El tratamiento del acoso psicológico (mobbing) en los proyectos de ley contra la violencia laboral del Congreso Nacional por Patricia Barbado



Fuente:  RDLSS 2006-16-1505




"El derecho que aspira a tutelar a la persona humana, salvaguardando su dignidad, no sólo no declina sino que se supera a sí mismo".


Eduardo Couture


SUMARIO:


I. Introducción.- II. Los proyectos presentados en la Cámara de Senadores.- III. Los proyectos presentados en la Cámara de Diputados.- IV. La necesidad del tratamiento legal de la violencia laboral y el fenómeno del backlash.- V. Conclusiones


I. INTRODUCCIÓN


Hasta febrero de este año el tema de la violencia laboral en el ámbito de la Administración Pública había quedado circunscripto al acoso sexual hacia las mujeres (1) , lo cual era un reduccionismo absurdo que excluía las otras formas de violencia (2) , entre las que además se encuentra el fenómeno del acoso psicológico, también llamado "mobbing" (3) .


Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a visibilizar una realidad que surge del trato cotidiano y de las relaciones sociales, y es así que el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, celebrado entre el Estado empleador y los sectores gremiales (aprobado por el decreto 214/2006 [LA 2006-A-88]), incorpora una definición más amplia, abarcativa también de la forma de violencia sutil que es el acoso psicológico o moral.


Entre sus finalidades el convenio busca "la inclusión de relaciones laborales armoniosas y de mutuo respeto, en un ambiente libre de violencia laboral y promotoras del principio de la no discriminación y de la igualdad de oportunidades y trato". En particular, el art. 124 persigue la erradicación de la violencia laboral, disponiendo que "Las partes signatarias acuerdan en reconocer que la violencia laboral impide la consecución del principio de no discriminación e igualdad de oportunidades, contraponiéndose a los principios éticos que rigen el empleo regulado por el presente convenio, y concuerdan en que ésta se refiere a toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la autoridad que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o apariencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos, la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral, o al consentimiento de dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar, pudiendo ser éstas acciones de naturaleza sexual o moral, para beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento moral, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género".


Una evolución similar a la que se observa en el ámbito de la Administración Pública experimentó el tratamiento de la violencia laboral en los proyectos presentados en el Congreso Nacional, ya que muchas de las iniciativas parlamentarias se limitaban a tratar el acoso sexual o, en forma genérica, a regular la violencia laboral sin tener en cuenta el fenómeno del mobbing.


Sin embargo, el tema empezó a ser comprendido más cabalmente, y en la actualidad diversos proyectos lo contemplan, lo cual es un indicador de que esta problemática está experimentando el reconocimiento que merece.


Para ofrecer un panorama del tratamiento que la violencia laboral en la forma del acoso moral ha tenido en el Congreso Nacional pasaremos revista seguidamente a los proyectos presentados en cada una de las Cámaras sin detenernos en las otras iniciativas legislativas que sólo hacen referencia al concepto general de violencia laboral o al acoso sexual, porque queremos hacer foco en cómo el mobbing comienza a ser visibilizado por los legisladores, no obstante la indiscutible dificultad que exhibe para ser percibido e identificado.


II. LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CÁMARA DE SENADORES


Año 2001


Se presenta el primer proyecto, el S-01-0098, con el fin de prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral, cuya autora es la por entonces senadora Beatriz Raijer (4) . Incluye las formas de acoso psicológico y maltrato psíquico y social llevado a cabo como la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica.


Año 2002


Se presenta la iniciativa S-02-0029, para que toda persona que hubiere sido víctima de acoso, inclusive en el ámbito laboral, según la definición contenida en el proyecto, pueda solicitar una orden de restricción temporaria y un interdicto que prohíba el acoso (5) .


