El acoso psicológico en el trabajo y la reparación según el derecho de daños por Patricia Barbado


 










Fuente:



Responsabilidad civil. Liber amicorum a Francois Chabas”, dirigido por Aída Kemelmajer de Carlucci, Bs. As. 2007, p. 481



 


Sumario: 1.- Planteamiento del tema.- 2.- La comprensión de la violencia psicológica laboral y sus consecuencias a la luz del derecho centrado en lo humano .- 3.- Los perjuicios resarcibles y la reparación integral del daño causado por el acoso psicológico (“mobbing”).- 3.1.- Los daños con incidencia patrimonial.- 3.2.- Los daños extrapatrimoniales.- 3.2.1.- El daño moral.- 3.2.2.- Otros daños extrapatrimoniales.-3.2.2.1.- El daño al ejercicio de la libertad: el daño al proyecto de vida.- 3.2.2.2.- El daño existencial o el daño a la calidad de vida.- 3.2.2.3.- El “daño biológico” o “daño a la salud”.- 3.2.2.4.- El daño a la personalidad.- 3.2.2.5.-El daño a la intimidad.- 3.2.2.6.- El daño reflejo o daño rebote: las víctimas secundarias.- 4.- A modo de conclusión.-


 


 


1.- Planteamiento del tema


 


Los ambientes de trabajo no han permanecido ajenos al creciente fenómeno de la violencia que experimenta la sociedad en los tiempos actuales, a tal punto de que, con frecuencia, se da a entender a los trabajadores que deben estar preparados para aceptar cualquier cosa con tal de conservar su empleo, inclusive la violencia.


A través de las diversas manifestaciones que van desde la agresión física, pasando por el acoso sexual hasta llegar a la forma más sutil del acoso psicológico o moral, la violencia en el trabajo ha llegado a ser un problema mundial que crea serias amenazas para la salud del trabajador (que puede llegar a ser letal[1]) y se erige como un problema capital de derechos humano. También perjudica la seguridad, la eficacia del servicio, la productividad, la igualdad de trato y el trabajo decente con la consiguiente degradación del clima laboral.


Nadie discute que la violencia física puede ser fácilmente reconocida por su carácter visible. No sucede lo mismo con la agresión psicológica. En tanto no deja huellas visibles en el cuerpo del afectado, este tipo de violencia ha pasado desapercibida hasta no hace tanto tiempo. Sin embargo, por su desenfrenado crecimiento se la considera como un problema crucial en el lugar de trabajo y recién ahora está recibiendo la atención que merece.


El fenómeno de la violencia psicológica en el ámbito laboral ha sido llamado corrientemente “mobbing”, denominación que deriva del término inglés “mob” cuyo significado en castellano sería el de una multitud excitada que rodea o asedia a alguien (una persona) o a algo (un edificio, un objeto), sea de forma amistosa o bien de forma hostil. El sustantivo “mob” es el gentío, el vulgo, la plebe o “populacho”, mientras que el verbo “to mob” describe la acción de ese gentío de agolparse o atestarse en torno a algo o bien la de asediar o atacar en masa a alguien. El origen de la palabra describe, por tanto, una acción colectiva de un grupo de personas frente a algo o a alguien, y curiosamente no siempre de modo negativo, tal como ahora está siendo tratada en el ámbito de las condiciones de trabajo[2].


El término “mobbing” ya había sido usado por Konrad Lorenz en 1961, un etólogo estudioso del comportamiento animal, para nombrar los ataques de un grupo de animales pequeños que consiguen aterrorizar a un animal más grande. En 1972, Peter Heinemann utilizó esa denominación para describir el comportamiento destructivo de pequeños grupos de niños contra un único niño. Heynz Leymann, psicólogo y psiquiatra nacido en Alemania pero afincado en Suecia desde 1955, utilizó la palabra “mobbing” en los primeros años de la década del 80 y lo introdujo en las ciencias sociales cuando encontró comportamientos similares en los lugares de trabajo.


Otro término que se utiliza para definir este tipo de comportamientos hostiles es el de “bullying”, usado principalmente por investigadores ingleses o australianos. Leymann prefirió no utilizar este término por la connotación que tiene de agresión física. En Inglaterra y Australia se utiliza preferentemente el término “bullying” para definir actitudes de comportamiento hostil tanto en la escuela como en el trabajo, mientras que en Estados Unidos y Europa se prefiere utilizar el término “mobbing” para referirse a la violencia psicológica en el trabajo y se deja el término “bullying” para denominar a actitudes hostiles en el ambiente escolar[3].


Según Leymann, en el mobbing la víctima es sometida a un proceso sistemático de estigmatización y privación de sus derechos civiles. No se trata de actos aislados y concretos sino de una conducta o comportamiento, esto es, de una sucesión de actos o “micro ofensas” que tienen un nexo común y que por sí mismas pueden no parecer suficientemente significativas o relevantes pero que cuando son consideradas en su conjunto, adquieren real importancia. Si el proceso se prolonga en el tiempo puede llegar a producir el abandono voluntario del trabajo e incluso de la profesión hasta provocar la exclusión del mercado laboral en el caso de que la víctima no pueda encontrar un nuevo empleo debido al daño psicológico infligido.


Marie France Hirigoyen ha descripto el fenómeno como un proceso de maltrato psicológico mediante el cual un individuo puede hacer pedazos a otro y el ensañamiento puede conducir, incluso, a un verdadero asesinato psíquico. Explica también que se trata de cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo[4]. Precisa asimismo la autora que cuando se acosa a una persona, en realidad no se busca criticar su trabajo sino desestabilizarla para dejarla inerme e incapaz de responder, alterar la propia percepción de sí misma y llevarla a la autoinculpación. A su vez, el agresor niega la violencia o su responsabilidad con justificaciones que se ponen en cabeza del agredido. En la actualidad, afortunadamente se puede percibir este tipo de violencia pues ahora lo sutil es evidente, pero lo más importante es que, dice también la célebre victimóloga, este avance nos permite augurar un cambio importante en las relaciones humanas tanto en lo cotidiano como en la faz laboral que involucra a la vida misma[5].


Para ilustrar un poco más sobre las conductas implicadas en los procesos de acoso psicológico, diremos que se utiliza el trabajo para disciplinar, castigar, amenazar o simplemente por el gusto de hacer daño a quienes están en una situación de inferioridad, vulnerabilidad o indefensión. Otra de las manifestaciones de este tipo de violencia es el “ninguneo”, actitud que mezcla indiferencia con subestimación. También lo son las cargadas y ofensas permanentes de los compañeros; la desvalorización de las tareas de la víctima[6]; dificultarle el ejercicio de sus funciones mediante la falta de consignas o consignas contradictorias, privarlo o recargarlo de trabajo, efectuar requerimientos paradójicos exigiendo pero sin proporcionarle los medios; ocultar sus logros y éxitos, exagerar y difundir, fuera de contexto, todos sus fallos, tanto reales como aparentes; desacreditarlo públicamente atribuyéndole sistemáticamente errores, despreciando o criticando su trabajo en presencia de otros compañeros, o comparándolo con otro supuestamente mejor; asignarle funciones sin sentido, tareas degradantes, o misiones por debajo de su cualificación; criticar aspectos de la personalidad o la vida privada de manera continua hablado mal a sus espaldas y ridiculizándolo; dar a entender que tiene problemas psicológicos, comprometer su salud física y psíquica, mediante una constante presión estresante que favorece las alteraciones depresivas, psicosomáticas y actos de huida que pueden llegar hasta la renuncia brusca al puesto laboral o al suicidio[7], entre otras conductas más.


El planteamiento del tema de acuerdo a estos conceptos se ve reflejado en los precedentes nacionales que han tratado la cuestión. Así, por ejemplo, se ha dicho concretamente que el mobbing constituye una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un trabajador de manera reiterativa y persistente en el tiempo llegando a provocar -en su máximo nivel- el vacío organizacional del acosado, con las lógicas consecuencias que ello comporta para su bienestar físico, psicológico y social, tanto dentro del ámbito laboral como fuera de él[8].


