La violencia laboral en la jurisprudencia por Patricia Barbado













Fuente:



RDLSS 2007-10-918



 





SUMARIO:


I. Acoso sexual: a) Régimen legal; b) Competencia; c) Concepto; d) Conductas no configurativas de acoso sexual; e) Violación al derecho a la intimidad; f) Prueba del acoso sexual; g) Intimación previa a la ruptura del vínculo; h) El acoso sexual como causal de despido indirecto. Injuria laboral; i) El acoso sexual como justa causa de despido del acosador; j) Responsabilidad del empleador; k) Indemnización de los daños causados por el acoso sexual; l) Intereses moratorios de la indemnización del daño moral II. Acoso psicológico (mobbing), 40 a 67: a) Competencia; b) Concepto. Configuración; c) Conductas no configurativas del acoso psicológico; d) Consentimiento del trabajador afectado; e) Despido dispuesto a consecuencia de la denuncia de acoso psicológico; f) Acoso psicológico desencadenado a consecuencia del acoso sexual; g) Indemnización de los daños causados por el acoso psicológico; h) Acción de amparo III. Discriminación del trabajador delegado gremial; IV. La violencia laboral en el empleo público a) Privación ilegítima del empleo público. Cesantía. Cesantía encubierta; b) Ius variandi, 82 y 83; c) Reparación del daño moral causado por decisiones ilegítimas V. El maltrato laboral y la violencia psicológica como causal de mal desempeño de los magistrados


I.- ACOSO SEXUAL


a) Régimen legal


1 - No existe en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo ninguna disposición específica que contemple la figura del acoso sexual, salvo los principios generales relativos a los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.


(Sup. Trib. Just. Jujuy, 13/6/1997 - E., J. V. v. Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda. ).


b) Competencia


2 - Corresponde intervenir a la justicia civil en el reclamo de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del acoso sexual que la actora alega haber padecido durante el horario laboral por parte de la persona bajo cuyas órdenes se encontraba, invocando, además, la pasividad de la firma para la que ambos se desempeñaban, dirigiendo también la demanda contra ella, toda vez que la demanda no remite a la relación laboral, sino a conductas ilícitas que se atribuyen a los accionados.


(C. Nac. Civ., sala M, 17/7/1997 - P., M. v. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. s/daños y perjuicios - competencia ).


c) Concepto


3 - El acoso sexual se caracteriza por una persecución constante, permanente y orientada a obtener algún favor sexual de otra persona, valiéndose el ofensor para ello del poder que tiene sobre la víctima, que -mediando una relación de empleo- tiene que desarrollarse con motivo o en ocasión del trabajo.


(Sup. Trib. Just. Jujuy, 13/6/1997 - E., J. V. v. Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda. ).


4 - El llamado "acoso sexual" es un acto ilícito que se configura cuando el empleador o un superior jerárquico exige a un empleado de menor categoría laboral, aprovechando el estado de subordinación, favores sexuales cuyo cumplimiento o incumplimiento tiene o puede tener incidencia en la relación de trabajo, acto que, por lo tanto, redunda en una ilegítima restricción de la libertad sexual del dependiente. Se trata, pues, de una injusta persecusión que va más allá del simple galanteo amoroso y que se traduce en la creación de un clima de hostilidad dentro del ambiente de trabajo contra el sujeto afectado.


(C. Nac. Trab., sala 3ª, 24/6/1998 - F. P. v. G. J. A. y otro s/despido).


5 - El acoso sexual implica necesariamente un abuso de poder por parte del acosador, que generará en el acosado postergaciones o discriminaciones en la asignación de tareas o en el escalafón interno de la empresa, y supone siempre una conducta no deseada y reiterada.


(C. Trab. Córdoba, sala 10ª, 20/8/1999 - C., L. P. v. Máxima AFJP.).


6 - La conducta de connotación sexual sólo puede ser considerada acoso cuando el asediado inequívocamente manifiesta oposición a las propuestas o insinuaciones del asediante.


(C. Trab. Córdoba, sala 10ª, 20/8/1999 - C., L. P. v. Máxima AFJP.).


7 - La situación de acoso sexual se configura cuando hay un hostigamiento a la trabajadora con una finalidad sexual clara, cuando es víctima de una situación y persecución sexual propiamente dicha, esto es, la solicitud de relaciones sexuales bajo amenaza de despido.


(C. Nac. Trab., sala 5ª, 31/67/2000 - Alberto, Norma v. Disco S.A. s/despido).


8 - En el ámbito de la función pública, el decreto 2385/1993 define al acoso sexual como el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica induciendo a otro a acceder sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Asimismo, el acoso sexual en el trabajo consiste en cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad psíquica o física de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o maltrato psicológico en la vida cotidiana.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 4/8/2000 - Perinetti, Daniel v. Megrav S.A. s/despido ).


9 - El acoso sexual puede adoptar la forma de contactos físicos, insinuaciones sexuales, comentarios y chistes de contenido sexual, exhibición de materiales pornográficos o comentarios fuera de lugar y no deseados sobre el aspecto de una persona.


(C. Nac. Trab., sala 7ª, 15/3/2001 - D., J. M. v. Seguridad y Custodia S.R.L.).


10 - En el ámbito laboral el acoso sexual se configura cuando un superior jerárquico exige a un empleado de menor categoría favores sexuales cuyo cumplimiento o incumplimiento puede tener incidencia en la relación de trabajo.


(C. Nac. Trab., sala 1ª, 17/2/2004 - L., A. M. v. Almirón, Juan J. y otros).


d) Conductas no configurativas de acoso sexual


11 - No existe acoso sexual si la conducta del presunto ofensor sólo se manifestó en un intento de seducción, el cual no merece un severo reproche en el campo de las relaciones humanas que se manifiestan en muy variadas formas según sea el grado de cultura de los protagonistas.


(Sup. Trib. Just. Jujuy, 13/6/1997 - E., J. V. v. Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda. Ver Texto ).


12 - Del concepto de acoso sexual quedan excluidos la figura de seducción, la invitación sexual y el "piropo".


(Sup. Trib. Just. Jujuy, 13/6/1997 - E., J. V. v. Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda. ).


13 - No puede calificarse como "acoso sexual" la conducta del trabajador con una compañera de trabajo a la que le preguntó si "había tenido relaciones sexuales". A lo sumo, la conducta del actor fue indiscreta, inoportuna e impertinente, lo cual pudo dar lugar a una sanción, pero no entra en la calificación de la figura denominada "acoso sexual", puesto que "...no hubo amenazas de despedir, sancionar, postergar el ascenso, etc., o, directamente, la creación de un ambiente hostil...".


(C. Nac. Trab., sala 7ª, 15/9/1998 - Páez, Hugo A. v. Angelus S.C.A. s/despido).


e) Violación al derecho a la intimidad


14 - El acoso sexual en la esfera laboral configura una ofensa al derecho a la intimidad que halla su fundamento en el art. 19 CN. y se reglamenta en el art. 1071 bis CCiv., pues es causa de aflicción, mortificación, apesadumbramiento, dolor, angustia, humillación y desmedro de la dignidad, y constituye una afección legítima de la zona espiritual íntima y reservada de la persona que resulta ser objeto pasivo de tal accionar.


