquí se analizan, requiere del paso del tiempo y de la consecuente acumulación de evasivas para la consolidación de los efectos dañosos (conf. C. Nac. Trab., sala 9ª, 23/10/2001, Campos, Juan C. y otro v. Telefónica de Argentina S.A. s/juicio sumarísimo).


Pero además, esa actitud de no denunciar la violencia laboral ante las autoridades tiene explicación en el denominado síndrome de indefensión aprendida de las víctimas, que pone de manifiesto la progresiva mutilación del instinto de defensa que experimenta el/la agente afectado/a. De lo contrario, o sea, de no resultar menoscabado este impulso vital básico, el/la damnificado/a podría enfrentar la situación poniendo límites o actuando en consecuencia (conf. D. Scialpi, "Violencias en la Administración Pública. Casos y miradas para pensar la Administración Pública como ámbito laboral", 2004, ps. 269 y ss.).


Este síndrome es conocido también como la "cultura de la mortificación" (conf. F. Ulloa, citado por J. A. Roselli, S. E. Montilla, y P. De Raco, "Violencia laboral en la Administración Pública. Informe sobre un dispositivo de intervención en el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires", publicado en la obra colectiva "Aportes para una mejora en la calidad institucional. Violencia laboral: un debate pendiente", Buenos Aires, 2006, p. 85), o la cultura de "aguantar" el sufrimiento (conf. D. Suaya, "La `cultura del aguantar' en el capitalismo postmoderno", JA 2007-III, fasc. n. 3, p. 92).


4.- El actor expuso en el escrito inicial que asumió en julio de 2007 como Director Administrativo con pleno apoyo del entonces rector de la escuela, quien lo había instruido en la tarea de normalizar la institución en los aspectos relacionados al cargo.


Sostuvo también que advirtió diversas irregularidades y que el sistema educativo y administrativo estaba invadido por la corrupción, por lo que debió acometer contra muchas de las irregularidades que se constataban. A consecuencia de ello, explicó que a partir del mes de septiembre de 2007, grupos políticos, sindicales e ideológicos del colegio, comenzaron a ejercer sobre él una persecución brutal para lograr su destitución del cargo, lo que lograron finalmente por cuanto no se le renovó el contrato (conf. fs. 6/8).


Si bien la universidad negó que ello hubiera ocurrido así (conf. fs. 219 vta.), la negativa genérica que expuso sobre el particular importó la articulación de un mero artificio defensivo demostrativo, poniendo en evidencia una actitud esquiva y carente de aptitud para dejar sin sustento, por sí sola, lo alegado por el actor en el sentido de que su actuación al detectar irregularidades, fue la circunstancia desencadenante del proceso de hostigamiento que debió padecer.


Ampliando un poco más este concepto, creo pertinente destacar que la facultad-carga procesal del accionado no se satisface con una mera negativa genérica, ni particular, de cada extremo de la pretensión, razón por la cual el incumplimiento de dicha carga sólo produce una presunción hominis que requiere ser robustecida o ratificada por prueba apta para producir convicción suficiente.


O sea, las negativas de tal naturaleza carecen de idoneidad y efecto para transformar el hecho afirmado por la actora, en punto controvertido, y para que deba ser objeto de prueba, dado que el artículo 356, inciso 1°, del Código Procesal, faculta al juez a tener tales negativas genéricas o bien, el silencio o las respuestas evasivas, como reconocimiento de verdad de los hechos pertinentes (conf. Sala III, 10/02/2010, Milia, María C. v. Alitalia Líneas Aéreas Italianas; Lexis Nº 70060475).


Por otro lado, la situación fáctica descripta por el Sr. Caracciolo aparece corroborada con las declaraciones prestadas en la causa, tal como lo adelanté.


Según los testigos, en virtud de la actuación que le competía en el área administrativa, debía efectuar cambios que “tocaban intereses de algún sector que no estaba cómodo con su trabajo” (conf. declaraciones de J. F. Nercesian, conf. fs. 280 vta., resp. pregs. 4° y 5°) o del grupo no docente (conf. J. A. Alfaya, fs. 276 vta., resp. preg. 5°) o bien, el hecho de intentar ordenar la administración “rompía los esquemas de convivencia” de referido sector (conf. J. J. R. Esturo, conf fs. 278 vta., resp. preg. 6°).


