Incidencia de la violencia psicológica en el trabajo en el suicidio de los trabajadores afectados, por Patricia Barbado


 


Yo no me muero, a mí que me expulsen de la vida. Miguel de Unamuno


 


1.-Introducción.- 2.- El tratamiento del tema del suicidio como accidente de trabajo en la jurisprudencia española.- 2.1) Intentos de suicidio en caso de acoso laboral.- 2.2) Suicidio cometido cuando la víctima estaba con licencia por enfermedad como consecuencia del ambiente laboral conflictivo experimentado.- 2.3) Suicidios cometidos en el lugar de trabajo y desencadenados por la tensión laboral.- 2.3.1) Caso de la médica de Girona.- 2.3.2.- Caso del médico de Valladolid.-2.4) Suicido de un trabajador ocurrido durante la licencia por enfermedad  a raíz del cambio de puesto que implicó tratamiento vejatorio.- 3.- Otros fallos extranjeros.- 4.- El tratamiento de la cuestión en la jurisprudencia nacional.- 5.- Las investigaciones impulsadas a consecuencia de las denuncias de casos de suicidio en la UBA.- 6.- Conclusiones


 


1.-Introducción


El acoso psicológico laboral (“mobbing”), constituye conjuntamente con el stress y el burn-out, uno de los riesgos psicosociales del trabajo[2].


La Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre éstos cuando declaró que el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia comprendidos en la Constitución Nacional, que obligan a quienes utilizan los servicios a la preservación de quienes los prestan[3].


Partiendo de esta perspectiva, abordaremos a continuación una de las más dramáticas consecuencias del “mobbing”: el suicidio de los afectados a consecuencia de las patologías desarrolladas y su calificación como accidente de trabajo.


Creemos que más allá de las resistencias naturales que el tratamiento del tema puede llegar a generar, lo cual puede deberse tanto al desconocimiento del problema, como a las sofisticadas estrategias defensivas que se desarrollan con la intención de que el fenómeno quede invisibilizado, en la actualidad ya no se discute, pues así lo confirman las más recientes investigaciones, que existe un innegable nexo causal entre las hostiles condiciones de trabajo y la muerte moral (destrucción simbólica o desintegración social) o física (suicidio, accidentes mortales, enfermedades terminales, etc.) de la persona afectada por esta psicopatología laboral.


Importantes estudios encarados en Europa han abordado el tema del suicidio en las víctimas del “mobbing” como consecuencia de la depresión y de los trastornos del comportamiento experimentados.


En Italia, el Centro de Desadaptación de la prestigiosa Clínica del Trabajo Luigi Devoto de Milán, indica que cada dependiente tiene el 25% de posibilidad de encontrarse en condiciones de sufrir acoso psicológico en el trabajo a lo largo de su propia experiencia laboral, mientras que el 10% de los casos de suicidio presentan como concausa un proceso de esa índole[4].


También en Italia, el Observatorio Nacional del Mobbing ha informado que  el fenómeno causa graves daños psíquicos, disturbios de ansiedad, desorden de estrés postraumático, ataques de pánico con etiología laboral que pueden desembocar en intentos de suicidio o bien, en la consumación de la autoagresión mortal a consecuencia de los tratos vejatorios[5].


En España el “Libro Blanco sobre riesgos psicosociales en la Administración”  consigna que en el año 2004, el 7% de los empleados públicos de la Agencia Tributaria (AET) y la Intervención General del Estado (IGAE) que estaban en situación técnica de acoso psicológico,  ha pensado alguna vez en el suicidio como solución[6].


También se ha revelado que en Suecia, el 10% al 15% de los suicidios pueden ser atribuidos a esta forma de violencia laboral[7].


Aunque, como veremos luego, tan dramática decisión no necesariamente se concreta en el lugar de trabajo, Hans Leymann había destacado que la elección de este lugar como escena del acto suicida, se puede interpretar “como un último intento de rebeldía o como una acusación póstuma”[8].  .