Año 2003


Se presentan los siguientes proyectos:


a) S-27-03: reprodujo textualmente, en su parte orgánica, el proyecto de la senadora Raijer (6) , e incluye, asimismo, un artículo para prevenir lo que en el Derecho anglosajón se conoce como "retaliation", para lo cual dispone que quien haya sido víctima o testificado en algún caso de los enunciados por la ley no puede sufrir perjuicios laborales como represalia de ello; y


b) S-1424-03 (7) : cubre un vacío legislativo y fue el resultado de un largo camino de investigación y experiencias que recepta un serio trabajo sobre el tema, realizado -y que continúa siendo realizado- por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN.). Define el acoso psicológico como la acción persistente de hostilidad, malos tratos, desprecio, amedrentamiento, humillación, ataque a la autoestima y a la percepción de sí mismo del trabajador; y el acoso moral, como cualquier conducta que manifieste comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que degraden al trabajador, la relación y el ambiente laboral.


Año 2004


Se reactualiza el tema con el proyecto S-2635/04, destinado a prevenir, controlar, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia laboral (8) , incluso el acoso psicológico, disponiendo su aplicación tanto para el ámbito público como para el privado.


Año 2005


Se presentan las siguientes iniciativas:


a) S-853/05: da por reproducido el proyecto S-27/03 (9) .


b) S-166/05: reedita el anterior proyecto S-1424/03 (10) .


c) S-1310/05: destinado a regular la violencia laboral en sus diferentes formas (11) , entre las que se incluye el maltrato psíquico y social, el acoso psicológico y el abuso de poder como todo uso indebido y/o desmedido de las facultades de dirección del empleador, en desmedro del medio social del empleado o de su salud psicofísica. Entre sus fundamentos se destaca que para la erradicación de la violencia laboral deben impulsarse acciones positivas (inclusive desde el ámbito legislativo) que impidan su desarrollo, conformando un cerco frente al cual la violencia tenga menos posibilidad de aparecer y extenderse.


Año 2006


Se presenta el proyecto S-133/06, que tiene por objeto la protección del trabajador de cualquier forma de violencia física o psicológica, expresada a través de acoso moral o sexual u otras formas de hostigamiento psicológico hacia su persona (12) . Su fundamentación explica que se pretende adecuar la legislación laboral para que proteja realmente a los trabajadores, a la luz de los nuevos fenómenos conductuales que hoy día tienen lugar en forma frecuente en los lugares de trabajo, y les garanticen, de acuerdo con los postulados constitucionales, "condiciones dignas y equitativas de labor".


III. LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS


Año 2001


El primer proyecto en abordar la violencia y el acoso laboral en la Cámara baja es el presentado en este año (13) , al igual que el primero introducido en la Cámara alta. Comprende el maltrato psíquico y social y el acoso laboral con fundamento en los derechos del trabajador a la integridad física, psíquica y moral, a un trabajo digno y a una remuneración por dicho trabajo y a desarrollar sus aptitudes personales, sociales y laborales. También hace hincapié en que el Estado democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares fundamentales la dignidad de la persona humana, la prevalecencia de los derechos humanos y los valores sociales del trabajo.


Año 2002


Se presenta el proyecto 3693-D-02, que tipifica como delitos los actos discriminatorios por acoso moral en el trabajo (mobbing) y los reprime con prisión de un mes a tres años, o el doble de tiempo si el hecho es cometido prevaliéndose de una relación de superioridad (14) . Sus fundamentos reproducen algunos de los conceptos de la psiquiatra francesa Marie F. Hirigoyen que explican las motivaciones del acoso, las consecuencias en la víctima y la necesidad del abordaje de este tipo de violencia, ya que la víctima no se puede defender por sí sola (15) .


Año 2003


Se presenta el proyecto de resolución 4125-D-03 para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, investigue sobre el impacto psicosocial del acoso psicológico laboral (mobbing) (16) . El pedido se basó en que este fenómeno es uno de los factores de riesgo psicosocial cuya incidencia ha aumentando más en los últimos años, produciendo efectos negativos sobre la salud de los trabajadores.