Es por ello que comenzaron a ejercerse presiones en su contra organizadas por los alumnos y el sector no docente (conf. declaraciones de J. A. Alfaya, fs. 276 vta., resp. preg. 6°, J. J. R. Esturo, conf. fs. 278 vta., resp. preg. 6°, J. F. Nercesian, fs. 280 vta., resp. 4° preg.), lo cual también ocurría con todos aquéllos que pretendiesen ordenar y disciplinar la institución (conf. J. J. R. Esturo, conf fs. 278 vta., resp. preg. 6°).


Esta arista de la cuestión justifica que me detenga brevemente para destacar la conexión que existe entre la violencia laboral, la violencia político-burocrática y la salud de los agentes afectados y los resultados de la gestión de los organismos públicos. Ello, por cuanto ofrece un soporte instrumental estratégico para la corrupción en el Estado y esto, a su vez, requiere conductas violentas en la gestión del personal e impunidad absoluta de los agresores, combinada con el síndrome de indefensión aprendida de las víctimas antes aludido (conf. D. Scialpi, "La violencia en la gestión de personal de la Administración Pública como condición necesaria para la corrupción", disponible online en http://www.revistaprobidad.info/014/art11.html, página visitada en la fecha).


Las represalias que sufren los denunciantes o testigos de hechos de corrupción, conductas no éticas o de irregularidades que se cometen en las empresas u organizaciones públicas, también pone de manifiesto esta relación.


Los denunciantes se conocen con el nombre de "whistleblowers", palabra esta que en idioma inglés alude a "informantes", quienes serían en lenguaje coloquial “los que destapan la olla” y, en forma peyorativa, los "soplones" o “chivatos” (conf. http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=whistleblower, pagina visitada en la fecha).


Si bien en algunos países se han dictado leyes para protegerlos (conf. R. Ragués Vallés, "¿Héroes o traidores?: la protección de los informantes internos (whistleblowers) como estrategia político-criminal", http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2030885 –revista-, página visita en la fecha), la decisión de denunciar hechos de corrupción o irregularidades siempre ha traído consecuencias difíciles para los "whistleblowers", ya que son perseguidos por las empresas o las organizaciones a través de toda clase de actitudes hostiles y de procesos de persecución a punto tal que se han organizado para ayudarse mutuamente y obtener protección jurídica (conf. National Security Whistleblowers Coalition, www.nswbc.org; M. F. Hirigoyen, "El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso", Ed. Paidós, Barcelona, 2001, p 74).


Tal como lo establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (art. 33) aprobada por ley y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada por ley 24759 (art. III.8), el Estado –y también cuando asume el carácter de empleador- está obligado a proteger a los funcionarios denunciantes frente a represalias injustificadas.


5.- Aunque no se pueden desconocer las dificultades que enfrenta el jefe de una repartición con sus empleados o dependientes cuando debe reprenderlos o llamarlos al orden o poner coto a los excesos (conf. J. Mosset Iturraspe, “Un funcionario, dañado por otros agentes de la administración pública, con motivo de quehacer encomendado, tiene derecho a una reparación”, comentario al fallo de la Sala II, causa 11.208/94 “Astariz Miguel Angel c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura y Educación” precit.), de las constancias de autos surge que el actor fue sometido a una serie de agresiones, agravios y ofensas perpetrados dentro de una sistemática hostil que han superado ese nivel de dificultad propia del cargo, pues, como se verá más adelante, afectaron su dignidad como trabajador y tenían como finalidad excluirlo de la escuela.


Los comportamientos injuriantes se repitieron a través de la técnica del escrache, los insultos, el uso de megáfonos y afiches con imputaciones que lo condujeron a un estado de angustia, tensión emocional, desazón y stress, no sólo por el sufrimiento generado por esos procederes, sino también ante la perspectiva o posibilidad de perder su fuente de trabajo.


