El tratamiento legal de la violencia laboral a nivel nacional: una necesidad impostergable por Patricia Barbado


 


 

Fuente:  JA 2006-III-907 -  SJA 27/9/2006 


"El Derecho progresa en la medida en que se humaniza". Eduardo Couture


SUMARIO:


I. La regulación de la violencia en el trabajo en el ámbito laboral de los poderes públicos.- II. La necesidad de la regulación legal.- III. Conclusiones


I. LA REGULACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO LABORAL DE LOS PODERES PÚBLICOS


Hasta febrero de este año el tema de la violencia en el trabajo en el ámbito de la Administración Pública había quedado circunscripto al acoso sexual hacia las mujeres (1) , lo cual era un reduccionismo absurdo que excluía las otras formas de violencia (2) , entre las que se encuentra también el fenómeno del acoso psicológico, llamado también mobbing (3) . No obstante, en los últimos años ya se había empezado a visibilizar esta realidad que estaba presente pero que no se podía percibir, y que surge del trato cotidiano y de las relaciones sociales.


El avance al que nos referimos ha quedado plasmado en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, celebrado entre el Estado empleador y los sectores gremiales (aprobado por el decreto 214/2006 [LA 2006-A-88]), que incorpora una definición más amplia que contempla también al acoso psicológico o moral, que es la forma de violencia más sutil y más peligrosa, por su carácter encubierto.


Entre sus finalidades el convenio busca "la inclusión de relaciones laborales armoniosas y de mutuo respeto, en un ambiente libre de violencia laboral y promotoras del principio de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades y trato". En particular, el art. 124 persigue la erradicación de la violencia laboral, disponiendo que "Las partes signatarias acuerdan en reconocer que la violencia laboral impide la consecución del principio de no discriminación e igualdad de oportunidades, contraponiéndose a los principios éticos que rigen el empleo regulado por el presente convenio, y concuerdan en que ésta se refiere a toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la autoridad que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o apariencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos, la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral; o al consentimiento de dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar; pudiendo ser estas acciones de naturaleza sexual o moral, para beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento moral, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género".


Como se puede apreciar, el convenio adopta una definición abarcativa de todas las formas en que la violencia puede emerger en las relaciones laborales. Además, marca un hito fundamental en las políticas de gestión de los recursos humanos del Estado, pues destierra métodos anacrónicos, deshumanizantes y autoritarios -herencia de nuestra cultura e historia de autoritarismo que nos tocó vivir- que favorecían contextos en los que la violencia laboral era usada impunemente para agredir, excluir y afectar a los agentes (4) .


II. LA NECESIDAD DE LA REGULACIÓN LEGAL


Hemos dicho ya hace más de un año, en ocasión de presentar el anterior número especial dedicado al tema, que la regulación legal de la violencia en el ámbito laboral es una necesidad impostergable.


En primer lugar debemos tener presente que el Derecho, que es básicamente un instrumento para resolver problemas (5) , debe rescatar necesariamente los valores y, por tanto, no puede dejar impunes los actos de violencia laboral que avasallan los derechos fundamentales de la persona que trabaja.


Además, consideramos que es una prioridad la legislación específica del problema (6) , ya que "la seguridad y las garantías no surgen de manera espontánea, sino como fruto del consenso colectivo y la inversión pública" (7) . En nuestro país debemos evitar que más personas que las que ya consignan las estadísticas oficiales de desempleo "queden fuera del sistema" a consecuencia del maltrato que sufren. No parece justo que a los trabajadores se les dé a entender que deben estar preparados para aceptar cualquier cosa con tal de conservar su empleo, inclusive la violencia.


Tampoco se puede discutir que los problemas derivados del entorno del trabajo ponen en serio riesgo la salud física y la psíquica, la integridad y la dignidad de las personas. Esta realidad creciente reclama la inmediata atención de los legisladores, pues si bien los trabajadores no están desprotegidos y pueden encontrar una respuesta jurídica adecuada en los tratados de derechos humanos, en la Constitución Nacional (LA 1995-A-26), en los principios generales del Derecho, el Código Civil y la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976, ALJA 1976-A-128), entre otras normas (8) , el Estado no puede dejar de intervenir cuando la violencia emerge en cualquier área amenazando la vida y la salud de las personas y otros derechos humanos cuya promoción no puede soslayar. De tal forma tiene la obligación de implementar políticas públicas de salud y seguridad en el trabajo, las cuales deben tener como objetivo la mejora cotidiana del bienestar en el trabajo, un concepto que integra dimensiones físicas, morales y sociales.


III. CONCLUSIONES


Ante la reciente aprobación del convenio colectivo de trabajo entre el Estado empleador y los sectores gremiales por el decreto 214/2006 (LA 2006-A-8), creemos que lo atinente a la violencia laboral, como fenómeno que comprende también al acoso psicológico, debe ser extendido por medio de una ley nacional a los restantes poderes públicos.


De lo contrario nos encontraríamos con que el Estado empleador, en el ámbito de la Administración Pública, reconoce el fenómeno y busca erradicarlo y sancionarlo, mientras que en el ámbito del Poder Judicial todavía discute la figura y en el del Poder Legislativo nada ha dicho todavía.