(C. Nac. Civ., sala M, 5/6/2001 - P., M. v. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. s/daños y perjuicios ; JA 2001-IV-384).


15 - No debe permitirse que las ya frágiles y precarias condiciones laborales en que se desempeñan miles de individuos, en razón del elevado nivel de desocupación que se consigna en las estadísticas oficiales, se vean agravadas por las conductas asumidas por empleadores o superiores jerárquicos, quienes munidos de un rol o posición dominante, dada la situación actual del mercado laboral, menoscaban, avasallan el derecho de intimidad del dependiente con los comportamiento del acoso sexual.


(C. Nac. Civ., sala M, 5/6/2001 - P., M. v. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. s/daños y perjuicios ; JA 2001-IV-384).


16 - El hostigamiento de una persona por otra dentro del ámbito laboral con molestias o requerimientos sexuales encuadra en el art. 1071 bis CCiv., texto según ley 21173 , en cuanto veda el entrometimiento arbitrario en la vida ajena, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos o perturbándolo en su intimidad, la que haya sustento en el art. 19 CN.


(C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 1ª, 19/11/2002 - M., L. B. v. Isa, Juan E. y otro ).


f) Prueba del acoso sexual


17 - Como los hechos relacionados con un acoso sexual ocurren en general en ausencia de terceros, no corresponde prescindir del testimonio de quien invoca la situación de víctima del acoso sexual. Ello, sin perjuicio de que tal testimonio debe ser analizado con el cuidado que el caso merece.


(C. Nac. Trab., sala 2ª, 30/10/1991 - Marzioni, Luis v. Anhaya S.A. s/despido).


18 - Cuando el dependiente demanda al empleador que lo ha despedido invocando el acoso sexual ejercido por aquél sobre personal de su dependencia, valiéndose del mando que el principal le otorgara dentro de la empresa, la prueba aportada por las partes debe ser merituada por aplicación de los principios generales y no por aquellos criterios de menor rigurosidad que es dable utilizar cuando la víctima es parte en el juicio.


(Sup. Trib. Just. Jujuy, 13/6/1997 - E., J. V. v. Cooperativa Telefónica de Palpalá Ltda. ).


19 - Las situaciones de acoso sexual son factibles dentro de toda relación de trabajo, motivando los consiguientes roces entre dependientes y empresarios y dando lugar a controversias jurídicas de difícil solución, toda vez que no puede ignorarse que las situaciones de acoso se dan en un ámbito de privacidad, que impone que el trabajador denunciante corra con la difícil carga probatoria de acreditar que fue, efectivamente, sometido a hostigamiento con fines sexuales. Para ello es válido cualquier medio probatorio, incluso el testimonial.


(C. Nac. Trab., sala 7ª, 15/3/2001 - D., J. v. Seguridad y Custodia S.R.L. s/despido ; JA 2001-IV-231).


20 - Como la carga probatoria de las situaciones de acoso sexual recae en el sujeto afectado, éste debe acreditar la existencia de avances amorosos no queridos bajo amenaza de represalia o, en su caso, la sumisión involuntaria al acoso.


(C. Nac. Trab., sala 7ª, 15/3/2001 - D., J. M. v. Seguridad y Custodia S.R.L. ; JA 2001-IV-231).


21 - Incumbe a la empleadora probar acabadamente la falta de responsabilidad por la conducta de acoso sexual de su dependiente, por encontrarse en mejor posición para informar acerca de las condiciones en que se desenvolvían las labores de sus empleados.


(C. Nac. Civ., sala M, 5/6/2001 - P., M. v. Cía. de Servicios Hoteleros S.A.; JA 2001-IV-384).


22 - Debe tenerse por demostrado el acoso sexual alegado por una trabajadora y cometido por un empleado de jerarquía superior ante la postura complaciente del socio gerente de la empresa, por lo que corresponde responsabilizar civilmente al acosador y al empleador, pese a la falta de prueba directa de los hechos invocados, si de los indicios colectados se arriba a presunciones graves, precisas y concordantes en tal sentido -art. 163 inc. 5 CPCCN.-, pues tal clase de sucesos y conductas suele desarrollarse en contextos donde no pueden ser observados, lo que dificulta su conocimiento pleno.


(C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 1ª, 19/11/2002 - M., L. B. v. Isa, Juan E. y otro ).


23 - El hecho de que la empleada acosada sexualmente se quedara sola en el local con el empleador no autoriza a presumir el abuso deshonesto denunciado ni a sacar de ellas conclusiones que no lo autorizan la ley ni la prueba, y sin que finalmente, y como improcedentemente se pretende, la mera afirmación de la actora, sin respaldo alguno, acredite su existencia.


(C. Lab. Corrientes, 12/12/2002 - O. M. E. v. Laboratorio Color del Centro y/u otros s/ind.).


g) Intimación previa a la ruptura del vínculo


24 - Si la índole de la conducta imputada al empleador es de tal gravedad que la relación no podría reanudarse, la trabajadora está eximida de intimar con anterioridad a la ruptura. Esto es así porque la finalidad de tal intimación reside en brindar al empleador la posibilidad de corregir algún comportamiento injurioso, o aclarar las diferencias que pudieran existir entre ambos, con miras a la conservación del empleo.


(C. Nac. Trab., sala 3ª, 14/3/2000 - Prunella, Gabriela v. Falce, Hugo s/despido).


h) El acoso sexual como causal de despido indirecto. Injuria laboral


25 - Corresponde considerar legítimo el autodespido si los motivos aducidos por el empleador para suspender a la trabajadora (tacharla de disociadora) han sido acosantes porque no sólo agreden su dignidad sino también cuestionan su persona en relación con los demás trabajadores. Teniendo en cuenta los motivos acosadores existentes, la suspensión sufrida por la actora no sólo ha sido injustificada, sino también injuriosa hasta tal punto que impide continuar la relación; en ese aspecto, la conducta de la actora es valiente porque en vez de continuar una relación acosadora ha elegido mantener su propia dignidad aun en una situación creciente de desempleo -Del voto en minoría del Dr. Capón Filas-.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 19/9/2000 - F. M. V. v. Aramze, Hilda R. y otro s/despido).


i) El acoso sexual como justa causa de despido del acosador


26 - Si bien el acoso sexual no es figura penal, las injurias laborales no están subordinadas a cuestiones penales y deben ser evaluadas con el criterio específico de la materia. En consecuencia, procede considerar como justa causa de despido el acoso realizado por un jefe de personal en perjuicio de una empleada, aun cuando no se haya hecho la denuncia penal pertinente, y siempre que los hechos, a criterio del juez, se hallen probados en la causa.