El hecho probado de que el sector no docente y los alumnos de la escuela hubieran sido quienes ejercieron esas conductas hostiles o intimidatorias (conf. J. A. Alfaya, fs. 276 vta., resp. preg. 6° y J. J. R. Esturo, fs. 278 vta., resp. preg. 6°), no autoriza a marginar el proceso en estudio del fenómeno del mobbing, pues si bien fueron perpetrados por quienes no tenían una relación jerárquica a su respecto, la inacción de las autoridades fue lo que lo colocó en un estado de subordinación de hecho hacia el grupo agresor.


Recuerdo que la violencia consiste en el uso deliberado de la fuerza física ... o del “poder”... con potencialidad dañosa (conf. definición de la OMS, publicada en www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf, página consultada en la fecha) y éste no necesariamente se construye desde posiciones jerárquicas, de lo contrario no se reconocería como violencia laboral, la que ejercen los inferiores respecto de un superior jerárquico.


El Sr. Caracciolo recibió insultos y se leían los afiches con imputaciones diversas a través de megáfonos e, inclusive, se proferían gritos y, en algún caso, que se invadió la administración, al margen de las agresiones físicas y de los portazos que relatan los testigos, aun se debe ponderar que no fueron testigos presenciales de estos últimos hechos (conf. declaraciones de J. A. Alfaya, fs. 276 vta., resps. 6° y 7°, J. J. Esturo, fs. 278, resps. 6° y 7° y J. F. Nercesian, fs. 280 vta., resps. 6° y 7°).


La difamación o el trato vejatorio se evidenció, además, en los mensajes publicados en los foros de un blog de Internet cuyas impresiones están certificadas notarialmente y obran en la documentación reservada en Secretaría que tengo a la vista (conf. fs. 21, 23 y 41 del anexo F, doc. 2), donde se decía que el actor pertenecía a los servicios de inteligencia y, además, en el afiche de fs. 2 del anexo G se consignó que había formado parte de la marina durante la dictadura militar.


Imputaciones en idéntico sentido fueron formuladas en la sesión del 16.4.08 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (anexo N, conf. fs. 5). Allí se dijo que formaba parte de los servicios de inteligencia y que había cometido actos de corrupción. En esa misma sesión, el Rector de la Universidad anunció que, como el rector de la escuela no había iniciado las investigaciones del caso (conf. fs. 6 del anexo N), él procedería a promoverlas (conf. fs. 12, 15 y 30 del anexo N). Sin embargo, la demandada no allegó a la causa el resultado de las actuaciones sumariales respectivas (conf. fs. 20 y 24 del anexo N).


En el desarrollo del mismo acto, uno de los consejeros solicitó que se ordenase al rector del colegio la inmediata prohibición del ingreso, es decir, “sin sumarios”, de las personas que pertenecían a los servicios, entre los que se encontraba el actor (conf. fs. 8). El Rector de la Universidad respondió que no iba a culpar a alguien de lo que no sabía, para resguardar la integridad de quienes habían sido acusados, agregando a continuación que por marcar alguna vez a alguien sin fundamento, esa persona había perdido la vida (aludiendo tácitamente a lo acontecido durante la dictadura militar). Expresó asimismo al consejero denunciante que le extrañaba que quisiera acusar y echar a alguien a la calle sin haberse probado que era culpable (conf. fs. 9 del Anexo N).


Lo que se desprende de las constancias que he citado, pone en evidencia el proceso de hostigamiento desatado contra el accionante con la finalidad de adscribir su conducta a los intereses de la figura o figuras que lo perpetraron, coincidentes o no con los de la propia organización, pero que llegó a provocar en su máximo nivel el vacío organizacional de su puesto de trabajo ya que tuvo que tomar licencias médicas, lo cual trajo aparejadas consecuencias disvaliosas para su bienestar físico, psicológico y social, tanto dentro de la organización laboral como fuera de ella, como se verá más adelante (conf. Sup. Trib. Just. Río Negro, 6/4/2005 - D., R. B. v. Entretenimiento Patagonia S.A., voto del Dr. Lutz ).