En otro pronunciamiento se juzgó que por las características de los hechos planteados, además de importar un acto de discriminación, se había configurado un típico caso de mobbing por cuanto se privó a los trabajadores de la prestación de sus tareas,[9]. En otra ocasión se tuvo por acreditada la política empresarial de presionar a los trabajadores para lograr la desvinculación de la empresa en tanto se había hecho circular listas en las que figuraban los que estaban prestos a ser despedidos y también se les había privado de sus tareas habituales[10]. En la misma línea, se declaró que había existido coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre los dependientes para determinarlos contra su voluntad al retiro voluntario, por cuanto si bien no se trataba de violencia física, a la luz de las declaraciones concordantes de los testigos, quedó demostrado que había habido violencia moral o intimidación, es decir, la amenaza de un sufrimiento futuro aunque inminente[11] o bien un proceder dirigido a socavar el ánimo y la voluntad del trabajador para que se retire voluntariamente de la empresa al cambiarlo de oficina varias veces sin asignarle tarea alguna, llamarlo continuamente a “recursos humanos” o mediante la asignación de tareas que físicamente superaban sus capacidades[12].


 


2.- La comprensión de la violencia psicológica laboral y sus consecuencias a la luz del derecho centrado en lo humano


Si pretendemos analizar en toda su extensión los daños que causa el “mobbing” debemos tener presente que sólo comprendiendo a la persona, es posible distinguir la diversa y compleja gama de los perjuicios, su diferente entidad y las consecuencias que representan para la vida de los afectados. Sólo de esta manera se consigue establecer las reparaciones adecuadas que merece cada tipo de daño[13] dejando atrás, en esta nueva etapa en la dinámica evolución del derecho que transitamos, la prolongada indiferencia de los juristas respecto de la protección preventiva, unitaria e integral del ser humano[14].


Recién en las postrimerías del siglo XX la persona humana vino a ocupar el lugar céntrico que le corresponde en el escenario jurídico, desplazando al patrimonio del lugar de privilegio -que fue su sitial por siglos- por el que corresponde en la jerarquía de valores. No hay duda de que se debe proteger el patrimonio de cada persona, indispensable para su realización personal, pero axiológicamente es más importante la tutela de la persona humana, en sí misma y en cuanto fin supremo de la sociedad y del estado[15].


Han quedado superadas, pues, aquéllas opiniones que identificaban al daño como un simple menoscabo a los bienes y que lo concebían como la lesión a un derecho subjetivo, las cuales habían brindado una noción mezquina y acotada del fenómeno del daño que es, en definitiva, la lesión a un interés -obviamente ajeno- patrimonial o extrapatrimonial, jurídicamente protegido, que provoca consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, respectivamente[16].


Ahora se ha extendido la noción de lo patrimonial para abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas; de esta forma la integridad de la persona presenta un valor económicamente instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro. Se busca entonces  reparar los perjuicios ocasionados por una lesión no tan sólo con la mirada puesta en la posible actividad laboral, o generadora de ingresos, sino contemplando todas aquellas consecuencias disvaliosas soportadas por la víctima del hecho ilícito y que modifican su bienestar, su armonía, su calidad de vida[17].


Eduardo Couture decía que el Derecho y su progreso suponen siempre, como valor esencial, el respeto por la persona humana, que es el centro del mundo y eje del sistema jurídico[18] y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- la persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Precisamente, sobre la dignidad de la persona humana gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, la cual no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, toda vez que resulta "intrínseca" o "inherente" a todas y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo[19].


Con particular referencia a la persona trabajadora, la Corte Suprema ha señalado que el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacerla un sujeto de preferente tutela constitucional, mandato que se ha visto fortalecido y agigantado por la singular protección que se le ha reconocido en los textos internacionales de derechos humanos que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional [20].


Para mostrar cómo la violencia psicológica en el trabajo puede afectar a la víctima y lograr que obtenga una tutela íntegra[21], nos parece conveniente recorrer las nuevas categorías de daños que se han elaborado para resarcir el daño injustamente causado. No es que nos interese procurar el incremento de la reparación, sino categorizar los daños a través de las múltiples y mudables posibilidades que proporciona una interpretación funcional del derecho[22]. Creemos que con estas concepciones innovadoras, a las que adherimos, no se manifiesta necesariamente una tendencia a la ampliación indemnizatoria ni se corre el riesgo de la duplicación de las reparaciones porque aún cuando se acepte que nuestro derecho positivo sólo recepta la categoría dual de derechos patrimoniales y expatrimoniales, la reformulación de la teoría del daño que proponen las nuevas corrientes doctrinarias ofrece al juzgador, aún desde el planteo teórico, una comprensión más profunda de las diferentes repercusiones del daño y le sirve para redimensionar con justicia la indemnización del mayor daño que se puede visualizar a través de esa nueva mirada.


A la luz de los actuales criterios y tomando a la persona humana como centro del universo jurídico abordaremos a continuación los efectos devastadores que el acoso psicológico tiene sobre el trabajador al incidir negativamente sobre su integridad física y psíquica por la patología grave que en muchos supuestos se manifiesta y sobre la calidad de su trabajo ya que las continuas manipulaciones y acusaciones malévolas del hostigador reducen su eficacia y eficiencia, sin dejar de señalar el costo extraordinario que presenta también para la propia empresa, por los despidos, licencias por enfermedad, la degradación del clima laboral[23] y la reducción de la productividad de los demás trabajadores debido a la confusión mental que genera.


 


3.- Los perjuicios resarcibles y la reparación integral del daño causado por el acoso psicológico (“mobbing”)


El derecho a la reparación de los daños que sufre quien resulta afectado por un proceso de acoso en el trabajo, como en los demás casos en que se generan daños, importa una prolongación de la seguridad jurídica, valor insito en el ordenamiento fundamental del Estado que deviene consecuencia lógica de la violación de un derecho y es un desprendimiento conceptual del derecho de propiedad y del valor justicia que tiene, además, raíz constitucional.


Ya antes de la reforma de 1994, la regla de Ulpiano (alterum non laedere) estaba contemplada en la segunda parte del artículo 19 de la Constitución Nacional[24], pero ahora se desprende de la consagración de los Derechos Humanos[25] en tanto es el fundamento básico de tales derechos. Mientras el art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el art. 68 ordena la reparación de los daños que pudiesen producirse a cualquiera de los derechos contenidos en el pacto a través de una indemnización ejecutable en sede interna


            Este principio, que es el primer precepto jurídico y moral que debe ser respetado en una sociedad civilizada y subyace en numerosas normas jurídicas más allá de la cláusula general del artículo 1.109 del Cód. Civil, es asimismo un principio general del derecho que se puede inducir de numerosas preceptivas y constituye el deber de conducirse en la vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia[26].


La Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la garantía constitucional de la reparación de los daños en las causas “Santa Coloma c. Ferrocarriles Argentinos” y “Gunther c. Estado Nacional"[27], en los que declaró que el art.  19 de la Carta Magna prohíbe a todas las personas dañar al prójimo o perjudicar derechos de terceros; regla que consagran también los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, por cuanto el principio “alterum non laedare”, que se encuentra vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que efectúa el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado sino que expresa un principio general que alcanza a cualquier disciplina jurídica.


Con posterioridad, en la causa “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.s/ Accidente Ley 9688”, del 21/9/2004, el Alto Tribunal declaró que el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser indemnizados sólo en cuanto a la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador -y de manera restringida-, vuelve al art. 39 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. En su voto, la Dra. Highton de Nolasco precisó que en tanto los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten, siempre que éstas sean razonables, se adecuen al fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad, la reglamentación legal del alterum non laedere debe hacerse de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Constitución Nacional.


            Toda vez que este principio expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica[28], como los otros principios del Código Civil, puede ser aplicado en forma flexible a la relación laboral mientras no contradiga la legislación específica ni vulneren los principios de justicia social, los principios generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe.


La teoría del abuso del derecho también está ínsita asimismo en la legislación laboral y que, por remisión interpretativa al derecho común (art. 1071, Cód. Civil), quien no ejerce en forma regular sus derechos, al agraviar innecesariamente la dignidad del trabajador, debe responder por el perjuicio causado. Es que el principio de la buena fe rige la relación contractual y para su valoración la conducta media exigible es la del “buen empleador”, en la que está presente el respeto debido a la dignidad del trabajador excluyendo toda forma de abuso del derecho, debiendo ponderarse siempre la desigual situación de las partes, en el plano económico, jurídico y social y la dependencia de uno de los sujetos frente a la posición dominante de la otra parte[29].


