La judicialización del derecho a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad, por Patricia Barbado


 


1.- Introducción.- 2.- El marco protectorio de la discapacidad y el derecho a la salud.- 3.- La jurisprudencia elaborada en materia de accesibilidad de las PCD a las prestaciones de salud y de rehabilitación.- 4.- Conclusiones


 


 


1.- Introducción


            En un artículo anterior hemos analizado el grado de accesibilidad a las prestaciones de salud que tienen las personas con discapacidad (PCD) a través de la realidad que reflejaba, para ese entonces, los reclamos resueltos por nuestros tribunales[1].


Allí advertimos que excesiva judicialización de la cobertura de dichas prestaciones frente a la negativa de los agentes de salud, no sólo aumentaba la vulnerabilidad de las PCD que se deriva de su propia condición, sino que crea una barrera para la accesibilidad a las prestaciones de salud y, consecuentemente, para su inclusión social, educativa y laboral y su autonomía.


Por lo pronto, conviene dejar aclarados los conceptos sobre los que versa este trabajo, esto es, los de discapacidad, vulnerabilidad, barreras, accesibilidad y autonomía.


            1.a.- Siendo el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la salud una condición del ejercicio de los demás derechos, la discapacidad se erige en un problema de salud pública[2], la cual está definida, según el art. 9 de la ley 24.091, como la alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a la edad y medio social, implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.


Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS), aprobada por la ley 25.280 dice que la “discapacidad” es “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.


A su vez, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPCD), aprobada en el año 2008 por la ley 26.378, cuya jerarquía constitucional fue acordada por la ley 27.044, establece que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1°). A su vez, en el Preámbulo de dicha convención (punto e), se considera a la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.


Como se puede apreciar, el concepto de discapacidad ha experimentado una evolución, pues partiendo de un enfoque dinámico, ya no se considera como una “deficiencia” o el rasgo asumido como determinante de las limitaciones de las PCD, sino como la exclusión a la que son sometidas, reflejada socialmente y también en los espacios urbanos y edilicios. Ello afecta la constitución del propio sujeto y su desarrollo provocándole dependencias físicas y sociales y colocándolo en una situación que implica la disminución de su autogobierno para conducirse normalmente en la cotidianidad de su devenir histórico, personal y social.


Pablo O. Rosales señala que la CIDPCD dejó de lado el modelo médico hegemónico, cuya característica era el asistencialismo y la subrogación de la voluntad de las PCD, para receptar el nuevo modelo de construcción social de la discapacidad basado en el reconocimiento de la personalidad jurídica y capacidad amplia de ellas desarrollado en el art. 12 de la Convención. El autor recuerda que históricamente la discapacidad se la relacionaba con un problema de salud o de desviación de la norma, de lo normal. Sin embargo, como construcción social,  en ella confluyen la particularidad biológica o de conducta de un sujeto, la organización económica y política, y, por último, el elemento cultural normativo. Y en base a estos tres elementos cada sociedad debe determinar el concepto de PCD y su tratamiento[3].


Por su parte, Rafael de Asís Roig explica que a finales del siglo XX se comenzó a hablar del modelo social y la discapacidad dejó de ser entendida como una anormalidad del sujeto para ser contemplada más bien como una anormalidad de la sociedad, como un producto, en este modelo, de la manera en la que se ha construido el entorno, los productos y los servicios e, incluso, de la manera en la que se ha concebido al propio ser humano. Luego apareció el modelo de la diversidad basado en los postulados de los movimientos de vida independiente y que demandan la consideración de la persona con discapacidad (o con diversidad funcional, término que utiliza este movimiento) como un ser valioso en sí mismo por su diversidad[4].


Xabier Etxeberría agrega que el modelo de prescindencia que percibe la discapacidad como un peligro o una carga para la sociedad, en el que se margina al que ha nacido la discapacidad, niega radicalmente la dignidad de la persona con discapacidad. Dicho esquema, precisa, debe ser enfrentado desde los criterios de la CIDPCD, la cual se distancia también del modelo rehabilitador que identifica la discapacidad con pura limitación, insuficiencia o enfermedad de quien la sufre y establece una relación paternalista con la PCD contraviniendo en esto el respeto a la autonomía al que tiene derecho la persona con dignidad. Asimismo, continúa diciendo dicho autor, la Convención se inserta, aunque con matices, en el modelo social de la discapacidad, tomándose además totalmente en serio y de modo pleno la condición de dignidad universal, en el cual las causas que originan la discapacidad son decididamente sociales; es la sociedad la que discapacita, por estar organizada de una cierta manera. Por lo demás, la Convención imbrica lo personal y lo social haciendo énfasis en lo segundo y resalta que la relatividad histórica en la concepción de la discapacidad[5].


Desde otra perspectiva, se ha hecho hincapié en que la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no sólo porque la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque esa condición de salud está influida por una compleja combinación de factores (desde las diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas o intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive)[6].


2.b.- La vulnerabilidad es un factor de indefensión, una incapacidad para hacer frente a una situación determinada por no contar con los recursos para reducir los efectos negativos que ella genera.


La discapacidad menoscaba la integridad, capacidad, autonomía y productividad de las PCD, sus relaciones y su proyecto vital.


Como integrantes de un "grupo vulnerable”, las PCD poseen características y condiciones que les impide reaccionar favorablemente ante una situación que los afecte.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de relieve en el fallo “Furlan y familiares v. República Argentina” [7], que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. No basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad.


1.c.- Las barreras pueden físicas, como las se observan en los espacios urbanos y edilicios, en los equipamientos, amoblamientos e instalaciones, en los sistemas de información y comunicación, las herramientas y elementos de trabajo y los utensilios.


También existen otras que no son físicas, tales como las sociales, culturales o legales que crea la sociedad profundizando las efectos de las discapacidades y operando como como formas de exclusión y marginación de las PCD.


Al respecto, Xabier Etxeberría aclara que las barreras sociales y ambientales son las que discapacitan, las que impiden la expansión autónoma y colaborativa de las personas afectadas negativamente por ellas[8].


En este orden de ideas, la CIDH en el fallo “Furlan” declaró que las personas con diversidad funcional en la sociedad, encuentran barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas y socioeconómicas. Respecto de las barreras actitudinales, se refirió a las mencionadas por la Asamblea General de la ONU tales como los factores sociales de la ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo que a lo largo de toda la historia han aislado a las PCD y retrasado su desarrollo[9].