(C. Nac. Trab., sala 5ª, 19/4/1994 - Alarcón Sánchez, Héctor v. Carnicerías Integradas Coto S.A. s/despido).


27 - Corresponde considerar justificado el despido si se ha acreditado la comisión faltas graves de la encargada en el desempeño de sus tareas en tanto consistieron en el trato discriminatorio dispensado a las empleadas a su cargo, con sentido e inclinaciones sexuales susceptibles de dar lugar a la figura de acoso sexual y en las exhibiciones obscenas delante de empleados tales como besar y acariciar a otra mujer, sin perjuicio del incumplimiento de otras órdenes impartidas.


(C. Nac. Trab., sala 2ª, 23/5/1997 - González, María R. v. Transportes Sideco S.R.L.).


28 - En nuestra legislación laboral el acoso sexual no ha sido legislado como figura autónoma justificante del despido, pero puede constituir injuria en los términos del art. 242 LCT. y justa causa de despido, conforme a la valoración que realicen los jueces, teniendo en consideración el carácter de la relación laboral, lo dispuesto por la ley citada y las modalidades y circunstancias de cada caso.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 4/8/2000 - Perinetti, Daniel v. Megrav S.A. s/despido; C. Nac. Trab., sala 6ª, 15/3/2001 - Deutone, Josefina v. Seguridad y Custodia S.R.L. s/despido ).


29 - En tanto la imputación penal ha sido la provocación de una situación de acoso hacia dos empleadas, si bien el acusado fue penalmente absuelto, por la recepción y valoración integral de toda la prueba, corresponde considerar justificadas las razones de despido especialmente invocadas e improcedente el derecho de indemnización, sin que corresponda considerar que se haya incurrido en una errónea aplicación del art. 1103, amparado precisamente en los principios propios y específicos del Derecho Laboral, que nada tienen que ver con la prejudicialidad que exige el art. 1103 para resolver causas civiles, totalmente diferentes de los presentes.


(Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, 18/3/2002 - L., J. C. en jº L., J. C. v. Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. s/ordinario - inconstitucionalidad - casación).


30 - No puede considerarse el acoso sexual del trabajador como incumplimiento susceptible de justificar el despido tomando esa conducta aislada del contexto. Lo que el empleador puede invocar válidamente es la incidencia de los actos de acoso en el normal desenvolvimiento de las actividades del establecimiento, en la medida en que dichos actos son susceptibles de crear situaciones de malestar e indisciplina (en el caso la demandada explota el servicio de bar en un hotel, por lo cual se infiere también un desprestigio y molestia a los clientes).


(C. Nac. Trab., sala 8ª, 19/4/2005 - M., P. N. v. Cía. Gral. de Comercio e Industria S.A. s/despido).


31 - El empleador está habilitado para invocar válidamente la incidencia en el normal desenvolvimiento de las actividades del establecimiento que puedan tener los actos de acoso sexual realizado por los dependientes, en tanto esos actos son susceptibles de crear situaciones de malestar, indisciplina y, cuando se trata de una empresa de servicios como la demandada, molestar a los clientes y generar desprestigio.


(C. Nac. Trab., sala 8ª, 19/4/2005 - M., P. N. v. Cía. Gral. de Comercio e Industria S.A.).


32 - No obstante las conductas descriptas en la comunicación del despido no configuran un caso de acoso sexual, las molestias que el actor admite haber causado justifican la medida en tanto podrían haber sido esgrimidas por sus compañeras de trabajo como justa causa de denuncia del contrato, en caso de no haber tomado medidas para asegurar su cese.


(C. Nac. Trab., sala 8ª, 19/4/2005 - M., P. N. v. Cía. Gral. de Comercio e Industria S.A.).


j) Responsabilidad del empleador


33 - En tanto el superior jerárquico siempre representa, de algún modo, al empleador frente a sus subordinados, no es razonable admitir que emplee el acoso sexual en su beneficio personal, y menos aún para efectuar presiones que atenten contra la libertad sexual individual. Por lo tanto, la actitud asumida por el superior en perjuicio de una subordinada compromete gravemente la responsabilidad de la empresa, que no debe tolerar que se turbe de ningún modo a las trabajadoras cuya dignidad está obligada a tutelar.


(C. Nac. Trab., sala 2ª, 30/10/1991 - Marziani, Luis v. Antigua S.A. s/despido ).


k) Indemnización de los daños causados por el acoso sexual


34 - Aun cuando el acoso sexual no fue formalmente el motivo determinante de la extinción del vínculo (éste quedó extinguido por decisión de la empleadora, al considerar a la accionante incursa en abandono de trabajo), de configurarse tal conducta ilícita, es procedente la indemnización extratarifaria reclamada, por cuanto la indemnización por daño moral es susceptible de dos enfoques: el contractual y el extracontractual. Si se trata del contractual, es preciso señalar que en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada siempre que sea invocado oportunamente en los términos del art. 242 LCT. Desde el punto de vista extracontractual, el daño moral procedería en los casos en que el hecho que lo determina fuese producido por un hecho doloso del empleador.


(C. Nac. Trab., sala 3ª, 24/6/1998 - F. P. V. v. G. J. A. y otro s/despido).


35 - La conducta del superior jerárquico fue socialmente reprochable, ya que las invitaciones por él realizadas, los comentarios formulados y los términos empleados, más allá de resultar impropios del trato que cabe dispensar a una dama, son idóneos para ofender la honestidad de la accionante y su integridad como persona, pues constituyen intromisiones impertinentes en un aspecto íntimo de su vida que, por lo general, es mantenido en un plano de reserva y que, ciertamente, no está relacionado con el trabajo, y como tal conducta ha afectado a la trabajadora psicológica, moral y socialmente y le genera un daño de índole moral, corresponde establecer una indemnización cuyo pago estará exclusivamente a cargo de aquél.


(C. Nac. Trab., sala 3ª, 24/6/1998 - F. P. V. v. G. J. A. y otro s/despido).


36 - Toda vez que con las probanzas arrimadas al proceso y las presunciones hominis cabe tener por configurado el acoso sexual y posterior persecución laboral que se denuncian, corresponde admitir la demanda por daños y perjuicios incoada por quien resultó víctima de tal accionar, que merece el reproche de la ley y una adecuada reparación.


(C. Nac. Civ., sala M, 5/6/2001 - P., M. v. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. s/daños y perjuicios; JA 2001-IV-384).


37 - Es procedente el reclamo a título de daño moral debido a un despido motivado en el rechazo de propuestas presuntamente indecorosas y persecutorias si se acreditó fehacientemente la relación laboral, el distracto sin justificación alguna y la existencia de una secuela psicológica en el actor, sin que el demandado haya aportado prueba que permitiese desmerecer los dichos de la demanda, máxime si se tiene en cuenta la dificultad probatoria que entraña este tipo de acciones.


(C. Nac. Civ., sala B, 13/8/2002 - V., M. A. v. Méndez, Roberto).