Año 2004


Se presentan los siguientes proyectos:


a) 3313-D-04 (17) : destinado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral, el cual, en términos generales, sigue los lineamientos de los anteriores pero abarca al empleo público y al privado, define la violencia laboral y ejemplifica las actitudes de maltrato psíquico y social, establece la responsabilidad solidaria, las sanciones, las normas de procedimiento, la carga de la prueba, la implementación de consejeros en el ámbito del Ministerio de Trabajo, etc.


b) Proyecto de resolución 0820-D-04 (18) : dirigido al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos correspondientes, solicite al Consejo Superior y al rector de la Universidad de Buenos Aires, como máximas autoridades de la Universidad de Buenos Aires, un informe pormenorizado acerca de, entre otros hechos, si estaban al tanto del suicidio de dos trabajadores que se desempeñaban en el ámbito del Rectorado y si habían realizado las investigaciones correspondientes; si habían tomado conocimiento de los pedidos de licencia médica por motivos psiquiátricos y, en su caso, si éstos se incrementaron en los últimos dos años, como así también los pedidos de pase de un sector a otro; si se habían mantenido reuniones periódicas con los representantes de la comisión interna elegida por ellos, quienes por su proximidad poseen un vasto conocimiento de la misma; si se reciben los reclamos en cuanto a la situación laboral, ya sea tanto en el plano salarial como en lo referente a las condiciones de trabajo y, particularmente, en cuanto a las posibles arbitrariedades y abusos efectuados por parte de quienes se encuentran a cargo del personal de modo directo; si ante los pedidos de pases, pedidos de licencia por razones psiquiátricas y los casos extremos de suicidio en el ámbito indicado se habían entrevistado con los responsables de las oficinas en cuestión y con el resto del personal, a fin de conocer las situaciones particulares -o no- en las que habitualmente estos trabajadores realizan sus labores diarias. Entre los fundamentos de la medida los legisladores expresaron que mientras en el resto del mundo las legislaciones laborales contemplan cada vez más la necesidad de proteger al trabajador del mobbing, o acoso moral en el trabajo, multiplicándose, asimismo, las investigaciones y estudios en el campo de la psiquiatría, psicología y sociología que resaltan y alertan acerca de las graves consecuencias que acarrea su ejercicio, en nuestra Universidad de Buenos Aires el mobbing puede percibirse como una práctica que atormenta a diario a muchas personas que, a su vez, ante la indefensión de no poder ser oídos, terminan siendo nuevas víctimas de un sistema perverso que arremete contra las clases trabajadoras, ante la mirada inerte del propio Estado argentino.


c) Proyecto 3004-D-04: referido a la violencia laboral perpetrada en la Administración Central y los entes descentralizados y autárquicos y los órganos legislativo y judicial nacional (19) . Los legisladores señalaron en los fundamentos que "el Estado debe proteger y cuidar a toda la población, siendo éste uno de sus objetivos primarios, legitimantes. A la luz de estas decisiones puede vislumbrarse la necesidad de profundizar esta actitud reivindicativa por parte del poder público, de los derechos inalienables que asisten a las personas en todos y cada unos de los ámbitos en que éstas interactúan. En este sentido, cabe considerar específicamente la responsabilidad del Estado, deberes y obligaciones, hacia el conjunto de sus propios trabajadores. Y no resulta exagerado afirmar que en los ámbitos de labor pública se reproducen sistemáticamente situaciones de maltrato y distintas formas de violencia, por lo que resulta necesario corregir cierta forma de descuido por parte del Estado en su carácter de empleador. El descuido consiste en faltar al compromiso de protección de aquellos trabajadores sobre los cuales le corresponde una responsabilidad especial, quitándole legitimidad a su quehacer y, al mismo tiempo, elegir conductores que reproducen situaciones de violencia siniestras involucrando a quienes, finalmente, sostienen la existencia de las organizaciones: los trabajadores". Agregaron que "a fuerza de tanta ceguera, de tanta ilegalidad masiva y anomia boba la Argentina enfrenta hoy una crisis institucional terminal. Por cierto, las víctimas de violencia laboral en la función pública no encuentran un cauce apropiado para presentar reclamos, ni menos aún legislación que proteja a los denunciantes y sancione a los victimarios, aunque sí cuenta con algunos proyectos. La palabra `violencia' evoca de inmediato imágenes que tienen que ver con el empleo de la fuerza material: golpes, hechos de sangre, estallidos, combate. Pero la violencia, en términos generales es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza no sólo física sino también psicológica, emocional, económica, política".


d) Proyecto de resolución 4167-D-04: por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que instrumente en el ámbito de los organismos oficiales las medidas de asistencia necesarias a las víctimas del denominado mobbing, o acoso moral (20) .