1.d.- La accesibilidad está vinculada con la posibilidad de las PCD de tener autonomía para desarrollar las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico, a los efectos de su integración social en igualdad de oportunidades.


 Comprende el conjunto de esfuerzos realizados en los diferentes ámbitos de la actividad humana para facilitarles el acceso a medios y recursos sociales, culturales, laborales, etc., en términos de la mayor igualdad posible.


1.e) Relacionado con este concepto de accesibilidad está el de la autonomía, que se erige en presupuesto y fundamento de los derechos humanos, pues se asocia a la propia concepción del ser humano.


El ideal de la vida humana digna, que es el fin último de los derechos humanos, no se logra sin la protección y satisfacción, precisamente, de la autonomía. Precisamente, la CIDPCD establece que como principio rector el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.


El derecho a la autonomía tiene dos contenidos, uno de no intervención o invasión y otro que incluye la atención o el apoyo físico e intelectual a las actividades fundamentales de la vida diaria. Entre éstas, las actividades básicas se relacionan con el cuidado personal o autocuidado, mientras que las instrumentales requieren un mayor nivel de autonomía personal e implican la capacidad de tomar decisiones e implican interacciones más difíciles con el medio, como las tareas domésticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad[10].


A su vez, la accesibilidad física permite las acciones de circulación, el traslado de un ámbito a otro, la aproximación y transferencia a amoblamientos e instalaciones y el uso de herramientas, utensilios, objetos, de lo contrario se profundiza la discapacidad al limitar las actividades de las PCD y restringir su participación activa en los distintos espacios vitales de la vida social, en el  campo laboral y académicamente[11].


En lo concerniente a la accesibilidad comunicacional, ésta permite la percepción y comprensión de la espacialidad a una persona con discapacidad visual, para la comprensión de lo que es expresado oralmente y para la comunicación interpersonal, a una persona con una discapacidad auditiva y para la inteligibilidad de los mensajes visuales o auditivos, respectivamente. Y también facilita la comprensión a una persona con una discapacidad intelectual. Otro aspecto es el del derecho a la accesibilidad a los derechos al estudio y al trabajo, a la recreación, etc., a las normas de diseño inclusivo en la construcción según el tipo de ámbito habitable y su uso (vivienda, escuelas, plazas, etc.).


Este derecho a la accesibilidad es condición primordial para que una PCD pueda hacer, formarse, interrelacionarse, cultivarse y poder constituirse en sujeto activo y participativo. Y también para tener protagonismo y participación como expresiones máximas del ejercicio de ciudadanía, ya que está asociado a la protección de la dignidad de la persona.


Es por ello que el auxilio de las ayudas técnicas y mecánicas y de las tecnologías que permitan proteger, asistir o suplir una función, reducir las desventajas y mejorar la calidad de vida, las PCD pueden movilizarse y también mejorar sus habilidades y vivir una vida en forma autónoma.


A su vez, ello permite la participación social y la inclusión comunitaria de la PCD, como así también su autogobierno y la concreción de sus metas. La CIDH en la citada causa “Furlan” estableció que se debe aspirar el logro del mayor grado de integración posible, autonomía y el fortalecimiento de sus capacidades con atributos positivos en su personalidad.


La integración social de la PCD tiene relación con la igualdad de oportunidades y su contracara, el derecho a la no discriminación está contemplada en el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional que prescribe el deber del Congreso de la Nación de "legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos..., en particular respecto de... las personas con discapacidad...".


Este precepto está reforzado por la ley 22.431 y por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la CIADDIS y de la CIDPCD, las cuales avanza sobre estos aspectos.


La CIADDIS define el término “discriminación contra las personas con discapacidad” como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales (art. 1°).


A su turno, la CIDPCD establece los siguientes principios generales: a) del respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y la independencia de las personas, b) de la no discriminación, c) del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, d) de la igualdad de oportunidades (art. 3°).


También la CIDPCD alude al concepto de discriminación en razón de discapacidad y la categoriza como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. En el art. 2 define estos últimos como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.


Por lo demás, hay que tener en cuenta que la perspectiva “en negativo” de la no discriminación, debe ser complementada con otra perspectiva “en positivo” para considerarla como igualdad de oportunidades y garantizar que es atendida de modo tal que, en lo posible, no suponga merma de posibilidades. La Convención proclama y garantiza la ciudadanía, como condición para asegurarle al ciudadano el disfrute y las responsabilidades del conjunto de los derechos. En tal sentido, la ciudadanía de las PCD significa autodeterminación y autonomía, tanto para los espacios privados como para los espacios públicos que son los más específicos del ciudadano, en los cuales se contemplan los intereses generales de la sociedad[12].


En suma, el derecho a la salud es condición de imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. Según la Corte Suprema un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. En el mismo orden de ideas, ha declarado que la atención y asistencia integral de la discapacidad, además de contemplar los compromisos asumidos por el Estado  Nacional  en  cuestiones concernientes a la salud[13], constituye  una política pública  de  nuestro país que debe orientar la decisión de  los  jueces  llamados  al  juzgamiento  de esos casos[14].


 


2.- El marco protectorio de la discapacidad y el derecho a la salud


El derecho esencial a la vida (primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva[15]), a la salud y a la integridad psicofísica, se encuentran reconocidos por diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional[16].


Entre los derechos humanos de las PCD se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, que según la Corte Suprema es el primer derecho de la persona humana, respecto de la cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental[17]. En otros términos, se trata de un derecho implícito sin el cual no se podrían ejercer los demás derechos.


La CIADDIS establece que “Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación”. ART. XXX


El Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), aprobado por la ley 24.658, establece en su artículo 18 que toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.


Además, el derecho a la salud e integridad física está consagrado por la Constitución Nacional. Si bien el Preámbulo hacía referencia al bienestar general, el cual implica la preservación de la salud[18], con la reforma de 1994 se establece en su artículo 42 que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud".