38 - Aun cuando de los informes de la causa surja que el diagnóstico de la actora -portadora de HIV.- es de fecha anterior a la de su inicio de la relación laboral, no puede hablarse de ocultamiento de su enfermedad pues la demandada, en el examen preocupacional y en el examen médico practicado por los motivos dispuestos en la Ley de Riesgos de Trabajo, debió tener conocimiento del estado de salud de la actora. En razón de ello, no se verá afectado el derecho de la trabajadora a la indemnización por daños y perjuicios, incluido el daño moral, a raíz del acoso sexual.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 22/12/2005 - Luquez, María C. v. Mario A. Salles y otro s/accid.-acc. civil ).


l) Intereses moratorios de la indemnización del daño moral


39 - Los intereses moratorios de la indemnización a título de daño moral por la realización de propuestas presuntamente indecorosas y persecutorias en el ámbito de trabajo -cuyo rechazo habría motivado el despido- deben calcularse desde el momento en que se verificó el acto de acoso -en el caso, sin embargo, el actor acota su reclamo a la fecha misma del despido-, y no desde la interposición de la demanda, pues el crédito surge inmediatamente con el acaecimiento del daño, sin que sea necesaria interpelación alguna por tratarse de un supuesto de responsabilidad aquiliana regido por la mora ex re.


(C. Nac. Civ., sala B, 13/8/2002 - V., M. A. v. Méndez, Roberto).


II.- ACOSO PSICOLÓGICO (MOBBING)


a) Competencia


40 - Toda vez que no son ajenos al Derecho Civil los temas a definir en la demanda resarcitoria fundada en las normas de Derecho Civil y promovida por una ex soldado voluntaria por haber sido acosada psicológicamente y sufrir la vulneración de los derechos humanos relacionados con el respeto a la dignidad humana y a la integridad psicofísica, y en tanto la demanda se basa en las normas que comprometen la responsabilidad estatal por el abuso de sus subordinados, corresponde que la controversia sea dilucidada por un juez en lo civil y comercial federal, en tanto es versado en la materia referente a la responsabilidad contractual y a la determinación de las consecuencias dañosas derivadas del incumplimiento de los deberes de seguridad propios del principal, como también a lo vinculado con la apropiada ponderación de los daños personales en sus esferas patrimonio y moral.


(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 4/6/2002 - Aredes, Natalia V. v. Ejército Argentino - Estado Nacional s/daños y perjuicios ).


b) Concepto. Configuración


41 - Corresponde considerar que existió una coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre los dependientes para determinarlos contra su voluntad al retiro voluntario, por cuanto si bien no se trataba de violencia física, a la luz de las declaraciones concordantes de los testigos, quedó demostrado que ha existido violencia moral o intimidación, es decir, la amenaza de un sufrimiento futuro aunque inminente.


(C. Nac. Trab., sala 7ª, 25/10/2004 - Vallejos, Florencio y otros v. Emecé Editores S.A. y otro s/despido ).


42 - Si la prueba incorporada al proceso permite tener por debidamente acreditada la denuncia de acoso laboral, con la eliminación de la clave informática y telefónica de los afectados, y que circulaban listas de los trabajadores prestos a ser despedidos como metodología utilizada de la empresa, con la agravante de que todos los testigos han señalado que las licencias unilateralmente otorgadas lo eran para que, en definitiva, terminaran aceptando la propuesta de desvinculación, ya que era decisión empresaria que no volvieran más a prestar tareas, la empresa claramente violentó el dispositivo del art. 78 LCT. en su párr. 1º, cuando dispone: "El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber". Si esto es así en épocas normales, mucho más debe serlo en un período en el que el país se encontraba en emergencia social y laboral con prohibición de realizar despidos incausados, que justamente es lo que entiendo que estaba aconteciendo en autos, con la decisión empresarial de extinguir el vínculo de la actora a pesar de la prohibición legal.


(C. Trab. Córdoba, sala 10ª, 11/11/2004 - Lambir, María E. v. Aguas Cordobesas S.A. s/demanda ).


43 - Está acreditada la política empresarial de presionar a los trabajadores para lograr su desvinculación de la empresa si se adjuntaron fotocopias de las listas que circulaban donde figuraban los que estaban prestos a ser despedidos, como así también la propuesta del acuerdo de desvinculación que se les ofrecía y la privación de la realización de las tareas habituales.


(C. Trab. Córdoba, sala 10ª, 11/11/2004 - Lambir, María E. v. Aguas Cordobesas S.A. s/demanda).


44 - La Municipalidad de Posadas asumió un tipo de conducta que importó ejercer por las autoridades jerárquicas superiores de los empleados desplazados una violencia psicológica, consistente en impedirle de hecho la prestación de sus tareas, afectando directamente a la dignidad de los trabajadores involucrados, presión ésta susceptible objetivamente de conducir a un estado de angustia, tensión emocional, desazón, stress, ante la perspectiva o posibilidad de perder su fuente de trabajo.


(C. Lab. Posadas, sala 1ª, 17/2/2005 - López, José R. y otros v. Municipalidad de Posadas s/acción de amparo y medida cautelar).


45 - Los hechos planteados, además de importar un acto de discriminación, vedado por la ley que afecta además el aspecto humano del trabajador en su dignidad, por sus características, importan la configuración de un típico caso de mobbing en el trabajo, por cuanto privó a los trabajadores la prestación de sus tareas.


(C. Lab. Posadas, sala 1ª, 17/2/2005 - López, José R. y otros v. Municipalidad de Posadas s/acción de amparo y medida cautelar).


46 - El mobbing, término derivado de mob (horda, plebe), se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización, contra un/a trabajador/a, que desarrolla como reacción graves problemas psicológicos duraderos -Del voto del Dr. Lutz-.


(Sup. Trib. Just. Río Negro, 6/4/2005 - D., R. B. v. Entretenimiento Patagonia S.A. ).


47 - El acoso moral es el ejercicio de violencia psicológica extrema que se realiza por una o más personas sobre otra en el ámbito laboral, respecto de la que existe una relación asimétrica del poder -Del voto del Dr. Lutz-.


(Sup. Trib. Just. Río Negro, 6/4/2005 - D., R. B. v. Entretenimiento Patagonia S.A.).


48 - La OIT. reconoce al mobbing como concepto: es la persecución psicológica laboral -Del voto del Dr. Lutz-.


(Sup. Trib. Just. Río Negro, 6/4/2005 - D., R. B. v. Entretenimiento Patagonia S.A.).


49 - El mobbing constituye una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un trabajador desde una posición jerárquica superior o desde un grupo de iguales hacia los que éste mantiene una subordinación de hecho. Dicha conducta hostil es reiterativa y persistente en el tiempo, llegando a adoptar métodos de influencia muy diversos, que van desde la infravaloración de las capacidades del trabajador hasta su desbordamiento por la asignación de tareas irrealizables, pasando por agresiones como la ocultación de información, la difamación o el trato vejatorio. El objeto del mobbing es la adscripción de la conducta de la víctima a los intereses de la figura o figuras que lo ejercen, coincidente o no con los de la propia organización, llegando a provocar en su máximo nivel el vacío organizacional del acosado, con las lógicas consecuencias que ello comporta para su bienestar físico, psicológico y social, tanto dentro de la organización laboral como fuera de ella -Del voto del Dr. Lutz-.