El concepto lo completa Iñaki Piñuel cuando señala que el acosador consigue por fin su objetivo cuando su víctima no ve más alternativa a su ataque que quitarse de en medio[9], como consecuencia de la situación de estrés continuado e inevitable,  de la profunda tristeza y la sensación de abandono (depresión reactiva al acoso),  de la incomprensión por parte del entorno inmediato de la víctima (desde compañeros y jefes, pasando por los amigos y llegando al cónyuge y a la familia) y, asimismo, del error en el diagnóstico de las causas del problema, del sentimiento de impotencia y de desesperanza de poder salir o escapar de la situación,  como así también de la disminución progresiva de las posibilidades de encontrar otro trabajo por el estado de deterioro en el que se encuentra inmerso, los problemas familiares y conyugales que se suscitan por la incomprensión de la naturaleza y el verdadero origen del problema y, finalmente, por la atribución a sí mismo de la causa del problema.


Con  semejante cuadro no es extraño que las víctimas del “mobbing” intenten suicidarse y que, en los casos más extremos, logren consumar la autoagresión mortal en algunos casos. Sin embargo, hay que tener en consideración que los procedimientos autolíticos no son uniformes y, a veces, pueden llegar a adoptar formas encubiertas, como los accidentes laborales repetidos por algunas personas en su trabajo, que bien podrían estar manifestando una ideación suicida no declarada[10].


Según Piñuel, no sería extraño pensar que gran parte de los suicidios de los trabajadores que fueron atribuidos a la depresión, a problemas familiares, al alcoholismo o a enfermedades físicas o mentales, tengan como causa situaciones de psicoterror laboral padecidas por la víctima que ni ésta ni otras personas supieron reconocer y remediar a tiempo.


 


2.- El tratamiento del tema del suicidio como accidente de trabajo en la jurisprudencia española


La jurisprudencia española ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones acerca del suicidio cometido como consecuencia del padecimiento de diversos riesgos psicosociales. Con excepción de algunos intentos frustrados, de los casos de suicidios precedidos por acoso sexual o “mobbing” a los que nos referiremos, en otros supuestos que pasaremos revista no se mencionó que se tratara de víctimas de violencia laboral, pero sí se hizo alusión a la presencia de riesgos psicosociales como desencadenantes de las patologías sufridas. Esto nos permite inferir que es muy probable que hubieran padecido violencia psicológica pues los trastornos padecidos resultan, en todo caso, compatibles con los padecidos por los afectados por el fenómeno.


Para que el suicidio sea considerado como accidente de trabajo, el Tribunal Supremo de España considera necesario que el proceso depresivo o perturbación mental pueda imputarse directamente al trabajo o, al menos, estimarse agravado por la situación laboral[11].


En otra ocasión el mismo tribunal declaró que para que se dé el accidente no es imprescindible que un agente extraño cause directa y de modo adecuado la lesión corporal, bastando que la situación asumida sea elemento necesario para la lesión o daño o el hecho accidental[12].


Los cuadros depresivos en que desemboca la presión laboral y que son antecedentes de esta clase de autoagresiones, constituyen accidentes de trabajo para el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En su sentencia del 24.1.00 sostuvo que la calificación como accidentes de trabajo de tales síndromes no resulta perjudicada por los rasgos de personalidad del trabajador, que pueden influir en mayor o menor medida en el desarrollo o intensidad de las patologías psicológicas. Con particular referencia al acoso sexual se declaró que si se demuestra que el síndrome depresivo o cualquier otra afección psicológica tiene su causa en ese proceso de acoso, debe ser catalogado como accidente de trabajo[13]. Y con relación concreta al “mobbing”, también en este mismo sentido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Navarra[14].


Respecto de la voluntariedad o no del suicidio para su calificación jurídica como accidente de trabajo, algunos pronunciamientos han considerado que el acto de autolesionarse mortalmente es  una decisión voluntaria del trabajador que excluye al suicidio del concepto de accidente laboral[15]. Para otros precedentes, en cambio, el trastorno mental que padece el suicida lo conduce a realizar un acto no intencionado que no puede ser considerado como una acción consciente y voluntaria[16]. En cuanto a la prueba de la voluntariedad en la decisión de quitarse la vida, se ha señalado que está a cargo de quien la alegue[17].