En el art. 75, inc. 22, de la Carta Magna incorpora los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que también contemplan el derecho a la salud. Y en esa norma y en el artículo 41 se considera a la salud como un valor incorporado, toda vez que allí se regulan situaciones específicas, en las cuales el derecho allí consagrado y la protección dispuesta, si bien se focalizan en los llamados intereses de incidencia difusa, sólo pueden sustentarse en la salud como bien constitucionalmente protegido por representar un interés estadual fuerte. Además, las nociones de progreso económico y justicia social incorporadas en el inciso 19 del artículo 75 de la Carta Magna consolidan la naturaleza constitucional del derecho a la salud. Ambas expresiones, como fin asignado al accionar de los poderes públicos, exigen ponderar prioridades básicas que deben ser satisfechas y, entre ellas, la salud adquiere una relevancia sustantiva[19].


En procura de la consecución de los mismos fines, el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, establece, entre las atribuciones del Congreso, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.


Para la Corte Nacional también es impostergable la obligación de la autoridad pública de emprender acciones positivas, especialmente en todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos y rehabilitación que requieran las PCD y los infantes[20].


Mujeres


A este marco protectorio, cuando se trata de ancianos con discapacidad se suma el Protocolo de San Salvador, la Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Programa de Acción del Cairo, párrafos 6, 17, 6 19 y 6.20, la Declaración de Copenhague, párrafo 26 y Compromiso 2, el Programa de Acción de Copenhague, párrafo 24, 25 y 40, la Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 101, 106 y 165 y la Agenda Hábitat, párrafos 17 y 40.


Y respecto de los niños con discapacidad, rige también  la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849 que consagra el interés superior del niño o “principio pro minoris” el cual debe ser tutelado, por sobre otras consideraciones, por todos los departamentos gubernamentales y toda autoridad nacional en asuntos concernientes a ellos[21]. El Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU señaló que el logro del mejor posible estado de salud, así como el acceso y la asequibilidad de la atención de la salud de calidad es un derecho inherente para todos los niños. Destacó que cuando presentan una discapacidad, pueden quedar al margen del sistema debido a múltiples problemas, en particular la discriminación, la falta de acceso y la ausencia de información y/o recursos financieros, el transporte, la distribución geográfica y el acceso físico a los servicios de atención de salud[22].


Desde otro ángulo, el actual Código Civil y Comercial (CCyC) sancionado por la ley 26.994, recepta el cambio cultural producido en el seno de la sociedad de un modo coherente. La centralidad de la codificación civil es ocupada de modo igualitario por la persona humana buscando la igualdad real, y desarrollando una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables, dando comienzo a la constitucionalización del nuevo código y a una nueva época del derecho civil: la de la protección de la persona humana, en su dimensión universal,es decir, de todos y todas de los niños y niñas, de los hombres y las mujeres, de los ancianos y los discapacitados[23].


A nivel nacional, la ley 23.660 crea el régimen de organización del sector de las obras sociales, la ley 23.661 crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud y articula y coordina los servicios de salud de las obras sociales, establecimientos públicos y prestadores privados, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (art. 1°), por cuanto el objetivo que persigue es el de proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.


Además, la ley 24.754 obliga a las empresas de medicina prepaga a prestar como mínimo las mismas prestaciones obligatorias de las obras sociales.


La Ley 24.901, al establecer el “Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, implicó un nuevo paradigma y una nueva mirada sobre un amplio colectivo de ciudadanos que hasta su entrada en vigencia eran ignorados por la seguridad social y con mucha más energía por el sistema de medicina privada[24]. Dispone que para prestar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos deben contemplarse prestaciones preventivas (artículo 14), prestaciones de rehabilitación (artículo 15), prestaciones terapéuticas educativas (artículo 16), prestaciones educativas (artículo 17), prestaciones asistenciales (artículo 18), además de los servicios específicos que enuncia la ley a partir del artículo 19 y siguientes.  Dicha ley se encuentra dentro del Programa Médico Obligatorio emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, que contempla un piso prestacional de carácter enunciativo y no excluyente de otras prestaciones no previstas.


Como se puede advertir, el Congreso Nacional diseñó específicamente un sistema de prestaciones básicas de atención a cargo de las obras sociales a favor de sus beneficiarios, incluidos los que revisten la condición de discapacitados, con el objeto de procurar el pleno goce del derecho a la salud sin discriminación alguna y de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos  (arts. 1 y 2 de la ley 23.661 y arts. 1, 2 y 6 de la ley 24.901).


También la ley 24.240 ejecuta el mandato constitucional dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que otorga como derechos de los consumidores en la relación de consumo el “derecho a la salud”[25].


Por otro lado, mediante la Resolución n° 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social  de la Nación (M.S. y A.S.), se aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en el que se especifica contenido y alcances de las prestaciones de rehabilitación, terapéutico educativas, educativas y asistenciales del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral en favor de las Personas con Discapacidad, estableciendo las modalidades de cobertura.


Con posterioridad, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral en favor de las Personas con Discapacidad aprobó un Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Establecimientos de Atención del Sistema Único de Prestaciones, y posteriormente formalizó su presentación ante el Coordinador General del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Éste, aprobado mediante Resolución n° 1328 del 1.9.06 del Ministerio de Salud de la Nación, describe las características y alcances de las prestaciones de rehabilitación, terapéutico-educativas, educativas y asistenciales para personas con discapacidad y define los fundamentos básicos de calidad que han de reunir los servicios que se incorporen al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, desde la perspectiva de la organización y el funcionamiento de los servicios, los recursos humanos afectados, la planta física requerida y el equipamiento necesario.


           


3.- Los precedentes dictados en materia de accesibilidad de las PCD a las prestaciones de salud y de rehabilitación


Como criterio rector se impone preservar el compromiso social, por cuanto está enraizado en el objeto social de las entidades destinadas al cuidado de la salud, basado en la solidaridad y anto tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, por lo que su objeto no se debe supeditar el derecho a la salud a las fluctuaciones del mercado ni a las políticas que pretenden "economizar" la salud del paciente[26].


Además, con la prestación de coberturas de salud asumen un deber central y específico de seguridad de preservar la indemnidad de los asociados con la mayor diligencia y cuidado posibles en virtud de su condición de profesionales y del principio de buena fe contractual.


Tanto la jurisprudencia internacional, como la nacional, han destacado la aplicación del principio “pro homine”. La CIDH, en el caso “Furlan” señaló que se debe aplicar el principio pro persona y que, de acuerdo al contenido del artículo 29(b) del Pacto de San José, las disposiciones de la Convención Americana no se pueden interpretar de una manera que limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados[27].