A ello se debe agregar que las imputaciones referidas fueron realizadas sin permitirle al actor efectuar su descargo y/o ejercer su derecho de defensa y tuvieron una entidad tal que atacaron su honor al ser agraviantes, pues la estimación particular de los valores constitutivos de la personalidad y la de su ofensa, coinciden con las valoraciones de la comunidad (conf. S. Cifuentes, S. “Los derechos personalísimos”, pág. 286). Por lo demás, no puede abrigarse dudas acerca de la connotación deshonrosa de las imputaciones efectuadas ni tampoco del “animus injuriandi”, pues quienes así se expresan no pueden ignorar el alcance y las consecuencias de su proceder (conf. C. N. Civ., Sala “I”, in re “S. A. O. c/ M. D. A. s/ ds. y ps.” del 1.7.99, J.A. del 15-12-1999, núm. 6172, pág. 51; id., Sala “H”, r. 355.525 del 26.2.03). Cabe recordar –por lo demás- que en materia civil, basta también que se verifique una conducta que desacredite o deshonre, para que se produzca la obligación de indemnizar el daño causado con motivo de las injurias vertidas (arg. arts. 1089 y 1109 del Código Civil; C. N. Civ., Sala “H” del 29-03-1996, J.A. 1997-II-167).


A su vez, advierto que las declaraciones de los testigos ponen en evidencia que el rector del colegio no actuó con la celeridad y la prudencia que requerían las circunstancias (conf. declaraciones de J. A. Alfaya, fs. 276 vta., resp. preg. 8°, J. J. R. Esturo, conf. fs. 278 vta., resp. preg. 8°, J. F. Nercesian, fs. 280 vta., resp.8° preg.), con lo cual el actor quedó sumido en un estado de nerviosismo y angustia que bien pudo ser evitado o al menos mitigado si se hubiese obrado con el cuidado que las circunstancias exigían y con el respeto debido a su dignidad.


Por consiguiente, toda vez que el obrar omisivo del superior jerárquico no se adecuó a pautas de razonabilidad y prudencia (doct. de los arts. 512 y 902 del Cód. Civil), la demandada debe responder por los daños causados.


6.- En cualquier forma que se exprese la violencia en el ámbito de las relaciones laborales, ésta se vincula intrínsecamente con el derecho a la salud, cuyo reconocimiento y consagración tiene rango constitucional y es indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.


Por lo tanto, el estudio de la relación entre los daños que dice haber sufrido el actor y la situación de violencia que experimentó, remite al campo de la medicina y/o la psicología, por lo que el dictamen de los peritos reviste -como principio- decisiva trascendencia, lo que ciertamente no me releva como jueza de la causa de examinarlo a la luz de las llamadas reglas de la sana crítica y conjugarlo con otros elementos de juicio que corroboran o contradicen sus conclusiones (arts. 386, 457 y 477 del rito).


            En el caso, los dictámenes elaborados por los peritos oficiales se adecuan a las circunstancias de la causa y que lucen razonable fundamentación, de manera que no hay razón para prescindir de sus conclusiones; máxime que no hay en la causa ningún desarrollo científico que se oponga a las comprobaciones efectuadas por los expertos.


Además, la conducta omisiva de las autoridades de la escuela fue lo que provocó la situación de indefensión del actor al resultar agredido e insultado, en el recinto de la escuela y por cuestiones relacionadas con su función de director ejecutivo de la institución.


La nocividad del ambiente laboral causada por las continuas agresiones permitidas y toleradas por el empleador, tuvo entidad suficiente para afectarlo verificándose entonces el incumplimiento del deber constitucional del empleador de garantizar condiciones de trabajo dignas y con la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.


El Estado como empleador debe responder por dicho incumplimiento, no sólo por ser titular de dichas obligaciones, sino también por tener a su cargo el pleno poder de organización y dirección con lo cual estaba legitimado para actuar en resguardo de la integridad de su dependiente, lo cual constituye una exigencia derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador, cuyo respeto es exigible al Estado con mayor rigor y, en especial, con aquéllos son sus agentes, tal como antes lo expuse (conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, causa Waiman, Roberto c. Estado Nacional del 5.6.07,  precit.).