En función de lo dicho, se impone concluir que promover un proceso de acoso psicológico o consentir que suceda importa el incumplimiento del empleador de sus deberes contractuales que obligan al respeto de la dignidad humana, conducta elemental y trascendente, que debe ser seguida por la empleadora[30]. Ahora bien, enfocando la problemática desde la perspectiva del deber de seguridad del empleador frente a los riesgos psicosociales, entre los cuales se ubica el mobbing[31], ya que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador están prohibidos por el principio alterum non laedere, observamos que el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia comprendidos en la Constitución Nacional, que obligan a quienes utilizan los servicios a la preservación de quienes los prestan[32].


Si bien la obligación principal del empleador es la de satisfacer la prestación remuneratoria que tiene sustancia eminentemente patrimonial, también es deudor de la obligación de seguridad, por lo que debe adoptar todas las conductas positivas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador, siendo la genérica imputación del deber de obrar con especial prudencia y previsión (calificante según los arts. 902 y 909 del C. Civil), de un grado de previsibilidad superior al del hombre medio[33]. En consecuencia, su responsabilidad debe juzgarse con un standard agravado porque su condición de empleador lo responsabiliza de manera peculiar si instala o consiente los comportamientos abusivos implicados en los procesos de acoso al quedar en evidencia un desprecio absoluto del principio de buena fe y de prudencia que le exige su carácter de tal.


En este sentido, se ha resuelto que el acoso sexual y moral materializado en rechazo de comunicación directa, desacreditación y aislamiento de la víctima son conductas contrarias al comportamiento exigible a un “buen empleador” y generan angustias y padecimientos que deben ser motivo de una reparación ejemplificadora[34].


En otro fallo se consideró que el deber de seguridad del empleador es inherente al contrato, llámese contrato de trabajo o de empleo público[35], por lo que si el dependiente persigue el resarcimiento derivado de dicho incumplimiento la acción es de naturaleza contractual[36] y el incumplimiento del principal -deudor de la preexistente obligación de seguridad- queda configurado por el mero acaecimiento del siniestro en el curso o con motivo del ejercicio de la actividad subordinada. En tales condiciones, se presume su culpa con arreglo a los principios comunes aplicables a las obligaciones de resultado en materia de responsabilidad contractual[37].


Para cerrar este capítulo, diremos que en el marco de la LCT la reparación de estos daños y los que lesionan intereses patrimoniales del trabajador distintos de los alcanzados por la tarifación legal debe quedar al margen de ésta. También el artículo 1 de la ley 23.592 ordena la reparación de todos los daños ocasionados por las conductas discriminatorias que están presentes siempre en el trato de disfavor que recibe la víctima.


 


3.1.- Los daños con incidencia patrimonial.-


Ya dijimos que el fenómeno que estamos estudiando, a diferencia de los otros tipos de violencia que se presentan en el ámbito laboral, se caracteriza por no mostrar señales externas a no ser por el deterioro progresivo de la víctima, que suele ser atribuido intencionalmente a otras causas, tales como problemas de relación, de personalidad, carácter difícil o bien, incompetencia profesional, lo cual es aprovechado hábilmente por el acosador para reforzar sus ataques.


Aparte de mencionar que en el caso de despido indirecto corresponde también la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561[38] y que, en muchos casos, el autodespido se puede deber a la práctica del mobbing, porque lo que se busca es excluir a la persona a través de esos comportamientos injuriosos, el daño material derivado del proceso de acoso que surge de la prueba, puede implicar la cesación de ganancia apreciable en dinero y traducirse en incapacidad laboral total o parcial. Esta puede manifestarse a través de síntomas psicosomáticos y reacciones anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral (dolores de estómago, vómitos, falta de apetito, llanto persistente, dolores de espalda, cervicales, dorsales, lumbares y musculares, hiper o hipotensión arterial, etc.), síntomas de desconexión del sistema nervioso autónomo (sudoración, sequedad de la boca, palpitaciones, sensación de falta de aire), trastornos del sueño (dificultad para conciliarlo, sueño interrumpido, insomnio, despertar temprano), cansancio y debilidad y síndrome de fatiga crónica. También se pueden producir daños al sistema inmune o agravar enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico como el SIDA[39], o cardiopatías que dejen como consecuencia incapacidades parciales o totales provisorias o definitivas, o bien provocar cáncer cuya causa se puede encontrar en el estrés. A su vez, tales alteraciones pueden permanecer en el tiempo y desencadenar nuevos procesos[40].


Cuando se produce una incapacidad sobreviviente a consecuencia de haber vivido un proceso de estas carácterísticas el resarcimiento debe cubrir el daño patrimonial indirecto que ocasiona la merma de las aptitudes físicas y psíquicas[41], al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral y los otros daños extramatrimoniales a los que nos referiremos luego, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable y la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan a la personalidad íntegramente considerada. Pero también la disminución física incide al propio tiempo sobre la vida de relación del damnificado ocasionando otro daño indemnizable independientemente del deterioro de su capacidad de ganancia[42].


Es bueno recordar aquí que el derecho a la salud deriva del derecho a la vida, que es complemento indispensable de todo proyecto vital y está expresamente consagrado en la Constitución Nacional[43] y en los instrumentos internacionales incorporados a ella Constitución Nacional después de la reforma de 1994[44].


Ahora bien, tanto la Organización Mundial de la Salud[45], como la Organización Panamericana de la Salud han reconocido que la violencia es un obstáculo para el desarrollo de las naciones y una amenaza para la salud pública, por lo que su erradicación es una prioridad de salud pública[46]. En efecto, en la actualidad, la violencia ha dejado de enfocarse indirectamente y de esconderse tras apelativos como "cuestiones de salud pública controvertida" y "hecho inevitable de la vida" para reconocerse como una epidemia soslayada que pronto superará a las enfermedades infecciosas como causa principal de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. La conceptualización, medición y análisis de las conductas violentas en diferentes contextos y la comprensión de sus causas y factores asociados, fueron establecidas como tareas urgentes encaminadas a orientar las acciones de salud pública en lo referente a la prevención de la violencia y la atención a las víctimas y agresores[47].


La jurisprudencia juzgó que había quedado acreditada la existencia de un episodio de violencia psicológica que dio lugar a la responsabilidad del Estado como empleador, que aunque no había sido resultado o antecedente de un proceso de acoso, resulta de todos modos de interés para nuestro estudio. El actor, que era funcionario de jerarquía del Ministerio de Cultura y Educación, fue insultado cuando se hizo presente para instar la calma y esperar el resultado de las gestiones realizadas, en una asamblea de dependientes del ministerio, la que se llevaba en un clima agresivo y con un acentuado nerviosismo como consecuencia de la conducta ministerial de desatención a los requerimientos de información y explicaciones. Se consideró que la situación le había provocado un infarto agudo de miocardio por el estado de "tensión psíquica intensa" y, en tanto estuvo relacionado causalmente con la función que cumplía, se concluyó que había sufrido un accidente de trabajo [48].


Además de la incapacidad sobreviviente, el mobbing puede causar daño psicológico, el cual debe ser diferenciado del daño moral, dado que si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquél reviste connotaciones de índole patológica y consiste en la disminución de las aptitudes psíquicas que importan un menoscabo a la salud considerada en su concepto integral. También debe distinguirse de la incapacidad sobreviniente que ha sido tipificada como la disminución en las facultades atinentes a lo laboral y al resto de la vida social. Hay que tener en cuenta  que el daño psicológico puede dejar incólumes las posibilidades laborales y el resto de los aspectos vitales de un ser humano, considerados en su proyección hacia el mundo exterior y sólo producir consecuencias disvaliosas en su vida interior.


Los especialistas coinciden en señalar que las manifestaciones clínicas y psicológicas de quien sufre acoso moral se asemejan a los del síndrome de desgaste profesional o burn-out, aunque con mayores dudas sobre la autoidentidad y con tendencia a la idealización de las mismas estructuras o personas responsables de la persecución. Entre estas manifestaciones podemos citar las siguientes: a) cansancio emocional, que se traduce por agotamiento físico y psíquico, abatimiento, sentimientos de impotencia y desesperanza, desarrollo de un autoconcepto invalidante y actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general; b) evitación y aislamiento, traducido en su conducta a través de ausentismo al trabajo y a reuniones, resistencia a enfrentarse con personas, o en su actitud emocional, que se vuelve fría, distante y despectiva; y c) sentimiento complejo de inadecuación personal y profesional, con deterioro progresivo de su capacidad laboral y pérdida de todo sentimiento de gratificación personal en el trabajo.