La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado en varias oportunidades que el objetivo del Convenio Europeo es el establecimiento de un orden público para la protección de seres humanos[28].


Por su parte, la Corte Nacional ha declarado se debe privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal[29].


Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha remarcado que cuando el agente de salud no demuestra que la cobertura total de las prestaciones reclamadas pueda comprometer su patrimonio, a punto tal de impedirle atender a sus demás beneficiarios, y de esa forma, encontrarse imposibilitado de cumplir con sus objetivos, la ley 24.901 -o sus normas reglamentarias- no pueden ser objeto de una interpretación que resulte contraria al derecho invocado por el afiliado, según la protección que le es acordada en la Constitución Nacional y los tratados internacionales[30].


En corredor paralelo, se ha dicho debe primar el “mejor derecho”, en el sentido de hacer prevalecer la regla más favorable al individuo, sea esa norma doméstica o internacional[31].


En materia de salud, el avance de la ciencia, de las técnicas y de los cuidados de la salud humana, tiene un costo agregado en las prestaciones que rodea de mayor complejidad el test de razonabilidad que es insoslayable realizar, toda vez que deben ser ponderados los derechos individuales y garantizar el acceso igualitario a dichas prácticas por parte del universo de afiliados y/o ciudadanos que las requieran, sin que con ello se pongan en crisis las prestaciones que benefician a los demás asociados[32]. El Alto Tribunal ha declarado que de lo que se trata es de equilibrar economía y medicina, ponderando los delicados intereses en juego  derecho a la salud y a la vida de las personas- máxime cuando los operadores tienen a cargo una función social trascendental[33].


En particular, respecto del contrato de medicina prepaga se ha establecido que no es contrato de consumo de escasa trascendencia. Si bien persigue un objeto comercial, en tanto las EMP tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, también adquieren un compromiso social con sus usuarios que obsta a que, sin más, puedan desconocer un contrato, so consecuencia de contrariar su propio objeto, que debe efectivamente asegurar a los beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas[34].


            En corredor paralelo, se ha declarado, asimismo, que la justa asignación y distribución de los recursos en salud constituye una de las áreas más complejas de la bióetica contemporánea. Las dificultades que allí se suscitan requieren de una exhaustiva y profunda ponderación de todas y cada una de las circunstancias del caso, a la luz de los principios y normas tanto jurídicos como bioéticos. En los servicios de salud deben articularse cuidadosamente valores tales como la igualdad y la solidaridad[35].


            En el mismo andarivel, se sostuvo que los valores que deben sopesarse en el caso de los sistemas de salud son los de calidad, libertad y equidad; siendo posible y debido un justo equilibrio o ponderación con su inevitable tensión cuando los diferentes actores entran en conflicto[36], debiéndose tener en cuenta, además, los principios de dignidad humana, en tanto están íntimamente vinculados con los derechos humanos, por cuanto de los primeros se desprendieron los segundos con el propósito de normatizar su ejecución en una realidad particular y concreta pero también general y universal.


En cuanto a los obligados a las prestaciones, la jurisprudencia consideró que el Estado Nacional estaba obligado a proveer medicación al paciente discapacitado[37] y reiteradamente ha señalado que no puede incumplir sus obligaciones a través de sus organismos descentralizados[38]. En otro supuesto, fue obligado a suministrar educación al infante que presentaba síndrome de down[39]. La cobertura de los remedios contra el HIV al menor se admitió en tanto aquél, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 23798, era el responsable del cumplimiento de la norma en todo el territorio de la República[40].


También fueron condenados, tanto el Estado provincial[41] como el nacional a a brindar prestaciones educativas a un niño con discapacidad mental y motora parcial y permanente, por cuanto, como garante de la inclusión educativa de las personas discapacitadas, le correspondía desarrollar, junto con las provincias, las acciones positivas para el cumplimiento de la ley de educación[42].


En otro fallo se ordenó que, a través del Programa Federal de Salud, el Estado Nacional debía proveer el medicamento para tratar la esclerosis múltiple[43] y otro pronunciamiento ordenó que la prestación de servicios médicos de neurología y fisiatría, de elementos físicos así como el de todo elemento médico o asistencia que fueran requeridos de acuerdo a la patología, en el marco de la ley 24901, sin trámite administrativo alguno que lo impida o trabe[44].


Relativamente a las obras sociales se estableció que debían proveer prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes  a  la promoción, protección, recuperación y rehabilitación  de la salud,  que  respondiesen al mejor nivel  de calidad disponible y garantizaran  a  los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel  de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a  un criterio de  justicia distributiva, para asegurar el derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural  o  geográfica.[45]


También se dispuso que se brindaran las prestaciones básicas de salud[46], los remedios que necesitaban los peticionarios[47], estudios genéticos[48] e inclusive la cobertura de intervenciones quirúrgicas en el exterior[49].


Asimismo, se hizo lugar al pedido de suministro de silla de ruedas y del elevador eléctrico para el paciente, en tanto se trataba de prestaciones relativas a la rehabilitación del afiliado. Al respecto, se aclaró que rehabilitar es encaminar al paciente hacia una vida de mayor independencia, lo cual significa abordar los déficits como parte de intervenciones más globales, que buscan primordialmente el desarrollo personal y de las competencias sociales del sujeto con discapacidad, al igual que el protagonismo en su propia vida. Se puso de relieve la importancia de lo que atañe específicamente al desarrollo de la autonomía de la persona con discapacidad, asunto que en la actualidad cuenta con el aporte de diferentes dispositivos y tecnologías de apoyo[50].


En otros precedentes se admitieron los pedidos de provisión de silla de ruedas motorizada[51] con comando eléctrico y de un elevador hidráulico[52], de que se tomen las medidas correspondientes para la confección de la silla de ruedas apropiada a la paciente y a la provisión de las valvas indicadas por el médico tratante, debiendo el agente salud proveer el traslada y asegurar la inmediata atención a fin de evitar esperas innecesarias[53], de silla de ruedas y corset[54] y de un equipo de computación con tecnología adecuada y un colaborador para lectura para el afiliado no vidente a los efectos de que pueda desarrollar su profesión de abogado[55]. Se sostuvo que la amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad[56].