7.- Admitida la responsabilidad de la demandada, me ocuparé de examinar el capítulo "daños".


El actor pretende ser indemnizado por los perjuicios causados a su salud física y psíquica, el daño moral, los gastos médicos y de farmacia que abonó y el lucro cesante.


Trataré por separado cada una de estas partidas, sin perjuicio de analizarlas en conjunto cuando así sea necesario.


7.1.- Daños a la salud física (incapacidad sobreviniente)


Por lo pronto, es necesario precisar que la incapacidad es indemnizable en forma autónoma como daño biológico, daño a la integridad física, daño a la salud, etc. y comprende cualquier disminución física o psíquica que afecte la capacidad productiva no sólo la faz laboral sino la influencia negativa que la incapacidad proyecta sobre todas las posibles actividades de la vida de relación, en tanto dotadas de contenido patrimonial (conf. Sala II, causas: 6880 del 19/2/80; 8127 del 14/3/80; 8978 del 29/8/80; 161 del 13/11/80, entre muchas otras). No es pertinente indemnizar otras pérdidas -al tratar la reparación de este rubro- que significan un angostamiento de la vida de relación, de la práctica de deportes, de disminución o pérdida de la libido, etc., debiéndose valorar tales aspectos al fijar la indemnización del daño moral en tanto signifiquen una mortificación espiritual ponderable.


En el caso, no advierto relación de causalidad entre el hecho antijurídico (el proceso de acoso) y la incapacidad física del 25% que estimó la perito médica a fs. 553, en tanto se refiere al daño estético derivado de la cicatriz que presenta en el rostro.


Repárese en que no se ha probado que el traumatismo que habría profundizado las secuelas de la infección que para ese entonces padecía allí (conf. fs. 554), sucedió a consecuencia de la agresión física que, según el actor, sufrió durante su desempeño laboral en el colegio. Los testimonios a los que aludí anteriormente de J. A. Alfaya (conf. fs. 276 vta., resps. 6° y 7°), J. J. Esturo (conf. fs. 278, resps. 6° y 7°) y J. F. Nercesian (conf. fs. 280 vta., resps. 6° y 7°), carecen de eficacia pues de testigos de oídas que no percibieron el hecho directamente y porque, además, no existen otros elementos probatorios corroborantes (conf. L. Palacio – A. Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", ed. 1994, t. 8, p. 446; C.N. Com., Sala “E”, causas "Diaser SA v. Baya Casal SA" del 28.12.10 y Viaña, Martín v. Televisión Federal S.A. del 23.5.12, ABELEDO PERROT Nº: AP/JUR/3109/2012).


En tales condiciones, no corresponde admitir la reparación de este rubro.


            7.2.- Daño a la salud psíquica o daño psicológico


            Las alteraciones de índole psíquica no constituyen, en principio, una categoría autónoma, pues la incapacidad afecta al ser humano como unidad personal, con proyecciones que pueden orientarse hacia la esfera patrimonial (conf. Sala I, causa 2765/98 del 31/10/00, entre muchas otras) o como agravamiento de los padecimientos morales (conf, Sala I, causa 3309/98 del 14/3/00; Sala II, causa 1844 del 15/2/83; Sala III, causa “L.E. y otro c/Estado Nacional” del 24/2/05, entre otras).


Independientemente del modo en que ha sido solicitada la reparación por este ítem, lo que interesa es que los menoscabos sufridos por la víctima sean adecuadamente indemnizados, por lo que bajo este rubro consideraré las consecuencias que la afección psíquica genera en el ámbito de los daños materiales, mientras que las que puedan tener repercusión en el ámbito extrapatrimonial, serán incluidas dentro del daño moral.


Es cierto que el cargo de Director Administrativo que desempeñó el actor no debió haberle ocasionado una situación de distress que pudiera exceder las propias de la función, más allá de las dificultades propias de un cargo de cierta relevancia, pero siempre y cuando no se dieran en circunstancias extraordinarias que comprometiesen la salud del funcionario (conf. Sala II, causa 11.208/94 “Astariz Miguel Ángel c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura y Educación” precit.), pero éstas no son las del caso.