También se pueden experimentar efectos cognitivos y de hiperreacción psíquica como crisis nerviosa o “breakdown”, suicidio, síndrome de fatiga crónica, cambios en la personalidad de la víctima –obsesiva, depresiva, resignada-, dificultad para concentrarse, depresión, falta de iniciativa, irritabilidad, agitación, agresividad, sensación de inseguridad, hipersensibilidad, etc.


Por su parte, Piñuel y Zabala dice que las víctimas de la violencia psicológica en el trabajo comparten con las otras grandes víctimas de la violencia, tales como las del terrorismo, las de los campos de concentración y las de las violaciones, el llamado síndrome de estrés postraumático, auque en la situación de acoso no concurre un único acto de violencia, sino una serie de actos que provocan verdaderos microtraumatismos. A su vez, Hirigoyen hace hincapié también en este extremo cuando explica que en el proceso de acoso se realizan pequeños ataques repetidos, a menudo sin testigos, a veces no verbales, o ambiguos, por ser susceptibles de doble interpretación. Cada ataque por separado no es verdaderamente grave, pero el efecto acumulativo de tales microtraumatismos frecuentes y repetidos constituye una agresión[49].


Conviene recordar aquí la explicación general que brinda el Dr. Fernández Sessarego de las limitaciones generadas por un daño psíquico, la que resulta de aplicación también para las situaciones de acoso. Tales limitaciones consisten en las dificultades o la imposibilidad para acceder al trabajo, la perdida de la capacidad de la persona para defenderse por sí misma, la perturbación experimentada en la vida de relación familiar y social, la repercusión en los afectos y en la creatividad, entre otras varias consecuencias que también pueden advertirse sin mayor esfuerzo como podrían ser las depresiones o las inhibiciones en general. La lesión sobre el psiquismo genera una alteración de la personalidad del sujeto, de su manera de proyectarse en sociedad. Este capítulo de los daños, agrega el autor, se diferencia del daño al proyecto de vida por cuanto éste es el resultado de una previa lesión psicosomática devastadora, que compromete no sólo la salud de la persona sino su ser mismo, su futuro, el sentido de su vida[50].


En un caso fallado por nuestros tribunales se tuvo por probado el acoso sexual y se consideró que el despido se había debido al rechazo de las propuestas indecorosas que desembocaron en maniobras persecutorias. En tanto ello dejó una secuela psicológica en el afectado, se decidió  que debía ser resarcida, aún cuando la reparación se acordó a título de daño moral[51].


En otro precedente se decidió que la ART, citada en garantía, era responsable por las dolencias padecidas por la reclamante a causa del acoso psicológico padecido que le provocó el Síndrome Depresivo Reactivo en Período de Estado Moderado a Grave[52].


Además, en los casos en que se ocasione un daño psíquico habrá que contemplar que será necesario, según cada supuesto, llevar adelante tratamientos terapéuticos de acuerdo a la patología, cuya duración y frecuencia dependerá de cada caso.


Al margen de la incapacidad sobreviviente y el daño psicológico se pueden producir otros daños que poseen indudable incidencia patrimonial entre los que se pueden mencionar a título de ejemplo, la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, por las dificultades para encontrar otro empleo, ya que minar la empleabilidad de la víctima es el objetivo directo del mobbing, con lo cual no puede desempeñar su trabajo, pedir un traslado, o simplemente, buscar otro, quedando abocada a una situación profesional imposible. En esta categoría se inscribe asimismo la pérdida de oportunidades o de la chance de futuros ascensos por cuanto en el empleo público y en el trabajo en relación de dependencia, la posibilidad de ascender es un dato computable con certeza[53].


También las consecuencias del mobbing inciden en el patrimonio del afectado pues es frecuente que se presenten problemas para hacer frente compromisos económicos (gastos, facturas, hipotecas, etc.), la venta obligada de propiedades y el afrontamiento de los gastos de procesos legales costosos y prolongados.


3.2.- Los daños extrapatrimoniales


Ingresando ahora a éste ítem, debemos tener en cuenta que se ha dejado de lado el clásico binomio daño patrimonial-daño no patrimonial y la concepción que expresa que todo lo no patrimonial deviene extrapatrimonial, porque se trata de un enfoque meramente patrimonialista alejado de las pautas axiológicas que informan el Derecho de nuestros días, la evolución doctrinaria que ha experimentado el derecho de daños permite ubicar ciertos menoscabos de muy diferente entidad al daño moral.


La denominación "extrapatrimonial" se refiere al interés que está conectado con el espíritu de la persona y hace referencia al daño moral en un sentido amplio, no reducido únicamente al "pretium doloris".


Es necesario, pues, efectuar una precisa distinción entre esta categoría de daños porque de lo contrario aparecerían indebidamente englobados dentro del concepto del daño moral y se licuarían contrariando el principio de la reparación integral. Mosset Iturraspe enseña que el Código Civil vigente no contiene una serie cerrada de daños resarcibles: patrimonial y moral, pues las referencias a tales perjuicios son sólo ejemplificativas y que se consagra una serie abierta, donde tienen cabida los denominados "nuevos daños" o daños a la persona, debiendo jerarquizarse la esfera espiritual, biológica y social del hombre, sin dejar de tener en cuenta que los bienes materiales son necesarios para preservar su dignidad[54].


3.2.2.1) El daño moral.-


En términos generales, el daño moral se define como una modificación disvaliosa del espíritu que incide en las capacidades de entender, de querer y de sentir e importa un modo de estar de la persona diferente del estado en que se encontraba antes del hecho dañoso[55]. Con su reparación se pretende darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a las perdidas y no una especulación ilícita con sus sentimientos, por cuanto si bien el dinero no resulta adecuado para la reparación puede brindar alguna satisfacción de orden moral que podría reemplazar en alguna medida un daño consumado y permitir obtener goces, distracciones o bien contentamientos que favorezcan el restablecimiento del equilibrio en los bienes extrapatrimoniales[56].


La propia naturaleza del proceso de acoso psicológico que importa el ejercicio de una violencia extrema sobre el acosado es susceptible de causar un daño moral, el cual no requiere prueba específica, en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica.


La jurisprudencia ha puntualizado que el solo hecho de ser el daño moral causado en razón o con motivo de la ejecución de un contrato de trabajo nada agrega o quita a la entidad del agravio y a su reparabilidad. No debe olvidarse, por otra parte, que la denuncia del contrato es facultativa para el agraviado, por lo que la tesis que niega tal posibilidad de reparación cuando no media despido, lleva al absurdo de forzar al trabajador a extinguir la relación laboral, con lo que podrían quedar sin reparación daños de gravedad, que serían soportados mansamente por el damnificado ante la necesidad de mantener su empleo[57], tal como puede darse en las procesos de acoso, primero, por la confusión que experimente la víctima y, luego, por la “naturalización” de tales comportamientos violentos, lo que los torna “invisibles” a los ojos del observados no experto.


Nuestros tribunales también han tenido la oportunidad de examinar diversas situaciones en la que quedó en evidencia conductas que se verificaron contemporáneamente al despido en las que se ocasionó daño moral a los trabajadores, las cuales, dada su naturaleza y propósito, bien  pudieron estar precedidas por procesos de acoso. Veamos.


En un supuesto se juzgó procedente la reparación del daño moral causado al delegado gremial despedido con causa no probada y sin el procedimiento de exclusión de tutela por cuanto la empleadora había tenido actitudes persecutorias y realizó actos arbitrarios y abusivos, constituyentes de conductas reprochables, al efectuar imputaciones injuriosas sin preservar la dignidad del trabajador y sin importarle el daño que le ocasionaría en épocas de agudo desempleo y desesperanza generalizada[58].


Se admitió asimismo el resarcimiento de este capítulo de los daños cuando la conducta lesiva para la dignidad del trabajador, que evidenció maltrato y violencia psicológica, fue contemporánea con el acto de despido al que acompañaba, como cuando el funcionario fue descalificado en el acto administrativo que dispuso la cesantía[59]. También en el caso del rector que se había extralimitado en sus funciones al emitir una opinión atinente a la capacidad de la profesora para que no continúe al frente de los alumnos ocasionándole un severo daño a su desempeño e idoneidad en su labor[60], o cuando la comunicación del despido incluyó aseveraciones lesivas para la dignidad del trabajador y la atribución en términos asertivos de actos ilícitos o contrarios a la moral o a las buenas costumbres[61], o se agredió al trabajador de palabra o de hecho; o bien se divulgó la calificación del despido mediante memorandum u otra forma de comunicación[62]; cuando se vulneró la dignidad, honor o reputación del dependiente con aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, con la divulgación de datos íntimos o situaciones penosas que no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el solo hecho de que las partes se hubiesen encontrado ligadas por un contrato de trabajo[63].