Año 2006


Hasta la fecha se presentaron las siguientes iniciativas:


a) 0296-D-06: reedita el anterior que llevaba el n. 3313-D-04 (21) .


b) 2755-D-2006: establece que todo supuesto de acoso laboral se reputará como un caso especial de injuria laboral (22) ; y


c) 2857-D-2006: define el acoso moral y establece que para alegárselo "deberá probarse que no es consecuencia de antecedentes o influencias psicológicas ajenas al ámbito laboral" (23) .


IV. LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO LEGAL DE LA VIOLENCIA LABORAL Y EL FENÓMENO DEL BACKLASH


El repaso de los proyectos presentados hasta el presente nos muestra el creciente interés que el tema está despertando en los legisladores, pero es hora de que las iniciativas sean tratadas en las respectivas comisiones y discutidas en el recinto. Tengamos en cuenta que la violencia es un producto cultural y que el Derecho permite reorientar las culturas donde impera, pues es básicamente un instrumento para resolver problemas (24) .


También creemos conveniente que el Congreso insista en las iniciativas que proponían al Poder Ejecutivo la realización de estudios de campo o que, particularmente, intervenga en el caso de la Universidad de Buenos Aires y que sus resultados sean informados a la ciudadanía.


No se puede discutir que los problemas derivados del entorno del trabajo pueden poner en riesgo la salud física y la psíquica, la integridad y la dignidad de la persona. Esta realidad creciente reclama la inmediata atención de la legislación, pues, como lo hemos dicho antes, consideramos imprescindible legislar sobre la violencia laboral en todas sus formas.


No nos olvidamos de que los trabajadores no están desprotegidos y que pueden encontrar una respuesta jurídica adecuada en los tratados de derechos humanos, en la Constitución Nacional, en los principios generales del Derecho, el Código Civil y la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976, ALJA 1976-A-128), entre otras normas (25) . Pero el Estado no puede dejar de intervenir cuando la violencia emerge en cualquier área amenazando la vida y la salud de las personas y otros derechos humanos fundamentales, cuya promoción no puede soslayar, ya que tiene la obligación de implementar políticas públicas de salud y seguridad en el trabajo, las cuales deben tener como objetivo la mejora cotidiana del bienestar en el trabajo, un concepto que integra dimensiones físicas, morales y sociales.


Por otro lado, consideramos que la tarea que deben encarar los legisladores no puede ser retrasada por el fenómeno del backlash (26) , que ya se empieza a evidenciar. Si examinamos lo que sucedió y acontece con los fenómenos de la violencia familiar o el abuso sexual infantil, el estudio de la violencia en el trabajo dará lugar también a oposiciones y a resistencias más o menos abiertas, o bien encubiertas.


Para explicar esta respuesta negativa que se presenta cuando se enfrenta un problema que afecta a los individuos y a la sociedad toda podemos aprovechar la experiencia recogida en aquellas áreas y anticiparnos a los hechos evitando que las respuestas negativas generen un indebido retraso o pongan obstáculos a la regulación legal del tema.