(Sup. Trib. Just. Río Negro, 6/4/2005 - D., R. B. v. Entretenimiento Patagonia S.A. ).


c) Conductas no configurativas del acoso psicológico


50 - El hecho de que la trabajadora pueda haber cumplido ocasionalmente tareas propias de una categoría superior (supervisora) no genera de por sí ninguna situación distorsionadora del contrato de trabajo en su génesis ni en su cumplimiento (arts. 62 y 63 LCT.), ni tampoco se puede considerar ello como discriminatorio, ya que precisamente son funciones normalmente desempeñadas por hombres -Del voto del Dr. Sodero Nievas-.


(Sup. Trib. Just. Río Negro, 6/4/2005 - D., R. B. v. Entretenimiento Patagonia S.A. ).


d) Consentimiento del trabajador afectado


51 - Carece de trascendencia el tiempo transcurrido sin que el afectado pusiera de manifiesto su disconformidad con el trato discriminatorio recibido, teniendo en cuenta no sólo la imposibilidad de tener por abdicada una prerrogativa laboral a partir del silencio del trabajador (conf. art. 58 LCT.) sino también que la índole del perjuicio derivado de comportamientos persecutorios requiere del paso del tiempo y consecuente acumulación de evasivas para la consolidación del efecto dañoso que motiva el reclamo.


(C. Nac. Trab., sala 9ª, 23/10/2001 - Campos, Juan C. y otro v. Telefónica de Argentina S.A. s/juicio sumarísimo ).


e) Despido dispuesto a consecuencia de la denuncia de acoso psicológico


52 - Corresponde considerar injustificado el despido, por cuanto por el hecho de que fueran insustanciales sólo algunas de las manifestaciones de la trabajadora referidas a la situación vivida como de acoso psicológico por parte de su superior jerárquico, el empleador debió efectuar un mayor análisis de la situación antes de decidir el despido, por cuanto quien ha recibido un trato degradante o cruel tiene el derecho a ser oído, permitiéndosele el derecho a ser denunciado ante su superior para su esclarecimiento, sin que este hecho pueda devenir en una causal de despido justificada.


(C. Nac. Trab., sala 7ª, 23/5/2006 - Q., B. J. v. C. y otro s/despido).


f) Acoso psicológico desencadenado a consecuencia del acoso sexual


53 - El proceso de acoso sexual puede desembocar en persecuciones por parte de un superior jerárquico, abusando de la situación de subordinación jurídica y económica que impone todo vínculo laboral.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 15/3/2001 - D., J. v. Seguridad y Custodia S.R.L. s/despido ).


g) Indemnización de los daños causados por el acoso psicológico


54 - El empleador debe asumir su responsabilidad indemnizatoria por las consecuencias psicofísicas padecidas por el trabajador por exponerlo a tareas que físicamente superaban sus capacidades y por enviarlo contra su voluntad a otra oficina o cambiarlo de destino como un modo de segregación de toda relación con su grupo de referencia, por cuanto este accionar estuvo dirigido a socavar el ánimo y la voluntad del empleado para lograr el retiro "voluntario" de la empresa.


(C. Nac. Trab., sala 1ª, 22/5/2003 - Quinteros, Néstor A. v. Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. s/accidente ley 9688 ).


55 - La política empresarial de presionar a los trabajadores para lograr su desvinculación de la empresa importa una injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 LCT. para que el trabajador se diese por despedido en forma indirecta (art. 246 LCT.) con derecho indemnizatorio, ya que la decisión empresarial estaba tomada, no había habido rectificación de conducta y la actora seguía sin poder prestar en forma normal su relación laboral, y exigir que continuase en esta situación de anormalidad laboral significaría prolongar la agonía de su contrato, cuando ya existía una decisión firme, concretada en los hechos, de separarla de la dotación de personal de la demandada.


(C. Trab. Córdoba, sala 10ª, 11/11/2004 - Lambir, María E. v. Aguas Cordobesas S.A. s/demanda).


56 - Corresponde reparar el daño moral causado al delegado gremial que fue despedido con causa no probada por la demandada y sin el procedimiento de exclusión de tutela, por cuanto la empleadora tuvo actitudes persecutorias y realizó actos arbitrarios y abusivos, constituyentes de conductas reprochables, pues realizó imputaciones injuriosas sin preservar la dignidad del trabajador y sin importarle el daño que le ocasionaría en épocas de agudo desempleo y desesperanza generalizada.


(C. Trab. Resistencia, sala 2ª, 12/7/2005 - Conde Olgado, Miguel B. v. Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial [SECHEEP.] s/despido, etc.).


57 - La estructura generada a partir de la vigencia de la ley 24557 no contempla el daño sufrido por la víctima del acoso psicológico; basta para ello con observar las tablas de incapacidades en relación con los daños o secuelas de tipo psiquiátrico.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - Correa Cerpa, Patricia A. v. Aguas Danone de Argentina S.A.).


58 - Al no considerar resarcible la incapacidad determinada en la pericia médica el marco del art. 6 inc. II ley 24557, y estando debidamente probado el nexo causal con el trabajo, resulta necesario declarar la inconstitucionalidad de dicha norma.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - Correa Cerpa, Patricia A. v. Aguas Danone de Argentina S.A. ).


59 - El decreto 658/1996 , que establece el listado de enfermedades profesionales, se centra en dolencias físicas, originadas por agentes o elementos externos igualmente "físicos", ignorando cualquier referencia no sólo al fenómeno del mobbing sino en general a efectos o dolencias de tipo psicológico.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - Correa Cerpa, Patricia A. v. Aguas Danone de Argentina S.A. ).


60 - Ante la falta de cuestionamiento constitucional la pretensión indemnizatoria del actor en estos autos queda limitada al reclamo tarifado, y no a una reparación integral, por cuanto no ha habido en el caso un incumplimiento de las normas de la Ley de Seguridad e Higiene Industrial, y menos aún culpa o negligencia del empleador.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - Correa Cerpa, Patricia A. v. Aguas Danone de Argentina S.A.).


61 - Al no haber planteado la actora la inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 ley 24557 corresponde eximir de responsabilidad en la presente causa en la que se reclama la reparación de los daños causados por el acoso psicológico en el trabajo al empleador, resultando legitimada en forma pasiva la ART. citada en garantía.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - Correa Cerpa, Patricia A. v. Aguas Danone de Argentina S.A. ).


62 - Es responsable la aseguradora de riesgos del trabajo citada en garantía por las dolencias padecidas por la actora a causa del acoso psicológico sufrido en su trabajo -en el caso padecía síndrome depresivo reactivo en período de estado moderado a grave-, pues la responsabilidad recae exclusivamente en ella dado que no hubo incumplimiento de la Ley de Seguridad e Higiene Industrial, como tampoco culpa o negligencia del empleador.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - C. C., P. A. v. Aguas Danone de Argentina S.A. ).