Desde otra perspectiva, se ha juzgado que si existe una enfermedad mental previa se destruye la presunción iuris tantum, descartándose que el trabajo pueda tener influencia alguna en la decisión del suicida y no se toma en cuenta que pueda existir un “desencadenante laboral” de la decisión del trabajador o que la enfermedad se manifieste con un episodio de especial intensidad tal durante la jornada de trabajo que conduzca a la decisión de suicidio[18]. Esta interpretación no se compatibiliza con el criterio por el cual las enfermedades se manifiestan en el tiempo de trabajo, a pesar de que en su base pueden identificarse causas laborales y no laborales, pues los infartos son considerados accidentes de trabajo a pesar de que exista una multiplicidad de factores de riesgo que puedan incidir en su desarrollo.


 


2.1) Intentos de suicidio en caso de acoso laboral


Con relación a los intentos de suicidio se ha declarado que el mobbing es una fuente de riesgo profesional cuya actualización en daño debe calificarse como enfermedad de trabajo o accidente laboral, incluso aunque la finalidad del acto se frustre en los hechos[19].


Analizaremos ahora un caso en que hubo un intento de suicidio de una empleada que fue víctima de acoso laboral. En la sentencia 23.10.06 el Juzgado de lo Social n° 2 de Córdoba condenó a la empresa de supermercados en la que trabajaba a abonarle una indemnización por los perjuicios que esta situación le causó.


La trabajadora había comenzado su relación laboral en el año 2000 y dos años más tarde el nuevo jefe de tienda cambió el trato hacia todos los empleados, pero especialmente respecto de la denunciante, llegando a insultarla y a desacreditar su trabajo. Con motivo del cese de una compañera y amiga de la denunciante, ésta se posicionó a su favor, lo que incrementó la hostilidad del jefe quien la amenazó de que también sería despedida. La afectada se vio obligada a cambiar de tienda, consiguiendo un traslado en enero de 2004. En marzo de ese mismo año comenzó a somatizar el problema llegando a presentar un cuadro ansioso depresivo, sufriendo vértigos, lo que significó una licencia médica de 15 días. El día 4 de abril recibió la notificación del despido disciplinario, que fue declarado improcedente por la empresa en conciliación judicial el 29 de junio de 2004 en el Juzgado de lo Social n° 1 de Córdoba.


El acoso continuó tras el despido agravándose el cuadro psíquico, padeciendo la denunciante dificultades para respirar, inestabilidad emocional, aislamiento familiar y social, insomnio, cefaleas, vómitos, agorafobia, sentimientos de impotencia y desesperanza que desembocaron en un intento de suicidio en octubre de 2004.


El tribunal consideró que el derrumbe psicológico de la trabajadora, que le generó un cuadro ansioso-depresivo, estaba directamente relacionado con toda la problemática laboral, por lo que se consideró acreditado un hostigamiento moral, efectuado dolosamente y con permanencia en el tiempo, conducta ilegítima ésta que le había producido daños morales en las esferas personal, social y profesional, así como perjuicios psíquicos y en la salud que debían ser indemnizados. Se consideró especialmente la dificultar de cuantificar la reparación económica de estos bienes inmateriales.


 


2.2) Suicidio cometido cuando la víctima estaba con licencia por enfermedad como consecuencia del ambiente laboral conflictivo experimentado


El Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, en la sentencia del 14 de noviembre de 2005[20] consideró que el suicidio cometido por el trabajador fuera del lugar y tiempo de trabajo y cuando se encontraba con licencia por enfermedad, podía catalogarse como accidente de trabajo, pues se había probado que la situación emocional determinante de esta situación estaba directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador que tomó esa drástica decisión, producto de la angustia y tensión que había experimentado en su vida laboral.


 En el caso, no se había acreditado la concurrencia de factores personales ajenos al ámbito laboral que pudieren haber actuado como agentes coadyuvantes de la decisión. El trabajador, empleado de  unas conocidas pastelerías madrileñas no había tenido problema alguno durante 23 años, hasta que se produjo un cambio de dirección de la empresa y se nombró un nuevo encargado. Las tensiones empezaron en 1995 y el ambiente laboral al que hasta entonces se había integrado satisfactoriamente, se volvió tenso y conflictivo. Se encontró sometido a presiones para la realización de horas extras, incremento de jornada, con inicio de la jornada a las 4 de la mañana y, a veces, con malos modos por parte del encargado. Después de dos licencias médicas, un intento de suicidio y casi tres años con episodios de depresión, se quitó la vida en agosto de 2003. Esta situación se acreditó con los informes médicos que permitieron establecer la relación de causalidad entre el ambiente laboral en el que se había desempeñado el fallecido y la depresión sufrida.