En lo atinente a las PCD de edad avanzada, se estableció que tienen el derecho de gozar del nivel más elevado posible de salud física y mental, sin discriminación basada en la edad o en el ingreso económico y sin necesidad de probar que la familia carece de ingresos para afrontar el costo de la prestación requerida, por cuanto se trataría de una prueba negativa de muy difícil producción, máxime que la urgencia justificaba encontrar una solución acorde y la atención de la patología requería de gastos relevantes, ineludibles e impostergables de diversa índole. Se apuntó que si bien los parientes de una persona con discapacidad tienen la obligación alimentaria, la entidad que pretende desligarse de las obligaciones que le competen tiene la carga de demostrar la situación patrimonial y rango obligacional de éstos[57].


En otro caso también se dispuso que la obra social cubriera la internación de una anciana, por cuanto su cuestionamiento se había basado en que tenía grupo familiar continente y medios económicos suficientes, pero no había rebatido los argumentos expuestos por la médica que la asistía[58].


Respecto de menores discapacitados, diversos pronunciamientos han obligado a los agentes de salud a suministrarles cobertura asistencial integral y completa[59]. Así, se dispuso la cobertura de prestaciones educativas la niño co síndrome de down[60] y de un aparato amplificador al niño hipoacúsico por cuanto si bien el equipo no estaba incluido en el programa médico obligatorio, éste establecía una base de prestaciones mínimas y no un esquema cerrado que permaneciera al margen de modificaciones en beneficio de los afiliados al sistema[61].


Asimismo, se ordenó el suministro de hormona del crecimiento[62], medicamentos[63], drogas extranjeras no comercializadas en el país[64], tratamiento de botox[65], de equinoterapia[66] y pañales descartables[67]. Y también a cubrir la internación[68], el traslado en transporte individual[69], la rehabilitación especializada[70] y la atención, tanto en el mismo instituto especializado al que concurría el niño pues no se había demostrado la necesidad del cambio[71] (también en el caso de un menor autista[72]), como por parte de especialistas aún cuando no pertenecieran al cuerpo de profesionales, en tanto debían intervenir imprescindiblemente dadas las características  específicas  de  la  patología[73]. En esta misma línea, se admitió la contratación de una maestra integradora prescripta por el neurólogo  infantil que atendía al niño para incrementar la escolaridad común[74] y de un profesor particular de natación para la rehabilitación en la pileta del instituto al que concurría[75], como así también de una cuidadora a domicilio aún cuando esta prestación  no se encontrase prevista en el Nomenclador de Prestaciones  Básicas  para Personas con Discapacidad, aprobado por la Resolución N° 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social[76].


            Por la vía del amparo se dispuso que la obra social[77] y, en otro caso, una empresa de medicina prepaga[78], cubrieran una prestación no contemplada en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia para la cirugía de obesidad mórbida  (by pass gástrico), toda vez que la enfermedad era incapacitante.


Respecto de las empresas de medicina prepaga y otras entidades de análoga finalidad, se hizo hincapié en que debían cubrir como mínimo idénticas prestaciones obligatorias que las dispuestas para las obras sociales (art. 1º de la ley 24.754), por cuanto ello conformaba el límite inferior del universo de prestaciones exigibles mas no necesariamente su tope máximo[79]. Entre otras prestaciones admitidas, a título de ejemplo, cabe mencionar la provisión de medicación[80] y tratamiento médico, farmacológico y ortopédico atendiendo la gravedad de la discapacidad[81], enfermería[82], una prótesis auditiva interna con cobertura del 100% para el tratamiento quirúrgico y encendido y calibrado post implante[83], una silla de ruedas con almohadón de gel preventivo de escaras y respaldo y otras con bipedestador con sistema de levantamiento eléctrico hidráulico[84].


También se dispuso que el 100% de la cobertura integral del medicamento para cubrir el déficit de hormona del crecimiento de la menor estuviese a cargo de la empresa de medicina prepaga[85] y en otras hipótesis que cubriera el tratamiento de estimulación temprana [86] y el costo de las cuotas del colegio privado común al que concurría la niña discapacitada hasta que terminase sus estudios[87].


Se destacó, en sentido similar, que la ley  23.661  dispone  que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan[88].


 


4.- Conclusiones


Teniendo en cuenta que el acceso a las prestaciones de salud es lo que permite el acceso de la PCD a los demás derechos y que la finalidad de la ley 24.091 es brindar cobertura integral a sus necesidades y requerimientos y lograr su integración social, el recorrido de los fallos que hemos citado muestra que, en la realidad, no se cumplen los objetivos fundamentales de la ley y de las demás reformas en salud, esto es, alcanzar la equidad y garantizar niveles mínimos de salud, procurando a los grupos más vulnerables el acceso a las prestaciones de salud.


La Corte Suprema ha destacado que actividad jurisdiccional debe cumplir un rol preponderante en la función preventiva y tutelar de los derechos de las PCD[89] y es innegable que los reclamos judiciales permiten restituir los derechos vulnerados por la intervención activa de los magistrados, pues muchos precedentes son ejemplos del renovado activismo judicial que impera, lo cual ha permitido corregir muchos casos de desamparo asistencial de las PCD frente a negativas infundadas de los agentes de salud.


Sin embargo, el repaso que hemos realizado de algunos fallos dictados en la materia, pues no se ha pretendido agotar la búsqueda, indica la existencia de un creciente aumento de las pretensiones en materia de prestaciones de salud [90], particularmente, las planteadas por PCD.


A esta barrera que se crea a la salud, la independencia, la autonomía y la integración, sino también al acceso a la justicia de como sector vulnerable, se suma la ineficiencia de las políticas sanitarias de los últimos tiempos y una creciente privatización del sector de salud y su organización bajo las modalidades de empresas comerciales, extremo que requiere una activa vigilancia y contralor por parte del poder público.


Frente a la aplicación de políticas restrictivas y, por ende, discriminatorias de los agentes de salud en las prestaciones de los servicios asistenciales a cargo, la judicialización de los reclamos deviene entonces consecuencia natural de una pugna de intereses netamente patrimoniales entre personas que no se encuentran en pie de igualdad[91]. En ningún caso, la función social que cumplen los agentes de salud y también las empresas de medicina prepaga, por cuanto están en juego la salud y la vida de las personas, protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, puede justificar el abuso del derecho o de su posición dominante[92].