También se ha puntualizado que un deber de equidad y justicia impone el reconocimiento de indemnizar el agravio moral por los falsos calificativos de conducta utilizados, toda vez que debe apreciárselos como una tacha o minusvalía en la profesionalidad de los trabajadores, conductas que importan un agravio que no se ve justificado de modo alguno y compromete la responsabilidad civil de los autores de tales conductas[64].


3.2.2).- Otros daños extrapatrimoniales


 


3.2.2.1) El daño al ejercicio de la libertad: el daño al proyecto de vida.-


 


Marie-France Hirigoyen sostiene que con el acoso moral lo que se pretende es excluir a una persona de una comunidad privándola poco a poco de su identidad, su papel, su función, su categoría y de su imagen, “desintegrándola socialmente”y “anulándola simbólicamente”.


Esta comprensión del acoso psicológico nos permite advertir que un proceso de estas características puede dañar el proyecto de vida del afectado, pues éste también engloba sus metas laborales. Profundizando un poco más en este concepto del daño al proyecto de vida, creación del jurisconsulto peruano Carlos Fernández Sessarego, éste implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable, es decir que no solo importa la frustración del proyecto de vida, sino también todo menoscabo, restricción o retardo en su realización[65]. Es que el “proyecto de vida” tiene una trascendencia fundamental para la persona, porque en él se juega su destino y le otorga sentido a su vida. Agrega el autor que se diferencia del daño moral por cuanto éste como dolor o sufrimiento, va disminuyendo con el tiempo, mientras que en cambio, el daño al proyecto de vida es un daño futuro y cierto, duradero, que compromete de por vida a la persona que la acompaña hasta su muerte o, en el mejor de los casos, deja en la persona una huella tan profunda que resulta indeleble[66].


Por su parte, Zavala de González explica que arrebatar el proyecto de vida, sea tanto singular o bien genérico, desde el punto de vista filosófico, equivale a la muerte espiritual del hombre si se interfiere en su destino frustrando, menoscabando o postergando su realización personal y que tanto más serio es cuánto menores sean las posibilidades de sustitución. Precisa la autora además que la libertad espiritual de la persona no sólo resulta afectada con el encerramiento forzado o con el exilio por cuanto es factible que el desmedro derive de hechos en sí mismos menos serios, como una calumnia que desprestigia irreversiblemente y arruina la vida familiar y social, o una infundada decisión estatal frustrante de la carrera expectable de un funcionario o empleado público[67], los que pueden verificarse en los procesos de acoso.


Esta categoría de daños logró acogimiento jurisprudencial en el ámbito nacional cuando la Corte Suprema sostuvo que "la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de la actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al aspecto doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida[68].


A su vez, otro tribunal declaró que toda minoración del sujeto en sus aptitudes existenciales, supone destruir o alterar el equilibrio espiritual para hacer frente a la vida, aunque lo consideró –impropiamente- que era indemnizable como daño moral[69].


Aparte de estos pronunciamientos de tribunales provinciales[70], en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en la causa “Loaysa Tamayo, María Elena c/ República del Perú” que la pérdida de las opciones a conducir la vida y alcanzar el destino propuesto es reparable aun cuando no se trate de un resultado seguro sino probable -y no meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos. Debe tratarse de un cambio de mucha entidad, que trastoque a fondo, por ejemplo, el marco afectivo y espiritual en que se desenvuelve la vida de la familia, o trunque una evolución profesional que ha consumido grandes esfuerzos[71], cambio éste que puede ser observado sin mucho esfuerzo en algunos casos de víctimas de mobbing


Para la determinación del monto del daño al proyecto de vida será menester considerar el grado de desarrollo que el individuo dañado había alcanzado en “su” proyecto laboral hasta el momento de ocurrencia de la acción u omisión dañante, porque, en definitiva, el pasado de un hombre es la herramienta que permita cuantificar, en su presente, la pérdida ocasionada por la resignación impuesta del futuro esperable.


 


3.2.2.2) El daño existencial o el daño a la calidad de vida.-


Esta figura, que es una noción más reciente que la del daño al proyecto de vida, pero claramente diferente, viene a cubrir la pérdida de la calidad de vida, la renuncia a la fuente de bienestar, en otras palabras, una modificación in peius de la personalidad del lesionado y se relaciona con la actividad cotidiana, el ambiente en el cual se desarrolla o el contexto social en el que se inserta el cual incluye obviamente el ámbito laboral.


Se traduce en la imposibilidad de acceder a actividades que hacen a la realización del ser humano y que redundan en lo que se conoce como calidad de vida como el  impedimento a la serenidad familiar, al goce de un ambiente salubre y de una situación de bienestar o al sereno desarrollo de la propia vida laborativa[72], tal como sucede con las latentes insidias que están presentes en los nuevos modelos de comportamiento humano[73].


Esta categoría de daño no se puede identificar con el “daño a la salud” pues tiene directa repercusión sobre toda su red de relaciones familiares, sociales, culturales, etc., por que bien podría ser denominado como "daños a la vida de relación"[74], que comprende múltiples aspectos como la reducción de la capacidad de expansión y de afirmación en las relaciones socioeconómicas; de la posibilidad de ubicarse, o sea, de reinsertar en las relaciones sociales y aun de mantenerlas en un nivel normal a causa de la disminución sufrida; de adquirir determinada posición social; de la actividad psicofísica del sujeto en el desarrollo de sus actividades complementarias[75], que implican un angostamiento de la vida misma que aunque no incidan en la capacidad de trabajo del damnificado, se resuelve en una pérdida al colocarlo en una situación de inferioridad en las relaciones con el mundo externo[76]. Tal como la jurisprudencia lo expresó, el progreso de una persona depende de una serie de factores entre los cuales está su mayor o menor facilidad para vincularse con los demás[77], aspectos éstos que se resienten notablemente por el impacto psicológico que producen los procesos de  acoso psicológico debido a la exclusión, las traiciones y el rechazo de los compañeros, los intentos de éstos de convencer a la víctima para que acate la situación, la incomprensión de la familia ante la situación adversa, la ruptura de la relación o el abandono del cónyuge, lo que puede conducir al aislamiento total de la víctima en lo familiar y lo social.


Creemos que el aporte de la doctrina y jurisprudencia italiana permitirá eliminar la identificación entre daño moral con daño existencial, pues entender la esencia de éste último significa comprender la personalidad del sujeto dando un espacio vital a su existencia[78]. Facilitará también la determinación del daño provocado por el mobbing. Ello, aún cuando la jurisprudencia siga receptando la clásica dicotomía daño patrimonial-daño extramatrimonial, como sucedió en el precedente en el que se lo consideró incluido en el daño moral al sostenerse que las pérdidas que significan un angostamiento de la vida de relación, de la práctica de deportes, de disminución o pérdida de la libido, etc., no implicaban una directa incidencia patrimonial ni la pérdida de "chance" de ingresos, en tanto sólo podía llegar a significar una mortificación espiritual ponderable[79].


3.2.2.3) El  “daño biológico” o “daño a la salud”.-


 


La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar psíquico, mental y social”.  Para el Hastings Center es la experiencia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente, caracterizada por una aceptable ausencia de condiciones patológicas y, consecuentemente, por la capacidad de la persona para perseguir sus metas vitales y para funcionar en su contexto social y laboral habitual.


Partiendo de estos conceptos, es evidente que el mobbing siempre tiene una potencialidad dañosa que no puede ser discutida. Si bien algunas pérdidas pueden no implicar secuelas incapacitantes que traigan aparejado un deterioro económico o patrimonial, a veces pueden repercutir en el equilibrio físico llamado “salud” del damnificado. Sobre el tema, la justicia italiana sostuvo que si el hecho ilícito determina una lesión a la persona, está afectando a ese equilibrio, por lo que causa un daño al bien de la salud o daño biológico el cual es resarcible autónomamente, cualesquiera fueran las consecuencias patrimoniales o no patrimoniales del mismo[80].