La perito psicóloga informó sobre la relación causal entre el proceso de hostigamiento con el daño psíquico que presenta el actor, por cuanto padece de un cuadro de estrés postraumático moderado con ansiedad y depresión significativos (conf. fs. 564), ocasionado por el trauma ("accidente de trabajo") relacionado con la función que cumplía en el colegio, el que es imputable a la accionada en los términos del artículo 1109 del Código Civil (conf. Sala II, causa 11.208/94 “Astariz Miguel Ángel c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura y Educación” precit.).


Añadió la experta, en sentido concordante, que ello le ha provocado un daño en su estructura de personalidad, en su contacto con el mundo, en sus proyectos a futuro, en su desempeño laboral y en sus posibilidades de encontrar trabajo (conf. fs. 563).


Y si además se computa que la experta no sólo se basó en las afirmaciones del paciente, sino que, estudió el caso mediante una diferentes pruebas psicológicas (conf. fs. 562) y baterías de tests (conf. fs. 563) y determinó que los padecimientos psíquicos comprobados tenían relación con lo experimentado en el entorno laboral (conf. arts. 386 y 477 del Cód. Procesal, C. Nac. Trab., sala 5ª, "Blanco, Adolfo A. v. Sociedad Anónima Organización Coordinadora Argentina", del 13/2/2007), debo asignar a esta prueba valor probatorio, máxime que la demandada no cuestionó la evaluación de la experta del relato del afectado (conf. Sala III, causa “A., V. A. v. Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal” del 21.6.12, SJA 2013/02/13-37 JA 2013-I, ABELEDO PERROT Nº: AP/JUR/3421/2012, C. Trab. Neuquén, Sala 1ª, "Daniel, Silvia v. Delave, Fernando").


La incapacidad psicológica del 25 % estimada por la perito tiene incidencia actual sobre la posibilidad de conseguir trabajo (conf. fs. 564), lo cual constituye obviamente la pérdida de una probabilidad en lo económico, por lo que este rubro debe ser recategorizado como pérdida de la chance de obtener trabajos desde que el Sr. Caracciolo sufrió el proceso de acoso (conf. esta Sala I, causas 8500/00 del 30/3/2004 y 4078/2006 del 16.8.11).


Y considerando ésta como una oportunidad sin certeza alguna del resultado, ello gravitará obviamente en el alcance de la indemnización (conf. Sala I, causa 2255/2000 del 18/8/2000). Es cierto que la medida de la pérdida en cuestión es problemática en su realización, pero esto no impide que sea apreciada en sí misma y sin identificarla con el beneficio frustrado; éste, desde otro ángulo, aunque sea incierto, tiene su propia identidad y debe ser también ponderado para justipreciar la pérdida de esa probabilidad (conf. Llambías, J. J., "Tratado de derecho civil. Obligaciones", t. I, ps. 295/96, nota, 20; sala 2ª, causas 6035/94 del 7/4/1995 y 8153 del 16/6/1995).


Teniendo en cuenta la entidad de la incapacidad y el hecho de que es razonable esperar que el tratamiento psicoterapéutico al que habrá de someterse el accionante, si bien no traerá la cura, ni la restitución de lo ya perdido, servirá para disminuir esa pérdida y como una preparación mental para afrontar eventuales desajustes o desequilibrios psicológicos (conf. Sala II, causa 1039/98 del 17.4.09 y sus citas), considero justo establecer prudencialmente esta partida de los daños en la suma de $ 30.000.


7.3.- Gastos de tratamiento psicológico futuro


La psicóloga sostuvo que el actor debe seguir un tratamiento psicoterapéutico para superar los hechos traumáticos y recomendó que tuviera una duración de dos años con una frecuencia de dos sesiones semanales.