63 - No corresponde responsabilizar al empleador por una enfermedad no incluida en el listado de enfermedades que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo y que encuentra relación de causalidad con el acoso psicológico sufrido por la actora -en el caso padecía síndrome depresivo reactivo en período de estado moderado a grave-, toda vez que no se planteó la inconstitucionalidad del art. 39 LRT., que permitiría considerar la actitud asumida por la demandada en el marco de la culpa.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - C. C., P. A. v. Aguas Danone de Argentina S.A. ).


64 - Procede declarar la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 ley 24557, toda vez que no contempla el daño sufrido por la víctima de acoso psicológico, y atento a que se encuentra debidamente probado el nexo de causalidad entre la incapacidad sufrida por la actora -en el caso padecía síndrome depresivo reactivo en períodos de estado moderado a grave como consecuencia del estrés en el ámbito laboral- con el trabajo que realizaba, pues se estaría violando el derecho de propiedad, el derecho de protección de la persona y la garantía de igualdad ante la ley.


(C. Trab. Mendoza, 6ª, 3/8/2005 - C. C., P. A. v. Aguas Danone de Argentina S.A.).


65 - Ante el hecho de que haya existido acoso sexual hacia la actora -portadora de HIV.- por el presidente de la empresa demandada, devenido en especie de "acoso moral genérico", y a partir del cual los directivos procedieron a esparcir el carácter de seropositiva utilizándolo como factor descalificador, generándose así un verdadero acoso moral materializado en conductas (probadas en la causa) como rechazo de comunicación directa, desacreditación y aislamiento, debe concluirse que la trabajadora fue discriminada a raíz del mal que padecía en los términos del art. 1 ley 23592, que ordena la reparación de todos los daños ocasionados por las conductas discriminatorias.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 22/12/2005 - Luquez, María C. v. Mario A. Salles S.A. y otro s/accid.-acción civil).


66 - También en los casos de despido indirecto es aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 ley 25561, siendo el mobbing una práctica que se utiliza de hecho para lograr esos fines -Del voto de Dr. Guibourg-.


(C. Nac. Trab., en pleno, 1/3/2006 - Ruiz, Víctor H. v. Universidad Argentina de la Empresa UADE.).


h) Acción de amparo


67 - Debe revocarse la sentencia que desestimó liminarmente la acción de amparo -mandándose dar curso a la acción y resolverse sobre la medida cautelar- fundada en la existencia de acoso laboral en un hospital si a pesar del tiempo transcurrido tanto desde los hechos denunciados cuanto desde la interposición del reclamo judicial surge que la situación denunciada conserva actualidad.


(C. Civ. Neuquén, sala 1ª, 11/4/2006 - Barrionuevo, Claudia C. v. Provincia del Neuquén ).


III.- DISCRIMINACIÓN DEL TRABAJADOR DELEGADO GREMIAL


68 - Si al accionante le suministraban una cantidad mucho menor de herramientas que al resto de los dependientes que se desempeñaban en la misma categoría y área de servicio, no siendo provisto de cinturón ni casco de seguridad, entregados en la amplia generalidad de los casos, se configura la discriminación antijurídica y cabe concluir que la empleadora actuó con una improcedente discrecionalidad arbitraria al privar infundadamente al accionante de la utilización de instrumentos materiales y de la posibilidad de realizar horas extras cuando se le concedían tales derechos a los demás trabajadores que se desempeñaban en idéntica categoría y área, debiéndose presumir que lo hiciera a partir de su carácter de representante gremial, y, en consecuencia, la práctica desleal prevista expresamente en el art. 53  inc. j ley 23551.


(C. Nac. Trab., sala 9ª, 23/10/2001 - Campos, Juan C. y otro v. Telefónica de Argentina S.A. s/juicio sumarísimo).


69 - Cuando se pretende nulificar un despido considerado discriminatorio se requiere la producción de una prueba muy convictiva y una apreciación muy exigente de los elementos acompañados -Del voto minoritario de la Dra. García Margalejo-.


(C. Nac. Trab., sala 5ª, 14/6/2006 - Parra, Vera M. v. San Timoteo S.A. s/acción de amparo).


70 - Siendo la dificultad probatoria uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares, teniendo en cuenta que el derecho a la no discriminación arbitraria no sólo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal sino que también ha ingresado en el dominio del ius cogens, cuando el trabajador se considera injustamente discriminado debe producirse un desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba, por cuanto esta específica mecánica probatoria responde a las exigencias de tutela de los derechos fundamentales del trabajador (el derecho a no ser discriminado por motivos antisindicales).


(C. Nac. Trab., sala 5ª, 14/6/2006 - Parra, Vera M. v. San Timoteo S.A. s/acción de amparo ).


71 - La inclusión de la trabajadora como única afectada del supuesto proceso de reestructuración, que supone por su propia definición y por el encuadramiento pretendido por la empresa un fenómeno de alcance colectivo, corrobora la conclusión de que se trató de un despido discriminatorio antisindical, máxime si la empresa accionada no produjo prueba idónea alguna acerca de la alegada reestructuración y de su eventual impacto en el puesto de trabajo ocupado por aquélla.


(C. Nac. Trab., sala 5ª, 14/6/2006 - Parra, Vera M. v. San Timoteo S.A. s/acción de amparo).


IV.- LA VIOLENCIA LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO


a) Privación ilegítima del empleo público. Cesantía. Cesantía encubierta


72 - Es procedente el amparo intentando contra la decisión del Poder Ejecutivo de Catamarca, que si bien se apoya en la ley 4064 de dicha provincia, de reordenamiento administrativo, que lo faculta para disponer la "reubicación" y el "reencasillamiento" del personal en las distintas reparticiones oficiales dependientes de aquél, es impugnada por los recurrentes por lesionar fundamentalmente la estabilidad del empleado público, la libertad de trabajo y el derecho a fijar residencia, a la par de afectar el derecho de propiedad y vulnerar el de defensa, en cuanto conlleva una cesantía encubierta al colocarlos en la necesidad de renunciar frente a los graves daños que ocasiona el acatamiento de los traslados. Ello así, pues si bien la acción intentada no está destinada a reimplantar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencia.


(Corte Sup., 9/4/1985 - País Ahumada, Ana S. y otros ).


73 - La conclusión de que la baja por razones de servicio, fundada en razones presupuestarias desvirtuadas posteriormente con el llamado a concurso para el mismo cargo, aparejaba una cesantía encubierta no es suficiente para considerar el caso como supuesto de excepción a la reiterada doctrina de la Corte Suprema que declara no justiciable lo atinente a la política administrativa y a la ponderación de las aptitudes del personal, como asimismo la declaración de prescindibilidad de los agentes en tanto tal medida no importe sanción disciplinaria, descalificación del empleado o cesantía encubierta -Del voto en disidencia del Dr. Petracchi-.