La Dra. Virginia Berlinerblau cuando explica el fenómeno del backlash (27) dice que partiendo del hecho de que en la sociedad occidental existe una larga tradición de descreimiento hacia las víctimas de la violencia, cuando el tema surge a la conciencia pública atrae la atención y el interés se acrecienta. Se genera entonces un contragolpe, una reacción negativa, o lo que se ha dado en llamar "backlash". Por lo general, explica la autora, los movimientos por problemas sociales enfrentan resistencias de dos tipos: oposicionales e inerciales, según se trate de la acción de grupos organizados de oposición o de obstáculos burocráticos y demoras, falta de fondos, la presión de otros problemas sociales que compiten o la apatía y el aburrimiento del público. Sin embargo, es importante distinguir, en la forma de resistencia oposicionista, a los contramovimientos de las represalias, pero en ambos -sostiene- se manifiesta el backlash negativo, que incluye a los violentos y a sus abogados o "expertos", no confiables o tendenciosos, que hacen uso cuestionable de las estadísticas y manipulan la información.


En definitiva, afirma la experta, el backlash tiende a llevar al campo de la disputa ideológica un problema que es teórico y político, y que atraviesa a los discursos jurídico y psicosocial, a la ética y a la sociedad en su conjunto. Hay que evitar, entonces, que se pretenda convertir en sospechoso a todo denunciante de maltrato, diluir los límites que separan a víctimas de victimarios, invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege para reforzar la violencia vigente y condenar a perpetuidad a las víctimas de la violencia.


Por su parte, la Dra. Eva Giberti señala que frente al proceso de visibilización de las violencias (también con relación al abuso infantil) surge el fenómeno denominado "backlash", o sea, la reacción negativa y violenta ante hechos que sobrepasan la posibilidad de ser tolerados por quienes no sólo pierden poder sino que incluso deben cargar con responsabilidades que remiten al abuso de poder. Para ello, explica, se inician campañas de desestimación apoyadas por quienes están interesados en oponerse, por principio, a las denuncias de maltrato, para lo cual, aconseja, es menester mantener las propias convicciones exponiéndolas a contrastaciones y verificaciones técnicas y éticas (28) .


En el caso concreto del fenómeno del acoso psicológico observamos en nuestro país que ante la difusión de las iniciativas legislativas que tratan el tema de la violencia en el trabajo inmediatamente se produce un backlash negativo.


En efecto, algunos legisladores, en un intento de proteger los intereses de los empleadores, advierten acerca de que la figura del acoso moral "es amplia y ambigua, lo que da lugar a la justicia para que siga sentenciando contra los empleadores y las ART." (29) .


En particular, el proyecto que lleva el n. 2857-D-2006 requiere que para alegar el acoso moral "deberá probarse que no es consecuencia de antecedentes o influencias psicológicas ajenas al ámbito laboral", con lo cual queda en evidencia que se ha confundido la causa -el acoso moral- con sus efectos -una enfermedad laboral-. El acoso moral no es una enfermedad, pues, como en el caso del acoso sexual, se trata de un proceso y sus consecuencias pueden ocasionar o no daños a las personas, cuya gravedad dependerá del nivel de resistencia de cada una de ellas y de la intensidad del maltrato al que fueron sometidas (30) . Tampoco se puede pretender para descartar la responsabilidad por la enfermedad que eventualmente pudiere desencadenarse que se pruebe la inexistencia de antecedentes o influencias ajenas al ámbito laboral, si ello no se exige para las patologías físicas. Por lo tanto, creemos que la inclusión de este requisito no hace más que crear confusión y genera también un backlash innecesario.


A todo esto se suma la actitud poco clarificadora y la falta de objetividad de la prensa que se hace eco de temores tales como que se genere una "industria" de denuncias de acoso laboral con el fin de atacar al empleador, al decir ligeramente que los proyectos "apuntan los dardos" contra los empleadores (31) .


Veamos ahora cómo se manifiesta el backlash en otros sectores.