Ponderando estos extremos como así también el costo que aquélla informó (conf. fs. 564) y los valores actuales que surgen de la experiencia, estimo justo establecer prudencialmente este ítem (art. 165 última parte, Cód. Procesal), en la suma actual de $ 38.400.


            7.4.- Lucro cesante (pérdida de la chance de conseguir trabajo en el Colegio Nacional Buenos Aires)


Si bien en el escrito inicial el accionante vinculó el hostigamiento con la obstrucción de quienes debían cumplimentar las formalidades para ser contratado en el Colegio Nacional Buenos Aires, la rectora de esta casa de estudios declaró en autos que solicitó el pase del actor, pero no dio razones que permitieran relacionar el fracaso del pedido en cuestión con el acoso que éste sufría por ese entonces (conf. fs. 195 vta., resp. 4° preg.).


En tales condiciones, se impone el rechazo de la pretensión deducida a este respecto.


7.5.- Reintegro de los gastos médicos realizados


Los comprobantes adjuntados a la causa acreditan que el actor debió someterse a diversos tratamientos para tratar afecciones que tienen nexo causal con el stress agudo (conf. pericial médica, fs. 517).


Habida cuenta de que la perito psicóloga indicó que, al tiempo del dictamen, aquél padecía de stress postraumático moderado (conf. fs. 564) y aunque algunos de los gastos acreditados se refieren a tratamientos posteriores al proceso de acoso (conf. las constancias agregadas en el anexo T que corresponden a los años 2009 y 2010), no se puede descartar que con anterioridad hubiera recibido atención médica y farmacológica.


Además, la existencia de tales erogaciones no requiere ser acreditada por la prueba documental porque es la consecuencia natural del acto antijurídico, sin que obste a la procedencia del reintegro la circunstancia de que se atendiera en un hospital público o a través de su obra social, en atención a que, como es sabido, no todos los gastos que deben efectuarse están cubiertos.


Sobre la base de estas premisas, estimo procedente -obrando con el criterio de parquedad pertinente y aplicando las pautas del artículo 165, última parte, del Código Procesal- admitir este rubro por la suma actual de $ 10.000.


7.6.- Daño moral


Este capítulo de los daños es la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. 


Siendo así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima y de los reclamantes, valoradas con prudencia para evitar un enriquecimiento indebido.


La reparación del daño moral debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece y las posibles oscilaciones de agravación o de disminución, pasadas o futuras”; supone indagar sobre la índole del interés espiritual lesionado y sobre las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del damnificado que derivan de dicha minoración (conf. D. Pizarro, Valoración y cuantificación del daño moral, el LLC 2006, 893 –RCyS 2006 –XI, 121, conf. Sala II, causa 17292/95 del 17.10.1995, entre otras).


En esta materia, la jurisprudencia de la Cámara del fuero asigna a la indemnización de este daño carácter principalmente resarcitorio (conf. Sala II, causas: 4412 del 1/4/77; 6095 del 6/12/77; 6498 del 4/4/78; 8275 del 23/10/79; 8636 del 21/3/80; 8978 del 29/8/80), descartando el erróneo criterio -carente de base lógica y jurídica- de proporcionarla a la magnitud del menoscabo patrimonial (conf. Sala II, causas: 6883 del 15/9/78; 7345 del 29/9/78; 7722 del 4/5/79; 7893 del 19/6/79; 8307 del 20/10/79; 317 del 24/3/81 y muchas más).


            El actor, como consecuencia del obrar antijurídico que da origen a estas actuaciones, sufrió daño en su personalidad, se afectó su vida de relación y en sus proyecto de vida y en su desempeño laboral (conf. prueba pericial psicológica, fs. 563 vta.), circunstancias que lo han llevado a marginarse de lo que constituía el núcleo de su actividad profesional y a dejar de lado las actividades sociales y deportivas que realizaba (conf. declaraciones de G.O. Tozzi, fs. 299 vta., resp. 3° preg. y de G.F. Uribe, de fs. 297 vta., resp. preg. 3°).


            En esas condiciones, considero justo fijar la indemnización por este concepto en la suma actual de $ 50.000.