 


2.3) Suicidios cometidos en el lugar de trabajo y desencadenados por la tensión laboral


Hemos seleccionado dos casos que nos parecieron significativos. En ambos casos, los trabajadores que se suicidaron eran profesionales médicos.


2.3.1) Caso de la médica de Girona


Este caso de la médica residente se había lanzado desde el noveno piso del hospital donde trabajaba, fue analizado en la sentencia del 17.2.03 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal sostuvo que podía ser catalogado como accidente de trabajo, por cuanto se había probado que la situación emocional determinante de la decisión, adoptada como consecuencia de la tensión que su vida laboral le producía, estaba directamente relacionada con sus condiciones del trabajo[21].


La sobrecarga física y psíquica que debió soportar la médica en el desarrollo de sus obligaciones laborales, había comportado la necesidad de acudir a especialistas que, además de diagnosticar los padecimientos sufridos, le pautaron asimismo tratamiento farmacológico.


Según el tribunal, el suicidio puede considerarse como accidente de trabajo si se prueba que la situación emocional determinante del hecho  se encuentra directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador que le generan  angustia y tensión.


En este caso, se dio la particularidad de que el acto suicida se produjo en el tiempo y lugar de trabajo, lo cual no impidió concluir que igualmente se trataba de un accidente de trabajo, ya que además se había demostrado que la fallecida carecía de antecedentes por trastornos psicológicos y que en los días inmediatamente anteriores al suicidio debió atravesar una situación de angustia y ansiedad por temor a enfrentarse al trabajo, que requirió tratamiento farmacológico antidepresivo y antiansiolítico, por más que no hubiere llegado a solicitar licencia médica por tal motivo.


Además, se tuvo en cuenta que no había quedado acreditada en forma alguna la posible concurrencia de otros factores personales ajenos a su ámbito laboral que pudieron haber actuado como agentes coadyuvantes de la drástica decisión, aún cuando, dijo el tribunal, siempre resulta incomprensible el suicidio cuando no existen antecedentes psicológicos y se produce de forma repentina sin que conste un desencadenante inmediato que de alguna forma permita conocer los motivos de un suceso de esta gravedad


Si bien en la sentencia no se habla de que la médica hubiese estado sometida a un proceso de mobbing, un informe periodístico revela que había sufrido unos cambios en su puesto de trabajo que vulneraron su integridad como persona[22].__


2.3.2) Caso del médico de Valladolid


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia del 13.11.06 juzgó que el suicidio de un médico en un hospital de esa ciudad fue un accidente laboral[23], por cuanto se consideró que estuvo condicionado por la problemática laboral que vivía. El fallecido, que había desarrollado su trabajo durante casi 30 años, tuvo licencia por depresión durante varios meses en el año 2002 a raíz del descontento con su situación laboral, profundizándose el cuadro hasta llegar a un desánimo total y, finalmente, al suicidio el 18 de noviembre de 2004 cuando se quitó la vida de un disparo en el vestuario del centro sanitario.


El testimonio de dos compañeros de trabajo, las declaraciones del psiquiatra y cardiólogo que lo atendían y, sobre todo, lo escrito por el occiso en su diario personal permitieron al tribunal llegar a la conclusión de que el suicidio se produjo a consecuencia del trabajo. Sin embargo, no se consideró al suicidio como acto voluntario, por cuanto "para que haya voluntad ha de haber plena posibilidad psíquica de decidir y, muchas veces, dicho acto viene condicionado por el propio hecho de sentirse incapaz de decidir o de actuar".


 


2.4) Suicido de un trabajador ocurrido durante la licencia por enfermedad  a raíz del cambio de puesto que implicó tratamiento vejatorio


En la sentencia del 30.5.01 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se juzgó un caso en el que pudo haber existido un hostigamiento solapado e insidioso oculto bajo la aparente justificación del “ius variandi”.