Este año se presentaron dos iniciativas en el seno del Consejo de la Magistratura para prevenir y sancionar la violencia laboral en la justicia que abarcan los abusos tanto físicos como psicológicos cometidos por todo aquel que trabaje dentro del Poder Judicial y prevé fuertes sanciones, que en el caso de los magistrados llegan hasta la destitución. Los proyectos, propuestos por la consejera Marcela Rodríguez y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN.), son similares en su redacción y coinciden en los objetivos (prevenir, erradicar y sancionar la violencia laboral en la justicia) y en los agentes a los que alcanza: jueces, consejeros, funcionarios o empleados que trabajen, ya sea de manera permanente o transitoria. También acuerdan en definir como violencia laboral cualquier tipo de ataque o abuso a la dignidad, integridad física y psicológica, la salud o el bienestar social de la persona mediante gestos, amenazas o discriminación.


Estas iniciativas, empero, dieron lugar a una respuesta de la Asociación de Magistrados, según informa un medio periodístico (32) , que no parece quedar marginado del fenómeno que estamos analizando. El 16/3/2006 la entidad envió una nota a la Comisión de Reglamentación por la cual, luego de analizar el proyecto de Rodríguez, llegó a la conclusión de que se debía desestimar el proyecto, o bien introducirle importantes modificaciones. Adujo que se corre el riesgo de que determinados conflictos que resultan inevitables y que suceden a diario en todo grupo humano sean erróneamente asimilados con las conductas que el proyecto de reglamentación pretende combatir. Los jueces consideraron que la búsqueda de la calidad, la imposición de plazos para el cumplimiento del trabajo, la exigencia propia que recae sobre los trabajadores y funcionarios y la falta de medios materiales y humanos no pueden ser asimiladas al acoso laboral.


Esta respuesta merece algunos comentarios. En primer lugar, dista claramente del nivel de reconocimiento que el tema ha tenido en el ámbito de la Administración Pública con el último convenio colectivo y demuestra que todavía el Poder Judicial no ha comprendido que en su ámbito también está presente la violencia, y que nos enfrentamos en muchos casos a procesos insidiosos a los que no se puede identificar con meros conflictos, ni menos aún con la búsqueda de la calidad (33) . La corrección del trabajo se diferencia claramente de la crítica y la invalidación que se utiliza para descalificar al trabajador y menoscabar su autoestima como medio para excluirlo finalmente de la organización (34) . En el ámbito del Poder Judicial visualizar la violencia psicológica en el trabajo también implicará como objetivo último desterrar el autoritarismo y el uso de la fuerza para controlar y para imponer. Tengamos en cuenta que la conducta de los jueces debe ser apreciada conforme al estándar que tiene el profesional del Derecho, y, en cuanto servidores del Derecho y para la realización de la justicia, con arreglo a la mayor sensibilidad que deben tener acerca de los derechos, pues tal especialidad y habitualidad en este campo del conocimiento les otorga una comprensión y un acceso a la información propia de tal calificación que les impone correlativamente el deber de obrar con plena prudencia y conocimiento de las cosas.


Por otro lado, cuando se habla de conflictos inevitables no se tiene en cuenta que éstos no se generan en entornos donde la ética está presente, pues en ellos el ejercicio de las facultades de dirección del empleador se desenvuelve siempre en el marco del respeto mutuo, donde no se pueden suscitar problemas que permanecen larvados hasta que repentinamente desembocan en persecuciones abiertas.


En todo caso, debemos tener presente que la frontera estará dada siempre por el concepto de abuso del derecho, pues la relación debe regirse siempre en el marco de la ética y por el principio de la buena fe, excluyéndose toda forma de abuso, sin dejar de ponderar además la desigual situación de las partes en el plano económico, jurídico y social, es decir, la dependencia de uno de los sujetos frente a la posición dominante de la otra parte.


V. CONCLUSIONES


Ante la reciente aprobación del convenio colectivo de trabajo entre el Estado empleador y los sectores gremiales por el decreto 214/2006, creemos que lo atinente a la violencia laboral como fenómeno que comprende también al acoso psicológico debe ser extendido por medio de una ley nacional a los restantes poderes públicos.


De lo contrario nos encontraríamos con que el Estado empleador en el ámbito de la Administración Pública reconoce el fenómeno y busca erradicarlo y sancionarlo, mientras que en el ámbito del Poder Judicial todavía se discute la figura y en el del Poder Legislativo nada se ha dicho todavía.