(Corte Sup., 3/10/1985 - González, Luis A. v. Empresa Ferrocarriles Argentinos).


74 - Corresponde revisar los actos administrativos si el encasillamiento hecho por el Poder Administrador de empleados que cumplen funciones en su órbita resulta erróneo o implica una cesantía encubierta, o un trato vejatorio.


(Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 21/2/1991 - Chiodelli, Osvaldo S. v. Municipalidad de la Capital ).


75 - La privación ilegítima del empleo público conlleva la posibilidad de obtener el resarcimiento de los perjuicios efectivamente causados.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 8/10/1992 - Melcer, Héctor R. v. Banco Central de la República Argentina s/cobro).


76 - Frente a la irregularidad de la Administración en la designación o contratación de un empleado corresponde la protección contra el despido arbitrario y el reconocimiento de una indemnización idéntica a la que un trabajador privado en sus mismas condiciones hubiera obtenido al extinguirse, sin su culpa, la relación de trabajo.


(C. Nac. Trab., sala 6ª, 13/4/1994 - Gómez, Zacarías v. IOSE. s/despido).


77 - Cabe tener por acreditada la concausa referida a los daños que se produjeron al acto, pues el dictamen pericial claramente expone que la cesantía reúne entidad suficiente para ocasionar daño operando sobre su estructura psíquica con la fuerza y las características de un trauma psíquico de envergadura desencadenante de patología.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 15/8/1997 - Heindenreich, Ricardo v. Estado Nacional / Ministerio de Ed. y Justicia s/daños y perjuicios ; y Fernández Rodríguez, Nilda E. y otro v. Ministerio de Justicia s/juicios de conocimiento).


78 - Es procedente la nulidad absoluta de la resolución del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad de Formosa si la reestructuración allí dispuesta respecto de la Dirección Técnico Jurídica del citado organismo y la derogación de la resolución 175/1988, que anteriormente había designado al actor como director de aquélla importa una cesantía encubierta violatoria de la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo público, en tanto se trata de un agente de planta permanente cuya separación del cargo requiere la comprobación de estar incurso en alguna de las causales de cesantía o exoneración del art. 72 Estatuto para el Personal de la Administración Pública local y la emisión de una decisión motivada respecto del cese.


(Sup. Trib. Just. Formosa, 26/8/1999 - C., W. D. v. Municipalidad de Formosa).


79 - Es nula la resolución que dispone la baja de un empleado de una entidad autárquica, motivada en la reestructuración de cargos en el organismo para mejorar el rendimiento de los servicios, si no se explicitó por qué el desplazamiento del agente influye en la finalidad perseguida.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 17/4/2000 - R. F., C. A. v. Ministerio de Salud y Acción Social).


80 - Si el agente no pudo desempeñar sus tareas en virtud de una resolución de la Administración que dispuso su pase a situación de disponibilidad, luego declarada nula -por irregular- en sede judicial, se configuró un daño resarcible en los términos de los arts. 1109 y 1112 CCiv.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 8/3/2001 - Calot, Silvina A. v. Estado Nacional / Ministerio de Trabajo y Seg. / resoluciones 999/1991 y 1005/199).


81 - Declarada la ilegitimidad de la cesantía del agente -en el caso se dispuso la baja por considerarlo debidamente intimado para iniciar los trámites jubilatorios, pese a que la comunicación dispuesta de acuerdo con el art. 85 ley 25401 no le había sido notificada en el domicilio previsto en el legajo-, corresponde ordenar su reincorporación al puesto que desempeñaba en la Cámara de Diputados de la Nación y admitir la pretensión de pago de los salarios devengados desde la fecha en que se cumplió efectivamente la cesantía, hasta la reincorporación.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 16/3/2004 - Figueroa, Amalia v. Congreso de la Nación - Cámara de Diputados ).


b) Ius variandi


82 - Si el agente, con similares exigencias laborales y horarias, ha percibido una retribución menor a la que tenía derecho, a raíz de un acto arbitrario de la Administración, las diferencias salariales que correspondan deberán ser abonadas. No concurren los requisitos del instituto del enriquecimiento sin causa, desde que se produjo un daño económico que empobrece patrimonialmente al agente, como consecuencia del obrar ilegítimo de la Administración.


(C. Nac. Civ., sala A, 14/5/1997 - Rofrano, Luis A. v. Municipalidad de Buenos Aires s/nulidad de acto administrativo).


83 - La posterior incorporación a la Administración Federal de Ingresos Públicos no puede volverse en contra de la situación jurídica del interesado ni ser fuente tampoco de una "inadmisible retrogradación jerárquica" tampoco justificada, por otra parte, con un hipotético ejercicio normal del llamado ius variandi, fórmula que no sólo debe estar normativamente articulada sino que no puede en su aplicación concreta lesionar derechos subjetivos preexistentes.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 5/3/2001 - Baroli, María A. v. EN. [DGI.] s/empleo público).


c) Reparación del daño moral causado por decisiones ilegítimas


84 - Corresponde acoger favorablemente el resarcimiento del daño moral, ya que el cambio de destino dadas sus formas y modalidades produjo un agravio en las afecciones legítimas del agente, suficiente como para justificar su procedencia.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 18/10/1995 - Gallo, Jorge E. v. Ministerio de Salud y Acción Social s/empleo público).


85 - Debe indemnizarse el daño moral de la agente si las constancias de autos dan cuenta suficiente de su padecimiento anímico y espiritual generados por la segregación dispuesta y el sometimiento a la causa a sede penal, en tanto estas circunstancias incidieron sobre su conducta social, manifestada en los tiempos inmediatamente posteriores a su cesantía.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1ª, 30/11/1995 - Rava, Marta I. v. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas s/empleo público; C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 20/8/1996 - Meza, Hernán G. v. Estado Nacional / Ministerio de Educación y Justicia / Subsecretaría de Justicia s/juicio de conocimiento).


86 - Existe la presunción de que la privación del empleo produce en el agente padecimientos morales injustos, por el perjuicio causado a la vida personal y de relación del actor.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 15/4/1997 - Heindenreich, Ricardo v. Estado Nacional / Ministerio de Educación y Justicia s/daños y perjuicios; y Fernández Rodríguez, Nilda E. y otro v. Ministerio de Justicia s/juicios de conocimiento).


87 - Cuando la relación entre las partes tiene su origen en una relación de empleo público, el daño moral tiene su fuente en la normativa del ámbito contractual. La cuestión está contemplada en el marco del art. 622 CCiv., norma ésta que, a diferencia del art. 1078 , es sólo de aplicación facultativa, dependiendo no sólo de la prueba del incumplimiento contractual sino, además, de la atinente a la existencia de una lesión espiritual, de la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.


(C. Nac. Civ., sala A, 14/5/1997 - Rofrano, Luis A. v. Municipalidad de Buenos Aires s/nulidad de acto administrativo ).