Un empleado de una empresa gráfica que desde 1964 se había desempeñado con la categoría de jefe de supervisión de uno de los departamentos, debió hacerse cargo del control de una máquina cuyo manejo desconocía, a partir de la reestructuración implementada a fines de 1996, lo cual le generó un estado de nerviosismo. El psicólogo que lo atendió dos meses antes de su fallecimiento advirtió que presentaba un proceso depresivo ya que el trabajador consideraba vejatoria la situación en la empresa. Se sintió menospreciado por el hecho de que sus subordinados fueron los que debieron enseñarle el manejo del ordenador incorporado a la máquina a que fue destinado. En enero de 1998 se le extendió una licencia por enfermedad considerando que la depresión que sufría era de etiología común. El cuadro le había ocasionado “anorexia, cefaleas, insomnio y sintomatología ansiosa”.


Durante ese período el proceso desencadenó en una depresión mayor cuando el trabajador sospechó que la empresa pensaba prescindir de sus servicios prejubilándolo, el cual concluyó con la autoagresión fatal  que aconteció como una forma de resolver el conflicto que la decisión empresarial le había producido.


En el caso en cuestión, la compañía de seguros, responsable del pago de la pensión, se negó a pagarla por considerar que el suicidio había sido un acto voluntario del trabajador que se había consumado seis meses después de pedir la licencia.


Si bien la sentencia reconoció que no es normal ni habitual que un suicidio pueda ser considerado como accidente de trabajo, admite que una depresión puede tener origen “en una situación laboral específica”.  El pronunciamiento siguió la doctrina según la cual “para la destrucción de la presunción de laboralidad de la enfermedad de trabajo surgida en el tiempo y lugar de prestación de servicios, es necesario que la falta de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de enfermedad que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se deduzcan hechos que desvirtúen dicho nexo causal”.


La decisión del tribunal, sin embargo, no fue unánime. Dos de los cinco magistrados del tribunal emitieron un voto particular en el que consideran que “la autolesión mortal” constituye, en principio, un acto voluntario que rompe conexión con el trabajo”, concepto éste que no comparten otros tribunales[24].


_____________


3.- Otros fallos extranjeros


La jurisprudencia italiana e inglesa han reconocido también la probabilidad de que el afectado por el “mobbing” llegue al suicidio por la gravedad de las consecuencias dañosas del proceso al que estuvo sometido.


El fallo del Tribunal de Turín del 16.11.99 admite que este fenómeno tiene por efecto atacar gravemente el equilibrio psíquico del trabajador, disminuyendo su capacidad laboral y la confianza en sí mismo y es susceptible de provocarle catástrofe emotiva, depresión y, en los peores, casos el suicidio[25].


El 1.8.06 la Corte Suprema de Londres condenó al Deutsche Bank a pagarle una empleada una indemnización de 1,2 millones de euros por haber sufrido durante años una persecución psicológica, deliberada y coordinada, por parte de algunas compañeras de trabajo, mientras las autoridades hacían "caso omiso" de la situación. El tribunal consideró que el Deutsche Bank  era responsable de la enfermedad de la víctima y de su depresión posterior, que, incluso, pudo llevarla al suicidio[26].


 


4.- El tratamiento de la cuestión en la jurisprudencia nacional


En nuestro país se declaró en un precedente dictado en 1940 cuando aún estaba vigente la ley 1.729, que “la indemnización prescripta para los casos de muerte del empleado, es debida aún en el caso de suicidio”[27]. Con relación a esta solución se ha señalado que en la generalidad de los casos, el suicidio constituye la consecuencia de un estado patológico del sistema nervioso que quita la libertad de los propios actos y que debe equipararse a una enfermedad[28].


En otra oportunidad se dijo que en el caso de suicidio del empleado no puede hablarse de culpa, si no que debe mirarse el hecho como un accidente, más que como un acto voluntario[29].


Más recientemente ha declarado la jurisprudencia que el empleador no se libera del pago de la indemnización por muerte del trabajador, aun cuando el deceso se hubiera producido por suicidio. En este fallo se sostuvo que es necesario tener en cuenta el carácter de asistencia que inviste el art. 248, LCT, que tampoco distingue entre muerte natural y provocada, y que al arreglar la indemnización abstrae la responsabilidad contractual o extracontractual del empleador, debiendo inferirse lo mismo de la responsabilidad del empleado[30].


También se decidió que estando verificada la cadena causal requerida por el legislador para atribuir responsabilidad al empleador en los términos de la ley 9688, correspondía concluir que la decisión del empleado de quitarse la vida sobrevino como consecuencia del estado depresivo que padecía como secuela del lamentable accidente in itinere al ser atropellado por un colectivo en circunstancias en que se dirigía a su lugar de trabajo, lo cual le dejó graves secuelas psicofísicas[31].