            8.- Intereses


Las indemnizaciones de los daños psicológico y moral y de los gastos médicos y de tratamientos ya realizados, han sido expresadas según los valores que rigen a la fecha de este pronunciamiento por tratarse de deudas de valor (conf. J. J. Llambías, Tratado de Derecho Civil, 3ra. Edición, T III, pág. 711), por lo que los accesorios correspondientes deben ser computados a la tasa del 6% anual.


En este sentido, cabe mencionar que la Corte Suprema ha resuelto que la determinación del capital actualizado debe llevar a la reducción de los intereses para evitar una grave alteración de los valores contenidos en la condena, habida cuenta de que las ulterioridades que llevan a modificar los montos nominales establecidos traen consigo la necesidad de armonizar tales accesorios (conf. Fallos 308:2402; 314:749, 760:881, entre otros; Sala III causa Cianciulli, Santiago v. Alas Argentinas S.R.L., 10/08/2010 Lexis Nº 70067302).


En cuanto al punto de partida, aunque el sub lite se desenvuelve en la órbita de la responsabilidad contractual, como el incumplimiento del deber de seguridad es definitivo, no es necesaria interpelación alguna para que los intereses inicien su curso (conf. Sala II, causa 650/98, "Arriola, Santiago v. Unión Tranviarios Automotor y otros s/daños y perjuicios", del 3/9/98, consid. 6 y sus), por lo que los intereses iniciarán su curso desde que el actor debió tomar la licencia médica el 14.4.08 pues fue en ese preciso instante en el que los daños aquí admitidos quedaron configurados como daños definitivos (conf. Sala III, doctr. causas 3.387/96 del 5.7.05 y sus citas y 7.202/04 del 28.8.07). A partir de la fecha de este pronunciamiento y hasta el pago cancelatorio, los accesorios se deberán liquidar a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, la que se ajusta a la unánime jurisprudencia de las tres salas de la Cámara del fuero (conf. sala I, causa 2094, del 26.5.94; Sala II, causa 6378/92, del 8.8.95, y Sala III, causa 9397/93, del 27.10.94).


            En cambio, los réditos correspondientes a la indemnización por el tratamiento psicológico, correrán a la tasa activa antes indicada desde la notificación de esta sentencia, pues se trata de gastos futuros.


            9.- Costas


Relativamente a estos accesorios, la demandada ha resultado sustancialmente vencida y debe cargar con ellas en ambas instancias, de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento o derrota recibido en el art. 68 parte 1a., del Código de forma, solución a la que no se opone el hecho de que los rubros no prosperen en la medida reclamada, en tanto la demanda fue supeditada a lo que en más o en menos resultara de la prueba.


            Cabe señalar que si bien la demanda finalmente habrá de prosperar por un monto muy inferior al solicitado en el inicio, el valor de la condena dependía legalmente del arbitrio judicial.


Además, no se puede pasar por alto que en los juicios por daños personales la fijación del resarcimiento depende, en gran medida, de la discrecionalidad judicial, aparte de que en el caso la demandada no ofreció pagar suma alguna, habiendo resultado vencido en la materia de responsabilidad que era el aspecto central de la controversia (conf. Sala III, causas 8.533/99 del 5-9-02 y 1388/99 del 18-7-07, 119/06 del 9.2.12).


Por las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada y lo establecido en el artículo 163 del Código Procesal,


FALLO:


1) Haciendo lugar a la demanda promovida por Jorge Pablo Caracciolo y condenando, en consecuencia, a la Universidad de Buenos Aires, a abonarle, en el plazo de 10 días hábiles, la suma de pesos Ciento veintiocho mil cuatrocientos ($128.400), con más los intereses indicados en el considerando 8;


2) Imponiendo las costas del juicio a la vencida;


            3) Los honorarios serán regulados una vez determinado el monto del juicio en la etapa de liquidación y establecida con carácter firme la base regulatoria aplicable.


 


            Notifíquese a las partes y a los peritos intervinientes mediante cédulas a confeccionar por Secretaría, regístrese y, oportunamente, ARCHIVESE. 


PATRICIA BARBADO


Jueza federal