Es por ello que la  sola voluntad del agente de salud no es suficiente para quedar al margen de las obligaciones que pesan, en general, sobre el conjunto de los agentes que integran el sistema de salud y que involucran el resguardo de derechos reconocidos por la C.N., los Tratados Internacionales y la legislación vigente cabalmente interpretada[93].  Tampoco pueden esgrimir en forma genérica, una causa justificatoria de la denegación de la prestación ni motivos vinculados al resentimiento de la prestación de servicios a los restantes afiliados, sin acreditar y justificar en debida forma dichas circunstancias, torna su accionar discriminante y afecta los derechos garantizados a quien reclama el amparo judicial, especialmente por la aplicación del principio (pro homine), como componente esencial de toda normativa referida a Derechos Humanos[94].


También se ha remarcado que la circunstancia de que alguna prestación no se encuentre incluida en el PMO no puede ser óbice para su no otorgamiento, cuando se encuentra gravemente afectado el derecho a la salud, puesto que dicho programa representa una serie de coberturas mínimas que puede extenderse para hacer efectiva la protección constitucional del derecho. O sea, no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa  de la  cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigirles[95].


            Es evidente que la reseña efectuada y los demás casos que se judicializan y de los cuales carecemos de registro, son insusceptibles de reflejar la realidad de los incumplimientos y/u omisiones por parte de los agentes de salud, pues sólo una parte de las PCD acceden a la justicia quedando fuera del sistema las que no conocen sus derechos o que no reclaman. Esta circunstancia indudablemente es aprovechada por ellos, pues los gastos causídicos generados, efectuada la ecuación correspondiente, deben ser necesariamente inferiores a los importes que insumirían el cumplimiento de las prestaciones asistenciales que se judicializan.


            Para resolver el déficit prestacional que se advierte con la creciente judicialización de las pretensiones asistenciales y que muestra el ejercicio abusivo del sistema por los agentes de salud, el Estado debe adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad a los derechos consagrados por las leyes y, en especial, al de las PCD a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, pues no puede permanecer ajeno[96] Es garante del derecho a la salud y debe asegurar a las PCD un “real” derecho de acceso al sistema de salud que garantice el “ejercicio efectivo” del derecho constitucional a la salud y de su condición de ciudadanía plena para llevar una vida totalmente normal y de pleno e igual acceso a las oportunidades[97].


Al rediseño de los lineamientos de las políticas de salud para erradicar esta nueva barrera creada por políticas de racionalización de los servicios para “economizar” gastos, sería conveniente revisar los textos legales y también establecer sanciones pecuniarias para disuadir a los prestadores de sus negativas sistemáticas a prestar la asistencia a la que están obligados, cuando ponen de manifiesto una grave despreocupación, pretender obtener un enriquecimiento ilícito  o cuando ejercen un abuso de posición de poder que evidencia un menosprecio grave por derechos de las PCD.


 


 


 






[1] BARBADO, PATRICIA B., La accesibilidad a las prestaciones de salud de las personas con discapacidad según la jurisprudencia, SJA 3/06/2009, ABELEDO PERROT Nº: 0003/014497




[2] CORIAT, SILVIA A., “Asignaturas pendientes en accesibilidad”, SJA 27/8/2008; BULIT GOÑI, LUIS G., “El derecho a la salud y la discapacidad. Falta de coherencia en las políticas públicas y su marco jurídico”, RDLSS 2007-22-1986; MALJAR, DANIEL E., “Responsabilidad del Estado en materia de derecho a la salud según la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, JA 2005-II-1195; ROSALES, PABLO O., “Un estudio general de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, SJA 27/8/2008




[3] ROSALES, PABLO O., “La persona con discapacidad como consumidor: el derecho a la asunción de los propios riesgos y la discriminación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26378)”, SJA 28/7/2010, ABELEDO PERROT Nº: 0003/015051




[4] DE ASÍS ROIG, RAFAEL, Reflexiones en torno a la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Revista de Filosofía, Derecho y Política, Universitas. nº 5, enero 2007, p. 3, http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/8775, página visitada el 12.1. 2016




[5] ETXEBERRIA, XABIER, La convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad: la perspectiva ética, Siglo Cero, Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 2011, Vol 42, Núm. 237, ps. 33 a pág. 46; http://sid.usal.es/idocs/F8/ART19125/237-5%20Etxeberria.pdf página visitada el 10.1. 2016




[6] EGEA GARCÍA, CARLOS y SARABIA SANCHEZ, ALICIA, “Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad”, publicado por el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) perteneciente a la Red Española de Información sobre Discapacidad, Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, 2001, nro. 50, págs. 15 a 30, http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/6594/8-2-6/clasificaciones-de-la-oms-sobre-discapacidad.aspx, página visitada el 12.1. 2016




[7] CIDH, 31/08/2012, “Furlan y familiares v. República Argentina”, ABELEDO PERROT Nº: AP/JUR/3963/2012




[8] ETXEBERRIA, XABIER, “La convención de la ONU”, precit.




[9] Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, GA/RES/48/96, 4 de marzo de 1994, Cuadragésimo octavo período de sesiones, párr. 3




[10][10] DE ASÍS ROIG, RAFAEL, “Sobre el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”, Papeles el tiempo de los derechos, 4-2010, Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, ed. 2010, http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/7735, página visitada el 10.01. 2016




[11] RÍOS AGUDELO, JUAN CARLOS, Condiciones de inclusión de la discapacidad frente a las barreras arquitectónicas, el reto la inclusión, UGCiencia, Vol. (19), págs. 38 a 56, http://revistas.ugca.edu.co/files/journals/3/articles/89/public/89-666-1-PB.pdf, página visitada el 5.1.16




[12] ETXEBERRIA, XABIER, “La convención de la ONU sobre…”, art. precit.




[13] doctr. Fallos  323:1339  y  3229,  324:3569




[14] confr. dictamen del Procurador General de la  Nación en la causa "Lifschitz, Graciela B. y otros v. Estado  Nacional",  L.1153.XXXVII,  a  los que se remite la Corte Suprema  en  la Sentencia del 15.6. 2004.