Éste es, pues, el primer paso que deben dar los legisladores para que la violencia laboral tenga una regulación amplia y uniforme en los tres poderes públicos, tal como se propuso en el proyecto 3004-D-04 de la Cámara de Diputados, que hemos mencionado antes, pues, tal como quedó expresado en sus fundamentos, "debe ser el Estado Nacional quien dé la primera señal, el primer ejemplo y sea modelo en la prevención, corrección y erradicación de éste y otro tipo de violencias".


Obviamente, queda en pie el compromiso de que el asunto de la violencia laboral en el ámbito privado sea también tratado por el Congreso Nacional, con la premura que su gravedad exige.


NOTAS:


(1) Recordemos que el Convenio Colectivo de Trabajo General celebrado entre el Estado empleador y los sectores gremiales, de 1998 (homologado por el decreto 66/1999 [LA 1999-A-122]), había prohibido a los agentes desarrollar toda acción u omisión que supusiera discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición personal o social, con un capítulo que específicamente se refería a la erradicación de la violencia laboral y sancionaba con cesantía al agente que incurriese con su accionar en la figura de acoso sexual, pero nada expresaba acerca del acoso psicológico. A su vez, la Ley Marco del Empleo Público Nacional 25164 (LA 1999-D-4225) prohibía el acoso sexual y sancionaba con cesantía al agente que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica y obligase a otro agente a acceder a sus requerimientos sexuales.


(2) Scialpi, D., opinión vertida en la nota del diario "Clarín", del 11/6/2006, "Violencia laboral. La nueva forma de acoso que humilla y lastima en el trabajo".


(3) El término mobbing ya había sido utilizado por Lorenz en 1961, un etólogo estudioso del comportamiento animal, y lo hizo para nombrar los ataques de un grupo de animales pequeños que consiguen aterrorizar a un animal más grande. Más tarde un médico sueco, Heinemann, en 1972, utilizó este término para describir el comportamiento destructivo de pequeños grupos de niños contra un único niño. Leymann, psicólogo y psiquiatra nacido en Alemania pero afincado en Suecia desde 1955, utilizó este término en los primeros años de la década del '80, cuando encontró comportamientos similares en los lugares de trabajo.


(4) Sus fundamentos están publicados en el DAE 6/2001.


(5) Los fundamentos del proyecto se encuentran publicados en el DAE 5/2002 (caducó el 29/2/2004, y firmaba el proyecto el senador Miguel Á. Pichetto).


(6) Firman este proyecto los senadores Gerardo R. Morales y Lylia M. Arancio de Beller.


(7) Firma la senadora Ada Maza.


(8) Firman el proyecto los senadores Miguel Á. Pichetto, Liliana T. Negre de Alonso y Raúl E. Ochoa. El 23/5/2005 se incorpora la firma de la senadora Martínez Paz de Cresto.


(9) Firman ambas iniciativas los senadores Gerardo R. Morales y Lylia M. Arancio de Beller.


(10) Firma la senadora Ada Maza.


(11) Firman las senadoras Haide Giri, Mabel L. Caparrós y Mercedes M. Oviedo.


(12) Firma la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado.


(13) Expte. 4835-D-01, presentado por los diputados Jorge A. Orozco, Humberto Volando, Julio A. Tejerina, María E. Herzovichy y Alejandro M. Nieva.


(14) Firman el proyecto los diputados Elsa G. Lofrano, Atilio P. Tazzioli, María L. Chaya, Miguel Á. Baigorria, Alejandro O. Filomeno, Jorge C. Daud, Pedro A. Venica, Lisandro M. Sejas, Sergio E. Acevedo y Héctor R. Romero.


(15) En otro trabajo anterior tuvimos oportunidad de señalar que en Francia el art. 122-49 CPen. considera como delito el acoso moral y se lo castiga con 100.000 francos de multa y penas de hasta un año de prisión (conf. "La necesidad del tratamiento legal de la violencia laboral", JA 2005-II-901 ).