Éste es, pues, el primer paso que deben dar los legisladores para que la violencia laboral tenga una regulación amplia y uniforme en los tres poderes públicos, tal como se propuso en el proyecto 3004-D-04, de la Cámara de Diputados, pues, tal como quedó expresado en sus fundamentos, "debe ser el Estado Nacional quien dé la primera señal, el primer ejemplo y sea modelo en la prevención, corrección y erradicación de este y otro tipo de violencias".


Tampoco se puede dejar librado a la reglamentación interna de cada sector la definición y el afrontamiento de la problemática, pues, además de ser un tema que merece un tratamiento uniforme por medio de una ley, se podría dar el caso que un acto que en un poder público es considerado violencia laboral, no lo sea en otro o viceversa, con lo cual se violaría el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Por otra parte, el Estado empleador es uno sólo cualquiera sea el poder público al que pertenezca el agente.


Obviamente, queda en pie el compromiso de que la violencia laboral en el ámbito privado sea también tratado por el Congreso Nacional con la premura que su gravedad exige, para que vivamos en la sociedad que Avishai Margalit describe como "aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros" (9) .


El 31 de agosto pasado se celebró la primera Audiencia Pública sobre violencia laboral en el Senado de la Nación convocada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de presentar a la ciudadanía el predictamen consensuado de los ocho proyectos de ley que actualmente tienen estado parlamentario y que incluyen también a los que sólo regulan el acoso sexual. A la masiva concurrencia de especialistas, representantes gremiales y organizaciones no gubernamentales interesadas en la erradicación de la violencia en el trabajo que efectuaron sus críticas a la propuesta, se agregaron los sentidos testimonios de personas afectadas por el problema. En todo momento, el acto fue llevado a cabo en un marco de respeto que merece ser destacado y que imprimió el Presidente de la Comisión, Senador Gerardo Morales.


Con estas reflexiones dejamos inaugurado este nuevo espacio dedicado al estudio del acoso psicológico en el trabajo, fenómeno que irrumpe en el flamante escenario que emerge con la versión neoliberal del capitalismo, pero también como producto de la perversión que los vínculos -tanto sociales como laborales- están experimentando en la actualidad.


Las valiosas contribuciones del comprometido grupo de especialistas convocados, encaradas desde la óptica interdisciplinaria, permiten esclarecer los diversos aspectos que convergen en este problema de interés e importancia crecientes, brindando las herramientas conceptuales necesarias para identificarlo y recortarlo como objeto de estudio (10) . Pero fundamentalmente todos los aportes tienden a desalentar esta clase de violencia, mostrándola a plena luz, desenmascarándola (11) .


NOTAS:


(1) Recordemos que el Convenio Colectivo de Trabajo General celebrado entre el Estado empleador y los sectores gremiales de 1998 (homologado por el decreto 66/1999 [LA 1999-A-22]), había prohibido a los agentes desarrollar toda acción u omisión que supusiera discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición personal o social, con un capítulo que específicamente se refería a la erradicación de la violencia laboral y sancionaba con cesantía al agente que incurriese con su accionar en la figura de acoso sexual, pero nada expresaba acerca del acoso psicológico. A su vez, la Ley Marco del Empleo Público Nacional 25164 (LA 1999-D-4225) prohibía el acoso sexual y sancionaba con cesantía al agente que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica y obligare a otro agente a acceder a sus requerimientos sexuales.


(2) Scialpi, D., opinión vertida en la nota del diario "Clarín", del 11/6/2006, "Violencia laboral. La nueva forma de acoso que humilla y lastima en el trabajo".


(3) El término mobbing fue ya utilizado por Lorenz en 1961, un etólogo estudioso del comportamiento animal, y lo hizo para nombrar los ataques de un grupo de animales pequeños que consiguen aterrorizar a un animal más grande. Más tarde un médico sueco, Heinemann, en 1972, utilizó este término para describir el comportamiento destructivo de pequeños grupos de niños contra un único niño. Leymann, psicólogo y psiquiatra nacido en Alemania pero afincado en Suecia desde 1955, utilizó este término a primeros años de la década del '80, cuando encontró comportamientos similares en los lugares de trabajo.


(4) Barbado, P., "La violencia en la gestión del personal de los poderes públicos y la responsabilidad del Estado empleador", JA 2006-I-1096 .


(5) Lorenzetti, Ricardo L., "Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho", 2006, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 11 y nota 2.


(6) El tema ya ha sido legislado para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Tucumán. También ha sido contemplado en el Código de Ética del personal de la AFIP.


(7) Mandela, N., "Prólogo del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS. de 2002", .


(8) Barbado, Patricia, "El acoso psicológico en el ámbito laboral de los poderes públicos y la responsabilidad del Estado", JA 2004-IV-1380 ; y "La necesidad del tratamiento legal de la violencia laboral", JA 2005-II-901 .


(9) Margalit, A., "La sociedad decente", 1997, Ed. Paidós, Barcelona cit. por el Dr. Capón Filas en el fallo plenario de la C. Nac. Trab. recaído en la causa "Ruiz, Víctor H. v. Universidad Argentina de la Empresa UADE." , del 1/3/2006.


(10) Peyrú, G. y Corsi, J., "Violencias sociales", 2003, Ed. Ariel, p. 49.


(11) Girard, R., "Veo a Satán caer como el relámpago", citado por Piñuel, I., "Neomanagement. Jefes tóxicos y sus víctimas", Ed. El País Aguilar, p. 14.