En otro caso se resolvió que aún cuando resultaba cuestionable que pudiera adjudicársele responsabilidad al empleador por la muerte del dependiente ocasionada por sí mismo (suicidio) fuera del tiempo en que se encontraba a disposición de aquél, dependiendo en buena medida la solución de la ley aplicable (la ley 23643 o la ley 24028), correspondía probar la relación entre el trabajo y sus consecuencias directas, y el hecho determinante[32].


También se declaró que era improcedente la responsabilidad que se pretendía atribuir a la aseguradora de riesgos del trabajo por el accidente fatal sufrido por un trabajador que fue arrollado por un tren mientras se disponía a trasladarse desde su casa a su puesto de trabajo, dado que dicho accidente no podía considerarse “in itinere”  por lo que resultaba de aplicación el inc. 3 del art. 6 ley 24557, en cuanto la L.R.T. excluye -y por lo tanto no resultaban indemnizables- los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por el dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo[33]. En contra se pronunció el Dr. Chirinos quien consideró responsable a la aseguradora de riesgos del trabajo, toda vez que la accionada no había aportado pruebas suficientes para demostrar que el fallecimiento se había debido a una actitud dolosa del damnificado.


También la jurisprudencia nacional tuvo en cuenta la posibilidad de que se produjera un suicidio en el caso de una víctima de acoso sexual, quien cuando tomó conocimiento del resultado adverso del juicio en la anterior instancia, su cuadro se agravó e intentó suicidarse, por lo que se recomendó tratamiento y contención para evitar que se consumara el acto suicida[34].


 


5.- Las investigaciones impulsadas a consecuencia de las denuncias de casos de suicidio en la UBA


Creemos que resulta de interés para nuestro estudio referirnos a los trascendidos vinculados con dos casos de suicidios que habrían sucedido en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y que motivaron el Proyecto de Resolución  0820-D-04 de la Cámara de Diputados[35].


Ésta se dirigió al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos correspondientes, solicitara al Consejo Superior y al rector de la Universidad de Buenos Aires, un informe pormenorizado acerca de la delicada situación que padecían los trabajadores de esta institución.


En los fundamentos se destacó que una amplia mayoría de éstos había planteado la existencia de una situación de permanente avasallamiento de los derechos por cuanto se había articulado un mecanismo doblemente perverso imponiendo en algunas de sus dependencias en una aparente impunidad, el despliegue de un hostigamiento permanente e irracional sobre los empleados, consistente en malos tratos, insultos permanentes, amenazas con sanciones y sumarios injustificados, controles excesivos, intrusiones en sus vidas privadas, asignación de funciones que no se correspondían con sus capacidades, entre otros comportamientos igualmente degradantes y tendientes a menoscabar moralmente a quienes trabajaban en la institución.  


Los legisladores aclararon asimismo que “mientras en el resto del mundo las legislaciones laborales contemplan cada vez más la necesidad de proteger al trabajador del “mobbing” o acoso moral en el trabajo, multiplicándose asimismo las investigaciones y estudios en el campo de la psiquiatría, psicología y sociología que resaltan y alertan de las graves consecuencias que acarrea su ejercicio, en nuestra Universidad de Buenos Aires se percibe como natural esta práctica que atormenta a diario a muchas personas, que a su vez, ante la indefensión de no poder ser oídos, terminan siendo nuevas víctimas de un sistema perverso que arremete contra las clases trabajadoras ante la mirada inerte del propio Estado argentino”.


El referido pedido de informes no fue contestado y como los diputados tampoco insistieron en su reformulación, no obstante la gravedad de los hechos denunciados, se dispuso el archivo con fecha 31.3.05.


 


6.- Conclusiones


Con lo expuesto hemos querido mostrar la gravedad de las consecuencias de la violencia psicológica en el trabajo para la integridad psícofísica de quienes la padecen que, en algunos casos, pueden conducirlos al suicidio.