88 - Procede el resarcimiento del daño moral sobre la base del alcance de la responsabilidad de la Administración por el obrar ilícito que le endilgó como consecuencia de la ilegitimidad del traslado y posterior prescindibilidad del actor que tuvo por configurada.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 1ª, 16/4/1998 - Marenco, Guillermo J. v. Estado Nacional / Ministerio de Acción Social y Salud Pública s/empleo público).


89 - Toda vez que en una asamblea realizada el director del organismo fue objeto de agresiones e insultos sufriendo daños en su integridad físico-psíquica mientras se hallaba cumpliendo actividades propias de su función, el hecho de permitir la reunión asamblearia de dependientes del ministerio, pese al ambiente de nerviosismo en que se desarrolló y la circunstancia de no haber impedido que dichos dependientes agredieran al titular de la repartición y en funciones, provocándole daños, compromete la responsabilidad del Estado Nacional por haber incumplido como principal el deber de seguridad que es inherente al contrato de empleo público.


(C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 9/2/1999 - Astariz, Miguel Á. v. Estado Nacional / Ministerio de Cultura y Educación de la Nación s/daños y perjuicios).


90 - Para establecer la indemnización del daño moral por las descalificaciones vertidas en el acto administrativo impugnado cabe tener en consideración la jerarquía del reclamante, las funciones desempeñadas dentro del organismo y las consecuencias nefastas que tales descalificaciones pudieron haber ocasionado a su carrera profesional.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 30/11/1999 - Elías, Miguel J. v. Estado Nacional s/empleo público).


91 - La reparación por daño moral abarca no sólo la angustia o los sufrimientos causados por la ausencia de cobro de los haberes y desempeño en su trabajo, sino también por los argumentos descalificativos utilizados en la resolución impugnada.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 30/11/1999 - Elías, Miguel J. v. Estado Nacional s/empleo público).


92 - Corresponde indemnizar por daño moral al empleado de una entidad autárquica a quien se dio de baja en virtud de un acto declarado nulo, toda vez que el vicio del obrar administrativo se produjo dentro de un marco convencional en su origen y, por ende, la cuestión se enmarca en la directiva del art. 522 CCiv.


(C. Nac. Fed. y Cont. Adm., sala 5ª, 17/4/2000 - R. F., C. A. v. Ministerio de Salud y Acción Social ).


93 - La declaración de prescindible en el año 1976 atribuyéndole al agente ser "un factor real o potencial de perturbación" en el organismo que prestaba servicios, tal como se definía en el art. 6 inc. 6 ley 21274, escondía la imputación de tratarse de un elemento subversivo. Tal conducta atribuida injustificadamente ha producido sin lugar a dudas zozobra y angustia al empleado prescindido, la que soportó a lo largo de todo el período del gobierno militar. Sin embargo, no debe dejar de advertirse -a los fines de la ponderación de la gravedad de la lesión moral- que, en el caso, éste no pretendió durante esos años por accionar contra esa calificación tratando de revertir el desconcepto que contenía aquella resolución. La omisión de obrar para obtener la revisión de lo decidido es un elemento a tener en cuenta a los fines de una adecuada reparación del daño inferido. La gravedad del daño y la falta de actividad del actor durante varios años soportando esa carga emotiva se balancean al momento de la fijación del monto indemnizatorio.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, 19/4/2001 - Ortiz, Humberto O. y otros v. Estado Nacional / Ministerio de Cultura y Educación s/empleo público).


94 - Aun cuando el manto de sospecha que se volvió sobre la conducta o personalidad del demandante -y acerca de los verdaderos motivos de su cese- no haya surgido del texto expreso de los considerandos de la resolución en la que se dispuso la cancelación de su designación, dicha circunstancia y los padecimientos consiguientes deben ser tenidos como consecuencia directa del acto antijurídico, que la Administración debe reparar.


(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, 14/6/2001 - Miguens, Francisco F. v. EN. [Ministerio de Defensa - resolución 1250/1995] s/empleo público ).


95 - Corresponde resarcir el daño moral causado a la docente a consecuencia de las actuaciones sumariales labradas en su contra, en tanto ha quedado demostrado que las disposiciones emanadas de la superioridad le provocaron una lesión a sus sentimientos, lo que le determinó dolor y sufrimiento físico, inquietud espiritual y agravio a sus afecciones legítimas.


(C. Lab. Corrientes, 23/12/2003 - Cáceres de Cardozo, Estanislaa v. Consejo General de Educación).


96 - Es procedente la reparación del daño moral si el rector, al informar sobre la permanencia en situación activa del personal docente, se extralimitó en sus funciones expidiendo por sí mismo una opinión atinente a la capacidad de la profesora para que no continuase al frente de alumnos, ocasionándole un severo daño a su desempeño e idoneidad en su labor.


(C. Nac. Civ., sala J, 16/5/2006 - L., G. M. v. G., A. s/daños y perjuicios ).


V.- EL MALTRATO LABORAL Y LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA COMO CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO DE LOS MAGISTRADOS


97 - Se configura la causal de mal desempeño del magistrado por cuanto no tomó ninguna medida respecto de la conducta del secretario por la exacerbación de formas de comportamiento y actitudes absolutamente reñidas con la ética y el decoro exigido a este funcionario judicial, que estuvo presente durante muchos años en el trato que le daba al personal que prestaba servicios en el juzgado. Se acreditó asimismo el ejercicio de presión coactiva sobre los empleados para que renunciasen y un trato humillante y degradante de la persona, dentro de un tono siempre autoritario y claramente ofensivo, y no existían dudas acerca de que el secretario victimizaba al personal con prácticas autoritarias y degradantes, y muchas veces el juez y el secretario combinaban dar órdenes y contraórdenes para divertirse -Del voto en disidencia del Dr. Moreira-.


(Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, 3/8/2005 - Dr. Juan J. Mahdjoubian s/pedido de enjuiciamiento).


98 - Corresponde la destitución por mal desempeño de su función en tanto se han probado una serie de hechos que evidenciaban el maltrato a los empleados por parte del secretario del juzgado -quien había sido exonerado-, situación que no podría haber sucedido sin que el titular de la dependencia tuviera conocimiento de ello.


(Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, 3/8/2005 - Dr. Juan J. Mahdjoubian s/pedido de enjuiciamiento).


99 - Se ha configurado la causa de mal desempeño si se acreditó que el juez había observado un comportamiento claramente abusivo, grosero, humillante, discriminador y degradante hacia algunos de los funcionarios y empleados, generador de un clima de tensión intolerable si se piensa en términos de dignidad y respeto por la persona, y si tampoco había sabido promover razonables relaciones humanas en su tribunal, llegando a generar descontento y humillación y ocasionando el desprestigio de la institución judicial, lo cual era de por sí suficiente para estimar que no había ejercitado su función convenientemente -Del voto en disidencia del Dr. Basla-.


(Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, 3/8/2005 - Dr. Juan J. Mahdjoubian s/pedido de enjuiciamiento).