[15] C. Nac. Civ., sala G, 25/06/2003, R.C., E.A. c. Asociación Francesa Filantrópica de Beneficiencia




[16] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12.1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 4.1 y 5.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3; C. Nac. Com., sala B, 02/03/2006, L., S. A. y otro c. Swiss Medical S.A., del dictamen de la Procuradora Fiscal de Cámara




[17] Fallos: 323:3229




[18] C. Nac. Civ., sala G, 25/06/2003, R. C., E. A. c. Asociación Francesa Filantrópica de Beneficencia




[19] Trib. Sup. Just. Córdoba, 16.12.2014, O., E.., E. R. c. APROSS




[20] Fallos: 323:3229




[21] Corte Supr., Fallos: 323:3229




[22] Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 9, párr. 51, https://www.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/observacion-general-no-9-los-derechos-de-los-ninos-con-discapacidad, página visitada el 10.1.16




[23] GARAY, OSCAR ERNESTO, “Protección de la persona y temas de la salud en el Código Civil y Comercial”, LA LEY 2014-F , 895 




[24] DUIZEIDE, SANTIAGO G., “¿La inconstitucionalidad del derecho a la salud?, DFyP 2015 (octubre), 180, AR/DOC/3177/2015




[25] C. Nac. Cont. Adm Fed., Sala II, 21/10/2014, Swiss Medical S.A. c. D.N.C.I;  íd., íd., Sala II, 16/06/2011, OSUPUPCN c. D.N.C.I.-Disp. N° 371/10 (Expte. S01:99792/04)




[26] C. Fed. Salta, 6/11/2007, Z. N., A. L. v. Swiss Medical S.A., Lexis Nº  1/1023985




[27] CIDH, 31/08/2012, “Furlan y familiares v. República Argentina”, ABELEDO PERROT Nº: AP/JUR/3963/2012




[28]  Corte Europea de Derechos Humanos, 7.7.1989, “Soering”, citado por Trib. Sup. Just. Córdoba, 16.12.2014, fallo O., E.., E. R. c. APROSS




[29] Corte Supr., Fallos 330:1989 y 331:858.




[30] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 30.8.2011, F., H. E. c. Instituto de Obra Social del Ejército




[31] SAGÜÉS, NESTOR P., “De la Constitución Nacional a la Constitución ´convencionalizada´”, J.A. 2013-IV; JUNYENT DE DUTARI, PATRICIA, Algunos precedentes sobre salud y derechos humanos en la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, LLC, 2015 (julio), p. 593, AR/DOC/1918/2015




[32] Trib. Sup. Just. Córdoba, 16.12.2014, O., E.., E. R. c. APROSS




[33] Fallos 324:754 y 324:677




[34] Corte Supr., 13/03/2001, E., R. E. c. Omint S. A. de Servicios; C. Nac. Civ., sala G, 25/06/2003, R. C., E. A. c. Asociación Francesa Filantrópica de Beneficencia; C. Nac. Cont. Adm Fed., sala V, 14/06/2010, Vansal S.A. c. DNCI-Disp. 186/09




[35] Juzg. Crim. y Corr. Mar del Plata, 19.6.2003, JA 2004‑IV, p. 566 y ss., Trib. Sup. Just. Córdoba, 16.12.2014, fallo O., E.., E. R. c. APROSS




[36] MAINETTI, JOSÉ A; "El trilema de la Salud", JA 2004‑IV, p. 575 y ss.




[37] Corte Sup., 11/07/2006, F., A. C. y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. v. Estado Nacional, Lexis Nº 1/1019174 ó 1/1019186; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 1.3.2007, R., M. y otro v. Estado Nacional




[38] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 1.4.2004, G., G. y otros v. Dirección de Ayuda Social para el Pers. del Congreso; íd., Sala 1°, 19.8.2004, S., F. A. v. DIBA; íd., íd., 13.12.2005, S., D. S. v. IOSE; íd., id., 30.8.2007, D., T. del V. v. IOSE; íd., sala 3°, 8.3.2007; S., M. S. v. Instituto de Obra Social del Ejército




[39] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, 9.10.2008.- S., C. L. v. Comisión Nac. Asesora para la Integración de las Pers. Discap. y otro




[40] C. Fed. Mar del Plata, 27/03/2007, F., E. C. v. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados




[41] Corte Sup., 30/09/2008, I., C. F. v. Provincia de Buenos Aires, Lexis Nº  1/70048190-5




[42] C. Fed. La Plata, sala 2ª, 22/11/2007, G., M. B. v. Provincia de Buenos Aires y otros




[43] C. Fed. Mendoza, sala A, 20/04/2007, R., M. A. v. Programa Federal de Salud -PROFE-, Lexis Nº  1/70040862-1




[44] Corte Sup., 18/9/2007, P. 2144 XLI, P. de B., G.a v. Estado Nacional




[45] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 1.11.2005, V, C. A. v. OSDE




[46] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 14.2.2008, C. V., L.M. v. Consolidar Salud SA




[47] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 24.4.2008, M., G. P. v. Dirección de Salud y Acción Social de la Armada




[48] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 25/10/2013 , S., A. M. c. Unión Personal, LA LEY 2014-A , 371, AR/JUR/85440/2013




[49] C. Fed. Córdoba, Sala B, 21/10/2011, B., F.S., y otra c. OSECAC y otros; íd., Sala A, 09/05/2013, C., M.L. c. Estado Nacional y otros




[50] Trib. Sup. Just. Córdoba, 16.12.2014, fallo O., E.., E. R. c. APROSS




[51] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 10.3.2013, M. A., A. y otros c. Union Personal Obra Social Del Personal Civil De La Nac.




[52] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 1°, 29.4.2008, S., A. c. Instituto Nac de Serv Soc para Jubilados y Pensionados”




[53] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 30.12.2008, S., G. y otro c. Osperyh




[54] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 21.5.2009, S., F. c. Osde; íd., íd., 10.6.2010, L. N., I. N. c. Instituto de Obra Medico Asistencial y otro, sala 3°, 24.10.2010, F., E. c. Obra Social Union Personal




[55] C. Apel. Civ., Com., Lab. y Mineria, Neuquén, Sala III, 06/03/2014, V., S. R. c. Instituto de Seguridad Social, La Ley Online, AR/JUR/46354/2014




[56] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 16.10.2008, Z., E. F. c/  IOSE




[57] Corte Supr., 17/122011, G., M.E. c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,




[58] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, 06/03/2015, H. M. del P. c. OSDE, La Ley Online, AR/JUR/756/2015




[59] Corte Supr., Fallos 327:2127 C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, 12.3. 2001, S. de O. ,S. A. v. OSPEDYC; Sup. Trib. Just. Córdoba, 19.9.2014, “C., J.C. en representación de su hija v. Instituto Provincial de Atención Médica (I.P.A.M.); Trib. Sup. Just. La Rioja, 07/05/2014, O., S., LLGran Cuyo 2015 (febrero), 51, AR/JUR/41721/2014; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 5/12/2014, L., V.V. y otros c. OSADEF, DYyP 2015 (agosto), 267, AR/DOC/2055/2015




[60] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 9.10.2001, T., A. J.  y otros v. Obra Social de Viajantes de la Rep. Arg.