Como dijo el Superior Tribunal de Justicia de Cataluña en el fallo del 30.5.01 al que hemos hecho referencia antes, no es normal ni habitual que una depresión se etiquete como accidente de trabajo, pero no se puede discutir que una depresión puede tener origen “en una situación laboral específica”. Esto se debe a que la realización de una tarea productiva en un ámbito laboral organizado, más allá de las relaciones familiares y de los objetivos individuales, hace que la experiencia del trabajo, además de tener un rol articulador de la persona, sea una actividad psíquicamente estructurante para ella.


Por lo tanto, si a las actuales condiciones sociales desfavorables (como el sub empleo, la precarización laboral, los bajos salarios, etc.), se suma la creciente ola de violencia que experimenta la sociedad y que incide también en los ámbitos de trabajo, se puede vislumbrar sin dificultad la profundidad del impacto dañino que ocasiona en quienes la padecen por los efectos nocivos y desestructurantes que genera.


Mientras en nuestro país no exista responsabilidad pública para reconocer y prevenir la violencia laboral en cualquiera de sus formas y ámbitos y para tomar acciones de protección, habrá muchos vacíos y deficiencias, no obstante los avances significativos en materia de difusión del tema. Pero también podrán consumarse situaciones irreparables como las que ponen en evidencia los casos que hemos analizado si no se instrumentan medidas eficaces de prevención, para lo cual la medicina del trabajo adquiere un particular protagonismo en el tema.  


En el caso del acoso psicológico en el ámbito laboral, la denuncia es el mecanismo necesario para reconocerlo y prevenirlo y ni siquiera el potencial abuso en su ejercicio en el que se podría incurrir, puede poner legítimamente un freno para ello, por cuanto de ocurrir se podrán efectuar las reclamaciones pertinentes.


 Lo que verdaderamente importa es fomentar, además de la responsabilidad social de las empresas y de las instituciones públicas para el desarrollo de actividades y prácticas articuladoras de valores, la creación de un clima corporativo que permita a quienes trabajan realizar sus necesidades de progreso y ser reconocidos por esa realización


Si a ello se suma la adopción de una filosofía más vanguardista que fomente la humanización de las organizaciones, permitiendo la construcción de auténticos liderazgos basados en el respeto a las personas y favoreciendo la participación de los trabajadores en el diseño de los esquemas organizativos con una mayor autonomía,  será posible neutralizar esta patología laboral cuyo crecimiento exponencial es verdaderamente preocupante.


 






[1] pbarbado@sinectis.com.ar




[2] Flores Vera, José A., "Perspectivas jurídicas del acoso moral en el trabajo en la legislación española", JA 2005-II, número especial del 27/4/2005, p. 27; Velázquez Fernández, Manuel "El tratamiento jurídico legal de la violencia en el trabajo", JA 2005-II, número especial del 27/4/2005, p. 89.




[3] Causa “Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688” del  21.9.04. 




[4] “L’Espresso”, 25/2/99, ¡Come sofre! E un caso di ordinario mobbing, cit. por Aurelio Fanjul en El acoso moral (mobbing) Un nuevo riesgo en la medicina del trabajo, http://www.astrea.com.ar/files/prologs/doctrina0069.pdf




[5] Osservatorio Nazionale Mobbing, http://w3.uniroma1.it/mobbing/Che_cos'%C3%A8.html




[6] Diario ABC 3.11.04.




[7] Piñuel, Iñaki, Mobbing. "Cómo sobrevivir al psicoterror laboral", Editorial Sal Terrae 2001, p. 87




[8] Fanjul, Aurelio,  op. cit.




[9] Piñuel, Iñaki, op. cit.




[10] Díaz Franco, Juan J., Patología derivada del "mobbing",  http://www.medynet.com/elmedico/informes/informe/mobbing.htm




[11] Sentencia del 28.1.69.




[12] T.S. España, fallos del 29.10.70, 15.12.72, 16.4.84; Tribunal Central de Trabajo fallos del 4.5.78, 14.5.81, 18.6.86




[13] TSJ Galicia, 24 de enero de 2000 (AS 60).




[14] TSJ Navarra, 18.5.01 (AS 1821), cit. por Martínez Fons, Daniel; Comentario  a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 30.5.01 relativa al suicidio del trabajador y su calificación jurídica como accidente de trabajo, http://www.prevencionintegral.com/Legislacion/Jurisprudencia/suicidio.htm..