La Corte Suprema Nacional ha reconocido la existencia del daño biológico cuando sostuvo que, junto con el rubro "lucro cesante", persigue la reparación económica de las secuelas que la incapacidad origina en la víctima, atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que el sujeto proyecta su personalidad[81], entre los que se encuentra el laboral.


Para la Dra. Highton de Nolasco, el daño biológico parte de la base de una integridad corporal que no queda intacta y se proyecta sobre las esferas no laborales cuando la víctima ha sido afectada en tal integridad. Bajo una concepción personalística del daño, el hecho ilícito que determina una lesión a la persona -como sucede en los procesos de acoso psicológico- afecta el equilibrio psico-físico, por lo que causa un daño al bien de la salud o daño biológico que puede ser autónomamente resarcible, cualquiera fueran las consecuencias patrimoniales (lucro cesante y daño emergente) o no patrimoniales (sufrimientos) de la lesión[82].


 


3.2.2.4) El daño a la personalidad


La protección de la persona y de los derechos que emanan de la personalidad es una preocupación constante del jurista de nuestra época. No obstante que el Código Civil vigente considera que todo hombre es persona, salvo el reconocimiento especial que efectúa en el art. 1071 bis, no se refiere en particular a los llamados "derechos personalísimos" que protegen las manifestaciones físicas o espirituales de la personalidad, ahora debe ser integrado por las convenciones internacionales de derechos humanos incorporadas a la Carta Magna en 1994[83].


La personalidad del acosado resulta profundamente avasallada por los comportamientos de acoso generando también el denominado “daño a la identidad”, porque produce un detrimento al patrimonio ideológico-cultural de la personalidad, al conjunto de los atributos vinculados con los rasgos psicológicos de la persona y su posición en la sociedad que abarca diversas áreas, entre ellas, la profesional[84].


También el  derecho a la carrera resulta lesionado por afectar los derechos de la personalidad, en tanto ese derecho no implica sólo la posibilidad de una mejora de retribuciones -aunque este sea un elemento importante- sino, también y paralelamente y como aspecto inescindible, el derecho a un desarrollo y aplicación de aptitudes, es decir que no resultan ajenos a éste la realización y el perfeccionamiento profesionales como legítimas pretensiones humanas que, por lo demás, coinciden con los intereses públicos en juego si nos referimos al ámbito del empleo público. De allí que se ha dicho que no sólo toda “desjerarquización”, sino también todos los actos que tiendan a limitar las posibilidades de progreso, importan un agravio a la carrera[85].


3.2.2.5) El daño a la intimidad


            Siguiendo a Marie-France Irigoyen, el proceso de acoso busca desestabilizar a la persona para dejarla inerme e incapaz de responder, para alterar la propia percepción de sí misma y llevarla a la autoinculpación[86].


Por ende, el acoso psicológico invade el territorio psíquico lo cual configura una ofensa al derecho a la intimidad que halla su fundamento en el art. 19 de la  Constitución Nacional y se reglamenta en el art. 1071 bis del Código  Civil y constituye una afección legítima de la zona espiritual íntima y reservada de la persona que resulta ser objeto pasivo de ese accionar[87]. El Pacto de San José de Costa Rica (incorporado a nuestra Carta Magna) contempla esta situación cuando en su art. 11 establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.


            Siguiendo a Piñuel y Zabala cuando el afectado por el mobbing solicita ayuda psicológica o médica, si el tema no es conocido y comprendido cabalmente por los profesionales a los que acude, es muy probable que reciba un diagnóstico incorrecto que lo victimice aún más, culpabilizándolo por padecer un síndrome que otros le están causando y tachándolo de “problemático” o diciendo que “interpreta” de manera hostil el entorno. En definitiva, se resta importancia explicativa a los aspectos situacionales laborales tóxicos que los están causando y que tienen su origen en una agresión externa, continuada y mantenida, y no en la fragilidad psicológica de la víctima.


            Con este “error básico de atribución”, no sólo la imagen pública, la reputación y la carrera profesional de la persona pueden llegar a ser destruidas de manera irremediable, sin oque la situación se agrava si los departamentos médicos laborales no observan la norma del art. 1071 bis del Código Civil cuando se vulnera la confidencialidad del diagnóstico (máxime si se trata de un psicodiagnóstico, sólo es temporal en su vigencia), porque ello puede restringir o limitar el derecho a trabajar y a obtener un progreso futuro. Pero además cuando las afecciones no alteran concretamente las aptitudes laborales o no se han agotado las posibles asignaciones de tareas acorde la aptitud del agente, se configura asimismo una conducta discriminatoria que el orden jurídico debe hacer cesar por medios idóneos[88].


           


2.2.2.6) El daño reflejo o daño rebote: las víctimas secundarias.-


El daño causado a una persona puede repercutir en alguna medida en los sujetos vinculados con el damnificado por un proceso de mobbing. Las víctimas secundarias pueden ser el cónyuge, los hijos y los otros parientes o allegados que sufren una lesión a un interés propio, desvinculada de la figura del daño moral. Lo que se busca es tutelar el mantenimiento de las relaciones intersubjetivas, pues el daño sufrido por los parientes afecta el derecho a la serenidad familiar y el reconociendo de este derecho aparece acompañado de la progresiva tutela de los valores personales[89].


No se trata, en realidad, de un daño reflejo sino de un daño directo e inmediato que encuentra su causa en una relevante disminución súbita del conjunto. Sobre este punto, un tribunal italiano admitió que puede ocurrir que la víctima secundaria haya sufrido un daño directo como consecuencia del mismo evento, que puede ser de distinta naturaleza (biológico, psíquico/moral, patrimonial, existencial), lo cual lo legitima iure propio a proceder contra el responsable del daño[90].


 


4) A modo de conclusión.-


Como se puede apreciar de lo expuesto hasta aquí, el acoso psicológico en el trabajo produce un daño pluriofensivo, progresivo y continuo que lleva una carga capaz de desintegrar la dignidad en si misma considerada (no la pretendida “dignidad laboral”) como valor jurídico que sustenta el orden político y la paz social[91].


Los rubros que lo componen son de variada índole y para acordar una reparación justa es necesario comprender en profundidad el problema para poder determinar la real magnitud del impacto negativo que produce sobre la persona afectada. Para ello, consideramos que el nuevo "derecho de daños" brinda una perspectiva más humanista, pues al desplazar al sistema de responsabilidad civil busca la tutela de la persona en forma íntegra y el ideal de la restitutio in integrum de las consecuencias, de todo orden, generadas por un daño al ser humano. Ni la alegada eventual “industria del juicio” que se podría generar, ni el aumento de la litigiosidad o de los costos laborales prestan sustento a una infravaloración del daño efectivamente sufrido, la que en todo caso es una forma de hacer padecer parte de ese daño a la víctima o de subvencionar los ilícitos[92].


En tanto está fundado en principios constitucionales, el derecho a obtener una reparación íntegral que contemple la verdadera dimensión de los daños derivados de los comportamientos perversos del acoso psicológico, es obvio que cualquier insuficiencia en la reparación de un daño provoca desaliento y negación, pero lo que es peor es que termina legitimando estas conductas y vulnerando la percepción social sobre la eficacia del orden vigente, ya que la reparación insuficiente pervierte asimismo el sistema de derecho al conceder, de alguna forma, impunidad al responsable de la reparación.


Tal como lo establece la ley 23.592 respecto de las conductas discriminatorias, también corresponde la reparación de todos los daños causados por el mobbing, por cuanto no es más que una forma de discriminación, ya sea que se los considere o no rubros autónomos en la cuenta resarcitoria[93].


La perspectiva más amplia que ofrece el moderno derecho de daños permite, pues, un enfoque totalizador del problema del mobbing y de sus implicancias, sobre todo por que esa protección debe ser más intensa cuando la víctima es un trabajador, quien no tiene otro capital que su salud, ni otra forma de vivir que poniendo a disposición de otro su fuerza de de trabajo.


Pero la reparación integral de los daños ya causados debe estar acompañada también por la anticipación con la implementación de políticas públicas de prevención partiendo de una visión más solidaria y de la revalorización del concepto de la persona, porque como bien lo señala Mosset Iturraspe, de poco sirven las preocupaciones jurídicas si no traen aparejada para el hombre concreto, “una vida mejor”.