(16) Firma el proyecto la diputada Marta L. Osorio. Fue contestado por el jefe de Gabinete y archivado (n. de oficial varios 130-OV-04, 419-OV-04 y 717-OV-04).


(17) Firman el proyecto los diputados Marcela V. Rodríguez, Alberto J. Piccinini, Juan C. L. Godoy, María L. Monteagudo y María A. González.


(18) Firman el proyecto de resolución los diputados José A. Roselli, Alicia Castro, Laura C. Musa, Eduardo García, Alberto J. Piccinini, Margarita Jarque, Lucrecia Monteagudo, Patricia Walsh, Francisco Gutiérrez, Miguel Bonasso, Claudio Lozano y Héctor T. Polino.


(19) Firman el proyecto los diputados José A. Roselli, Julio C. Accavallo, Ariel Basteiro, Miguel Bonasso, Francisco Gutiérrez, Margarita Jarque, Eduardo G. Macaluse, Araceli Méndez de Ferreyra y Héctor T. Polino. Este proyecto fue aprobado el 9/6/2004, y hasta la fecha no recibió respuesta.


(20) Firma el proyecto de resolución la diputada María del C. Alarcón. No fue tratado.


(21) Esta vez con las firmas de las diputadas Marcela V. Rodríguez y Elisa Carrió.


(22) Firma la iniciativa el diputado Osvaldo Nemirovsci.


(23) Lleva la firma del diputado Esteban Bulrich.


(24) Lorenzetti, R. L., "Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho", 2006, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 11, nota 2.


(25) Barbado, P., "El acoso psicológico en el ámbito laboral de los poderes públicos y la responsabilidad del Estado" (JA 2004-IV-1380 ) y "La necesidad del tratamiento legal de la violencia laboral" (JA 2005-II-901 ).


(26) Según el "Webster's Ninth New Collegiate Dictionary", 1985, "backlash" es "la reacción adversa poderosa ante un movimiento social o político". También se utiliza este término para aludir al efecto rebote o al retroceso irracional que puede experimentar el cambio de un paradigma social arraigado en la cultura.


(27) Berlinerblau, V., "El `backlash' y el abuso sexual infantil. Reacción negativa y violenta contra profesionales que trabajan en el campo de la protección de la infancia" (http://).


(28) Giberti, E., "Abuso contra niños y niñas: un dato político", http://.


(29) Nota del diario "Clarín", del 11/6/2006, "El Congreso estudia castigos para acosadores y cómplices".


(30) En un trabajo anterior hemos dicho que la resistencia del individuo ante las situaciones de esta naturaleza dependerá de la capacidad de cada uno, de su constitución física, de su confianza en sí mismo, de su fortaleza psicológica, del apoyo que tenga en su entorno, de la estabilidad o no de sus condiciones personales y familiares y, en definitiva, de su capacidad de resolución ante problemas y vicisitudes, aunque es evidente que cuanto más se prolongue en el tiempo, esa capacidad de resistencia del individuo tiende a verse disminuida, pues ante una inicial muestra de resistencia el agresor reacciona con una mayor y más constante e intensa presión (conf. Barbado, P., "La prueba del acoso psicológico en el ámbito laboral", JA 2005-III-1400 ).


(31) http://.


(32) Diario Judicial del 16/5/2006 ().


(33) Nos remitimos a nuestro trabajo "La violencia en la gestión del personal de los poderes públicos y responsabilidad del Estado empleador", especialmente al cap. 4, "La situación en el ámbito laboral del Poder Judicial", JA 2006-I-1096 .


(34) Sería aconsejable tomar como modelo el convenio colectivo de trabajo celebrado entre el Estado empleador y los sectores gremiales aprobado por el decreto 214/2006 y, en particular, la norma 66, que dispone que "La evaluación del desempeño deberá contribuir a estimular el compromiso del agente con el rendimiento laboral y la mejora organizacional, su desarrollo y capacitación, la profesionalidad de su gestión y la ponderación de la idoneidad relativa para su promoción en la carrera".