[15] TSJ de Castilla y León, 13.11.06, http://www.lasbarricadas.net/TSJCyL131106.doc




[16] TSJ Andalucía/Sevilla, 29.9.99 (AS 175\2001), TSJ País Vasco, 11.9.01 (AS 4089); TSJ Andalucía/Sevilla, 30.3.00, fallos cits. por Martínez Fons, Daniel; op. cit.; TSJ Cataluña, 30.5.01, fallo de la minoría.




[17] T.S. España, 29.10.70, 15.12.72, 16.4.84; Tribunal Central de Trabajo 4.5.78, 14.5.81, 18.6.86




[18] TSJ  País Vasco, 29.2.00 (AS 3270).




[19] TSJ Navarra, 30.4., 18.5, 15.6.01; TSJ Pais Vasco, 9.5.00




[20] S 392/05, http://mobbingopinion.bpweb.net/artman/publish/article_1987.shtml




[21] Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.


http://es.geocities.com/asacamt/sent/sui_feb03




[22] Diario El País, edición del 8.6.04




[23] http://www.lasbarricadas.net/TSJCyL131106.doc




[24] Como ejemplo podemos citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 13.11.06 a la que nos hemos referido anteriormente




[25] “Erriquez, Giacomina v. Ergom Materic Plastiche s.p.a.” con nota de redacción, Acoso psicológico al trabajador: el nuevo fenómeno del “mobbing” (M. F. D.), “Derecho del Trabajo”, 2000-B-2011, cit. por Fanjul, Aurelio, op. cit.




[26] Helen Green v. Deutsche Bank Group Services (UK) Ltd.,  http://www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j4474/helen_green_v_db_group_010806.htm




[27] Juzg Paz Letrado n° 38 Capital, 12/11/40, “Derecho del Trabajo”, 1941-139.




[28] Fanjul, Aurelio, op. cit.




[29] C. Paz Letrada Capital, Sala IV, 19/9/41, “Derecho del Trabajo”, 1941-393; En sentido contrario y con relación a este aspecto de la cuestión, en un precedente que analizó la viabilidad del cobro del seguro de vida, se precisó que existe falta de conciencia o voluntariedad del acto si se había ejecutado un acto suicida como resultado de un cuadro psicológico patológico grave que afectó el proceso de elaboración psíquica de la actuación. A lo que se agregó, que la voluntad, obviamente presente, fue alterada por el contenido de ideas obsesivas de autodestrucción que determinaron el pasaje al acto con compulsividad e impulsividad. También se puntualizó que no podía afirmarse que en el momento de la ejecución del acto hubiere habido plena conciencia del paciente; por el contrario hay indicadores de  alteraciones de la conciencia con resultado de la elaboración compulsiva del impulso previo al pasaje del acto. El tribunal sostuvo que las afecciones padecidas por el afectado como consecuencia de su intento de suicidio no pudieron ser encuadradas en la causal de exclusión de la cobertura de seguro de vida, por carecer aquel del requisito de voluntariedad (estado de conciencia normal y libre) que la torna aplicable, conf. C.N.Fed., Civ. y Com., Sala 2ª, 12.2.94, Suñé, Rubén José v. Premedin SA




[30] C. N. Trab., Sala  VIII, 21.3.94, Aveiro, Carmen y otro v. Racauchi SA -




[31] Sup. Corte Bs. As., 5/05/1992, Enriquez, Lidia v. Isaura S.A., Lexis Nº L46869  




[32] C. Nac. Trab.,  sala 2ª, 30/11/1995, Bronzel de Di Filippo, Noemí v. Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad "Luis Pasteur", Lexis Nº  1/3634




[33] C. Fed. Seguridad Social, sala 1ª, 28/2/2005 - Aquino Bobadilla, Pablo v. Provincia ART. S.A. y otro, DT 2006-3-477




[34] C. Nac. Civ.,  sala M,  05/06/2001, P., M. v. Compañía de Servicios Hoteleros S.A.,  JA 2001-IV-384.  




[35] Firman el proyecto los Diputados Nacionales José A. Roselli, Alicia Castro, Laura C. Musa, Eduardo García, Alberto J. Piccinini,  Margarita Jarque, Lucrecia Monteagudo, Patricia Walsh, Francisco Gutiérrez, Miguel Bonasso, Claudio Lozano y  Héctor T. Polino.