 






[1] Fanjul, A .J. en su trabajo “El acoso moral (mobbing). Un nuevo riesgo en la medicina del trabajo”, (www.astrea.com.ar) hace referencia a diversos precedentes judiciales emanados de altos tribunales de Italia y de España, en los que se consideró como accidente de trabajo el suicidio de trabajadores afectados de síndromes depresivos causados por conductas de acoso psicológico.




[2] Velázquez Fernández, M., La respuesta jurídico legal ante el acoso moral en el trabajo o “mobbing”, www.asacamt.es.vg




[3] Zapater Jordá, R. y Cárdenas Echegaray, M “La violencia psicológica en el trabajo: “Mobbing”




[4] Hirigoyen, M.F., El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana, Editorial Paidós, Barcelona, 1999. Precisamente, esta definición fue usada por la Cámara Nac. del Trabajo en un pronunciamiento que resolvió sobre un reclamo planteado por acoso sexual, Sala VI, 4.8.00, “Perinetti, Daniel c/ Megrav SA s/ despido”




[5] Hirigoyen, M.F., conferencia dada en Valencia, España, 17.9.04 subvencionada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, www.lasbarricadas.net..




[6] Neffa, J.C., en la nota “El infierno en la oficina”, http://www.clarin.com/diario/2005/09/12/conexiones/t-1051449.htm




[7] Fernández, A., El acoso moral en el trabajo, www.conaduargentina.org.ar/articulos.htm




[8] Sup. Trib. Just. Río Negro, 6.4.05, D., R.B. v. Entretenimiento Patagonia S.A., voto del Dr. Lutz




[9]  C. Lab. Misiones, Sala 1ª, 17.2.05, López, José R. y otros v. Municipalidad de Posadas s/ acciónd e amparo y medida cautelar.




[10] C.Trab. Córdoba, Sala X, 11.11.04, Lambir, María E. v. Aguas Cordobesas S.A. s/ demanda.




[11] C.Nac. Trab., Sala 7ª, 25.10.04, Vallejos, Florencio y otros v. Emecé Editories S.A. y otro s/ despido.




[12] C.N. Trab., Sala I, causa Quinteros, Néstor Armando c/ Telecom Argentina –Stet- France Telecom” del 22.5.03




[13] Fernández Sessarego, C., “Daño moral y daño al proyecto de vida”, Rev. De Derecho de Daños,N° 6, p.25




[14] Fernández Sessarego, C., Nuevas reflexiones sobre el daño psíquico, Rev. De Responsabilidad Civil y Seguros, t.2000, p.135.




[15] Mendelewicz, J. D., El daño existencial. Alcances de la doctrina y jurisprudencia italiana, L.L. Sup.Act. 30/09/2004, 2




[16] Calvo Costa, C.A., “Las nuevas fronteras del daño resarcible”, L.L. supl. diario del 17.8.05.




[17] Mendelewicz, J. D., El ser humano en expansión, JA 2001-II-271




[18] Kemelmajer de Carlucci, A., El daño a la persona. ¿Sirve al derecho argentino la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?, Rev. De Derecho privado y comunitario,, N° 1, p. 69




[19] Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo, párr. 1º, y art. 1; asimismo, PIDESC., Preámbulo, párr. 1º; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ídem y art. 10.1, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, Preámbulo, párr. 2º y arts. 5.2 y 11.1, entre otros instrumentos de jerarquía constitucional




[20] C. S.,21/09/2004- Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688




[21] Mendelewicz, J. D., El daño existencial. Alcances de la doctrina y jurisprudencia italiana, L.L. Sup.Act. 30/09/2004, 2




[22] Mosset Iturraspe, J., “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad”, Rev. De Derecho Privado y Comunitario, N° 1,  p.9, El autor señala en este trabajo que la Comisión N° 1 del II Congreso Internacional de Derecho de Daños celebrado en Buenos Aires en 1991, cuando trató el tema del daño a la persona, recomendó por unanimidad que: a) la persona debe ser protegida no sólo por lo que es y en la integridad de su proyección, b) debe jerarquizarse la esfera espiritual, biológica y social del hombre, sin dejar de tener en cuenta que los bienes materiales son necesarios para preservar su dignidad, c) que el daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales y d) la reparación del daño a la persona debe ser plenamente adecuada a la magnitud de lo que ésta representa, descartando las indemnizaciones simbólicas.




[23] Juzg. de lo Social N° 2, Girona, 19.8.01, www.asacamt.es.vg; M.F. Hirigoyen, El  acoso moral en el trabajo, p. 135 y ss.




[24].Kemelmajer de Carlucci, A., La ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557 y los principios generales del derecho de daños desde la óptica del derecho constitucional”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, nro. 15, p. 265 y ss.




[25] El art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional impone preservar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos




[26] Calvo Costa, C.A., “Las nuevas fronteras del daño resarcible”, L.L. supl. diario del 17.8.05.




[27] 5.8.86, E.D. 120-649




[28] C. S.,21/09/2004- Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688




[29] Goldemberg, I.H., “El daño moral en las relaciones de trabajo, Rev. De Derecho de Daños, nro.6, p. 261.




[30] C.Nac. Trab., Sal VI, 22.12.05, L., M. C. c/ Mario A. Salles S.A. y otro s/ accid. acción civil.




[31] Flores Vera; J.A., Perspectivas jurídicas del acoso moral en el trabajo en la legislación española  y Velásquez Fernández, M., J.A. 2005-II, número especial del 27.4.05.




[32] C.S.,21/09/2004- Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688




[33] C. N. Trab.,sala 7ª,27/08/1993- Rivarola, Virgilio v. Antognoni, Carlos s/ despido.




[34] C.N.Trab., Sala VI, L., M.C. c/ Mario A. Salles y otro, del 22.12.05 precit.




[35] Bustamante Alsina, J., Teoría general de la responsabilidad civil, 5a. ed., p. 338 y sig..




[36] Trigo Represas, F.,  La responsabilidad civil por el hecho de las cosas y los accidentes de trabajo, Derecho de trabajo, t. XXXII, p. 765; Vázquez Vialard, A., Efectos laborales de los infortunios y su reparación según las normas del derecho común y del trabajo, Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, 1979, n° 7, p. 59/60, etc.




[37] C. N. Civ. y Com. Fed.,sala 2ª,19/10/1999- Monge Federico Mario v. Ministerio de Justicia de la Nación y otros s/ accidente de trabajo art. 1113 C.C.Fed. Civ. y Com., Sala 2ª,09/02/1999- Astariz Miguel Ángel v. Estado Nacional /Minist. de Cultura y Educ. de la Nación s/ daños y perjuicios.




[38] C.N.Trab., en pleno, 1.3.06, Ruiz, Víctor H. v. Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E.”




[39] C.N. Trab., Sala VI, Causa L., M.C. c/ Mario A. Salles S.A. y otro, del 22.12.05.-




[40] C.N. Trab., Sala I, causa Quinteros, Néstor Armando c/ Telecom Argentina –Stet- France Telecom” del 22.5.03




[41] Fallo de la Dra. Highton de Nolasco, E.D., 498




[42] C. N. Com., sala E. 27/5/88; LL 1989-C-638, Jurisp. Agrup., caso 6248. C. 1ª Civ. y Com. Córdoba, 5/6/90; LL 1991-C-611. C. N. Civ., sala A, 2/7/90; LL 1990-E-297.




[43] El artículo 42 de la C.N.  hace mención a la salud de los consumidores y en el art. 75, inc. 2 establece que le incumbe al Congreso dictar un régimen de protección del niño en situación de desamparo y de la madre durante el embarazo y la lactancia.




[44] Ver arts. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 6 de la Convención de los Derechos del Niño; etc.




[45] Informe mundial sobre la violencia de la Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud, Washington DC 2002, www.who.int




[46] Scialpi, D., Conferencia impartida en el CPACF, 29.8.05.




[47] Scialpi, D., La violencia en la gestión de personal de la Administración pública, como condición necesaria para la corrupción, www.asacamt.es.vg,.




[48] C. N. Civ. y Com. Fed., Sala 2ª,09/02/1999- Astariz Miguel Ángel v. Estado Nacional /Minist. de Cultura y Educ. de la Nación s/ daños y perjuicios




[49] Hirigoyen, M.F., Conferencia sobre el acoso moral en el trabajo, Presentación subvencionada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Valencia, 17.9.04.