[61] Juzg. Civ. y Com. Jujuy, n. 7,10/04/2007, A., C. P. v. COSALUD – OSMEDICA, Lexis Nº  1/1032669




[62] Sup. Corte Bs. As.,10/11/2004, G., M. N. v. Provincia de Buenos Aires, Lexis Nº  1/70017853-1; id. 6/10/2004, Y. A., K. v. Provincia de Buenos Aires, Lexis Nº 1/70017615-1




[63] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 13.6. 2002, A., M.E. v.  Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.




[64] C. Fed. Mar del Plata,  2/11/2007, E., A. A. y otro v. Obra Social de Ejecutivos




[65] Sup. Trib. Just. Río Negro, sala Asuntos Originarios y Constitucional (No Recursos) y Contenc.Adm, 13/05/2014, V., V. M., AR/JUR/42289/2014




[66] Corte Just. Salta, 15/10/2013, G. L., M. E. en representación de su hijo G., D. Á. c. Instituto Provincial de Salud de Salta, La Ley Online, AR/JUR/69394/2013




[67]C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°,  29.10.1998, A., J. v. OSIM; id., Sala 2°, 3.4.03, P., C.., A c. O.S.D.E




[68] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 18.3.1999, Mazadi, Armando E. v. Obra Social de Actores, Juzg. Corr. Nro. 4 de Mar del Plata, 04/09/2014, G. R. c. IOMA, La Ley Online, AR/JUR/49631/2014




[69] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°,  19.8. 2004, S., F. A. v. DIBA19/08/04




[70] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°,  27.4. 2004, R.,  M. A. v.  Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.; Corte de Justicia de la Provincia de Salta, 02/09/2015, R., C. y en representación de su hija S. R., L. del M. c. Instituto Provincial de Salud (I.P.S.), LLNOA 2015 (noviembre), 1086




[71] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 1°, 19.2. 2002, G., M. J. v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac., id., id., 3.3. 2005, H., M. A. v. OSIM




[72] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 1°, 10.7. 2003, D., J. I. v.  Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.




[73] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 1°, 8.11.2005, B., G. v. OSDE




[74] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 1°, 8.5.2007, S., T. v. Obra Social Unión Personal; C. Nac. Civ.,  sala G, 4/03/2008, B., E. J. y otro v. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, Lexis Nº  1/1032078




[75] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 3°, 19.9.2007, P., S G.v. Obra Social del Ejercito




[76] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 2°, 8.7. 2003, Y. Ch., D. v. Obra Social Unión Pers. Civ. de la Nac.




[77] C. Nac. Civ. y Com. Fed.,  sala 2°, 22.4.2008, A., M. del S. v. Obra Social Bancaria Argentina Solidaridad; C. Fed. La Plata,  sala 3ª, 4/12/2007, C., M. J. v. Unión del Personal Civil de la Nación, Lexis Nº  1/1025324




[78] Juzg. Civ. y Com. Rosario N° 10, 23/04/2007, C., J. M. v. Galeno Argentina S.A., Lexis Nº  1/70042250-1




[79] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 23.2.07, A., E. E. v. C.E.M.I.C.; Corte Sup., 28/8/07, C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de Educación Médica e Investigaciones




[80] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 20.12.07, L., C. v. CEMIC




[81] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°,14/09/2004,C. J. v. Femedica




[82] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, 21/10/2014, L.B.F.A. c. Medicus S.A., La Ley Online, AR/JUR/69295/2014




[83] C. Nac. Civ., sala B, 13/12/2004, I., M. C. v. Sistema de Protección Médica S.A. División T, Lexis Nº  1/74288 ó 1/74284




[84] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 19.5.2011, P. Y., A. c. Galeno Argentina SA




[85] C. Nac. Civ.,  sala G, 17/07/2008, G., P. G. y otro v. Organización de Servicios Directos Empresariales -OSDE-, Lexis Nº 1/70048257-1




[86] C. Nac. Civ., sala J, 22/09/2006, H., F. A. y otros v. Centro de Educación Médica e Investigaciones y otro, Lexis Nº  1/1015784




[87] C. 5a Apel. Civ. y Com. Córdoba, 06/03/2015,  C. L., M. L. c. Omint S.A.de Servicios, LLC 2015 (agosto) , 805 




[88] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 16.10.2008, Z., E. F. y otro c. Iose




[89] Fallos 331:211




[90] AVALOS, EDUARDO, “Derecho a la salud: una visión desde la jurisprudencia, LA LEY 2015-E, 933, AR/DOC/3022/2015




[91] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, 30.4.2013, Di Corrado, Juan Pablo y otro c. Obra Social Union del Personal Civil de la Nacion y otro




[92] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 23/08/2013, M., M. c. Omint S.A. de Servicios




[93] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3°, 06/03/2015, H. M. del P. c. OSDE, La Ley Online, AR/JUR/756/2015




[94] Sup. Trib. Just., Santiago del Estero, sala Criminal, Laboral y Minas, 12/12/2014, M., M. M. c. Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (I.O.S.E.P.) , DJ 15/07/2015 , 49, AR/JUR/74378/2014




[95] C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°,  27/04/2016, M., S. c. Unión Personal




[96] MENOSSI, MARÍA PAULAy OLMO, JUAN PABLO, La protección integral del derecho a la salud, DFyP 2015 (agosto), 267, AR/DOC/2055/2015




[97] DUIZEIDE, SANTIAGO G., “¿La inconstitucionalidad del derecho a la salud?, DFyP 2015 (octubre), 180, AR/DOC/3177/2015