[50] Fernández Sessarego, C., Nuevas reflexiones sobre el daño psíquico, Rev. De Responsabilidad Civil y Seguros, t.2000, p.135.




[51] C.N.Civ., Sala “B”, 13.8.02, V., M.A. c. Méndez, Roberto




[52] C. 6ª Trab., Mendoza, 3.8.05, Correa Cerpa, Patricia A. v. Aguas Danone de Argentina S.A.




[53] Lorenzetti, R.L., La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante,  Revista de Derecho privado y comunitario, t. 1, 1992, p.1019 y ss.




[54]  Mosset Iturraspe, J., “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad”, Rev. De Derecho Privado y Comunitario, N° 1,  p.9.




[55]  Bueres, A.J., El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general, Rev. De Derecho Privado y Comunitario,  N° 1, p. 257.




[56] Fallo de la Dra. Highton de Nolasco, publ.  En E.D. 152, 490




[57] Pizarro, R. D. , Indemnización por despido y daño moral. Reflexiones en torno a un fallo trascendente,  LLC 2000, 749




[58] C. Lab., Resistencia, Sala 2°, 12.7.05, Conde Olgado, Miguel B. V. Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) s/ despido.




[59] C.N.Cont.Adm., Sala 2°, 30.11.99, Elías, Miguel J. V. Estado Nacional s/ empleo público.




[60] C.N.Civ., Sala J, 16.5.06.- L., G.M. v. G., A. s/ daños y perjuicios.-




[61] C.N.Trab., sala III, 27/11/89, "Fragal S.A. c. Quiroga Esther", DT, 1990-A, 909; C.Trab. Córdoba, sala 3, 19/2/86, "Ríos, Alina Noemí c. Bellanti, Hércules A. y otro", LL C, 1986-439




[62] C. S., 8/6/76, "Fontal, Alberto c. Corporación argentina de productores de carnes y/u otro", DT, 1976-319




[63] Goldemberg, I., Rev. De Derecho de Daños,N° 6, p. 261.




[64] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 1ª, 8/7/1999, Marcoff, Jorge H. y otro v. Pérez Cambet, Eduardo y otro, JA 2000-I-348.  




[65] Fernández Sessarego, C.,“El daño al proyecto de vida en una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Editorial La Ley, Tomo 1999,  p.210; del mismo autor, “Nuevas reflexiones sobre el daño psíquico”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Editorial La Ley, Tomo 2000, p. 135.




[66] Fernández Sessarego, C.,“Daño moral y daño al proyecto de vida”, Rev. De Derecho de Daños,N° 6, p.25




[67] Zavala de González, M.,Daño a proyectos de vida, LA LEY 04/07/2005, 1 y RCyS 2005-IV, 1 




[68] C. S., 1/12/92, "Pose c. Pcia. de Chubut", LL, 1994-B-434




[69] C. N. Civ., Sala H, 16/6/99, "Mahalla c. Muñoz", LL, 2000-B, 877, J. A. N° 14.852.




[70] C1ªCC Córdoba, 6/6/02, Zeus Córdoba, 23/7/02, N° 15, y Actualidad Jurídica de Córdoba, N° 11, 2/9/02; Cám. Civ. y Com. Rosario, sala II, 2/9/99, "G., A. c. Elías", LL, 2000-C-931 (42.776-S).




[71] Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, voto del doctor Roux Rengifo, 27/11/98, RCyS, 1999-1324




[72] Cassano, G., "El daño existencial", RCyS, 2002-115 y sigtes. , cit. Por  J.D. Mendelewicz, El daño existencial. Alcance de la doctrina y jurisprudencia italiana, L.L. Supl. Act., 30.9.04.




[73] Recupero Bruno, G., ”Il danno existenziale nel contesto del danno risarcible” cit. por Mendeliwicz, J. D., El daño existencial: alcances de la doctrina y jurisprudencia italiana, L.L. Supl. Act. 30.9.04.-




[74] En la terminología francesa equivale a la noción de prejudice d’agréement, perdre de joussance de vie, en la inglesa loss of amenities, y en la de los norteamericanos sería the hedonic value of life;  Kemelmajer de Carlucci, A., El daño a la persona. ¿Sirve al derecho argentino la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?, Rev. De Derecho privado y comunitario,, N° 1, p. 69.




[75] Kemelmajer de Carlucci, A., El daño a la persona. ¿Sirve al derecho argentino.. precit.




[76] Bueres, A. J., El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general, Rev. De Derecho Privado y Comunitario, N°1, p. 237.




[77]C. 7° Civ. y Com., Córdoba, 13.3.89, “Sosa, M. c/ Empresa Celta”, cit. por Mosset Iturraspe, J., “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad, Rev. De Derecho Privado y Comunitario, N° 1, p.9.




[78] Mendelewicz, J. D., El daño existencial. Alcance de la doctrina y jurisprudencia italiana, L.L. Supl. Act., 30.9.04.




[79] C. N. Civ. y Com. Fed., Sala 2ª,09/02/1999- Astariz Miguel Ángel v. Estado Nacional /Minist. de Cultura y Educ. de la Nación s/ daños y perjuicios.




[80] C. N. Civ.,sala M,08/07/1992- Verdina, Pablo S. v. Iglesias, Carlos A. y Otro s/daños y perjuicios




[81] Corte Sup.,31/08/1999- Izaurralde, Roque Rafael v. Provincia de Buenos Aires y otro s/daños y perjuicios.). Fallos 322:2003.




[82] C. N. Civ.,sala F,26/11/1999- García, José v. Microómnibus Norte S.A. MONSA y otro s/ Daños y perjuicios




[83] Crovi, L. D., La libertad de prensa y las noticias verdaderas ridiculizadas, JA 2004-II-259




[84] Mosset Iturraspe, J., “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad”, Rev. De Derecho Privado y Comunitario, N° 1,  p.9




[85] Baró, D.L., Algunas consideraciones sobre el derecho a la carrera de los agentes públicos, Revista Argentina de Derecho Administrativo, Octubre-Diciembre 1975, nro. 10, p. 63.




[86] Hirigoyen, M.F., El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana, Editorial Paidós, Barcelona, 1999. Precisamente, esta definición fue usada por la Cámara Nac. del Trabajo en un pronunciamiento que resolvió sobre un reclamo planteado por acoso sexual, Sala VI, 4.8.00, “Perinetti, Daniel c/ Megrav SA s/ despido”




[87] Si bien estas consideraciones fueron realizadas con respecto a un caso donde se había verficado acoso sexual, resultan asimismo de aplicación para las hipótesis de mobbing; C.Nac. Civ., Sala M, 5.6.01.- P., M. c/ Cía. De Servicios Hoteleres S.A. s/ daños y perjuicios.




[88] C.S., doctr. de la causa “Bre, E. v. Policía Federal Argentina s/ amparo”, Fallos 319:3040.-




[89] Kemelmajer de Carlucci, A., El daño a la persona. ¿Sirve al derecho argentino la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?, Rev. de Derecho privado y comunitario,, N° 1, p. 69




[90] Fallo de un tribunal italiano cit.por Mendeliwicz, J. D., El daño existencial: alcances de la doctrina y jurisprudencia italiana, L.L. Supl. Act. 30.9.04.-




[91] Blanco Barea, M.J.  y López Parada, J., La dignidad y el “mobbing”… ya cit.




[92] Disidencia de la Dra. Graciela Medina en la causa “Fernández García Gabriela P. c/ Universidad de Buenos Aires- Fac. de Farmacia y Bioquímica s/ accidente de trabajo” de la C.N.Fed. Civ. y Com., Sala III, 16/05/06: conf. los autores allí citados: Gómez-Pastor, El derecho de accidentes y la responsabilidad civil, Anuario de Derecho Civil 1990-495, en particular en nº V.3.1, pág.  512 y Schafer-Ott, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil, Madrid, 1991, trad. de Macarena Von Carsteen-Lichterfelde, pág. 140, nº 6.3.)




[93] Este criterio fue aplicado en el caso de una trabajadora acosada sexualmente por el presidente de la empresa, la que además sufrió “acoso moral genérico” al difundirse que era seropositiva y al materializarse ese proceso en conductas de rechazo de comunicación directa, desacreditaciòn y asilamiento; C.Nac. Trab., Sal VI, 22.12.05, L., M. C. c/ Mario A. Salles S.A. y otro s/ accid. acción civil.